Agustín López Valdivieso
Expediente 620/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 620/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Agustín López Valdivieso
- Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca.
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, mediante el cual solicita la devolución de todas las documentales públicas que anexó a su escrito de demanda; en atención a su contenido, se acuerda: Previa foja de sustitución que se deje en autos devuélvanse las documentales solicitadas, teniendo por autorizados para recibirlas a las personas que menciona; por lo que, dadas las cargas de trabajo de este órgano jurisdiccional y la contingencia sanitaria derivada del virus SARSCov2 (COVID-19); con fundamento en los artículos 3 y 6, del Acuerdo General 21 del Consejo de la Judicatura Federal, hágase entrega personalmente de los referidos documentos, a través del Sistema de Citas mediante código "QR". Por tanto, se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que se presente en las instalaciones que ocupa el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, para el único efecto de recibir dichas constancias. Se le hace de su conocimiento, que las diligencias tendrá una duración máxima de veinticinco minutos, para lo cual, deberá presentarse puntualmente en la hora y fechas estipuladas; únicamente podrán comparecer un máximo de dos personas que se encuentren autorizadas para el efecto antes señalado (recibir las documentales); el acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que comparezca se identifique como la persona a cuyo nombre se generó el código QR - ***-, sin que la otra esté exenta de registrarse. En el entendido, que el acceso podrá restringirse si la persona citada no acude en el horario previsto, así como en el caso de incumplir los requisitos para pasar los filtros sanitarios y los protocolos de salud implementados en el edificio, por lo que: a) Deberá acudir puntualmente, en la fecha y hora señaladas, de no hacerlo no se le permitirá el acceso a las instalaciones de este órgano jurisdiccional. b) Deberá presentar identificación oficial (pasaporte, credencial de elector o cédula profesional) en el acceso general de este órgano jurisdiccional, donde se verificará su identidad con la del código QR previamente generado por el personal de este juzgado. c) En todo momento, deberá seguir las indicaciones sanitarias del personal administrativo y de vigilancia (uso de cubrebocas, toma de temperatura, sana distancia, rutas de acceso, etcétera). Por ello, se ordena girar oficio a la Administración Regional, con sede en este municipio, anexándole el código QR respectivo, con la fecha y hora de la cita programada, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica."
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintidós. Causa estado. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de uno de junio de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo promovida por ***, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y en lo conducente el diverso 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Ahora, tomando en consideración que, conforme a la certificación de cuenta, la parte quejosa se opuso a la publicación de sus datos personales; por tanto, suprímanse sus datos personales, de acuerdo a lo ordenado en proveído de uno del mes y año en curso (foja 58). II. Archivo, relevancia documental y destino del expediente. Ahora bien, toda vez que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, de conformidad con el inciso a), del artículo 21, del referido Acuerdo General y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y la carátula. III. Notificación. Por último, dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, el presente acuerdo se ordena notificar por lista electrónica, a las diversas partes no ordenadas mediante oficio; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Notifíquese por lista electrónica."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de junio de dos mil veintidós. Radicación y creación del expediente. Con la demanda de amparo que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, el treinta del mes en curso, y que se turnó a este órgano jurisdiccional el treinta y uno siguiente, que promovió ****, por propio derecho, contra actos del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 620/2022. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. Desechamiento. En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1631 del Tomo XX, de septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 180663, de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Del estudio de la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que, en el caso, se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; numeral que, en lo conducente, dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.). XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". El artículos transcrito regula el principio de definitividad que se reconoce respecto de actos materialmente administrativos contra los cuales procede el amparo, siempre y cuando no sean reparables mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal, con el que el afectado pueda obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación del acto reclamado que estima violatoria de derechos fundamentales -a través del recurso ordinario-, siendo innecesario agotarlos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión, mayores requisitos que los que Ley de Amparo requiera como condición para conceder esa medida cautelar. Principio que responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y a la necesidad de evitar el abuso de dicha acción, de modo tal que el control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. Lo cual significa que, si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, en consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo los quejosos deberán agotar esos medios ordinarios de impugnación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente; entre otros, cuando se reclama la constitucionalidad de leyes; se proponen en exclusiva, violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, el acto reclamado carece de fundamentación y motivación. Ahora, la parte quejosa reclama: El contenido del oficio número SP/DPSHT/0095/2022, de veintisiete de mayo del dos mil veintidós, firmado por el Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual le informa que se encuentra en compatibilidad de pensión, pues entre la pensión directa que recibe y la diversa de viudez rebasan el importe mínimo autorizado por la ley. Por tanto, resulta patente, que previamente a instar el juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa procedente en contra de dicho acto, es decir, el juicio de nulidad en términos del artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y del artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuyos lineamientos para la procedencia de la suspensión del acto se encuentra previsto en el diverso numeral 28, de la última legislación en cita; preceptos legales que establecen lo siguiente: LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado" LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. "Artículo 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley". De la transcripción que antecede se desprende que el juicio contencioso administrativo federal procede ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contra asuntos que se determinen en materia de pensiones civiles, con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Asimismo, con la promoción del juicio contencioso administrativo pueden suspenderse los efectos de la resolución combatida, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido, ya que la ley que lo rige prevé esa medida cautelar sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, como se advierte de la comparación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previstas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados. En ese tenor, como se adelantó, este órgano de control constitucional considera que el acto que se reclama puede ser combatido mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la ley que rige a dicho tribunal, y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que no exige mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva de los actos impugnados, ni contempla un plazo mayor para el otorgamiento de la medida cautelar provisional; de ahí que, se considera improcedente el juicio de amparo que se intenta. Sirve de apoyo, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 783, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Igualmente, la Jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1446, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO." Sin que de la demanda de amparo, se advierta que la parte quejosa se ubique en alguna excepción al principio de definitividad -en materia administrativa-. Es así, pues si bien se puede promover en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; pero ello solo acontece, cuando se plantea exclusivamente ese tipo de violaciones, y no así cuando se hacen valer al mismo tiempo en la demanda, violaciones directas e indirectas a la Carta Magna (artículos 1, 5, 14 y 16 constitucionales); como sucede en el caso. Tampoco se advierte que el acto reclamado carezca de absoluta fundamentación y motivación, pues se sustentó en los artículos 51, fracción I, inciso a), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete y, 12, fracción I, inciso a) del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de julio de dos mil nueve, entre otros; por lo que, no opera excepción del referido principio de definitividad; y es factible para el quejoso obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación del acto reclamado que estima violatoria de derechos fundamentales, a través del recurso ordinario, en el que al interponerlo, puede alegar los vicios que ostenta el acto reclamado, lo que equivale a plantear las denominadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias; correspondiendo inicialmente a la autoridad ordinaria resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al Juez de Distrito. Sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Constitución Federal que también pudiera causar el acto reclamado, porque de todas maneras al fallarse el recurso ordinario, si dicha autoridad estimara fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto controvertido podría quedar sin efecto y resultaría por tanto innecesario que se estudiaran aquellas violaciones directas a la Constitución. Sin que obste que el acto reclamado se fundamente en normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; pues se estima que tales cuestiones son exclusivamente de legalidad, que atienden a demostrar vicios propios del acto de autoridad, cuyo análisis corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cierto, no pasan inadvertidas las manifestaciones del quejoso en el sentido de que los preceptos aplicados en el acto reclamado, ya han sido declarados inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; pues dicha circunstancia no releva al afectado, de la obligación de agotar el recurso que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca; cuestión que resulta contraria al principio de definitividad y a la naturaleza del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa. En relación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de criterios 212/2021, estableció que: el hecho de que el acto reclamado se encuentre fundamentado en normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte, no actualiza, por sí mismo, alguna de las excepciones al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61, fracción XX, en comento; en lo conducente, sostuvo: "42. I. El hecho de que el asunto se relacione o no con una violación directa a la Constitución y, por ende, se actualice una excepción al principio de definitividad, es una cuestión que resulta enteramente independiente a si existe o no jurisprudencia al respecto -ésta, en todo caso, determinará el resultado del análisis del tribunal, no así la "naturaleza" del reclamo -; 43. II. La circunstancia de que ciertas normas generales hayan sido declaradas inconstitucionales, jurisprudencialmente, no implica que hayan perdido su validez jurídica; y, 44. III. Finalmente, la excepción al principio de definitividad consistente en que el acto carezca de fundamentación tiene una connotación específica de indeterminación o situación de indefensión para la persona, cuestión que en forma alguna acontece cuando el acto sí está fundamentado, pero alguna de las normas invocadas ha sido considerada inconstitucional jurisprudencialmente -pues en esta hipótesis, el gobernado sí se encuentra en aptitud de determinar si existe algún medio de defensa ordinario que pueda promoverse en su contra, al conocer la norma en que se sustenta el acto de autoridad-. 45. I. La existencia de una violación directa a la Constitución acontece con o sin jurisprudencia. Como se ha señalado, una primera razón por la cual el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito consideró que se actualiza una excepción al principio de definitividad, cuando alguna de las normas aplicadas en el acto reclamado fue declarada inconstitucional por jurisprudencia de esta Corte, radica en el hecho de que esa circunstancia se traduce en "una violación directa a la Constitución, en específico, al principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 de la Carta Magna". Consideraciones anteriores que dieron origen la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 15/2022 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, materia común, registro digital 2024511, fuente: Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ÉSTE CUANDO SE RECLAMA LA APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el hecho de que las autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, fundamenten sus actos en normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de esta Suprema Corte, actualiza o no una excepción al principio de definitividad, llegaron a conclusiones distintas, toda vez que uno de ellos determinó que no se actualiza una excepción a tal principio, mientras que el otro concluyó que sí, pues esa circunstancia implica, por una parte, que exista una violación directa al artículo 133 de la Constitución Federal y, por otra, que el acto carezca de fundamentación. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no se actualiza una excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por la sola circunstancia de que el acto reclamado se encuentre fundamentado en normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de este Alto Tribunal. Justificación: La presencia de violaciones "directas" a la Constitución y, por ende, la posibilidad de que se actualice una excepción al principio de definitividad, es una cuestión enteramente independiente a la existencia de una jurisprudencia que determine la inconstitucionalidad de las normas aplicadas en perjuicio del quejoso -el criterio jurisprudencial determinará el resultado del análisis del tribunal, no así la "naturaleza" del reclamo-. Asimismo, el hecho de que un acto de autoridad se funde en normas generales declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de esta Suprema Corte, tampoco actualiza la diversa excepción al referido principio, consistente en que "carezca de fundamentación" pues, por una parte, la emisión de la jurisprudencia no equivale a que tal precepto haya perdido su validez en el sistema jurídico -para ello se requiere de una declaratoria general de inconstitucionalidad- y, por otra, en este supuesto la persona no desconoce los fundamentos del actuar de la autoridad ni, por ende, se encuentra imposibilitada para accionar el medio de defensa ordinario conducente. Finalmente, la obligación de agotar el medio ordinario de defensa en estos supuestos no sólo resulta congruente con el carácter excepcional del juicio de amparo, sino que además no genera una carga procesal indebida u ociosa para el justiciable en perjuicio del derecho humano a la justicia pronta, pues el tribunal del conocimiento -ya local, ya federal- se encuentra obligado a aplicar tal criterio jurisprudencial en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo y, con base en éste, declarar la ilegalidad del acto al estar soportado en normas declaradas inconstitucionales por esta Suprema Corte." En tales condiciones, el hecho de que el acto reclamado se encuentre fundamentado en normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte, no actualiza, por sí mismo, alguna de las excepciones al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; habida cuenta que, que la función jurisprudencial en este contexto, no atiende a expulsar del sistema jurídico alguna norma general por resultar contraria a la Constitución o en su caso decretar la invalidez general del artículo 51, fracción I, inciso a), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado - vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete-, sino únicamente se concreta a asegurar que los tribunales se apeguen al criterio constitucional fijado por la Suprema Corte, al momento de resolver algún caso donde se controvierta la misma norma general. Con base en todo lo expuesto, se concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues, contra el acto que por esta vía se reclama, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y por tanto, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, el quejoso se encontraba obligado a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. Sirve de apoyo lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 103/2011, sustentada por la Primera Sala publicada en la página 754, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNA CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD, AUN CUANDO SE REFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O A LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES." En ese contexto, con fundamento en el artículo 61, fracción XX, en relación con el numeral 62, de la Ley de Amparo, procede desechar, de plano, por improcedente, la demanda de amparo promovida por Agustín López Valdivieso. Domicilio, autorizados y medios de contacto. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y como autorizado de la parte quejosa en términos de la primera parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Alfredo Benítez Toledo por haberse encontrado registro de su cédula profesional en el sistema computarizado para registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, mediante el acceso informático a la página ciber.cjf.gob.mx/RegProf/. Y a las personas restantes, se le autorizan conforme a la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado. En relación a la petición a que se autorice a José Alfredo Benítez Toledo, el uso de la consulta vía internet del expediente electrónico en este juicio de amparo, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal; se le tiene a dicho profesionista, por autorizado para accesar a este juicio de amparo 620/2022, con el nombre de usuario jatoledo, a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente y, de igual forma, se tengan por practicadas las notificaciones en este juicio de amparo; por lo cual se instruye al actuario adscrito a este Juzgado, realice las subsecuentes notificaciones por esa vía. En consecuencia, se instruye al oficial judicial "A" adscrito, para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo inmediato anterior. Se toman en consideración los correos electrónicos que proporciona, como medio de contacto con este Juzgado, sin que haya lugar a realizar las notificaciones por esa vía, toda vez que no se encuentra autorizada para su realización en la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo invocada se HABILITA, desde ahora, AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE, EN SU CASO, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen, para el adecuado despacho de los asuntos Notificación a las partes. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J.176/2012 (10ª), de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceras interesadas que en este juicio sólo les serán notificadas mediante oficio, en su residencia oficial, las determinaciones que, por su importancia, deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificaran por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, mismas que podrán ser consultadas directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. Acceso, consulta y notificación electrónica. Por otra parte, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se exhorta a las partes, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. Adicionalmente, se insta a las partes para que proporcionen un correo electrónico o un número telefónico, con el único propósito de que este juzgado pueda brindar atención mediante esas herramientas tecnológicas; en el entendido que sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte quejosa, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales relativos a las partes. Ilustra a lo anterior, la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará en cualquier hora dentro del horario de atención al público. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Téngase al quejoso oponiéndose expresamente a la publicación de sus datos personales, respecto de lo cual se hará pronunciamiento en la sentencia que se dicte en este juicio. Notifíquese personalmente.
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