Agustín Luna Morales
Expediente 1019/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1019/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Agustín Luna Morales
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de las cuales se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, se declara que el auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. Finalmente, sin que se realice mayor pronunciamiento respecto de los documentos exhibidos por la parte quejosa; lo anterior, tomando en consideración que los mismos fueron exhibidos de manera electrónica, lo que se hace constar para los efectos legales conducentes.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a quince de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo de Agustín Luna Morales contra actos de la Delegada o Directora Regional Coacalco, de la Secretaría de Bienestar en Coacalco de Berriozábal, Estado de México y otras autoridades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 1019/2021-IV. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Indicado lo anterior, se considera que respecto de la demanda de amparo que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal. En efecto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia analizada, pues de conformidad con los artículos 3°, 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma autógrafa del promovente o, al presentarse por medios electrónicos, la evidencia criptográfica de la parte quejosa. Al respecto, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, prevén el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la Constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anteriormente referido es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales del quejoso. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que, es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa de la parte interesada o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital, o como ya se dijo, la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3° de la Ley de Amparo, dispone que la firma electrónica es el medio que permite a la parte quejosa el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que quien promueve sea parte. Asimismo, dicho artículo establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. En tal virtud, la demanda de derechos fundamentales puede ser presentada por el directo quejoso, representante legal o apoderado, de forma impresa o por medios electrónicos, mediante el uso de la "firma electrónica", en términos del artículo 3o de la Ley de Amparo y conforme a los artículos 6, 9, 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; la que en términos del artículo 2, fracciones XV y XVI del acuerdo invocado, se entiende por Firma Electrónica a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. En el caso en concreto, la demanda de amparo presentada vía electrónica presuntamente por Agustín Luna Morales, por propio derecho, carece de su firma electrónica. Se dice lo anterior, pues, al escrito inicial de demanda únicamente se adjuntó una impresión criptográfica corresponde a Gabriela Monserrat Arenas Reyes, persona distinta al directo quejoso, de ahí que, no se considere satisfecho el requisito desarrollado en la presente determinación, pues como ha quedado precisado, la firma electrónica debe pertenecer al promovente, lo que en el caso no aconteció. Luego entonces, conforme a lo antes expuesto es claro que no se advierte la manifestación de voluntad del promovente de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, tratándose del juicio de amparo en línea que se pretende promover, con la firma electrónica (evidencia criptográfica) las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. En ese contexto, es inconcuso que no se le puede dar valor alguno a la demanda de cuenta, por haber sido presentada sin firma electrónica (evidencia criptográfica) del directo quejoso. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10ª Época, Libro sesenta y dos, Enero de dos mil diecinueve, Tomo I, página cinco, que indica: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE.". Tampoco resulta inadvertido que al final del escrito inicial de amparo, se encuentre asentada una firma aparentemente autógrafa del quejoso Agustín Luna Morales, sin embargo, ello no es suficiente para subsanar el requisito de procedencia, pues la reproducción electrónica de una firma, no permite tener certeza sobre la voluntad del directo quejoso, pues se reitera, sin su firma autógrafa o electrónica, no puede considerarse que el escrito que se presenta contenga la manifestación de la voluntad de Agustín Luna Morales, con la que se pueda tener por colmado el requisito de instancia de parte agraviada. Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo, del artículo 3°, de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura integra de la demanda, no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En efecto, de la demanda de amparo se advierte en esencia que la parte quejosa reclama: La omisión del pago de pensión a persona adulta discapacitada. Al respecto, sin desconocer la trascendencia del acto reclamado, este órgano jurisdiccional considera que no ocasiona un daño inminente a la vida del quejoso, ni la coloca en alguno de los actos prohibidos por el artículo 22, constitucional, o en su caso, el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales. Por tanto, a criterio de este órgano jurisdiccional, en atención a la naturaleza de los actos reclamados, no configura ninguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni compromete gravemente la dignidad e integridad personal de la agraviada, al grado de equipararse tal situación a un tormento, así como tampoco puede estimarse que se pone en riesgo su vida, en esa virtud, no se concreta un acto en el que se excluya el requisito de la firma electrónica. En este punto, es importante mencionar, que este órgano jurisdiccional, sabe y reconoce que la pandemia derivada del virus SARS-CoV2 (COVID-19), es una situación extraordinaria que coloca a las y los operadores jurídicos en un terreno completamente novedoso por la afectación global que ha tenido consecuencias en absolutamente todos los ámbitos, incluyendo el de impartición de justicia, sin embargo, ello no es justificación para que no se observen los requisitos que establece la Ley de Amparo para instar la acción constitucional, ni ampliar las excepciones que igualmente establece; aunado a que proveer en forma distinta, implicaría resolver en contra de un criterio jurisprudencial emitido por el Máximo Tribunal del país. Aunado a lo anterior, atendiendo a la situación actual con motivo de la pandemia, el Consejo de la Judicatura Federal ha implementado diversas herramientas que permitan al gobernado tener pleno acceso a la impartición de justicia, aun ante las adversidades que se han generado, ejemplo de ello, es la tramitación de la Firma Electrónica (FIREL) en linea, esto es, se ha dado mayores facilidades a efecto de evitar las barreras que generan el cierre de actividades de diversas dependencias, la limitación de personal, así como el riesgo a la salud que se pudiera generar al no respetar el distanciamiento social; de ahí que, actualmente existe la posibilidad de tramitar el certificado señalado sin la necesidad de salir de casa, tal como se desprenden del documento emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, denominado Manual para realizar la solicitud del certificado digital FIREL en el Portal Web de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, visible en la página https://www.firel.pjf.gob.mx/MANUAL%20SOLICITUD%20Y%20REQUERIMIENTO%20V.F.2020.pdf. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, por tanto, se DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo presuntamente promovida por Agustín Luna Morales, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6° y 107, fracción I de la Ley de Amparo. En diverso aspecto, con fundamento en el artículo 254, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a Marco Rivera Vázquez y Gabriela Monserrat Arenas Reyes, para los efectos que precisa; esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en Calle Alcatraces cuarenta y cuatro, en Villa de las Flores, Primera Sección en Coacalco de Berriozábal, Estado de México, código postal 55710. Se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico cuartainstancia@hotmail.com para establecer contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, a fin de evitar cualquier contratiempo, dada la situación actual que acontece en el mundo, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, sin que esto implique que tal medio se tenga para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así, en virtud de que para el caso de que la parte quejosa pretenda recibir notificaciones de manera electrónica debe solicitarlo de manera expresa conforme a los artículos 3° y 26, fracción IV, de la ley en cita; parámetros que en el caso que nos ocupa no se encuentran satisfechos. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con apoyo en lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al Actuario Judicial de la adscripción para que realice las notificaciones que deriven del presente asunto aún en días y horas inhábiles. Se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Asimismo, se hace del conocimiento el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Luis Daniel Hernández Ortiz, siendo el número 55 53870500, extensión 1385, para la atención del presente asunto. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado para tal efecto.
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