Agustin Mendez Cervantes y Otros.

Expediente 341/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
341/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
26/11/2020

Partes del expediente

  • Agustin Mendez Cervantes y Otros.
  • Ayuntamiento de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala
  • Agustin Mendez Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Amparo en revisión

    Al advertirse de autos que no existe trámite pendiente por realizar, archívese este asunto. Finalmente, tomando en consideración que este asunto no es de relevancia documental, se hace la declaratoria de que es susceptible de destrucción.

  2. Amparo en revisión

    Confirma y sobresee.

  3. Amparo en revisión

    Visto el estado procesal que guardan los autos del presente asunto, y toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término concedido al quejoso PLC, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a la vista ordenada mediante resolución de treinta de septiembre del año en curso, sin que lo haya hecho; en tales condiciones, devuélvase de inmediato el presente asunto, a la ponencia del suscrito Magistrado, para los efectos legales procedentes.

  4. Amparo en revisión

    Vista la cuenta que antecede y con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa PLC, quien promovió el presente recurso de revisión a través, de su representante común AMC, con la determinación que el Pleno de este órgano colegiado, en sesión remota ordinaria de veinticuatro de septiembre de la presente anualidad, consensó por unanimidad de votos, en el sentido de que en el juicio de amparo de donde deriva el presente recurso, es factible decretar el sobreseimiento, aunque por diversa causa de improcedencia (artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo -cambio de situación jurídica-), por las consideraciones que enseguida se destacan: Como lo alegaron ante el Juez de Distrito, la tercera interesada y la autoridad responsable, que respecto de los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. La disposición legal en cita es del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)" Del precepto transcrito, se desprende en lo que interesa, que el juicio de amparo será improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Tal causa de improcedencia se surte en la especie, pues el quejoso reclamó el acuerdo pronunciado en la etapa de investigación inicial el ocho de diciembre de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de investigación C.I.A.I. CONT/266/2018, así como la orden de notificar dicho proveído por estrados. Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se pone de manifiesto las actuaciones que se destacan a continuación: - Por oficio 455/2018 (foja 83 del cuaderno de amparo), de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, la Agente del Ministerio Público responsable judicializó la caperta de investigación, pues solicitó se señalara fecha y hora para el desahogo de la audiencia inicial (formulación de imputación, vinculación a proceso, medidas cautelares y plazo de cierre de investigación). - Mediante oficio 1886 de cuatro de julio de dos mil diecinueve, la Jueza Segundo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, citó a AMC a la celebración de la audiencia incial, dentro de la causa penal 200/2019 (foja 69 del cuaderno de amparo). Es decir, el fiscal investigador ya ejerció acción penal, dando inicio a la etapa de investigación complementaria, debido a que los imputados quedaron a disposición del juez de control para la formulación de la imputación. Lo anterior, como lo dispone el numeral 211, del Código Nacional de Procedimientos Penales: "ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." Por tanto, si los actos reclamados se emitieron durante la etapa de investigación inicial, y de las constancias que se remitieron al Juez Federal se advierte que la autoridad responsable ya ejerció acción penal en contra del quejoso aquí recurrente, incluso se radicó la causa judicial 200/2019; es inconcuso, que ya operó un cambio de situación jurídica que no puede afectarse válidamente, en tanto que ahora rige la nueva etapa del procedimiento penal, a la cual puede apersonarse PLC, y alegar lo que a su derecho corresponda. Así, se estima que las violaciones que alega el recurrente quedaron consumadas irreparablemente, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica; en virtud que en atención al principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar, ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide - investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Es aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, página 175, que dice: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable." También es aplicable la tesis IV.2o.P.43 P del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Octubre de 2009, página 1373, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación." Asimismo, se cita por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, tomo XXVII, junio de dos mil ocho, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época de epígrafe y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Luego, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la indicada legislación, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 11, fracción IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al advertirse la posible actualización de la causa de sobreseimiento enunciada (cambio de situación jurídica), publíquese en lista electrónica la vista prevista en el artículo 64 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa PLC, quien promovió el presente recurso de revisión a través, de su representante común AMC, dentro del término de tres días, manifieste lo que a su interés convenga al respecto, apercibido que de no hacerlo en ese lapso se tendrá por conforme con esa decisión para los efectos que correspondan.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · 2,480 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano