Agustin Ortiz Rocha

Expediente 743/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
743/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • Agustin Ortiz Rocha

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Recepción de escrito. Agréguese a los autos el escrito signado Raúl Fernández De Lara Ochoa, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, como lo solicita y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, hágase la devolución de las documentales que precisa y que se anexaron al escrito inicial de demanda. Lo anterior, previa copia simple que a su costa se deje en autos; asentándose la razón por su recibo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de marzo de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; sin que lo hubieren hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Certificación. Ahora, dado que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se acuerda: Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse sobreseído en el mismo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis del inciso a) de la fracción I artículo 18 del mismo acuerdo; por tanto, consérvese el expediente en el archivo de este juzgado por un plazo de tres años, computado a partir de esta fecha, y transcurrido dicho plazo procédase a su depuración, toda vez que la suspensión provisional y definitiva fue concedida. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 de Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 743/2022-VI; y, R E S U L T A N D O S PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, (en su anterior denominación), ********************, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos señalados en la demanda de amparo. SEGUNDO. Trámite del juicio. El diecisiete de octubre de dos mil veintidós, la demanda se radicó bajo el número de expediente 743/2022-VI, la que previa prevención, en proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós, se desechó parcialmente, se admitió y se solicitó informe justificado a las autoridades responsables. Luego, seguidos los trámites de ley, previos diferimientos, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda y escritos aclaratorios, se aprecia que la parte quejosa señaló como actos reclamados la falta de emplazamiento a juicio civil o administrativo, así como la anotación o modificación a la clave catastral ******************** TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese sentido, la autoridad responsable en su denominación correcta, rindió su informe justificado, tal como se precisa a continuación: Autoridades responsables Sentido del informe Fojas Director de Catastro Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Niega 64 y 65 De esta manera, se advierte que la autoridad responsable indicada al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados, sin que el quejoso haya aportado prueba idónea para desvirtuar tal negativa. En ese sentido, si el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establece la obligación del impetrante de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia de los actos reclamados a la autoridad en cita corresponde al solicitante del amparo. Sin que pasen desapercibidas las pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa, toda vez que con las mismas únicamente acredita la existencia de la clave catastral ********************, a nombre del quejoso, en el cual se adeuda el impuesto predial de dos mil veintiuno y dos mil veintidós, así como el aviso de adeudo de dos mil veintiuno respecto del referido impuesto y la existencia de una credencial de elector a nombre del quejoso, pero con dichas pruebas no se acredita la existencia de los actos reclamados. En consecuencia, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo con relación a los actos reclamados cuya inexistencia se analizó, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así como la tesis VI.2o.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Segundo Circuito, que literalmente dispone: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos precisados en el considerando segundo y la autoridad señalada en el considerando tercero, por las razones expuestas en el mismo. Notifíquese.Así lo resolvió y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa con el Secretario Aarón Abraham Rodríguez Agúndez que firma y da fe. Doy fe.VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 743/2022-VI; y, R E S U L T A N D O S PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, (en su anterior denominación), ********************, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos señalados en la demanda de amparo. SEGUNDO. Trámite del juicio. El diecisiete de octubre de dos mil veintidós, la demanda se radicó bajo el número de expediente 743/2022-VI, la que previa prevención, en proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós, se desechó parcialmente, se admitió y se solicitó informe justificado a las autoridades responsables. Luego, seguidos los trámites de ley, previos diferimientos, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda y escritos aclaratorios, se aprecia que la parte quejosa señaló como actos reclamados la falta de emplazamiento a juicio civil o administrativo, así como la anotación o modificación a la clave catastral ******************** TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese sentido, la autoridad responsable en su denominación correcta, rindió su informe justificado, tal como se precisa a continuación: Autoridades responsables Sentido del informe Fojas Director de Catastro Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Niega 64 y 65 De esta manera, se advierte que la autoridad responsable indicada al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados, sin que el quejoso haya aportado prueba idónea para desvirtuar tal negativa. En ese sentido, si el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establece la obligación del impetrante de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia de los actos reclamados a la autoridad en cita corresponde al solicitante del amparo. Sin que pasen desapercibidas las pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa, toda vez que con las mismas únicamente acredita la existencia de la clave catastral ********************, a nombre del quejoso, en el cual se adeuda el impuesto predial de dos mil veintiuno y dos mil veintidós, así como el aviso de adeudo de dos mil veintiuno respecto del referido impuesto y la existencia de una credencial de elector a nombre del quejoso, pero con dichas pruebas no se acredita la existencia de los actos reclamados. En consecuencia, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo con relación a los actos reclamados cuya inexistencia se analizó, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así como la tesis VI.2o.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Segundo Circuito, que literalmente dispone: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos precisados en el considerando segundo y la autoridad señalada en el considerando tercero, por las razones expuestas en el mismo. Notifíquese.Así lo resolvió y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa con el Secretario Aarón Abraham Rodríguez Agúndez que firma y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que establece el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable que fue acordada en auto de nueve de enero de dos mil veintitrés. Diferimiento. Por tanto, en virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas del veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.

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