Agustin Manuel Muñoz Toral
Expediente 441/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 441/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Agustin Manuel Muñoz Toral
Actuaciones
- Principal
Córdoba, Veracruz, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas que remitiera la autoridad responsable, Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Xalapa, Veracruz, las cuales constan en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Principal
En Córdoba, Veracruz, siendo las nueve horas con quince minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veinte, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 441/2020 promovido por. con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la licenciada. Jueza Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Córdoba, quien actúa con el licenciado. secretario que autoriza y da fe, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. A continuación, el secretario relaciona las constancias que obran en el expediente: escrito de demanda de amparo presentado por. y con el informe justificado rendido por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz. Por otra parte, el secretario hace constar que el tercero interesado Ayuntamiento Constitucional de Atoyac, Veracruz, se apersonó al presente juicio de amparo mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común el uno de diciembre del actual, y turnado al día siguiente a este Juzgado. Acto seguido, la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Abierto el periodo probatorio. El Secretario da cuenta con la constancias remitidas por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, mismas que fueron relacionadas mediante proveído de once de noviembre del año en curso. Acto continuo, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada la prueba relacionada, dada su especial naturaleza; luego al no haber más pruebas que relacionar, se da por concluida esta etapa. Abierto el período de alegatos: El Secretario hace constar que mediante proveído de tres de diciembre del actual, se tuvo al Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Atoyac, Veracruz, formulando manifestaciones a título de alegatos; sin que las demás partes hayan realizado manifestación alguna. Acto continuo, la Jueza acuerda. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de la Materia, se tienen por realizadas las manifestaciones del tercero interesado en cita; luego, al no existir alegatos formulados por las partes, se da por concluido este periodo procesal. Con lo que concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional, por lo anterior se levanta esta acta para constancia, y se pasa al estudio del expediente con el propósito de dictar sentencia. Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 441/2020, promovido por. contra un acto de la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, el cual consideró violatorio en su perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba. acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado del Magistrado del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Xalapa, Veracruz, que se precisa a continuación. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Por auto de veinticuatro de septiembre del año en curso, este Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, admitió la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, ordenó emplazar al tercero interesado y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Emplazamiento del tercero interesado. Mediante escrito fechado el uno de diciembre de del año en curso, el tercero interesado, Ayuntamiento Constitucional de Atoyac, Veracruz, se apersonó a este juicio de amparo. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. El día de hoy se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos. toda vez que de ser cierto el acto reclamado, carecería de ejecución material, y la demanda se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede esta ciudad. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlo, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de la lectura integral de la demanda se advierte que aquél consiste en: - La dilación y paralización total en la sección de ejecución del laudo dictado en el juicio laboral. del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, a partir del auto de veinte de agosto de dos mil diecinueve. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no del acto que se reclama. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable denominada Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, pues al rendir su informe con justificación negó la existencia de la inactividad procesal que se le atribuye. La inexistencia del acto reclamado fue demostrada por dicha autoridad responsable con las copias certificadas que remitió en apoyo a su informe justificado, de las que se advierte, en síntesis, que la abierta dilación y paralización total del procedimiento en sección de ejecución del laudo dictado en el juicio laboral. a partir del requerimiento realizado el veinte de agosto de dos mil diecinueve, no existe, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente asunto. Así es, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece. Esta porción normativa, contiene dos supuestos de sobreseimiento, a saber. el que esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado. cuando no se probare su existencia. Esto es, la prueba de la inexistencia conduce al sobreseimiento, al igual que la falta de prueba respecto de su existencia. En el caso, se afirma que está probada la inexistencia del referido acto reclamado, toda vez que de lo actuado en el juicio de origen a partir del auto de veinte de agosto de dos mil diecinueve, se advierte lo siguiente. El veinte de agosto de dos mil diecinueve, los Magistrados que integran el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Xalapa, en lo que aquí trasciende, requirieron por cuarta ocasión a la entidad demandada, Ayuntamiento Constitucional de Atoyac, Veracruz, a efecto de que pagara al actor. la cantidad de. por concepto de salarios caídos comprendidos del diez de abril de dos mil ocho al diez de julio de dos mil once, prima vacacional, canasta básica, incentivo de puntualidad, ayuda para pasaje, subsidio al empleo y horas extras, a cuyo pago fue condenado en el laudo emitido en dicho asunto; y dispusieron que, de no hacer el pago respectivo, se reuniera el cabildo de dicho Ayuntamiento en sesión ordinaria o extraordinaria y con el voto de por lo menos las dos terceras partes de sus integrantes procedieran a lo siguiente. Señalaran bienes de dominio privado susceptibles de ser embargados para cubrir el adeudo al hoy quejoso. De ser el caso, procedieran a la desincorporación de bienes de uso común o los afectos al servicio público para convertirlos en bienes de dominio privado, previa autorización del Congreso del Estado, para poder liquidar lo adeudado. De no realizarse el pago referido o de no haberse señalado bienes suficientes que garanticen el monto de la condena y sean susceptibles de embargo, se reuniera el cabildo en sesión ordinaria o extraordinaria y, con caso excepcional, declaren. como deuda pública la cantidad de. lo anterior, con la finalidad de considerarla dentro de su sistema contable como pasivo y así poderla liquidar a través de los recursos que obtiene el municipio por concepto de aportaciones federales, específicamente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; hecho lo anterior, debían realizar el trámite correspondiente ante el Congreso del Estado, informándole que dispondrán de los recursos del fondo federal citado. Finalmente, en dicho auto se concedió a la demandada el término de cinco días hábiles para que exhibieran las constancias relativas del cumplimiento a lo ordenado previamente, y se apercibió a cada uno de los ediles de la entidad pública demandada que, de no acatar lo anterior, se les impondría una multa de hasta quince Unidades de Medida y Actualización. 2. El diez de septiembre de ese mismo año, se llevó a cabo el requerimiento formulado a los integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Atoyac, Veracruz, sin que se hiciera pago de lo requerido. Mediante escrito presentado diecisiete de octubre de esa anualidad, el apoderado legal de la parte actora, solicitó al Tribunal hiciera efectivo el apercibimiento de multa formulado en el auto que antecede; que fuera dicho órgano jurisdiccional el que declarara el pasivo. en negativa de la parte reo; requiriera el recurso al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal e informara al Congreso del Estado de Veracruz la solicitud de dicho recurso. El dieciséis de enero de dos mil veinte, se acordó lo siguiente. De la anterior relación de antecedentes se obtiene que no es cierto que la autoridad responsable, a partir del dictado el auto de requerimiento de veinte de agosto de dos mil diecinueve, haya incurrido en inactividad tal que pueda calificarse como una abierta dilación procesal o una paralización total de la fase de ejecución del laudo dictada en el juicio natural. Es así, toda vez que con posterioridad al citado auto de requerimiento de pago y a que éste fue notificado personalmente a la demandada (lo que ocurrió el diez de septiembre de ese año), el tribunal responsable emitió los proveídos de dieciséis de enero y seis de marzo, ambos de este año, en los que en seguimiento a lo requerido en aquél auto, previno a la entidad pública demandada para que en el improrrogable término de cinco días hábiles informara la fecha en que se llevaría a cabo la sesión de cabildo respectiva para dar cumplimiento al proveído de veinte de agosto de dos mil diecinueve y, como fue contumaz en rendir dicha información, le impuso una multa de quince Unidades de Medida y Actualización. Luego, a la fecha de presentación de la demanda. no existía la aludida falta de actividad procesal por parte de la responsable. En el entendido de que no obsta que, previo a la presentación de la demanda de amparo, el auto de seis de marzo de dos mil veinte sea la última actuación realizada por la autoridad responsable tendiente a ejecutar el laudo, toda vez que, en primer lugar, el análisis de existencia de la dilación procesal reclamada debe constreñirse al planteamiento efectuado por el quejoso, que en el caso consiste en que la última actuación de la responsable que pretendía lograr el cumplimiento del laudo acaeció desde el veinte de agosto de dos mil diecinueve, lo que, como se ha visto, es inexacto. En segundo término, debe tomarse en cuenta que el procedimiento de ejecución forzosa del laudo dictado en un juicio laboral, no es una etapa que la autoridad responsable pueda iniciar y seguir oficiosamente; por el contrario, su inicio requiere forzosamente de la solicitud del ejecutante, mientras que su prosecución exige su directa intervención, y en la especie no se advierte que el tribunal responsable haya desatendido alguna promoción del peticionario formulada con la intención de impulsar el procedimiento en dicha fase de ejecución. Finalmente, en tercer lugar, debe tomarse en cuenta que como se hizo constar en el expediente de origen, con motivo de la contingencia de salud pública generada por el virus denominado.la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, así como por la Secretaria de Acuerdos de dicho Consejo, respectivamente, la labores del tribunal responsable estuvieron totalmente suspendidas del dieciocho de marzo al treinta de junio del año en curso. Asimismo, que su personal disfrutó de su periodo vacacional durante el periodo comprendido del trece al treinta de julio de este año. Finalmente, que en términos de la circulares 13, 14 y 15, y comunicado 1, firmados por las referidas funcionarias respectivamente, el tribunal responsable, en el periodo comprendido del tres de agosto al dieciséis de septiembre de esta anualidad, únicamente estuvo autorizado para recibir demandas y promociones iniciales, así como acuerdos de trámite y emisión de laudos que hubieren quedado pendientes antes de la referida suspensión de labore. Esto es, con motivo de la referida suspensión total y posteriormente parcial de sus labores, la autoridad responsable no estuvo en condición de actuar en el juicio natural desde el dieciocho de marzo hasta el dieciséis de septiembre del año en curso, por lo que no puede considerarse que incurrió en inactividad procesal durante el indicado periodo. En las relatadas condiciones, se reitera, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, al ser inexistente la omisión que se reclama. Por último, no escapa a la atención de quien resuelve, que mediante escrito presentado durante la tramitación de este juicio, el tercero interesado formuló diversas manifestaciones en vía de alegatos, sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio obligatorio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. Cabe precisar que por auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos. ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por. contra el acto reclamado de la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
- Principal
Córdoba, Veracruz, tres de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito signado por la Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Atoyac, Veracruz, tercero interesado en este asunto, y anexo que al mismo acompaña; en atención a su contenido, se le tiene por apersonada al presente juicio de amparo, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene como sus autorizados con facultades restringidas, exclusivamente para oír notificaciones e imponerse en autos, a. en razón de que no acreditaron encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogados, mediante el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Finalmente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que formula a título de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional.
- Principal
Córdoba, Veracruz, once de noviembre de dos mil veinte.Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Xalapa, Veracruz; y dese vista a las partes por el término de ocho días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo.Se tiene como delegado al profesionista que menciona, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo.Ahora, dado el volumen de las constancias que anexó la responsable, fórmese un tomo de pruebas, debidamente identificado, ello a fin de facilitar el manejo del presente expediente, respetando el sello y folio original, el cual deberá tenerse a la vista en el momento procesal oportuno; y una vez que quede firme la resolución que se emita en este juicio, devuélvanse dichas constancias a su lugar de origen.Por otra parte, de autos se advierte que a la presente data no ha sido emplazado a juicio el tercero interesado, ***********************, por tanto, con fundamento en el diverso numeral 26, fracción II, inciso b), del citado ordenamiento legal, mediante oficio que al efecto se gire, con copia simple de la demanda de amparo, emplácese a juicio al tercero interesado de referencia.Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se determina como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, la cual se fija de manera objetiva atendiendo a las cargas de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias; misma que se llevará a cabo sin la presencia física de las partes, toda vez que ésta no se requiere, ya que el acto reclamado no se encuentra dentro de alguno de lossupuestos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, en los que puede alegar verbalmente, y tampoco existen pruebas pendientes de desahogar que requieran de su comparecencia o la de terceros. Lo que obedece estrictamente a las medidas de contingencia en los órganosjurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado delvirus COVID-19.En el entendido de que de conformidad con el artículo3° de la Ley de Amparo, y 5°, fracción II, segunda parte, delcitado del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejode la Judicatura Federal, la audiencia se llevará a partir de losescritos presentados o que se presenten hasta ese momentoprocesal, física o electrónicamente por las partes.
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