Agustín Martínez Rivera

Expediente 725/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
725/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
12/06/2019

Partes del expediente

  • Agustín Martínez Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable denominada Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, ha sido omisa en informar el cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la aludida responsable, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, informe al respecto. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Finalmente, se hace del conocimiento de la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá la multa que proceda; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficios y anexos presentados por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, el cuatro de marzo y once de abril del presente año (fojas 133, 134, 139 y 140), respectivamente, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de quince de abril del año en curso (foja 141), se dio vista a la parte quejosa con los referidos oficios y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación se notificó a la parte quejosa el dieciséis de abril del año en curso (foja 142), surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del veintitrés al veinticinco de abril del año actual, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el quince de enero de dos mil diecinueve (fojas 84 a 99), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1 Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los artículos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, por cada pago de los conceptos de inscripción de documento público y por inscripción de préstamo hipotecario, con sustento el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por la quejosa, acreditada mediante la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, en relación al pago que efectúe la parte quejosa por cada uno de los conceptos de inscripción de documento público o privado así como por inscripción de préstamo hipotecario, sobre la base de que dicho cobro de impuestos, será respecto de la cantidad de $280.00 pesos, por cada operación registral realizada por la parte quejosa; asimismo deberá hacer la devolución que exceda del pagó que realizó la parte quejosa por los impuestos referidos. (.) En la inteligencia de que la cuota de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que se comenta, es aplicable porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.)." De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar el ente responsable denominado Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en los artículos 21, fracción I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevé el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, tanto en el presente como en el futuro, tales numerales legales; y, Devolver a la parte quejosa el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por cada pago por concepto de inscripción previstos en los artículos 21, fracción I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional, relativo a la cuota fija mínima, lo anterior respecto de la cantidad de $14,698.72 (catorce mil seiscientos noventa y ocho pesos con setenta y dos centavos 72/100, moneda nacional), que pagó por conceptos de inscripción de documento público y préstamo hipotecario, así como los impuestos para el fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit; asimismo, calcular el monto que la parte quejosa deberá erogar con motivo de los impuestos especiales contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley combatida, tomando como base la cantidad de $560.00 (quinientos sesenta pesos 00/100, moneda nacional), cantidad que resulta de la suma de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por cada uno de los conceptos previamente referidos, los cuales resultan ser dos; asimismo, la cantidad resultante debía ser actualizada. Luego, a través del oficio y anexos presentados por la autoridad responsable el cuatro de marzo del presente año (fojas 133 y 134), informó a este Juzgado Federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio de transferencia electrónica el uno de marzo de dos mil diecinueve, por la cantidad de $14,445.68 (catorce mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos con sesenta y ocho centavos 68/100 moneda nacional), cantidad que tuvo que ser actualizada. Se dice lo anterior, dado que al monto de $14,698.72 (catorce mil seiscientos noventa y ocho pesos con setenta y dos centavos 72/100, moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar de $560.00 (quinientos sesenta pesos 00/100, moneda nacional), así como la cantidad correspondiente motivo de los impuestos especiales en los artículos 11, 12 y 13 de la ley combatida, tomando como base la cuota mínima referida resulta ser $291.2 (doscientos noventa y un pesos con dos centavos 02/100, moneda nacional), da como resultado $13,847.52 (trece mil ochocientos cuarenta y siete pesos con cincuenta y dos centavos 52/100, moneda nacional), cantidad que debía de encontrarse actualizada, en virtud que de conformidad el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintidós de octubre de dos mil dieciocho y en el uno de marzo del año en curso, se efectuó la devolución mediante transferencia electrónica a la parte quejosa, por la cual la autoridad responsable devolvió la contribución reclamada; por tanto, el periodo de actualización comprende del mes de septiembre de dos mil dieciocho a febrero de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de febrero del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre del año pasado fue 100.9170; y para el mes de febrero del año en curso 103.079. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02142 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $14,144.13 (catorce mil ciento cuarenta y cuatro pesos con trece centavos 13/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $296.56 (doscientos noventa y seis pesos con cincuenta y seis centavos 56/100, moneda nacional). No pasa inadvertido, que el monto que el ente responsable debía devolver a la parte quejosa era de la cantidad de 14,144.13 (catorce mil ciento cuarenta y cuatro pesos con trece centavos 13/100 moneda nacional; sin embargo, reintegró el monto de $14,445.68 (catorce mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos con sesenta y ocho centavos 68/100 moneda nacional), es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $301.55 (trecientos un pesos con cincuenta y cinco centavos 55/100 moneda nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada al quejoso se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, al peticionario se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de mas, en los términos que la leyes determinen. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  3. Principal

    Abierta la audiencia. El secretario da lectura a la demanda de amparo (foja 2-14), al informe justificado rendido por las autoridades responsables Juez y Secretario de Acuerdos, en funciones de ejecutor, ambos adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit (foja 29) y de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que la Juez determina. Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes; asimismo, se tiene por emplazado al tercero interesado "Sociedad Limitada de los Activos Gramercy", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su apoderado (foja 72), quien no compareció a juicio a realizar las manifestaciones que considerara pertinentes. En el periodo de pruebas. El secretario da cuenta a la juez con la documental remitida por las autoridades responsables en apoyo a su informe con justificación, consistente en la copia certificada de diversas constancias que integran el juicio 1110/2013 de su índice. A lo que la Juez provee. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la probanza referida por la parte procesal citada, la cual será tomada en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos. El secretario da cuenta con los formulados por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a través de su pedimento ministerial 773/2018 (fojas 22-25). A lo que la Juez determina: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidas las manifestaciones realizadas por el fiscal federal adscrito; luego, al no haber más alegatos que reproducir, se da por concluida la presente etapa; por tanto, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta en términos del referido numeral 124 de la ley de la materia, firmando los que en ella intervinieron y declaran vistos los autos para dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda. Doy fe. LA JUEZ

  4. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, signado por el Titular de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del ahora Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con sede en esta ciudad, a través del cual en atención al proveído de siete de marzo de dos mil diecinueve (foja 448 y 449), realiza manifestaciones relativas al incidente de acumulación planteado en autos; en consecuencia, agréguese el ocurso de cuenta y téngase por hechas las mismas. **

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