Agustin Morales Ledezma
Expediente 34/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 34/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Agustin Morales Ledezma
Actuaciones
- Principal
Irapuato, Guanajuato, treinta de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que, el acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: La parte quejosa no allegó documentos al presente asunto. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretados en sentido contrario y 21, inciso d), del Acuerdo en cita. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos que reclama de la Juez Quinto Civil de Partido Judicial, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 34/2023. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS De la revisión de la demanda de amparo, se advierte que los actos que reclama la parte quejosa son los siguientes: a) Auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, emitido por la Juez Quinto Civil de Partido Judicial de esta ciudad, en el juicio ordinario civil número *** que declaró improcedente la medida precautoria que solicitó. b) Autos de trece de diciembre de dos mil veintidós y nueve de enero de dos mil veintitrés, emitidos en el citado controvertido, en los cuales estableció que deberá estarse a lo acordado en auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. Al respecto, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Expuesto lo anterior, contra los actos reclamados este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". La porción normativa transcrita regula el incumplimiento al principio de definitividad respecto de actos que se atribuyan a autoridades judiciales, administrativas o del trabajo. Ese principio se sustenta, en virtud de que el juicio de amparo, como uno de los medios de control constitucional y extraordinario de defensa, y que exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. Esto es, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio.... Ahora bien, respecto del acto reclamado precisado con el inciso a) consistente en el auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, emitido por la Juez Quinto Civil de Partido Judicial de esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil *** de su índice, en el que declaró improcedente la medida precautoria que solicitó, la parte quejosa debió de interponer el recurso de apelación. Lo anterior es así, pues el numeral 236, concatenado con el diverso 412, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, establecen: "Artículo 236. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados. En materia familiar, cuando sea en beneficio de menores o incapacitados, deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de agravio expresados. "Art. 411.- Las medidas autorizadas en las fracciones I, II, IV y V del artículo 401, se decretarán sin audiencia de la contraparte y se ejecutarán sin notificación previa." "Artículo 412. La resolución en la que se decida la procedencia o improcedencia de la medida es apelable." Del contendido de los dispositivos que se han mencionado, se desprende que el recurso de apelación, tiene como objetivo que el superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados, cuya tramitación debe seguirse en términos de las disposiciones previstas en el Título Sexto del Libro Primero de la citada codificación. Sobre esa base, se colige que el acto en estudio es impugnable a través del recurso de apelación, pues de la interpretación sistemática de los numerales en cita, se advierte que el aludido medio de impugnación procede contra las resoluciones que decidan la procedencia o improcedencia de la medida, al así mencionarlo expresamente. Obligación de agotar ese recurso que se actualiza aun en el supuesto de que el quejoso hubiera solicitado la medida bajo el distinto supuesto que prevé el artículo 396 de la codificación procesal civil de la entidad, pues de manera específica prevé que ante su negativa, procede el recurso de apelación. En ese sentido, se afirma que el presente juicio de amparo es improcedente respecto de dicho acto reclamado, en virtud de que la parte quejosa, no agotó el recurso ordinario previsto por la ley aplicable, en atención a lo establecido en los artículos antes transcritos. Esto, pues con dicho medio de impugnación se satisfacen los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa idóneo; es decir, tiene por objeto que un superior confirme, revoque o modifique la resolución de primera instancia que se considere lesiona los intereses de la parte quejosa, en lo tocante a los agravios que exprese. Por otro lado, respecto de los actos reclamados precisados en el inciso b), consistentes en los autos de trece de diciembre de dos mil veintidós y auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, en los cuales estableció que deberá estarse a lo acordado en auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, ambos emitidos dentro de los autos del expediente ***, aunado a que solo se reclaman como una consecuencia de lo que se determinó en el acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós respecto del cual no se agotó el medio ordinario de defensa; de cualquier forma se actualiza lo siguiente: En el caso, el numeral 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, establece: "Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." Del contendido del citado artículo, se desprende que las determinaciones emitidas por el juzgador en el procedimiento, pueden ser impugnadas a través del recurso de revocación, siempre y cuando no sean apelables. Sobre esa base, se colige que los actos en estudio pueden ser impugnados a través del recurso de revocación, al ser un auto de mero trámite. En ese sentido, respecto de los actos que ante esta instancia se reclama, se afirma que el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud de que la parte quejosa, no agotó el medio ordinario previsto por la ley aplicable, en atención a lo establecido en el artículo ante transcrito. Esto, pues con dicho medio de impugnación se satisfacen los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa idóneo; es decir, tiene por objeto revocar o modificar el proveído que se considere lesiona los intereses del quejoso. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. Por lo anterior, es incuestionable que la parte solicitante de la protección constitucional, al ser parte en el juicio natural, debió agotar tales medios de impugnación antes de acudir a esta instancia constitucional, con los cuales pudo haber logrado lo que por esta vía biinstancial pretende. Lo anterior, tomando en consideración que el aquí quejoso, al ser parte, se encontraba en plenitud de hacer valer el recurso indicado.... Sin que en el particular, se advierte alguna de las causas de excepción establecidas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que eximan a la quejosa de cumplir ese principio, por las siguientes consideraciones: La determinación reclamada, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. Asimismo, no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del menor quejoso, ni se trata de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. El quejoso no tiene la calidad de tercero extraño, pues es parte procesal en el juicio de origen. 4. No se trata de un auto de vinculación a proceso. Expuesto lo anterior, es claro que la parte promovente no acató el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo al no haber agotado los medios ordinarios previstos en los numerales 236, concatenado con el diverso 412 y 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. De ahí que se actualice la causa de improcedencia invocada, respecto de los actos que se analizan en el presente auto. Por tanto, al quedar plenamente demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES La parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el buzón de correo electrónico número ***; en atención a lo anterior, no ha lugar a tenerlo para los efectos que precisa, ya que esa vía no se encuentra contemplada en la Ley de Amparo para oír y recibir notificaciones. En ese sentido, con fundamento en los artículos 26 fracción III, adminiculado con el numeral 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizarle las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pag eName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en la que se fija en los estrados de este juzgado. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A ***, se les tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de lo asentado en la certificación de cuenta. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO Se invita a la parte quejosa a que proponga diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tal medio, en los casos en que se estime pertinente. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. En términos de lo ordenado en el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilita a los fedatarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN. En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
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