Agustín Martínez Miramon
Expediente 1022/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1022/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 15/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- AGUSTÍN MARTÍNEZ MIRAMON y Otros.
- Agustín Martínez Miramon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Agréguese la razón signada por la actuaria de la adscripción, de la que se advierte la imposibilidad que le asistió para notificar a los quejosos la sentencia definitiva autorizada el siete de diciembre de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese dicha determinación por medio de lista, así como las subsecuentes. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 238, Tomo XXVII, abril de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 169843, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES". Transición al expediente electrónico. Se informa a las partes que a partir de este proveído se integrará únicamente el expediente electrónico, de conformidad con en el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. De conformidad con el Acuerdo General citado, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; en el entendido que al expediente físico únicamente se deberán integrar los documentos que se reciban de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen llevar a cabo en este procedimiento. hágase del conocimiento de las partes que únicamente las promociones que se reciban de manera física, serán digitalizadas e integradas al expediente electrónico con firma electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad, no así las que se reciban de manera electrónica, las cuales ya se encuentran digitalizadas y firmadas por ese medio, debido a su naturaleza. sentencia de siete de diciembre de dos mil veintitrés. VISTOS, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo 1022/2023-II, promovido por **********(1) y**********(2), por su propio derecho y ******(3), en su calidad de cesionaria de los derechos hereditarios de la sucesión intestamentaria de ********(4), contra actos de la Décima Sala Civil y Jueza Octava de lo Civil, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, *******(1) y **********(2), por su propio derecho y ************(3), en su calidad de cesionaria de los derechos hereditarios de la sucesión intestamentaria de ********(4), solicitaron la protección de la justicia federal contra el acto actos de la Décima Sala Civil y Jueza Octava de lo Civil, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistentes en: La sentencia de seis de julio de dos mil veintitrés, dictada por la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dentro del toca *******, en el cual conforma el proveído de veintiocho de marzo de ese año, emitido por la Jueza Octava de lo Civil del tribunal aludido, donde se decretó continuar con la suspensión del procedimiento de origen hasta en tanto se designara albacea de la sucesión de ********, en 1424/2019. Acto que estimó violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Procedimiento. Por razón de turno le correspondió a este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, conocer de la demanda de amparo, la que radicó con el número de expediente 1022/2023-II, la cual se admitió a trámite el veinticuatro de agosto de la misma anualidad. Motivo por el cual, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable; se emplazó a la parte tercera interesada -************(5) y **********(6); se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló alegatos, y fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Esta Jueza Décimo Segunda de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro de los límites territoriales del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: "(.) La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)", es necesario delimitar el o los actos combatidos. Del análisis integral realizado a la demanda de amparo y constancias remitidas por las autoridades responsables, se advierte que el acto reclamado es: La sentencia de seis de julio de dos mil veintitrés, dictada por la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dentro del toca *****, en el cual conforma el proveído de veintiocho de marzo de ese año, emitido por la Jueza Octava de lo Civil del tribunal aludido, donde se decretó continuar con la suspensión del procedimiento de origen hasta en tanto se designara albacea de la sucesión de ********, en ******* TERCERO. Certeza del acto combatidos Las autoridades responsables al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las documentales públicas que anexaron, consistentes en las copias certificadas del toca ***********y expediente ********, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Se considera pertinente hacer relación de los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, los que se desprenden de las constancias remitidas por las autoridades responsables adjuntas a su informe justificado, a las cuales se les concedió valor probatorio pleno en líneas anteriores, de las que se advierte que: ********** (5) y ************** (6) demandaron en la vía ordinaria civil a ****************(1) *****************(2) y *********************(4), lo que originó el expediente *************del índice del juzgado responsable. Por resolución de once de septiembre de dos mil diecisiete, la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca ************declaró que en el expediente de origen había operado la caducidad de la instancia, motivo por el cual condenó a la parte actora al pago de las costas generadas en tal procedimiento. El uno de octubre de dos mil diecinueve se aprobó en definitiva la planilla formulada y el monto relativo se cuantificó en $***********(************.), ordenando a su vez, su pago en el plazo de cinco días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtiera sus efectos tal resolución. Pero, al no hacerlo voluntario, se ordenó requerir su pago. Posteriormente, mediante escrito de dos de julio de dos mil veintiuno, la parte actora hizo del conocimiento del juzgado responsable de la muerte del codemandado ***************(4), una vez dada la vista a la parte demandada y, previo desahogo, en el acuerdo de tres de agosto de esa anualidad se ordenó suspender el procedimiento hasta en tanto la sucesión tenga representación legal. El doce de diciembre de dos mil veintidós, ***************(3), en su carácter de cesionaria de los derechos hereditarios del de cujus mencionado solicitó el levantamiento de la suspensión, basándose, precisamente en que, en interlocutoria de treinta de junio de dos mil veintidós, dictada en el diverso expediente **************(relativo a dicha sucesión) se declaró procedente la sucesión y declaró como únicos y universales herederos a ************(7),************(8) y ***********(9), todos de apellidos ********, y a la indicada en primer término, en su carácter de cónyuge supérstite. Además, agregó el auto de treinta de agosto de dos mil veintidós emitido en el indicado procedimiento sucesorio que aprobó la cesión de derechos hereditarios a favor de la aquélla. Ante tal solicitud, la jueza responsable dictó proveído el diez de enero de dos mil veintitrés, en donde reservó el pronunciamiento, hasta en tanto se exhibiera el nombramiento del albacea. Motivo por el cual, la cesionaria solicitó la regularización del procedimiento ya que, en tal sumario, no existiría tal designación, petición a la que se acordó que una vez que se demostrara la firmeza de la interlocutoria precisada en el párrafo que antecede, se acordada lo conducente. La multimencionada cesionaria presentó escrito el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en donde exhibió copia certificada del auto de quince de ese mes y año, en donde la jueza de lo familiar (ante quien se siguió el procedimiento sucesorio), declaró firme el acuerdo aprobatorio de la cesión de derechos; motivo por el cual, en el juicio ordinario natural, en el acuerdo de dos mil marzo de dos mil veintitrés, la responsable la reconoció con tal carácter, ordenó realizar los cambios administrativos en la designación del sumario; y, finalmente, ordenó reanudar el procedimiento. Sin embargo, el ocho de marzo de dos mil veintitrés, la juzgadora responsable de oficio dejó insubsistente tal providencia y solicitó informe a la homóloga familiar en el sentido de la designación del albacea, a lo que la secretaría de dicho órgano indicó que no existía, dada la cesión de derechos, con lo que se dio vista a las partes, para, posteriormente, en distinta providencia de veintiocho de ese mes y año, en donde insistió que al no existir tal nombramiento, continuaría suspendido el procedimiento. En contra de esa determinación la parte ahora quejosa interpuso apelación, cuya resolución constituye el acto reclamado. Hasta aquí las actuaciones más relevantes originadas en el procedimiento natural. QUINTO. Causas de improcedencia. El estudio de las causales de improcedencia es preferente, aún de oficio, por así establecerlo el artículo 62, de la Ley de Amparo y por ser ello cuestión de orden público, de conformidad con la jurisprudencia número 814, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE EN EL JUICIO DE AMPARO". En el caso, las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia, ni esta resolutora advierte que se actualice alguna causal que haga improcedente el mismo, por lo que se pasa al estudio de fondo del asunto. SEXTO. Análisis de la regularidad del acto combatido. Por encontrarse íntimamente vinculados, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, se analizan en forma conjunta los argumentos propuestos como conceptos de violación, en el entendido de que se estudian atento a la causa de pedir que se advierte de ellos, en conformidad con la tesis P./J. 68/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000, página 38, registro digital 191384, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR". En el caso concreto, la parte quejosa alega que la responsable realiza un estudio incongruente y deficiente de los agravios propuestos pues es incorrecto que se le exija el nombramiento de un albacea cuando, en la secuela del juicio sucesorio éste no se va a dar atento a la cesión de derechos que realizaron a su favor los coherederos, lo que se demostró, quedó firme; además de que, en el agravio propuesto, indicó haber exhibido las constancias con las que demuestra la representación de la sucesión, lo cual no fue considerado por la responsable. Pese a ello, afirma, que en su persona recae la representación de la totalidad de los derechos de la sucesión, por lo cual, no hay ni habrá necesidad de nombrar albacea, por ende, la exigencia indicada es inaplicable al caso, más aún, si ya aceptó la cesión, como se desprende del propio convenio; todo lo cual, resulta firme, aunado a que quedó demostrado en el procedimiento de origen. Sostiene que la decisión de la responsable es ilegal en la medida de que se trata de una determinación que dilata indefinidamente el procedimiento, con una inclinación claramente parcial y favorable para la parte actora, pues, reitera, en el sucesorio no hay ni existirá nombramiento de albacea. A efecto de dar contestación a los anteriores planteamientos, conviene resumir las consideraciones esenciales que sostienen la resolución reclamada. La sala responsable consideró infundados los agravios por dos razones esenciales. La primera, debido a que consideró que la suspensión del procedimiento decretada en el auto de tres de agosto de dos mil veintiuno se encuentra firme, y en ésta, se decretó hasta que el albacea compareciera al procedimiento de donde deriva el acto reclamado, lo que no ha ocurrido. La segunda causa, indicó la sala, se refiere al hecho de que la categoría de cesionaria no la legitima para continuar con la defensa de los derechos que le corresponden para continuar con la defensa de los derechos, pues esa atribución corresponde al albacea en términos del artículo 1706 del Código Civil para la Ciudad de México. Asimismo, explicó cuáles son las atribuciones de la persona quien cuente con tal designación, refiriendo, además, necesaria la aceptación del cargo. En esa medida, estimó que la señalada parte no ha demostrado contar con el nombramiento de albacea, al no ubicarse en lo dispuesto en el diverso numeral 1686 del anotado ordenamiento legal, al no existir el mencionado acto de asunción del cargo. Máxime, concluyó que, de la interlocutoria de declaración de herederos, en su resolutivo tercero, se ordenó la designación en cuestión. Adicionalmente expuso que el acuerdo de dos de marzo de dos mil veintitrés, en el que se aceptó la asignación de la mencionada cesionaria con tal carácter, sólo se señalaron diverso trámites administrativos, sin que se reconociera la legitimación para hacer valer los derechos de la sucesión. Sentado lo anterior, procede el estudio de los argumentos de violación, los cuales resultan infundados. En principio, es importante delimitar en que consiste la figura del "albacea"; es una figura jurídica muy amplia, sin embargo a groso modo se explicara lo siguiente: Etimológicamente la palabra proviene del término árabe "******" que significa: "******" ó "******" que significa "encargado del testamento". Jurídicamente se entiende al albacea, como la persona designada por el testador o por los herederos, para velar por los bienes que integran la masa hereditaria, administrarlos y en su momento dividirlos. Cuando una persona fallece jurídicamente se le denomina (De Cujus) y para regularizar los bienes propiedad del De Cujus, existen dos supuestos: Primer supuesto: Que en vida dejara un testamento.- En dicho documento, la persona establece la forma en que habrán de dividirse sus bienes y quien será el encargado de administrar y dividir dichos bienes, es decir, quien será el "Albacea". Segundo supuesto: Que el De Cujus no dejara testamento alguno, ante lo cual, los herederos deben iniciar un juicio sucesorio intestamentario, el cual se divide en cuatro etapas: denuncia de la sucesión y designación de "*****", inventario y avaluó, administración y rendición de cuentas y la última, liquidación y partición de herencia. En la primera etapa, serán los mismos herederos los que de común acuerdo señalaran quien será el albacea, en caso de desacuerdo o a falta de herederos, se designara a un interventor. Algunas de las obligaciones del albacea son las siguientes: 1. El aseguramiento de los bienes de la sucesión; 2. La formación de los inventarios y avalúos; 3. La administración de los bienes y la rendición de cuentas del albaceazgo; 4. El pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias; 5. La partición y adjudicación de los bienes; 6. La defensa, en juicio y fuera de él, de los bienes de la sucesión y de la validez del testamento; 7. La de representar a la sucesión en los juicios; Es importante recalcar que el "albacea" es el representante de la sucesión y no el dueño de los bienes, por lo que para el caso de venta, gravamen o incluso arrendamiento en algunos casos, es necesario que todos los herederos den su consentimiento, ya que de lo contrario, el acto estaría afectado de nulidad. El albacea puede excusarse para el cargo o de igual forma en un mal desempeño del mismo, puede ser removido del cargo. Dichas figura se encuentra regulada de los artículos 1679 a 1749 del Código Civil para la Ciudad de México. Por su parte, el "********", es aquel que se convierte tanto en el receptor de los activos como en el responsable de las obligaciones del fallecido, incluso en sus relaciones legales. En la práctica, esto implica que el heredero universal hereda no sólo los bienes, sino también las deudas o compromisos de la persona fallecida. Dependiendo de la jurisdicción, el heredero universal tiene la opción de declinar la herencia para evitar asumir responsabilidades adicionales o puede optar por utilizar los activos de la herencia para saldar las deudas pendientes. El artículo 1284 del Código Civil Federal de México señala dos aspectos clave sobre el rol y las responsabilidades de un heredero universal. El artículo señala que el heredero adquiere a título universal, por lo que es responsable de las cargas de la herencia. Esto significa que el heredero asume la obligación de hacer frente a las deudas y responsabilidades financieras asociadas con la herencia que está recibiendo. Sin embargo, se establece que esta responsabilidad tiene un límite, que es la cuantía de los bienes que se heredan. En otras palabras, el heredero sólo está obligado a utilizar los activos de la herencia para cubrir las deudas y responsabilidades hasta donde alcance el valor de los bienes heredados. En México, si las deudas superan el valor de la herencia, el heredero no tiene la obligación de usar sus propios recursos para saldarlas. Por último, el artículo 1704 aborda el tema del derecho de los herederos universales a tomar posesión de los bienes. Este precepto establece que el derecho a la posesión de los bienes hereditarios se transmite automáticamente, por mandato de la ley, a los herederos y a los ejecutores universales desde el momento mismo de la muerte del autor de la herencia. Es decir, la transmisión de derechos no requiere de ningún acto adicional para que los herederos y ejecutores universales asuman la posesión de los bienes. Establecido lo anterior, es importante precisar que a consideración de la suscrita jueza, en la secuela del procedimiento de origen no es materia de controversia determinar cuál es el carácter de la parte quejosa, en lo particular **********(3) respecto de la sucesión intestamentaria de ****************(5); de mismo modo, no es dable ponderar la regularidad constitucional de las determinaciones ahí adoptadas, al ser materia del sucesorio respectivo y no encontrar vínculo con los actos reclamados en el particular. Del mismo modo, se resalta que no es una cuestión controvertida que en el juicio ordinario de origen se decretó la suspensión de su trámite, en tanto que uno de los demandados falleció. Que tal medida se condicionó hasta que la sucesión de bienes de éste se encontrara debidamente representada -acuerdo de tres de agosto de dos mil veintiuno-. Es respecto de esta providencia que la sala responsable consideró que se trataba de una cuestión firme. En sus argumentos de violación, la parte quejosa no combate frontalmente esta determinación, sino que lo que alega es que la resolutora resolvió incongruentemente, en tanto que soslayó que, posteriormente, presentó diversos documentos en los cuales demostró, según su dicho, el cumplimiento de la exigencia determinada por el juzgado responsable. En ese contexto, sostiene que la sala se equivoca al exigir la presentación de un albacea, cuando dice, no existirá dado su carácter de cesionaria de todos los derechos hereditarios, de ahí que la medida de suspensión del procedimiento, no se justifica. Como se indicó, a consideración de la suscrita juzgadora no tiene razón la solicitante de amparo. En el mencionado acuerdo, la juzgadora responsable, efectivamente ordenó la suspensión del procedimiento, hasta en tanto la sucesión [.] tenga representante legal. Por ello, a través de diversos ocursos, la ahora parte quejosa exhibió distintos documentos a través de los cuales pretendió demostrar que en la quejosa ******(3) recayeron, vía declaración de herederos -en la parte que le correspondía como cónyuge supérstite- y cesión de derechos hereditarios -por los hijos, coherederos-, la totalidad de los derechos correspondientes a la mencionada sucesión, dada la integración en su persona de los relativos a la masa, lo que, conforme se aprecia de los propios documentos, fue aceptado por la persona juzgadora familiar, y quedó firme en el proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós. Ahora, aunque es cierto que la determinación de la jueza responsable de suspender el procedimiento se trata de una cuestión firme, se reitera el condicionamiento relativo a que la sucesión se apersonara a través de su representante legal; es decir, la firmeza no se refería indefectiblemente a que el proceso se interrumpiera en sus trámites, sino a la necesidad de contar con una persona quien defendiera los derechos que le asisten, así como las posibles obligaciones que se puedan derivar de dicho cargo, lo que implica que una vez satisfecha esta condicionante, el proceso debería reanudarse. Sin embargo, contrario a lo que sostiene la parte solicitante de amparo, esta exigencia no ha sido satisfecha. En principio, puede apreciarse que lo establecido por la sala, en cuanto a la consideración de firmeza, es correcto, precisamente porque, como se expuso, la jueza del conocimiento determinó la suspensión del procedimiento hasta que la sucesión del demandado fallecido se apersonara al sumario y, si bien, la parte quejosa exhibió los ya referidos documentos, ello no significó la impugnación o inconformidad respecto de tal decisión, por lo contrario, la conducta procesal adoptada fue de aceptar la dicha exigencia, pero procurar haber cumplido con la condicionante. A partir de ello, es que, a juicio de la suscrita, los argumentos de impugnación resultan infundados, pues, contrario a lo que sostiene la parte solicitante de amparo, no se demostró haber cumplido con el requisito de representatividad de la sucesión. Como bien lo determinó la sala responsable, para cumplir con la cabal representación de la sucesión, es necesario que la persona en quien recaiga el carácter de albacea sea quien comparezca. La regulación de esta figura responde a la necesidad de que la sucesión tenga una representatividad definida que permita atender a los derechos y obligaciones legales que surjan a su cargo, como se aprecia del artículo 1706, fracción V, del Código Civil para la Ciudad de México, entre ellas, la de representarla en todos los juicios que se promuevan a su nombre o en su contra. Esta representación, en conformidad con el diverso 1745, fracción I, del propio ordenamiento legal, concluye por el agotamiento natural de la función, es decir, una vez que se cubren los pasivos y se entregan los activos de la sucesión. En concordancia con ello, se aprecia que el artículo 1686 de la misma codificación dispone que en los casos en que el heredero sea único, a éste le recaerá el cargo de albacea, salvo que otra persona sea asignada con tal carácter en el testamento, que es la base de lo que alega la parte quejosa. Adicionalmente, del diverso numeral 1695 de la propia codificación civil, se desprende que el cargo de albacea requiere ser aceptado, como se aprecia de una interpretación integral de la primera disposición y para el caso de que la persona asignada se niegue a ocupar el cargo asignado en el testamento, por intereses personales, se debe aceptar tal determinación y sujetar a votación de los herederos el nombramiento. Por su parte, el precepto 1695 Bis de esta norma contempla que estas últimas previsiones no serán aplicables si quien ha sido designado como albacea, además, tiene la calidad de heredero universal único. A juicio de quien resuelve, estas disposiciones tienen sentido porque si se parte de la base de la existencia de un heredero universal único, éste es quien eventual resentirá los beneficios y cargas que representa la adquisición de la masa hereditaria, tan es así que se trata de un idéntico interés. Este criterio se apoya, en lo conducente, en la tesis V.3o.7 C del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Diciembre de 2001, página 1679, registro digital 188319, de rubro: "ALBACEA Y ÚNICO HEREDERO. NO NECESITA APROBACIÓN JUDICIAL PARA CELEBRAR ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE BIENES DE LA HERENCIA U OBLIGAR A LA SUCESIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA)." Es decir, en los casos en los que el cargo de albacea y el de un heredero universal único converjan en una sola persona, la posibilidad de que se genere un conflicto de interés es inexistente; a diferencia de lo que ocurre cuando la masa corresponde a una pluralidad de herederos. De ahí que, incluso en este supuesto, sea necesaria la aprobación de quienes representen la mayoría de tales intereses, lo cual, desde luego, debe homologarse ante el Juez del conocimiento, con la finalidad de tutelar y proteger los derechos de los herederos o legatarios que, atendiendo al conflicto de intereses, pudiera implicar un demérito en el patrimonio de la sucesión. Así, el error en que incurre la parte quejosa se centra en considerar que por el hecho de ser heredera universal, dada la designación y posterior cesión de derechos, se cumple con la finalidad de la norma. Como se indicó, la salvaguarda de la sucesión que recae en una sola persona se genera siempre y cuando ambas figuras jurídicas, albacea y heredero universal único, recaen en una misma persona, precisamente porque, conforme se aprecia de las disposiciones legales invocadas, en lo particular el invocado numeral 1,786 de la codificación civil de la entidad, el albacea no sólo tiene la atribución de representar en juicio a la sucesión, sino que, además, debe asegurar los bienes de la herencia, formar inventarios, administrar los bienes y rendir cuentas, el pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias; así como la partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios. De esta forma, contrario a lo que sustenta la parte quejosa, a pesar de la certificación realizada por la jueza familiar en donde se sigue el juicio sucesorio, la verdad de las cosas es que, al menos para efectos del juicio de origen, sí es necesaria la figura de albacea, precisamente porque en la persona que ocupe este cargo, es en quien recae la responsabilidad legal de administrar los bienes sucesorios, cubrir las deudas que correspondan así como adjudicar los bienes a los herederos. Es cierto que en el caso concreto existe una heredera universal única, también lo es que no se aprecia que ella misma haya aceptado las responsabilidades que corresponden a un albacea, por lo cual, a efecto de preservar derechos de terceros que pudieran surgir, como el caso del pago de deudas mortuorias o hereditarias, es menester que el cargo en cuestión sea formalmente asignado y aceptado, pues de esta manera sus actos se podrán asumir legítimamente realizados, en ejercicio de una disposición legal, como lo es la contenida en el artículo invocado. No pasa inadvertido para esta juzgadora que derivado del juicio sucesorio se emitió la certificación contenida en el oficio 2021, en el sentido de que, dada la existencia de una heredera universal única, se hizo innecesaria la declaratoria judicial de un albacea. Sin embargo, esta situación no exime de la obligación de contar con un albacea, pues, por un lado, no refiere la existencia de una determinación judicial firme que así lo haya determinado. Por otra parte, la quejosa no indicó que se hubiera solicitado la designación de albacea, y que la jueza familiar hubiera desechado esa petición, es decir, en todo caso, pese a esta referencia, se encuentra en aptitud legal de solicitar la designación de la persona que ocupe el cargo de albacea, conforme proceda en derecho. En este contexto, esta jueza considera que la determinación de la sala responsable se encuentra apegada a derecho, precisamente porque es necesario contar con la legitima representación de la sucesión, a efecto de cumplir con la exigencia determinada en el auto de tres de agosto de dos mil veintiuno, sin que se haya acreditado dicho extremo, de ahí lo infundado de los motivos de impugnación hechos valer por la parte quejosa. En este orden de ideas, contrario a lo que aducen los solicitantes de amparo, la suspensión del procedimiento sí se justifica, precisamente porque no existe evidencia de que el órgano competente para reconocer la representación de la sucesión se pronunció en tal sentido, indicando que es en ***********(3) en quien recae tanto el carácter de albacea y, concurrente, el de heredera universal única, con ello, que se haya satisfecho la exigencia para levantar tal medida, de ahí lo infundado de los conceptos de violación. Atento a lo anteriormente vertido y al haberse declarado infundados los conceptos de violación, sin que se advierta alguna causa que amerite suplir la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo; y no apreciarse que la resolución reclamada sea violatoria de los derechos consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, lo procedente es negar el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a ***********(1) y ************(2), por su propio derecho y **************4), en su calidad de cesionaria de los derechos hereditarios de la sucesión intestamentaria de **********(5), en contra actos de la Décima Sala Civil y Jueza Octava de lo Civil, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 119, 124, 217 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********(1) y ******(2), por su propio derecho y **********(4), en su calidad de cesionaria de los derechos hereditarios de la sucesión intestamentaria de **************(5), en contra actos de la Décima Sala Civil y Jueza Octava de lo Civil, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, señalados en el considerando segundo en términos del último considerando de la presente sentencia. Notifíquese; y por lista a los quejosos. MESA* II
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R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****(1) y *****(2), por su propio derecho y ******(4), en su calidad de cesionaria de los derechos hereditarios de la sucesión intestamentaria de ***(5), en contra actos de la Décima Sala Civil y Jueza Octava de lo Civil, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, señalados en el considerando segundo en términos del último considerando de la presente sentencia. Notifíquese; y personalmente a las partes, por oficio a la autoridad responsable, como al Agente del Ministerio Público de la adscripción. MESA* II
- Principal
citatorio se notifica por medio de lista el proveido de siete de diciembre de dos mil veintitrés a la parte tercera interesada R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****(1) y *****(2), por su propio derecho y ******(4), en su calidad de cesionaria de los derechos hereditarios de la sucesión intestamentaria de ***(5), en contra actos de la Décima Sala Civil y Jueza Octava de lo Civil, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, señalados en el considerando segundo en términos del último considerando de la presente sentencia. Notifíquese
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Envíese a la Sala responsable copia certificada de la resolución emitida en el recurso de revisión R.C. 286/2023-13, por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a fin de que provea lo conducente. Por otra parte, y en atención a la certificación de cuenta, en la que se precisó que se declararon inhábiles los días del dieciséis al veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, por lo que en dicha temporalidad no corren plazos ni términos procesales; lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes. Finalmente, para los efectos de los artículos 51, 52, 59 y 60 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que en sesión ordinaria celebrada el once de octubre de dos mil veintitrés, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la readscripción por comisión temporal de la jueza Ruth Haggi Huerta García, al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en sustitución del juez Víctor Miguel Bravo Melgoza, a partir del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, lo cual se comunicó mediante el oficio SEADS/2361/2023. Notifíquese; y por oficio a la sala responsable. Mesa V T
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