Agustín Miranda Gallardo

Expediente 485/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 20 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
485/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
18/09/2018

Partes del expediente

  • Agustín Miranda Gallardo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero, a dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita En relación al original y duplicado del incidente, se establece que al haberse negado la suspensión de los actos reclamados, se determina que ambos cuadernos son susceptibles de destrucción al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción III, del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto referido. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Por cuanto al tomo de prueba que se formó por separado, dado que resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado, devuélvase a la autoridad responsable, quien lo remitió con su informe justificado. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 485/2018.R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido el uno de junio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Agustín Miranda Gallardo, por derecho propio, presentó demanda de garantías contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende. Ejecutora Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende. Ambos con domicilio en Ayutla de los Libres, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "A) El ilegal emplazamiento mediante el cual se pretende hacer constar que el suscrito fue legalmente notificado y emplazado a juicio, que se realizó dentro del expediente número 14/2018, promovido por Alma Delia Calderón Vargas en contra del suscrito, radicado ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Allende con sede en la Ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero. B) La ilegal orden de descuento decretado dentro del expediente número 14/2018, promovido por Alma Delia Calderón Vargas en contra del suscrito, radicado ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Allende con sede en la Ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero, correspondiente al del 40% de mi sueldo y demás prestaciones que percibo en mi centro de trabajo como trabajador de la Secretaría de Salud en el Estado de Guerrero, esto es en razón de que jamás fui notificado ni emplazado a juicio dentro de dicho expediente." SEGUNDO. Preceptos constitucionales vulnerados. La quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de cuatro de junio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 485/2018; se solicitó de las autoridades responsables sus informes justificados, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, se ordenó notificar a la tercera interesada Alma Delia Calderón Vargas, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en dos ocasiones, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclaman actos derivados de un juicio del orden familiar en el que el quejoso se ostenta como tercero extraño por equiparación, y que se tramita por autoridades con sede en la jurisdicción de este órgano constitucional. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. El quejoso bajo protesta de decir verdad refirió tener conocimiento de la existencia del expediente 14/2018 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, el dieciséis de mayo del año en curso, sin que de autos se advierta diversa fecha de conocimiento; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del diecisiete de mayo al seis de junio de dos mil dieciocho, descontándose como días inhábiles el diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de mayo así como dos y tres de junio, de ahí que, al haberse presentado la demanda el uno de junio pasado debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince establecido en el numeral 21 de la Ley de Amparo. TERCERO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama por esta instancia: a) el emplazamiento efectuado el nueve de febrero de dos mil dieciocho, en el juicio especial de alimentos 14/2018, promovido por la aquí tercera interesada Alma Delia Calderón Vargas; y b) la orden de descuento por concepto de pensión alimenticia del cuarenta por ciento (40%) de su sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que obtenga en su fuente de empleo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, residente en Ayutla de los Libres, Guerrero, en virtud de que así lo reconoció al rendir su informe con justificación (folio 19), lo que además se corrobora con las constancias que integran el duplicado del juicio especial de alimentos número 14/2018, que allego al sumario en apoyo a su informe (tomo I de prueba); el cual dada su naturaleza tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Por su parte, la Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, residente en Ayutla de los Libres, Guerrero, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante de habérsele solicitado con toda oportunidad, como se advierte del acuse de recibo del oficio número 9805/2018 que obra en el sumario a foja 69; por tanto, lo que procede con fundamento en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, es presumir cierto el acto de ejecución que se le reclama. QUINTO. Actualización de diversas causales de improcedencia. No obstante la certeza de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así tenemos que por lo que hace al acto precisado en el inciso a) de oficio se advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso ordinal 107, fracción VI, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." Ahora bien, de la demanda se observa que el quejoso se ostenta con el carácter de tercero extraño al juicio pues refiere que no fue emplazado ni notificado de manera legal en el juicio especial de alimentos número 14/2018, en ese sentido, tomando en cuenta la calidad con la cual comparece a esta instancia constitucional conviene puntualizar que por tercero extraño se entiende, de manera general, aquella persona que no figura como parte formal ni material en la controversia, pero que resiente un perjuicio en su esfera jurídica con los actos que en ese conflicto se emiten por la autoridad que conoce y resuelve; y que, estricto sensu, se identifica con la persona física o moral, distinta a los sujetos que forman parte en una controversia; es decir, es parte opuesta al de la parte procesal. También se considera tercero aquel sujeto que siendo parte nominal en una contienda no fue citado o lo fue pero en forma distinta a lo prevenido por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, supuesto en el que procede el amparo en vía indirecta para reclamar la ausencia del llamado a juicio, o bien, los vicios en que se incurrieron al realizar dicho acto jurídico; y acorde con esa posición se le equipara al tercero, y evidentemente será extraño a todo lo actuado en el pleito, por ende, ni siquiera le sería exigible que en sede común hiciera valer medios de impugnación o recursos, pues es lógico que si desconoce la existencia de la contienda no pueda plantearlos en la oportunidad que para cada caso concreto prevé la ley. Asimismo, es necesario dejar claro que el carácter de tercero extraño, no deviene de una consideración potestativa o la autodeterminación de quien acude al juicio de amparo ostentándose con ese carácter, sino que ello es producto del análisis de su especial circunstancia frente al proceso o procedimiento del que deriven los actos reclamados. Ilustra lo expuesto la tesis VII.3o.P.T.32 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable a página 3341, tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 162966, que dispone: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CUANDO EN AMPARO DIRECTO SE IMPUGNA EL EMPLAZAMIENTO, TAL CARÁCTER DEBE ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL PROCEDIMIENTO NATURAL Y NO DE SU AUTODENOMINACIÓN (INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 40/2001 Y P./J. 39/2001). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias P./J. 40/2001 y P./J. 39/2001, de rubros: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO." y "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", dejó sentado como premisa, el concepto de "persona extraña" a que se refiere la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que la afecten, así como la parte material en el proceso (demandado) que se equipara a esa figura. Así, puede advertirse en estricto sentido, que un extraño a juicio es aquella persona física o moral distinta de los sujetos porque no figura en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Asimismo, existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, y es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley (tercero extraño por equiparación). En cambio, cuando ese demandado haya comparecido al juicio (entendiéndose que no necesariamente a través del emplazamiento, sino que se haya integrado por cualquier medio a esa relación jurídico procesal) y, por tanto, sabedor del proceso seguido en su contra, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del precepto citado. Es decir, el rasgo distintivo para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento, debe partir desde la perspectiva que la falta de emplazamiento a él o que la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado "el desconocimiento total del juicio". Esta distinción es fundamental, pues del conocimiento de su participación o no en el proceso depende en qué momento y en qué términos puede esa persona intentar el amparo (directo o indirecto) contra la resolución que irrogue perjuicio a su esfera jurídica. Así, si el gobernado que conoce del juicio porque compareció a él, opta por la vía indirecta, el Juez de Distrito debe sobreseer, fundamentalmente porque ya no es persona extraña al juicio, en virtud de que puede (o pudo, si ese juicio ya hubiese concluido) defenderse dentro del procedimiento ordinario y, en su oportunidad, si fuese el caso, acudir al amparo directo; es evidente que en este supuesto, el promovente equivocó la vía. En cambio, cuando el gobernado que por alguna causa se integró a la relación jurídico procesal en la que ya se dictó la resolución definitiva respectiva (sentencia o laudo); que conoce del procedimiento que la originó y, por ende, a sabiendas de su participación en el mismo opta por promover amparo directo, impugnando en sus conceptos de violación ese acto procesal del emplazamiento, eligió la vía correcta. En efecto, aun cuando el quejoso se ostentare como "tercero extraño por equiparación", serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter y fincarle competencia al Juez de Distrito, pues para hacer esa declaratoria (cuya hipótesis es la única que le daría competencia), el Tribunal Colegiado de Circuito deberá atender a lo que arrojen las constancias de autos y no al hecho de advertir que se impugna el emplazamiento, incluso como acto reclamado destacado (cuando sabemos que se trata de un concepto de violación), pues si el promovente fue parte integrante de la relación jurídico procesal y, por ende, no es tercero extraño, no resultaría jurídicamente válido declinar competencia por razón de vía y enviarla a una que -se sabe- no resultaría procedente, por la sencilla razón que de las constancias se advierte que no se ubica en esos supuestos de competencia. En estos casos, al ser correcta la vía directa intentada, el tema del emplazamiento tendrá que analizarse a la luz de los conceptos de violación que contra tal acto procesal se invoquen, sin desconocer el principio de definitividad que rija en el procedimiento de que se trate, cuya observancia o no definirá la viabilidad de su estudio." Precisado lo anterior, para justificar la actualización de la causa de improcedencia que se analiza, se estima necesario hacer una breve reseña de las constancias que integran el duplicado del juicio especial de alimentos número 14/2018, que allegó el juez responsable (tomo I de prueba), y cuyo valor probatorio quedo precisado en el considerando que antecede, de las que se obtiene lo siguiente: 1. Por escrito presentado el once de enero de dos mil dieciocho, en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero, la aquí tercero interesada Alma Delia Calderón Vargas, por derecho propio y en representación de la menor Lucero Geraldine Miranda Calderón, promovió juicio especial de alimentos, en contra del quejoso Agustín Miranda Gallardo. 2. Por auto de quince de enero siguiente se admitió la demanda planteada bajo el número de expediente 14/2018, y entre otras cosas, se ordenó correr traslado al demandado Agustín Miranda Gallardo, y emplazarlo a juicio en el domicilio señalado para ese efecto, comisionando para ello a la actuaria de su adscripción, asimismo se decretó como pensión alimenticia provisional a favor de la menor aludida el cuarenta por ciento (40%) mensual del salario y demás prestaciones que previas deducciones de ley, obtuviera el demandado de su fuente de trabajo, por lo que se ordenó girar oficio de descuento a la Secretaría de Salud en el Estado, a fin de que informara si el demandado era trabajador de dicha institución y en caso afirmativo, ordenará a quien correspondiera realizara el descuento indicado y la cantidad resultante fuera entregada a la accionante en representación de la menor. 3. El nueve de febrero de dos mil dieciocho, la Secretaria Actuaria del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, emplazó a juicio al aquí quejoso en el domicilio ubicado en calle Jiménez, colonia La Villa, en Ayutla de los Libres, Guerrero, por conducto de Dayana Miranda Gallardo, quien refirió ser su hermana y además manifestó que en dicho domicilio vivía el demandado; corriéndole traslado con la cédula de notificación y copia simple de la demanda, misma que firmó de recibido. De lo expuesto se obtiene que el quejoso es parte formal en el juicio especial de alimentos 14/2018, al ser demandada en dicha contienda, y si bien refiere que no ha sido emplazado al mismo, tiene conocimiento completo y exacto de su existencia, lo anterior se advierte de la lectura del escrito de demanda pues en este indico, el nombre de quien promueve en su contra, la naturaleza de dicho juicio y el numero bajo el cual fue radicado ante la autoridad responsable. Lo que basta para que pierda el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación que en esta vía constitucional ostenta, en virtud de que está en aptitud de integrarse a la relación procesal para ejercer su garantía de audiencia e interponer los recursos previstos por la legislación que rige el juicio de origen (como sería el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 126 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, o bien podría impugnar dicho acto a través de los agravios al momento de apelar la sentencia definitiva de resultarle desfavorable, o en su caso en amparo directo junto con la sentencia definitiva), lo anterior, tomando en consideración que a la fecha de presentación de la demanda de amparo y rendición del informe justificado no se había dictado sentencia en el expediente 14/2018, condición necesaria para que se actualice el supuesto que se analiza. Es decir, el juicio de amparo resulta improcedente cuando el quejoso se ostenta con el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación y no obstante que no haya sido llamado legalmente a juicio, aún no haya sido dictada sentencia alguna en éste, en virtud de que en tal supuesto como parte formal que es en el juicio puede impugnar la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, así como interponer cualquier otro medio de defensa para hacer valer sus derechos sustantivos y procesales, de ahí que no se actualiza el supuesto a que alude el artículo 107, fracción VI de la Ley de Amparo supra transcrito. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 729, libro XXIII, Agosto de 2013, tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004274, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." De igual forma, por lo que hace al acto precisado en el inciso b) se advierte se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción VIII, del artículo 108, ambos de la Ley de Amparo, que en la parte conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) VIII. Los conceptos de violación." La fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, por sí misma no alberga algún motivo de improcedencia de objetiva constatación del juicio de garantías, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional; por eso, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando formuló los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que ciertamente es justificada, puesto que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema. Uno de los cuales es el que se deriva del numeral 108, fracción VIII, de la ley de la materia, que establece la obligación a cargo de todo peticionario de garantías de expresar en su demanda los conceptos de violación tendientes a controvertir la constitucionalidad del acto reclamado, en virtud de que es éste en el que la parte promovente mediante la exposición de hechos, argumentos y razonamientos establece las violaciones de garantías que le causan los actos reclamados. Si se omite expresar los conceptos de violación o sólo se combate el acto reclamado aduciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas no constituyen una verdadera expresión de verdaderos conceptos de violación a que se refiere el artículo invocado, supuesto en el cual, el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede examinar la regularidad constitucional del acto reclamado, lo cual determina la improcedencia del juicio de conformidad con la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia. En efecto, la ausencia o falta de tales conceptos, hace legalmente imposible que el Juez del conocimiento conceda o niegue el amparo que se le solicita, ya que no está en posibilidad de analizar y resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes o actos que se reclaman porque se cometan o no violaciones de garantías, pues no basta que la parte quejosa en su demanda señale determinados preceptos constitucionales que estime infringidos, si no expresa en qué consiste la infracción que imperativamente debe quedar razonada en el concepto correspondiente, para que se satisfaga el requisito exigido por la citada fracción VIII del artículo 108 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, si bien, el quejoso reclama la orden de descuento por concepto de pensión alimenticia del cuarenta por ciento (40%) de su sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que obtenga en su fuente de empleo; lo cierto es que no expuso cuál es el derecho que se ve afectado por dicho acto de autoridad y de qué manera le agravia, mediante razonamientos o argumentos tendentes a demostrar su inconstitucionalidad, a fin de hacer patente un ataque a sus garantías individuales, dado que todos sus conceptos de violación van encaminados a controvertir el emplazamiento realizado en el juicio especial de alimentos número 14/2018, máxime que no se ubica en algún supuesto que permita suplir la queja. En ese contexto, al actualizarse las causales de improcedencia que resulta al relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los diversos 107, fracción VI, este último interpretado a contrario sensu, y 108, fracción VIII, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado a la Secretaria Actuaria del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, por no haberse reclamado por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis y jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 76, 77, 78, 80, 155 y 192 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio número 485/2018, promovido por Agustín Miranda Gallardo, en términos de lo expuesto en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; quince de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Mixto de Paz del Municipio de Tecoanapa, Guerrero, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho número 144/2018, enviado para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara el inicio del presente juicio a la tercera interesada Alma Delia Calderón Vargas; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado y acúsese recibo. En tales condiciones, téngase por notificada el inicio del presente juicio a dicha parte procesal; ahora bien, de las constancias que se reciben, se advierte que no señalo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; además, ha transcurrido el término de tres días otorgado para ello, por lo tanto se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo de cuatro de junio de este año y con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágansele por lista las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto designe domicilio para tal efecto.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; siete de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que el quejoso Agustín Miranda Gallardo, no compareció ante este juzgado a ratificar el escrito registrado en el libro de correspondencia con el número 11685, y que ha transcurrido el término otorgado para ello en proveído treinta de julio del presente año, como se advierte de la razón actuarial de notificación por estrados que obra en autos (foja 49); por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia y en consecuencia téngase por no presentado dicho ocurso para los efectos legales a que haya lugar.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lorena Morales Saldierna, Secretaria adscrita al propio Juzgado que autoriza y da fe.

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