Agustín Miranda Orozco
Expediente 1172/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1172/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/11/2016
Partes del expediente
- Agustín Miranda Orozco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
El estado procesal de los presentes autos evidencia que este asunto se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes.
- Principal
II. Visto el estado de autos, el auto que sobreseyó el presente asunto, ha causado estado, para los efectos legales procedentes; se ordena la reexpedición de los oficios dirigidos a las autoridades responsables del auto de seis de septiembre de dos mil dieciséis
- Principal
II. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se agregan a los autos sin mayor proveído los telegramas y oficio de cuenta, mediante los cuales rinde informe justificado el Director de Amparos y Derechos Humanos, en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, quien a su vez actúa en representación del Coordinador General de Centros Federales, pues mediante proveído de seis de los actuales se sobreseyó el presente juicio de amparo (fojas 21 a la 24). Finalmente, de conformidad con los artículos 9 y 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas indicadas por la responsable para tales efectos y como domicilio el señalado para tal efecto.
- Principal
II.- Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda con el informe justificado rendido por la Encargada del Despacho de la Dirección General y Presidenta del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, y anexo consistente en un legajo de copias certificadas de diversas constancias. Se estima aplicable por analogía, la tesis publicada en la página 1081, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias". Ahora bien, en el presente juicio el quejoso Agustín Miranda Orozco, reclama la negativa por parte del Director General y Consejo Técnico Interdisciplinario, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, México y Coordinador General de los Centros Federales, de dar contestación a la promoción de siete de julio de dos mil quince, relativa a proporcionar una constancia donde se acredite cuántos días ha laborado dentro de los centros de reclusión donde se ha encontrado desde el año dos mil cinco, a la fecha; sin embargo de las constancias remitidas por la responsable se advierte que el uno de septiembre del presente año, el Encargado del Despacho de la Dirección Jurídica del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, México, emitió pronunciamiento respecto de dicha solicitud. A las constancias remitidas por la Encargada del Despacho de la Dirección General y Presidenta del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del ordinal 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. Y la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, de contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así las cosas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El dispositivo legal en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. El quejoso aduce que las autoridades Director General y Consejo Técnico Interdisciplinario, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, México y Coordinador General de los Centros Federales, no han dado contestación a la promoción de siete de julio de dos mil quince, relativa a proporcionar una constancia donde se acredite cuántos días ha laborado dentro de los centros de reclusión donde se ha encontrado desde el año dos mil cinco, a la fecha; sin embargo, de manera posterior la Encargada del Despacho de la Dirección General y Presidenta del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, remitieron copias certificadas del memorándum DJ/AMP/4391/2016, de uno de septiembre de dos mil dieciséis, del cual se advierte que el veinticinco de agosto del presente año, el Jefe de Departamento de Actividades Laborales del centro de reclusión referido anteriormente, emitió pronunciamiento respecto de dicha solicitud. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues el Jefe de Departamento de Actividades Laborales del Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, emitió pronunciamiento respecto de la petición presentada por el quejoso Agustín Miranda Orozco, pues mediante memorándum número DAL/212/2016, hizo del conocimiento del Encargado de la Dirección Jurídica del mismo centro de reclusión, los días laborados en dicha institución, mismo que fue notificado al quejoso mediante diverso memorándum número DJ/AMP/4391/2016, el uno de septiembre posterior, tal como se advierte a foja dieciocho (foja 18) de autos; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando, al momento de la presentación de la demanda, existía violación al derecho fundamental previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha, ésta ha cesado. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, se pronunciara respecto de la solicitud formulada por la parte quejosa, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 103, publicada en las páginas 51 y 82 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia 415, publicada en la página 356 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También la tesis P.CL/97, publicada en la foja 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En ese sentido, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las nueve horas con veinticinco minutos del siete de septiembre de dos mil dieciséis, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente.
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