Agustin Mojica Salgado

Expediente 130/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 32 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
130/2020
Año
2020
Actuaciones
32
Última actuación
25/05/2022

Partes del expediente

  • Agustin Mojica Salgado
  • Comisionado del Organo Administrativo Desconcentrado Prevencion Y Readaptacion Social Ciudad de Mexico

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es depurable, salvo la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y el proveído en que se ordena su archivo como asunto concluido, mismos que deberán conservarse en términos del numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Suspensión de plano. En tales condiciones, se dejan sin efectos las medidas cautelares decretadas en este asunto; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales correspondientes. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a dos de marzo de dos mil veintidós. Oficio. Visto el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Sin que obste que dicho comunicado, se haya obtenido de forma íntegra del Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE), recibidos a través del módulo de intercomunicación habilitado por el Consejo de la Judicatura Federal, para el trámite del juicio de amparo en términos de los artículos 3, 21 y 110 de la Ley de Amparo. Acuerdo. En tal virtud, téngase por devuelto debidamente diligenciado el exhorto 38/2022, del índice de este juzgado; sin que haya lugar acusar recibo de estilo, toda vez que el sistema por el que fue remitido lo genera en automático. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a quince de febrero de dos mil veintidós. Razón actuarial. Vista la razón actuarial efectuada por el fedatario judicial, de la cual se advierte que no le fue posible notificar personalmente al quejoso Agustín Mojica Salgado. Estado de autos. Asimismo, del estado de autos se advierte que el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 14 Cps Durango, informó que el quejoso egresó temporalmente de ese centro, para ser ingresado al diverso Centro Estatal de reinserción Social Morelos, en cumplimiento al oficio SSPC/PRS/03593/2021, signado por el Coordinador General de Centros Federales, en ausencia del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, quién autorizó dicho traslado en atención al diverso oficio 01344/21, emitido por la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Distrito Único del Sistema Penal Acusatorio del Estado de Morelos, en autos de la carpeta administrativa JCJ/128/2017, en la que el aquí quejoso tiene la calidad de procesado; sin que a la fecha haya reingresado el mencionado quejoso al reclusorio a su cargo. Exhorto. Ahora, tomando en consideración que el quejoso Agustín Mojica Salgado, se encuentra interno en el Centro Estatal de reinserción Social Morelos, es decir, fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva comisionar al personal de su adscripción, para que se constituya en el centro penitenciario de referencia, a fin de que notifique al citado quejoso el presente proveído y le corra traslado con la sentencia dictada en autos. En el entendido que la comunicación oficial que en esta determinación se ordena deberá enviarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes haciendo uso de la firma electrónica vigente y reconocida por el Poder Judicial de la Federación, con apoyo en los artículo 107 y 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; tomando en consideración la naturaleza de la misma, de conformidad con el numeral 110 del referido acuerdo, no existe la necesidad de que el juzgado exhortado acuse de recibo vía ordinaria, dado que el sistema por el que fue enviada la presente comunicación lo genera en automático. Habilitación de días y horas. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que habilite días y horas inhábiles, a fin de realizar dicha encomienda. Asimismo, se destaca que la devolución de las constancias respectivas deberá realizarse únicamente mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y personalmente mediante exhorto al quejoso.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 130/2020-lV SENTENCIA DEFINITIVA En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las once horas con diez minutos del nueve de febrero de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión de la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, secretaria quien da fe, la declaró abierta sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria da cuenta con la demanda de amparo promovida por la parte quejosa y con los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación del Agente del Ministerio Público del Federación adscrito. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta al Juez con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tiene por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito recibido en este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, el trece de febrero de dos mil veinte, Agustín Mojica Salgado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que a continuación se digitaliza: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto, se violaron son los contenidos en los artículos 16, 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal y por acuerdo de trece de febrero de dos mil veinte, fue admitida en sus términos y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 130/2020, el nueve de junio de dos mil veintiuno se admitió la ampliación de demanda, respecto de la autoridad responsable Juez de Ejecución Penal con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero, respecto del acto reclamado, la resolución de doce de diciembre de dos mil dieciocho; motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción XVII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se trata de un juicio de amparo indirecto que corresponde a la competencia territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: i. La orden de traslado del Centro de Readaptación Social de Iguala de la Independencia, Guerrero, al Centro Federal de Readaptación Social Número 14, "CPS" Durango, con sede en Gómez Palacio, Durango, en el cual actualmente guarda reclusión. ii. Su ejecución. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado. En el caso, las autoridades responsables Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la ciudad de México y Juez de Ejecución Penal, con residencia en Iguala de la Independencia, Guerrero, al rendir su correspondiente informe justificado reconocieron la existencia del acto reclamado, lo cual, sin duda, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, es cierto el acto reclamado al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS-Durango", con sede en Gómez Palacio, Durango; pues no obstante de haber negado el acto que se le atribuye, dicha negativa se desvirtúa con el contenido de las constancias que anexaron, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2º de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, que en su rubro dice: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. Respecto del acto reclamado por el quejoso Agustín Mojica Salgado, consistente en el traslado del Centro de Readaptación Social de Iguala de la Independencia, Guerrero al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS-Durango", ubicado en Gómez Palacio, Durango, en el que actualmente se encuentra recluido, se actualiza la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" (.)". Conforme a lo previsto por el precepto legal antes reproducido, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando, por aplicación del principio de definitividad, el justiciable no agota de manera previa los medios o recursos ordinarios que establezca la ley que rige el acto. En efecto, la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV de la Constitución General de la República y 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo, consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley ordinaria establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio, encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos; por lo que, es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal y en la propia fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, cabe precisar que el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigente a partir del día siguiente de su publicación, cuyo objeto, en lo que aquí interesa, radica en el establecimiento de normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. En ese tenor, la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé dos recursos a través de los cuales las partes de un procedimiento, según sea el caso, pueden impugnar las resoluciones y autos que emita un juzgador, a saber, revocación y apelación. En ese orden de ideas, los artículos 51, 52 y 132 del ordenamiento legal antes invocado, establecen la procedencia del recurso de apelación contra diversas determinaciones emitidas en ejecución de sentencia -a más de otros supuestos-, entre las que se encuentran la orden de traslado. Los numerales en comento son del tenor siguiente: "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código. Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley". En ese contexto, se tiene que el acto reclamado por el quejoso en el presente juicio de amparo, se hace consistir en la orden de traslado contenida en el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/26273/2018, al Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS DURANGO", con sede en Gómez Palacio, Durango, emitida por el Comisionado del Órgano Administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, la cual fue calificada por el Juez de Ejecución Penal con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero, mediante resolución de doce de diciembre de dos mil dieciocho. Luego, de conformidad con los preceptos legales transcritos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, procede el recurso de apelación al tratarse de una determinación en la cual se convalidó su traslado de un Centro de Reinserción Social a otro. Así, en observancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es inconcuso que el acto tildado de inconstitucional por el quejoso, no puede ser analizado de primera intención por este órgano de control constitucional, pues contra éste procedía el aludido medio de impugnación previsto por los artículos 51, 52 y 132, fracción VII de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que contra las determinaciones pronunciadas por la autoridad jurisdiccional relativas a traslados de personas privadas de su libertad con motivo de la ejecución de una pena o estando bajo los efectos de la prisión preventiva, las mismas deben ser combatidas mediante el recurso de apelación. Ello es así, en atención a que la determinación reclamada se ejecutó el siete de abril de dos mil diecinueve, y en ese momento la Ley Nacional de Ejecución Penal se encontraba operando. Máxime, que en el presente caso, no se actualiza ninguno de los diversos supuestos de excepción que prevén los incisos a), b) y c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o en el que se establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Ahora aun cuando se estimare que el acto reclamado es de los considerados como de imposible reparación, debe tenerse en cuenta que el juicio de amparo indirecto sólo es procedente, previo a que se agote el principio de definitividad; porque estimar lo contrario equivale a considerar que en contra de cualquier acto dictado en un procedimiento jurisdiccional, procede el juicio de amparo indirecto sin atender el principio de definitividad, pues el juicio de amparo no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que se sigue en contra de actos arbitrarios de autoridad. Apoya lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, que señala lo siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por tanto, si el quejoso no agotó el recurso de apelación antes citado, en contra de la determinación de doce de diciembre de dos mil dieciocho, en donde el Juez responsable convalidó el traslado efectuado mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/26273/2018, en forma previa a la promoción del presente juicio constitucional, inobservó el principio de definitividad referido, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, debe tenerse en consideración que las ordenes de traslado no se encuentran en ninguna de las causas de excepción al principio de definitividad, como sería si se tratase de un acto que atenta contra la libertad personal fuera de procedimiento -toda vez que el procedimiento del traslado se encuentra previsto y regulado en capítulo V de la Ley Nacional de Ejecución Penal-; que el peticionario de derechos acuda como persona extraña al juicio, como lo dispone la fracción VII, del ordinal 107 constitucional; y en los casos previstos en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que esa medida no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, ni se ordena alguno de los actos prohibidos por el diverso 22 de la ley fundamental, específicamente, penas de mutilación e infamia, azotes, marcas, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Sirve de apoyo la jurisprudencia número: P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro: 2017117, que dispone: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Sin que sea obstáculo a la anterior determinación los siguientes criterios de nuestro Más Alto Tribunal: - Jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2013066, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, Página 865, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA". - Jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2010596, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, Página 247, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA." - Tesis aislada 1a. CLXVI/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro 2006256, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Página 824, del rubro: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL."; y, - Jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO." Ello es así, porque de su análisis se advierte que la Suprema Corte tomó como base la reforma constitucional a los artículos 18 y 21, de junio de 2011, donde se le quitaron facultades a las autoridades administrativas para decidir las controversias que se susciten en reclusión, para otorgárselos a la autoridad judicial, por ende, las autoridades administrativas ya no tienen competencia para ordenar traslados, de hacerlo estaríamos hablando de actos fuera de procedimiento judicial. En tales criterios el alto tribunal alude a situaciones donde las autoridades administrativas continuaban ordenando traslados de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades y sin autorización judicial; sin embargo, el panorama cambio con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues creó un procedimiento judicial que regula los traslados, por regla general la autorización judicial es previa y excepcionalmente en casos urgentes la autorización judicial es posterior, en este último caso la autoridad administrativa ordena y ejecuta el traslado para posteriormente solicitar la autorización judicial, quien podrá confirmar o revocar esa decisión administrativa, también se previó la facultad de los internos de ejercitar una acción que inicie una controversia judicial, para combatir ese traslado. Reviste importancia el último supuesto mencionado, pues la ley de ejecución faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, que posteriormente debe ser revisada por una autoridad judicial, como todo ello ocurre en el contexto de un procedimiento establecido en la ley se trata de actos ocurridos dentro de un procedimiento, a diferencia de lo analizado por el alto tribunal que alude a supuestos donde los actos fueron emitidos fuera de juicio, de allí que al caso a estudio no resulten aplicables esos criterios. En apoyo a lo anterior se cita la tesis PC.III.P. J/18 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada el viernes 07 de septiembre de 2018 10:16 h, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 2017822, del rubro y texto siguiente: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad." De igual manera, aplica los argumentos expuestos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 1a./J. 79/2018 (10a.), publicada el siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2018548, que dispone: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." (Lo resaltado no es de origen). En esta tesitura, se colige que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las situaciones relacionadas con la reclusión del ahora quejoso; como lo es, lo relativo a su traslado; adicionalmente cuenta con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, por lo que es inconcuso que dichos procedimientos deber ser agotados previo a la presentación del juicio de amparo, en atención al principio de definitividad. Ello es así, porque de acuerdo al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, previo a la interposición de éste, deben ejercitarse los recursos ordinarios que prevenga la ley, que tengan por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada, tal y como se estipulo en líneas precedentes, entonces debe concluirse que el presente juicio es improcedente. La anterior determinación es acorde a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de queja 36/2020 derivado de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 837/2019, en sesión de trece de enero de dos mil veintiuno, en la que estudió si era correcto un auto a través del cual se desechó de plano el juicio de amparo promovido contra una orden verbal de traslado atribuido a autoridades penitenciarias, porque no se agotó el medio ordinario de defensa previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. La corte estimó que el juicio de amparo es un medio de control constitucional extraordinario, por lo que sólo debe ocuparse de resoluciones que no admitan medios de defensa que puedan modificarlas, aunque existen excepciones, precisó que la Ley Nacional de Ejecución Penal regula los traslados y prevé diferentes supuestos: voluntarios, involuntarios y urgentes, éstos últimos son los que se pueden ordenar por las autoridades penitenciarias y en contra de éstos procede el recurso de apelación y la controversia judicial; por ende, sí existía un recurso judicial procedente contra el acto reclamado. En las relatadas condiciones, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de ese cuerpo normativo. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese y personalmente. A

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