Agustín Palestina Zitlalpopoca
Expediente 262/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 262/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Agustín Palestina Zitlalpopoca
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, ocho de diciembre de dos mil veinte. Causa ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, Parte Notificación Surte efectos Inicia y concluye término Días inhábiles Quejosa 15 de octubre de 2020 16 de octubre de 2020 Del 19 al 30 de octubre de 2020 17, 18, 24 y 25 de octubre de 2020 fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia de catorce de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio y se negó la protección constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno, aunado a que las autoridades responsables no se encuentran legitimadas para hacerlo. ? Se devuelven constancias. Asimismo, mediante oficio que al efecto se gire al Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, devuélvasele el duplicado de la causa penal 268/2019 de su índice, misma que adjunto al rendir su informe justificado y con la cual se ordenó abrir cuaderno de pruebas por cuerda separada. ? Se ordena el archivo. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General en cita,1 el presente expediente es susceptible de 1 " Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: . depuración, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, por lo que debe conservarse la demanda y sentencia dictada. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. ? Incidente de suspensión Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se concedieron la suspensión provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; en consecuencia, el cuaderno original es susceptible de depuración, por lo tanto, deberán conservarse la demanda de amparo, el proveído mediante el cual se concedió la suspensión provisional y la resolución interlocutoria. En otro aspecto, como lo dispone el diverso artículo 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y .". Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.
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Apizaco, Tlaxcala, cinco de noviembre de dos mil veinte. Razón actuarial. Vista la razón actuarial que antecede, de la que se desprende que no fue posible notificar el oficio 16185/2020, dirigido a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Trámite Dos y Encargada de las Unidades de Investigación de Trámite Uno y Tres, adscrita al Departamento de Investigación del Delito de Apizaco, Tlaxcala, en razón de que fue informado por el licenciado **********, que en la Procuraduría General de Justicia Zona Norte, no se encuentra señalada en el organigrama de esa procuraduría alguna autoridad con dicha denominación. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que la licenciada Sandra Xochipa San Luis, al momento de rendir su informe justificado manifestó que la denominación correcta de la autoridad que representa es Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Trámite Dos y Encargada de las Unidades de Investigación de Trámite Uno y Tres, adscrita al Departamento de Investigación del Delito de Apizaco, Tlaxcala; en tales condiciones, gírese nuevamente oficio a dicha autoridad en su denominación correcta, a fin de que sea legalmente notificada del proveído de veintitrés de octubre, de la sentencia dictada en el presente asunto y del presente auto, al que deberá de adjuntársele copia del oficio 87/2020 de fecha doce de junio del año en curso, el cual se registró en este juzgado con el número 3978, esto con la finalidad de que el actuario pueda llevar a cabo dicha notificación. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Licenciada Argelia Román Mojica, ante la Secretaria Damayanty Rojas Huerta, que autoriza. Doy fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Razón actuarial. Vista la razón actuarial que antecede, de la que se desprende que no fue posible notificar el oficio 15095/2020 dirigido a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador Región Norte, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, por las razones que expone, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que al momento de rendir su informe justificado dicha autoridad, manifestó que su denominación correcta es Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Trámite Dos y Encargada de las Unidades de Investigación de Trámite Uno y Tres, adscrita al Departamento de Investigación del Delito de Apizaco, Tlaxcala; en tales condiciones, gírese nuevamente oficio a dicha autoridad en su denominación correcta, a fin de que sea legalmente notificada de la sentencia dictada en el presente asunto. Notifíquese.
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SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número ******************** promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de junio de dos mil veinte ante el Secretario de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables y acto reclamado siguientes: Autoridades responsables: Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes. Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras. Agente del Ministerio Público Investigador Región Norte adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Agente del Ministerio Público Investigador Región Sur adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Agente del Ministerio Público Facilitador de la Unidad de Justicia Alternativa Región Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Agente del Ministerio Público Facilitador de la Unidad de Justicia Alternativa Región Sur de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Encargado del Departamento de Policía de Investigación adscrito a la Región Norte. Comandante de la Policía de Investigación adscrito a la Región Norte. Agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Región Norte. Encargado del Departamento de Policía de Investigación adscrito a la Región Sur. Comandante de la Policía de Investigación adscrito a la Región Sur. Agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Región Sur. Acto reclamado: La orden de búsqueda, aprehensión y detención. Acto reclamado que considera violatorios de los derechos contenidos en los artículos 14, 16, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El escrito respectivo fue recibido directamente por el Secretario de este órgano jurisdiccional por ser la autoridad que en esa fecha le correspondió conocer de los nuevos asuntos de carácter urgente, en virtud de que fue presentado durante la vigencia de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020 y 10/2020, relativos a los esquemas de trabajo dentro de la contingencia sanitaria por el virus Covid-19; por tanto, en acuerdo de diez de junio de dos mil veinte se admitió a trámite la demanda de amparo, por lo cual se solicitaron informes justificados, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento y se emplazó a los terceros interesados (fojas 11 a 14, 91 y 126); finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, habida cuenta que el acto reclamado emana de una autoridad circunscrita a la jurisdicción de este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que ******************** reclama: La resolución de doce de agosto de dos mil once, dictada en la causa penal ********************del índice del entonces Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, actualmente ********************del actual Juzgado Penal del referido Distrito Judicial y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes. TERCERO. Oportunidad procesal. A efecto de establecer si la demanda fue presentada oportunamente, debe atenderse al acto reclamado, que se hace consistir en la orden de aprehensión dictada por autoridad judicial; asimismo, es de tomarse en cuenta lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, el cual señala los plazos para la interposición del juicio constitucional dependiendo de la naturaleza del acto reclamado: Artículo 17 El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo Ahora bien, como el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días, pues la orden de aprehensión que por esta vía se combate se encuentra dentro del procedimiento judicial. Así, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 18 del mismo ordenamiento legal, existen tres hipótesis para el cómputo de dicho plazo: a.- A partir del siguiente en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. b.- A partir del día siguiente a aquél en el cual el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución. c.- A partir del día siguiente a aquél en el cual el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo. En el presente asunto, tenemos que la parte quejosa señaló en su escrito de demanda que se enteró de la existencia de una orden de aprehensión girada en su contra el veintinueve de mayo de dos mil veinte. Por tanto, de acuerdo al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición de la demanda empezó a contarse a partir del día siguiente a aquél que el impetrante dijo haberse enterado del mandamiento judicial. En ese tenor, el plazo para la presentación de la demanda de amparo comenzó a correr el uno de junio de dos mil veinte y concluía el día diecinueve siguiente, sin contar los días seis, siete, trece y catorce de junio del mismo año, por ser inhábiles, conforme a los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Luego, si la demanda de amparo fue presentada ante Secretario de este Juzgado de Distrito el diez de junio de dos mil veinte, como se aprecia del sello de recepción que obra a foja 9 vuelta, es inconcuso que se encuentra dentro del plazo de quince días señalado por la ley para interponer el juicio constitucional. CUARTO.- Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables siguientes, en sus denominaciones correctas, negaron la existencia del acto reclamado, como se advierte de sus informes justificados: Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer (foja 41). Juez Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, por sí y en representación de los Jueces Segundo a Noveno de dicha especialidad (foja 37). Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes, por sí y en representación de los Jueces Primero a Sexto y Octavo de dicho ramo (foja 51). Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Trámite Dos y Encargada de las Unidades de Investigación de Trámite Uno y Tres adscrita al Departamento de Investigación del Delito Región Norte (foja 38). Agente del Ministerio Público en Auxilio de la Unidad Complementaria número Dos (foja 72). Facilitador de la Unidad de Justicia Alternativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (foja 93). Jefe de la Unidad de Justicia Alternativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (foja 95). Inspector Jefe del Departamento de Policía de Investigación Encargado de la Región Norte (fojas 44 y 45). Oficial Encargado del Grupo del Departamento de Policía de Investigación adscrito al Departamento de Policía de Investigación adscrito al Distrito Judicial de Hidalgo en el Estado de Tlaxcala (foja 42) Sin que el quejoso aportara prueba alguna de su parte tendiente a desvirtuar tal negativa; por tanto, se infiere que no existen los actos reclamados por el quejoso a dichas autoridades, siendo procedente por lo mismo sobreseer en el presente juicio de amparo por lo que a aquéllas se refiere, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Sexta Época Registro: 917818 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. QUINTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes e Inspector General Encargado del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, en virtud de que al rendir sus informes justificados, los cuales obran a fojas 43 y 49, aceptaron el acto que se les atribuye y, por ende, se tiene plenamente probada su existencia. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: Época: Quinta Época Registro: 917812 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto Lo anterior se corrobora con el expediente duplicado de la causa penal ********************antes ******************** que como apoyo a su informe justificado anexó el Juez responsable, donde se advierte la resolución de doce de agosto de dos mil once, que constituye el acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión girada contra ******************** por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, previsto y sancionado por el artículo 233 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, vigente en la época de los hechos, cometido en agravio de los menores con iniciales******************** y******************** fojas 50 a 58 del cuaderno de pruebas del presente juicio de amparo, documental a la que se le concede valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. SEXTO. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado y previamente al estudio de fondo del asunto, la suscrita Juzgadora debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y además porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se cita como apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 814, que dice: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte TCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Como en el caso esta autoridad no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia, a continuación, se analizan los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. SÉPTIMO. Innecesaria transcripción de conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por el quejoso se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Se cita como apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias, del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. OCTAVO. Estudio del asunto. Antes de analizar la constitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada, la suscrita Juzgadora procede al análisis de la prescripción de la acción penal por ser una figura procesal de orden público, de estudio preferente y oficioso. Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 62/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: Época: Novena Época Registro: 192973 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Noviembre de 1999 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 62/99 Página: 316 PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSIÓN. POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y OFICIOSO. Al combatir el libramiento de una orden de aprehensión como acto reclamado en el juicio de garantías, el quejoso está compareciendo ante los órganos de la autoridad pública en relación con el mandamiento de captura que se está reclamando y siendo la prescripción una figura procesal de estudio preferente y oficioso, el Juez de Distrito tiene la obligación de analizar tanto la legalidad del acto reclamado como los aspectos de competencia, requisitos de procedibilidad, causas de extinción de la acción penal, etc., obligación que en tratándose del juicio de garantías en materia penal, es más amplia, dado que el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo previene la suplencia de la queja aun la total, en beneficio del reo, es decir, ante la ausencia de conceptos de violación, por lo que si la violación alegada en agravio del quejoso, consiste en no haber cumplido la autoridad responsable con la obligación de declarar de oficio y aun sin haberse hecho valer, la extinción de la acción penal por prescripción, ya que antes de emitir un mandamiento de captura el Juez responsable, debe percatarse si la acción penal se encuentra o no prescrita, en virtud de que, de darse el primer supuesto, si se libra la orden de aprehensión, el acto deviene inconstitucional y conforme lo dispone el artículo 78 de la Ley de Amparo, el acto debe analizarse tal y como aparezca probado ante la responsable, esto es, a no allegarse de más pruebas que le permitan conocer los hechos, que de aquellas que formen parte de la averiguación previa. Por otra parte, en relación al amparo directo, la propia ley de la materia, en su artículo 183, exige que el tribunal supla la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acción penal, el quejoso no la alegue; al existir la misma razón jurídica en el amparo indirecto, no hay obstáculo para realizar su estudio, sobre todo si lo alega el quejoso y las constancias en que se apoya el acto reclamado son aptas y suficientes para dicho examen. En efecto, la prescripción de la acción penal puede analizarse en el amparo indirecto que se promueva en contra de la orden de captura, aun cuando la autoridad responsable no se haya pronunciado al respecto. Además, este proceder no constituye en modo alguno una sustitución de quien juzga en un caso no autorizado por la ley, ni pugna con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo. Se trata únicamente del ejercicio de las particulares atribuciones que en materia penal le corresponden. En atención a lo anterior, cabe precisar que los artículos 77, 79 y 84 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, vigente en el año dos mil dos, época en que ocurrieron los hechos, disponen lo siguiente: Artículo 77.- Los términos para la prescripción de la acción penal serán continuos y se contarán desde el día en que se cometió el delito, si fuera consumado; desde que cesó si fuere continuado o permanente, o desde el día en que se hubiere realizado el último acto de ejecución, si se tratara de tentativa. Artículo 79.- La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de la libertad que corresponda al delito, pero en ningún caso bajará de un año. Artículo 84.- La prescripción de las acciones se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen por el Ministerio Público, o por el juez, en la averiguación del delito y delincuentes aunque, por ignorarse quiénes sean éstos no encaminen las diligencias contra persona determinada. Si se dejare de actuar, la prescripción comenzará de nuevo desde el día siguiente a la última diligencia. A su vez, el artículo 7º de dicho ordenamiento punitivo establece: Artículo 7.- El delito es instantáneo si su consumación se agota en el preciso momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos; es permanente si la consumación se prolonga por algún tiempo; es continuado si el hecho que lo constituye se integra con la repetición de una misma acción procedente de idéntica resolución del sujeto, con violación del mismo precepto legal y siendo ofendido el mismo. Del duplicado de la causa penal ********************(antes ********************) que acompañó a su informe justificado el Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, órgano jurisdiccional que actualmente conoce del sumario referido, se advierte que el doce de agosto de dos mil once, el entonces Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras libró orden de aprehensión contra el ahora quejoso, por aparecer como probable responsable del delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, previsto y sancionado por el artículo 233 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, vigente en la época de los hechos, cometido en agravio de los menores con iniciales******************** y********************, los cuales estimó actualizados desde el quince de enero de dos mil dos. En ese sentido, el delito que se reprocha al quejoso es de aquéllos que la codificación penal clasifica como permanentes, pues la consumación de la conducta (incumplir con las obligaciones alimentarias) se prolonga en el tiempo, es decir, el delito se consuma momento a momento mientras el sujeto activo mantiene el estado antijurídico, a pesar de que radica en su voluntad la facultad de hacer cesar ese efecto en tanto están referidos a una conducta omisiva. Por consiguiente, a consideración de esta autoridad judicial, en el proceso penal generador del acto reclamado no se actualiza la figura de la prescripción de la acción penal, esto aún y cuando los hechos delictivos hayan ocurrido a partir del año dos mil dos y que la orden de aprehensión reclamada se haya emitido en agosto de dos mil once, pues lo cierto es que en la causa judicial de origen no obra prueba o indicio alguno que demuestre que el inculpado ha cumplido con su obligación de proporcionar alimentos para estimar que el delito ha dejado de cometerse, pues será en ese momento en que empiece a correr el término para la prescripción de la acción penal. Al respecto, resulta ilustrativa por las razones que se contienen, la jurisprudencia 1a./J. 10/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: Época: Décima Época Registro: 2003453 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 10/2011 (10a.) Página: 261 ABANDONO DE FAMILIARES. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A QUERELLARSE POR ESE DELITO COMIENZA A PARTIR DE QUE CESÓ LA OMISIÓN DE DAR SUSTENTO AL ACREEDOR ALIMENTICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT VIGENTE HASTA EL 23 DE ABRIL DE 2011). El delito de abandono de familiares previsto en el artículo 269 del Código Penal para el Estado de Nayarit, es de naturaleza continua o permanente, ya que la lesión al bien jurídico tutelado se actualiza desde que se presenta el abandono económico familiar, y su consumación se prolonga en el tiempo mientras el culpable persista en la conducta omisiva. Este delito se persigue a petición de parte ofendida y excepcionalmente de oficio, ya que esto último sólo acontece cuando los sujetos pasivos son menores y carecen de representante legal, en términos del artículo 271 del citado código. Ahora bien, el derecho para presentar la querella prescribe en un año contado a partir del día en que la parte ofendida tenga conocimiento del delito y del delincuente, y en tres años en cualquier otra circunstancia, como lo prevé el artículo 108 del mismo ordenamiento. Para interpretar dicho precepto, es necesario acudir a la exposición de motivos que dio origen al indicado código, la cual precisa que el inicio del plazo de prescripción debe atender a la clase de delito de que se trate. Por tanto, el derecho del ofendido para presentar su querella por el delito de abandono de familiares inicia desde que se pone en riesgo el bien jurídico tutelado con motivo de la omisión del deudor alimenticio, y el cómputo del plazo para que opere su prescripción debe comenzar a correr a partir de que el delito permanente se consuma, esto es, hasta que cesa la omisión de dar sustento al acreedor alimenticio, pues desde ese momento ya no se actualiza una afectación al bien jurídico tutelado, lo que justifica que el autor del delito tenga la expectativa de que, en el futuro próximo, su situación jurídica quede definida; conclusión que se refuerza con el artículo 109 del citado código, el cual dispone que la prescripción de una figura jurídica diversa, como la acción penal, comienza a correr a partir de que cesa el delito permanente. Precisado lo anterior, corresponde ahora estudiar los conceptos de violación formulados por el quejoso, en los cuales esencialmente señala que se vulneran en su perjuicio los artículos 14, 16, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por principio, debe decirse que la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha definido que la circunstancia atinente que en el artículo 16 Constitucional se especifiquen los requisitos que deben reunirse para el libramiento de una orden de aprehensión, no implica que el análisis de dicha resolución en el juicio de amparo sólo debe ceñirse a dicho numeral, toda vez que con la emisión de ese acto se pueden violar otros derechos fundamentales contenidos en diversos numerales de la Carta Magna. Dicha postura se contiene en la jurisprudencia 1a./J. 31/99 que dice: Época: Novena Época Registro: 193892 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Mayo de 1999 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 31/99 Página: 285 ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre las cuales descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna. Por tanto, en esta sentencia se abordará el estudio de la constitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada conforme a lo establecido en la indicada jurisprudencia. En primer lugar, es conveniente destacar que los párrafos primero y tercero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De la transcripción anterior, se advierte que para el libramiento de una orden de aprehensión, se exige: 1 Que sea emitida por autoridad judicial competente. 2 Que proceda denuncia o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad; y, 3 Que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, especialmente los de esta naturaleza. Por tanto, en el cometido de tener o no por cumplidos esos requisitos, se establece en primer lugar, que el Agente del Ministerio Público Investigador Especializada en Delitos de Género y Violencia Intrafamiliar, Región Norte, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, mediante determinación de uno de agosto de dos mil once, consignó la averiguación previa ********************, en la cual ejercitó acción penal contra el inculpado ********************, hoy quejoso, y solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión fojas 1 y 44 a 49 del tomo de pruebas. Asimismo, de las constancias que integran la causa penal ********************antes ******************** y que sirvieron de apoyo para el mandato de captura en contra del peticionario de amparo, se advierte que fue emitido por autoridad judicial legalmente competente, como lo fue el entonces Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, ahora Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, habida cuenta que en la resolución reclamada se precisaron los fundamentos legales de su competencia, además de que este órgano jurisdiccional advierte que, de conformidad con el artículo 8º, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, los jueces adscritos al Distrito Judicial de Sánchez Piedras ejercen jurisdicción, entre otros, en el Municipio de Xaltocan de esta entidad federativa, en donde ocurrieron los hechos. Por otra parte, existe la querella presentada por escrito y ratificada el dieciocho de enero dos mil once ante el Agente del Ministerio Público, por ********************, quien hizo del conocimiento los hechos constitutivos del delito de incumplimiento de la obligación alimentaria fojas 3 a 13 del cuaderno de pruebas, el cual se sanciona con pena privativa de la libertad, conforme al artículo 233 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, vigente en la época de los hechos. De esta manera, se satisfizo el requisito de procedibiidad para la persecución del delito, en términos del artículo 8º bis, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales del Estado, aplicable al proceso penal que se estudia, el cual señala: Artículo 8 Bis.- Los delitos que requieren para su investigación querella son los siguientes: IV Incumplimiento de obligación alimentaria. En esa tesitura, es evidente que la orden de aprehensión reclamada cumple con los dos primeros requisitos establecidos en el artículo 16 de la Constitución General de la República. Por lo que se refiere a la exigencia consistente en la existencia de datos suficientes que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad del indiciado en su comisión, así como que no esté demostrada alguna eximente de responsabilidad a su favor, conviene destacar lo siguiente. Los artículos 23, 26 bis, primer párrafo, y 62 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala, actualmente abrogado, y aplicable al proceso penal de origen, establecen lo siguiente: Artículo 23.- Tan luego como aparezca de la averiguación previa que se han llenado los requisitos que exige el artículo 16 de la Constitución Federal para que pueda procederse a la detención de una persona, se ejercitará la acción penal señalando los hechos delictuosos que la motiven. Artículo 26 bis.- La autoridad judicial, contará con cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento en que reciba la consignación del Ministerio Público para librar la orden de aprehensión en contra del inculpado. Artículo 62.- El cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando esté justificada la existencia de los elementos materiales que constituyen el hecho delictuoso. Estos elementos materiales se probarán con cualquiera de los medios de prueba establecidos por la ley. Por tanto, en atención al marco constitucional y a los artículos transcritos, para el libramiento de una orden de aprehensión se debe verificar que se acrediten los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, lo cual a juicio de esta autoridad federal acontece en la especie, por las siguientes consideraciones. El ilícito de incumplimiento de la obligación alimentaria se encuentra descrito en el artículo 233 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, que dispone lo siguiente: Artículo 233.- Al que sin motivo justificado no cumpla la obligación de dar alimentos a que esté sujeto conforme al Código Civil, se le aplicarán prisión de seis meses a dos años y multa de dos a veinte días de salario. Del monto que se señala de multa y conmutación de la pena, una vez que haya causado ejecutoria la sentencia condenatoria, la cantidad señalada será entregada íntegramente al pasivo o pasivos del delito por sí o a través de quien legalmente los represente, con la simple solicitud que haga al juez de la causa. Ahora bien, el cuerpo del delito es el conjunto de elementos objetivos o externos, normativos o subjetivos específicos que constituyen la materialidad del hecho que la ley considera como delito; luego, del estudio dogmático del cuerpo del delito en mención, se advierte que en el caso, tales elementos son los siguientes: a Que exista por parte del activo del delito la obligación de dar alimentos conforme al Código Civil. b Que sin motivo justificado no cumpla con esa obligación. Ahora, de la resolución reclamada, se aprecia que de manera acertada, el Juez responsable hizo alusión al artículo 62 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala para efecto de acreditar el cuerpo del delito y con base en dicha disposición, estableció que la materialidad del injusto se demuestra con la querella de dieciocho de enero de dos mil once presentada por ********************, quien en síntesis expuso que en enero del año dos mil inició una relación de concubinato con ******************** y vivían en el Municipio de ********************, en casa de ********************, madre de la querellante; que de esa relación procrearon a******************** y********************, lo que acreditó con sus respectivas actas de nacimiento; que a finales de enero de dos mil dos, el antes nombrado abandonó el domicilio conyugal y que desde el día quince de ese mes y año, dejó de darle dinero para sufragar los gastos de primera necesidad de sus hijos; que en repetidas ocasiones lo buscó pero nunca la apoyó, lo que motivó que promoviera diligencias de alimentos provisionales ante el Juzgado Primero del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, el cual se radicó con el número de expediente ******************** y donde el veintidós de septiembre de dos mil seis se dictó resolución en la que se estableció como pensión a favor de los menores, la cantidad que resulte del equivalente a cuarenta por ciento del sueldo de ********************, descuento que a dicho de la exponente no se llevó a cabo porque dicha persona renunció a su trabajo; que posteriormente se enteró que el indiciado había promovido una demanda laboral en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, la cual dio origen al expediente******************** y en el que a ella no se le tomó en consideración, que únicamente le mostraron un escrito en el cual el hoy quejoso había recibido un cheque por la cantidad de **************por concepto de liquidación; que ella no cuenta con un trabajo estable y que cuando sus hijos se enferman es su madre y sus hermanos quienes la apoyan; finalmente, que ******************** cuenta con la posibilidad económica para sufragar los gastos de manutención de sus hijos, pues se desempeña como Técnico en Contabilidad y renta tres carros móviles para venta de comida y que percibe aproximadamente ocho mil pesos semanales. Dicha querella fue valorada correctamente por el Juez responsable, merced a que le concedió eficacia probatoria de indicio, en términos de los artículos 200 y 231 del Código de Procedimientos Penales del Estado, al señalar que la exponente refirió las circunstancias de tiempo, modo y lugar que el sujeto activo dejó de cumplir con la obligación de proporcionar alimentos para sus hijos. Dichos numerales establecen: Artículo 200. Los tribunales en los negocios de su competencia, apreciarán la prueba con sujeción a las reglas contenidas en este Capítulo, salvo disposición especial en contrario y expondrán en sus resoluciones los razonamientos que hayan tenido en cuenta para valorar jurídicamente la prueba. Artículo 231. El juez o el tribunal según la naturaleza de los hechos y el enlace lógico y natural más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciarán el valor de los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena. También para demostrar el primer elemento del cuerpo del delito, la autoridad responsable tomó en consideración las actas de nacimiento de los menores******************** y********************, de donde se advierte que sus progenitores son ******************** y ********************, las cuales fueron valoradas de manera adecuada por el Juez responsable conforme a los numerales 200 y 211 del Código procesal aplicable, toda vez que la autoridad judicial local plasmó que se trata de documentos públicos emitidos por funcionarios en ejercicio de sus atribuciones, por lo cual les confirió valor probatorio pleno para acreditar el vínculo filial existente entre el indiciado y los menores, de donde emana la obligación del activo de dar alimentos conforme al Código Civil. Al respecto, el numeral 211 del ordenamiento adjetivo en mención dice: Artículo 211.- Los instrumentos públicos hacen prueba plena, salvo el derecho de las partes para redargüirlos de falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos o con los originales existentes en los archivos. Además, el Juez de la causa tomó en consideración las documentales presentadas por la querellante, consistentes en la constancia de estudios de******************** y********************, así como el comprobante de pago de cooperación en la escuela primaria donde estudian los referidos menores y los tickets de compra de diversos productos de primera necesidad. En torno a dichas pruebas, en la resolución reclamada se dijo que son adecuadas para acreditar que los menores estudian la educación primara y que requieren de artículos necesarios para su alimentación y aseo, valoración que se hizo al tenor del artículo 213 del ordenamiento adjetivo aplicable, que establece: Artículo 213.- Los documentos privados sólo harán prueba plena contra su autor, cuando fueren judicialmente reconocidos por él; cuando no hubieren sido objetados por él mismo, si llegó a tener conocimiento de ello, o cuando no prospere la objeción que les hubiere puesto. También fueron tomadas en cuenta las testimoniales de ******************** y ********************, quienes de manera coincidente dijeron que les consta que ******************** y ******************** procrearon a dos hijos de nombres con iniciales******************** y********************; que el antes nombrado no otorga apoyo económico a los menores, lo que ha provocado que la querellante tenga que pedir dinero prestado para cubrir sus necesidades hijos y que además ******************** tiene la posibilidad económica de proporcionar alimentos a sus hijos. Las indicadas pruebas fueron adecuadamente valoradas por el Juez responsable, de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala, quien expuso las consideraciones legales que lo llevaron a concluir como lo hizo, toda vez que estableció que las testigos convinieron en la sustancia de los sucesos que conocieron por ellas mismas, siendo claras sus deposiciones, sin existir en ellas dudas ni reticencias. Es importante mencionar que los dispositivos legales en los que se apoyó dicha valoración establecen lo siguiente: Artículo 219.- Dos testigos harán prueba plena si concurren en ellos los siguientes requisitos: I Que convengan no sólo en la substancia, sino en los accidentes del hecho que refieren; II Que hayan oído pronunciar las palabras o visto el hecho material sobre que deponen; III Que su declaración merezca fe, conforme a las reglas que establece el artículo 221. Artículo 221.- Para apreciar la declaración de un testigo, el juez o tribunal tomará en consideración las circunstancias siguientes: I Que por su edad, capacidad o instrucción, tenga el criterio necesario para juzgar del acto; II Que por su probidad, por la independencia de su posición y por sus antecedentes personales, tenga completa imparcialidad; III Que el hecho de que se trate sea susceptible de ser conocido por medio de los sentidos, y que el testigo lo conozca por sí mismo y no por inducciones ni referencias de otra persona; IV Que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ya sobre la sustancia del hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales; y V Que el testigo no haya sido obligado por fuerza o miedo ni impulsado por engaño, error o soborno. El apremio judicial no se reputa fuerza. De igual forma, en la orden de aprehensión reclamada se valoró a nivel de indicio, conforme a los numerales 200 y 231 del ordenamiento adjetivo de la materia, la diligencia de mediación y conciliación de ocho de febrero de dos mil once, en la que ******************** y ******************** coincidieron en señalar que sí era su intención llegar a un arreglo respecto al pago de pensión alimenticia, pero al no acordar los términos y los montos respectivos, se dio por fracasa dicha etapa procesal. Además, el Juez de origen tuvo por demostrado adecuadamente el segundo elemento del cuerpo del delito, pues a partir de las referidas probanzas concluyó que el activo del delito injustificadamente ha dejado de cumplir con su obligación de dar alimentos a sus hijos. En efecto, las consideraciones para tener por acreditado el cuerpo del delito son correctas, si se toma en cuenta que de la concatenación de la querella y de las testigos que refirieron los hechos, estableció de forma certera lo siguiente: se concluye entonces que verdaderamente no proporciona pensión alimenticia alguna para sus menores hijos como lo señala ******************** y sus testigos de cargo; máxime que no existe un motivo justificado que evidencie que la imposibilidad material de ********************, para satisfacer los alimentos de sus menores hijos en la medida que él los pueda proporcionar, pues de las declaraciones de la querellante y testigos de cargo se desprende que el inculpado tiene tres carros hamburgueseros mismos que renta en la ciudad de Tlaxcala y es Técnico de Contabilidad, además que como el mismo indiciado lo manifiesta se desempeña actualmente como mandil en un restaurant, por lo que sí tiene posibilidades económicas para proporcionar la pensión alimenticia de sus hijos, sin embargo no lo ha hecho en forma total desde el quince de enero de dos mil dos; tampoco es posible evidenciar que los menores agraviados cuentan con los recursos suficientes para atender sus necesidades de subsistencia, pues por contar con la edad de nueve y diez años en forma respectiva tal condición no les permite sufragar sus alimentos, que de manera injustificada no les ha dado el inculpado desde hace nueve años; por lo tanto, sí se actualiza la conducta típica que se atribuye a ********************, pues del propio contenido del numeral 233 aludido con anterioridad, se observa que se encuentra justificada la materialidad de los elementos del delito en términos del artículo 62 del Código Penal vigente en el Estado foja 96 de cuaderno de pruebas. Además, tal decisión de la autoridad responsable es acertada, pues en términos de lo dispuesto por el artículo 62 del Código de Procedimientos Penales del Estado tomó en consideración los medios de prueba que obran en el sumario para tener por acreditados los elementos materiales del delito, los cuales son suficientes y eficaces para tenerlos por demostrados, por lo que se puede determinar que su actuar se ajustó al derecho fundamental previsto en el artículo 16 Constitucional. En otro aspecto, para tener por acreditada la probable responsabilidad del indiciado, ahora quejoso, el Juez natural tomó en cuenta los medios de prueba que le sirvieron para tener por acreditados los elementos constitutivos de los delitos, principalmente la querella formulada por ********************, las testimoniales de ********************y ******************** y la diligencia de mediación y conciliación en la que intervino el impetrante en presencia de su Defensor, lo cual se estima correcto, pues ciertamente de la concatenación de las probanzas relacionadas, se evidencia que ******************** es la persona que estando obligado a cumplir con la obligación alimentaria de los menores******************** y********************, ha dejado de cubrir las necesidades de sus hijos desde el quince de enero de dos mil dos. Aspecto el anterior que fue debidamente encuadrado en el artículo 12 del Código Penal del Estado vigente en la época de los hechos: Artículo 12.- Son responsables de un delito ya cometido, todos los que tomaron parte en su concepción, preparación o ejecución, o prestan auxilio o cooperación de cualquier especie, por concierto previo o por intervención posterior a la ejecución, por medio de actos u omisiones que no sean de los previstos como encubrimiento; y los que induzcan o compelan directamente a alguien a cometerlo En virtud de lo anterior, el actuar del Juez natural que emitió la orden de aprehensión reclamada, al momento de tener por acreditada la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito de incumplimiento de la obligación alimentaria que se le imputa es correcto, dado que los medios de prueba que relacionó y valoró son suficientes para acreditar el extremo constitucional. En el entendido que no resulta contrario a derecho que la probable responsabilidad la haya tenido por justificada con las mismas probanzas que fueron útiles para acreditar el cuerpo del delito, conforme lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis siguiente: Época: Séptima Época Registro: 236522 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 40, Segunda Parte Materia(s): Penal Tesis: Página: 27 CUERPO DEL DELITO Y RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR LOS MISMOS ELEMENTOS. Si alguno de los elementos probatorios apreciados para acreditar el cuerpo del delito, es también tomado en consideración para justificar la responsabilidad penal del inculpado, esto no es en sí mismo violatorio de garantías, pues bien puede suceder que un elemento probatorio sirva para acreditar ambos extremos, sin que ello traiga como consecuencia una violación de garantías. De todo lo anterior, se concluye que el Juez del proceso, al dictar la orden de aprehensión que se reclama, actuó correctamente, pues por una parte tomó en consideración los medios de prueba que obran en la averiguación previa, los cuales, hasta esa etapa procesal son bastantes para tener por acreditado el cuerpo del delito imputado al quejoso, así como su probable responsabilidad en la comisión del mismo, y en segundo término, fundó y motivó correctamente su actuar, pues citó las disposiciones legales aplicables al caso concreto y expuso los razonamientos y circunstancias especiales que le permitieron concluir como se ha especificado. Cierto, el mandamiento de captura reclamado en esta vía no resulta violatorio de los derechos fundamentales del quejoso, toda vez que el principio de fundamentación ha sido entendido como el deber que tiene la autoridad de expresar los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, mientras que la motivación ha sido encaminada a la expresión de los razonamientos lógicos jurídicos por las cuales la autoridad considera que los hechos que se hacen de su conocimiento y en que se basa, se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. En el caso, la autoridad responsable precisó los preceptos legales, en los que se ubica la conducta del inculpado en el procedimiento natural y amparista en el presente juicio constitucional, expresando los motivos y argumentos del por qué consideró que tanto el cuerpo del delito como la probable responsabilidad del delito que se le atribuye, quedaban acreditados en los autos del juicio natural; asimismo, valoró los medios probatorios que fueron puestos bajo su potestad, expresando los motivos por los que les concedía valor probatorio en términos de los numerales que para tal efecto prevé el código local adjetivo y además, se aprecia las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución; ante este escenario, es evidente que el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Orienta este criterio la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Séptima Época Registro: 238212 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 97-102, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 143 FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Por otra parte, contrario a lo señalado en la demanda de amparo, la orden de aprehensión reclamada no viola lo preceptuado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: Artículo 14 A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. En el asunto que nos ocupa, el Juez responsable no aplicó ninguna ley en forma retroactiva en perjuicio del peticionario de amparo, sino que señaló la norma sustantiva y adjetiva penal vigente en la época de los hechos. También se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento para librar la orden de aprehensión, pues previo a realizar el ejercicio de la acción penal mediante el pliego de consignación respectivo, el ocho de febrero de dos mil once, en la etapa de averiguación previa se celebró la diligencia de mediación y conciliación entre la querellante y el indiciado, pero como no llegaron a un acuerdo, el Agente del Ministerio Público determinó consignar la averiguación previa y solicitar la orden de aprehensión contra ********************. Además, la orden de aprehensión no se dictó por analogía o mayoría de razón y el hecho por el cual se libró es considerado como delito por la ley exactamente aplicable, que al caso concreto resulta ser el Código Penal del Estado de Tlaxcala, vigente en la época de los hechos. En otro orden de ideas, tampoco asiste la razón al quejoso cuando alude que el acto reclamado transgrede el artículo 20 Constitucional. En dicho tópico debe destacarse que el referido numeral, en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho y que es el aplicable para el sistema procesal tradicional dentro del cual se emitió la orden de aprehensión que se analiza, señala diversos derechos del inculpado, que incluso deben observarse en la etapa de averiguación previa. De esta manera, la suscrita Juzgadora, tras analizar las actuaciones del proceso penal remitido por la autoridad responsable no observa que previo a la emisión de la orden de aprehensión se hayan vulnerado alguno de esos derechos, pues en ningún momento se obligó a declarar al ahora quejoso; tampoco se le impidió ofrecer pruebas o existió negativa para recibirlas y mucho menos se le impidió que nombrara un Defensor. Por el contrario, en la diligencia de mediación y conciliación referida se le nombró a un profesional en derecho para que lo asistiera, concretamente al Licenciado ******************** ********************, Defensor de Oficio adscrito a la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado (fojas 23 y 25 del cuaderno de pruebas), de donde se desprende que antes del dictado de la orden de aprehensión sí le fueron respetadas esas garantías al impetrante del amparo. Tampoco asiste la razón al quejoso cuando menciona que el acto reclamado es violatorio del artículo 21 Constitucional, el cual establece en lo que aquí interesa, que la investigación y persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público y que la imposición de las penas es facultad exclusiva de la autoridad judicial. Se llega a la anterior conclusión porque el mandamiento de captura contra ******************** fue precedido de una indagatoria realizada por la fiscalía, quien de acuerdo a sus atribuciones ejerció la acción penal y solicitó expresamente la orden de aprehensión, la cual a la postre fue dictada por el Juez responsable, quien dicho sea de paso, no se extralimitó en sus funciones ni ejerció facultades inquisitivas o de investigación en perjuicio del quejoso, en virtud de que las pruebas en que se basó fueron las que recabó la autoridad ministerial. Además, el Juez responsable no varió los hechos materia de la consignación, ni oficiosamente consideró actuaciones de la averiguación previa que no hubiera señalado el Agente del Ministerio Público en el pliego de consignación, a fin de resolver sobre la petición de orden de aprehensión. De esta forma, se acredita que en el caso, quedaron perfectamente ejercidas las funciones que desempeña la fiscalía como órgano acusador, y el Juez, como rector del proceso, las cuales no se advierte que hayan concurrido, pues la función de la autoridad judicial fue determinar si la actuación del Ministerio Público cumplía o no con los estándares legales a efecto de tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad motivo de la consignación, fijando la materia del proceso con base, única y exclusivamente, en la imputación realizada por la representación social, sin que hubiera asumido el papel de acusador, coadyuvante o asesor del Ministerio Público. Finalmente, no es acertado que el promovente del amparo afirme que se viola el contenido del artículo 7º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone: Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 1 Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2 Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3 Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4 Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 5 Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 6 Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. 7 Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios En efecto, con el actuar del Juez responsable no se violó el mencionado dispositivo convencional, al ser claro que la orden de aprehensión constituye uno de los supuestos para proceder a la privación de la libertad de una persona, el cual se encuentra establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuyas condiciones para su libramiento han quedado cumplidas, según se ha demostrado en esta sentencia, habida cuenta que por la clase del delito de que se imputa a ******************** no se encuentra en la hipótesis señalada en último término, relativo a la prohibición de encarcelamiento por deudas, dado que esa norma precisamente exceptúa los casos de incumplimiento de obligaciones alimentarias. En las relatadas circunstancias, al ser infundados los conceptos de violación expresados por el promovente y al no advertir deficiencia en la queja que amerite ser suplida, se impone negar el amparo a ********************. La negativa de la protección constitucional se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Inspector General Encargado del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, dado que no se reclamaron por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la orden de aprehensión dictada por la autoridad ordenadora. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto a las autoridades responsables y motivos señalados en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en términos del considerando octavo de la presente sentencia. TERCERO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente.
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