Agustin Lopez Fierro

Expediente 2033/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2033/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Agustin Lopez Fierro

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión en contra del proveído dictado el dieciséis de octubre del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2º, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. No representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que no se contabilice a la autoridad responsable el término de diez días para interponer el recurso de revisión, puesto que al haberse sobreseído en el juicio de garantías solamente al quejoso es a quien pudo afectar el sentido del fallo, por ende, es el legitimado para interponer el citado recurso, no así la autoridad responsable, como lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y notificado que sea el presente acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, en términos de lo establecido en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés. Asimismo, de conformidad al artículo 15, del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, adjunto al cual remite el testimonio del recurso de revisión de su índice, así como los autos originales del incidente de suspensión, de la que se observa que concluyó en los siguientes puntos resolutivos: "ÚNICO. Se declaran sin materia el recurso de revisión incidental y los recursos de revisión incidental adhesivos interpuestos por las autoridades responsables." Ahora bien, y toda vez que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. En otro aspecto, en este expediente son destruibles el original y duplicado en términos de la hipótesis contemplada en los artículos 20, fracción III, y 19 fracción II, inciso a), respectivamente del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 638/2023-VI; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ********************, por propio derecho, mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, promovió juicio de amparo indirecto contra el Juez Segundo de lo Civil del Sexto Partido judicial con sede en Ocotlán, Jalisco y por los actos que precisó en su demanda de amparo. SEGUNDO. En proveído de tres de abril de dos mil veintitrés, se formó el presente incidente de suspensión, se pidió a las autoridades señaladas como responsables rindieran su informe previo y se resolvió sobre la suspensión provisional de los actos reclamados, se citó a las partes a la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, la que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para resolver el incidente de suspensión, por ser competente para conocer del juicio de garantías del cual se origina la incidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 37, 127, 144 de la Ley de Amparo; y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. La autoridad responsable, Juez Segundo de lo Civil del Sexto Partido judicial con sede en Ocotlán, Jalisco, al rendir su informe previo, reconoció la existencia del acto reclamado por la parte quejosa. TERCERO. Ahora bien, previamente a entrar a la materia de la suspensión, es necesario señalar que los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, prevén la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad que violen garantías individuales y derechos humanos. En ese sentido, cabe señalar que, el juez Federal está legalmente facultado para fijar conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias o estado en que deban quedar las cosas a virtud de que se conceda la suspensión del acto reclamado, aun cuando se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su demanda, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues lo que se busca es conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el promovente; con la única limitante de no llegar al extremo de ordenar la paralización de actos que no fueron reclamados en la demanda. Tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 14, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo.". En el presente asunto, se solicitó la medida cautelar para el siguiente efecto: "[...] Con fundamento en el artículo 125 y demás relativos aplicables a la Ley de Amparo, se solicita la suspensión del acto reclamado para efectos de que las cosas y actuaciones se mantengan en el estado en que actualmente guardan y se impida el avance del procedimiento mientras tanto no se resuelva el presente juicio de garantías, esto es, que las COSAS PERMANEZCAN en el estado en que se encuentran dentro de las actuaciones del procedimiento natural, señalando al efecto, que a la fecha de presentación del amparo, no se ha llevado a cabo CONVIVENCIA alguna entre el tercer interesado y mis menores hijos, debido a que del fallo que aquí se pudiera traer afectaciones de carácter irreparable al procedimiento señalado puesto que se encuentra en riesgo el interés superior de la niñez y derechos fundamentales de libertad tanto de la suscrita y de mis menores hijos, tal y como consta en actuaciones del Juicio de origen". En relación con lo anterior, debe decirse que los artículos 567 y 572 del Código Civil del Estado de Jalisco, y 11 y 12 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, disponen lo siguiente: "Artículo 567. Niñas, niños y adolescentes deben ser objeto de especial atención, cuidado y reconocimiento. Son niñas y niños las personas menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad." "Artículo 572. Cuando los padres no convengan la guarda y custodia de sus hijos, el Juez de la causa considerará qué es lo más conveniente para la niña, niño o adolescente y deberá atender al siguiente orden de preferencias: I. Con sus padres; II. Cuando no convivan ambos padres, cualquiera de los dos ejercerá sobre él la guarda y custodia, siempre y cuando tengan la disposición y la posibilidad efectiva de su guarda y custodia, además de no tener una conducta nociva a la salud física o psíquica de la niña, niño o adolescente; III. Se deroga IV. Cuando ninguno de los dos padres tenga la guarda y custodia de la niña, niño o adolescente, ésta podrá ser confiada, por el Juez, a los ascendientes o parientes dentro del cuarto grado, a falta de estos o cuando los parientes no puedan ejercer esta guarda o custodia, el juez podrá otorgarla previo estudio y ponderación del interés superior de la niñez, a otras personas fuera de las señaladas con las que el menor tenga una relación afectiva comprobable; V. En convivencia dentro de familias de acogida, a través de la custodia personal autorizada por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; siempre y cuando cumplan con los requisitos de disposición y disponibilidad afectiva de custodia, así como de buenas costumbres; y VI. En centros de asistencia social o albergues a través de custodia institucional; deberá el Juez cerciorarse que el medio es idóneo para la niña, niño o adolescente. En todos los casos la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, deberá cerciorarse de que las personas que vayan a ejercer la custodia de la niña, niño o adolescente sean idóneas y que cumplan con los requisitos de la legislación general y estatal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Las niñas, niños y adolescentes privados de la asistencia de sus padres o tutores deben gozar de una protección especial por parte del Estado." "Artículo 11. El interés superior de la niñez es de consideración primordial por los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y el órgano legislativo" "Artículo 12. Las autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar en el ámbito de su competencia que se tomará en cuenta de manera prioritaria el interés superior de la niñez." De la interpretación sistemática de los preceptos jurídicos transcritos, se desprende, entre otras cuestiones, que los derechos de las niñas, niños y adolescentes son de interés superior, puesto que deben ser objeto de atención, cuidado y reconocimiento; que se debe promover y respetar su personalidad individual e inculcarles valores positivos de convivencia y solidaridad humana; que deben desarrollarse en un ambiente familiar sano, por lo que sus derechos deben prevalecer, incluso, sobre los de otras personas. Ahora bien, los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo establecen que la suspensión deberá decretarse cuando: Lo solicite el quejoso; y, Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión, No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. En esas condiciones el caso, sí se actualizan los supuestos marcados por los artículos 128 y 129 de referencia, tal y como se verá a continuación: I. A solicitud de la quejosa. Este requisito se encuentra acreditado con el propio contenido de la demanda de amparo, del cual se advierte que es la propia promovente quien solicita la medida cautelar, quien además exhibe, entre otras documentales, sendas impresiones de las partidas de nacimiento, con las cuales acredita ser progenitora de los menores ********************. y ********************, con la cual también acredita su interés suspensional. II. El acto reclamado sea susceptible de suspensión y, III. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Conforme a lo anterior, resulta procedente la concesión de la definitiva en razón de que la ejecución reclamada es susceptible de suspensión, al tratarse de un acto positivo el reclamado, además de que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público. Cierto, del acto reclamado se aprecia, que es necesario destacar que para resolver sobre la suspensión del mismo, no solamente debe analizarse lo relativo a si su otorgamiento podría afectar cuestiones de interés social y orden público, sino también lo concerniente a la aplicación de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, prevista en el artículo 138 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 138.- Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente:." De ahí que, al realizar la ponderación del buen derecho en grado de probabilidad se advierte que el acto reclamado, consistente en la resolución emitida el ocho de noviembre de dos mil veintidós, dentro del juicio 654/2022 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Sexto Partido Judicial con sede en Ocotlán, Jalisco, podría considerarse inconstitucional al contener la orden de convivencia familiar de ******************** con sus menores hijos ********************. y ********************, de carácter provisional y definitivo, sin considerar las diversas circunstancias que pudieran llegar a afectar a dichos menores. Ello, en razón de que en los términos en los que fue dictado el acto reclamado podrían resultar perjudiciales para los menores, por lo que se advierte la existencia de un derecho que debe ser tutelado a través de la presente medida, toda vez que se estima, debe salvaguardarse el interés superior de aquéllos, mediante la suspensión provisional. Sobre el particular, resultan aplicables las tesis cuyo rubro y texto dispone: "RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS DE LOS MENORES CON SUS PADRES. PARA DECRETAR LA SUSPENSIÓN, CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DEFINE, DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO LOS PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES RECONOCIDOS POR EL ESTADO MEXICANO Y EN LA LEGISLACIÓN LOCAL RESPECTIVA. La resolución relativa al régimen de visitas y convivencias de los menores con sus padres es susceptible de suspenderse, dado que tal situación se presume generada al amparo del principio rector del interés superior del menor en cuya observancia está interesada la sociedad; por lo que el Juez de amparo para decretar la medida suspensional, debe tomar en cuenta tanto los principios rectores de la suspensión contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, como los previstos en favor de los infantes consagrados a nivel constitucional, como en los tratados internacionales reconocidos por el Estado Mexicano y en la legislación local respectiva; todo ello en armonía con la aplicación de la amplia protección de los derechos humanos establecidos en el artículo 1o. de la Carta Magna que resulta obligatoria para todas las autoridades, así como la exigencia constitucional referida a la observancia del principio de la apariencia del buen derecho, en tanto que todos esos aspectos atañen al interés social y al orden público. Por lo que para resolver sobre la medida cautelar cuando en los actos reclamados se involucran derechos de visitas y convivencias de menores de edad, deberá atenderse a las condiciones específicas de cada caso, vigilando sobre todo el respeto irrestricto de todos los principios mencionados. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.". (Época: Décima Época, Registro: 2003130, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: I.5o.C.15 C (10a.), Página: 2067) "DERECHO DE CONVIVENCIA DE UN MENOR CON SU PROGENITOR. CONDICIONES DE PROCEDENCIA PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que la convivencia paterno-filial es una cuestión de orden público e interés social, pues de ella depende el desarrollo armónico e integral del menor, además de que se encamina a la conservación de un entorno familiar saludable y favorable para su pleno desarrollo personal y emocional, también lo es que debe tener ciertas características relacionadas con la edad del menor, su entorno, así como el poco o nulo conocimiento que tenga de su padre; todo lo cual revela lo compleja que resulta la ponderación que debe hacer el juzgador de amparo al decretar la suspensión provisional en el amparo indirecto, entre el interés superior de un menor que vive con su madre y el derecho del padre a la convivencia, en principio, porque no es dable apreciar sus sentimientos y deseos, por lo cual cobra importancia su entorno y forma de vida, sin que con ello pretenda prohibirse que el padre genere ese afecto con su descendiente, pero ello no puede darse en forma abrupta, esto es, después de haber permanecido el menor sólo con su madre, por lo que determinar una convivencia a solas con el padre podría ocasionar algún trastorno en la salud emocional y física de dicho menor; de ahí que la determinación de convivencia, en forma genérica, sin especificar detalles para proteger la salud física y mental del menor y la propia certeza de su madre, quien ejerce su custodia, de cómo y dónde debe llevarse a cabo, puede llegar a afectar primordialmente la salud integral del infante, cuyo interés debe primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas siempre en su favor, atento al principio del interés superior del menor previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, la medida cautelar que al efecto se otorgue debe privilegiar la ponderación de los principios que giran sobre este tema, para fomentar la relación de convivencia paterno-filial, pero con respeto al interés superior del menor, que se traduce en proteger el entorno en el cual se ha desarrollado, evitando al máximo un posible deterioro emocional, bajo la idea de que se materializará en el domicilio de la madre del menor y bajo la supervisión de ésta, lo que sin duda le dará tranquilidad, pues no se le someterá a un cambio brusco en su entorno y área de confort.". (Décima Época, Registro: 2014164, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, Tesis: VII.2o.T.1 C (10a.), Página: 1707) Luego, a efecto de salvaguardar la integridad física y mental de los menores de edad y el interés superior de éstos, se advierte que el reclamado constituye un acto que amerita ser suspendido, ya que en caso de ejecutarse en los términos en que se dictó, podría existir riesgo de menoscabo en la integridad física o psicológica de los menores ********************. y ********************. Es así, pues de las manifestaciones contenidas en la demanda de amparo, mismas que se formularon, bajo protesta de decir verdad, además de las constancias que integran el presente incidente de suspensión, se desprende que dentro del expediente familiar 1338******************** del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, el treinta de noviembre de dos mil veintidós, se emitió resolución respecto de la convivencia provisional solicitada por ********************, con sus menores hijos ********************. y ********************, en la que se decretó la convivencia al tenor de lo siguiente: "[.] siendo la hora de convivencia, el segundo y cuarto viernes de cada mes, de las ********************, por lo que deberá constreñirse a las partes para que se presenten en las instalaciones del centro de convivencia ubicado en el número ********************, a llevar a cabo la convivencia decretada, apercibidos que de no hacerlo se harán acreedores a una multa equivalente a 40 Unidades de Medida y Actualización en términos del ordinal 74 fracción I de la Ley Adjetiva Civil Local, en la inteligencia que la participación del Centro tendrá vigencia a partir del viernes siguiente a que queden notificadas las partes.[.] Por lo que tomando en consideración tal determinación es evidente que existen dos resoluciones diversas, que se contradicen una de la otra. De lo anterior se evidencia que los intereses que se ventilan en el juicio natural, son de orden público e interés superior, dado que sobre el derecho de los padres trascienden los intereses supremos de los menores involucrados; por tanto, es procedente otorgar la medida cautelar solicitada. En esa tesitura, con fundamento en los artículos 128, 129 y 138 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva, sin mayores requisitos, para el efecto de que, no se ejecute el auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, en lo relativo a la convivencia de los menores ********************. y ********************, con ********************, estrictamente en los términos ordenados, lo anterior, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo en lo principal. Sin que la presente determinación deje en estado de indefensión a la parte tercero interesada, lo anterior es así, pues es de resaltar que existe una medida vigente en el juicio familiar 1338******************** del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en la cual tiene concedida la orden de visita con los menores de manera asistida, constancias que merecen plena eficacia probatoria términos de lo dispuesto por los artículos 127, 197 y 201 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, página 153, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Sin que proceda fijar garantía alguna, en razón de la naturaleza de los actos que se reclaman, puesto que sólo se cuestionan derechos familiares en cuya ejecución se pueden ver afectados los derechos de la menor. Resulta aplicable al caso, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, bajo el rubro y texto siguiente: "SUSPENSION SIN FIANZA, ACTOS DEL ESTADO CIVIL.-Si bien es cierto, que del párrafo primero del artículo 125, de la Ley de Amparo, se desprende que en los casos en que proceda la suspensión del acto reclamado, y que dicha medida pudiera ocasionar daño o perjuicio al tercero perjudicado, la misma se concederá al quejoso cuando otorgue garantía, para responder respecto de los repetidos daños y perjuicios que se pudieran irrogar si la sentencia del amparo le fuera adversa; sin embargo, también lo es que cuando la controversia de origen versó sobre una acción del estado civil, si la Sala consideró que en el caso era procedente la suspensión de los actos reclamados, debió conceder la medida sin exigir a la amparista el requisito de otorgar garantía, pues como el juicio natural versó sobre una acción relativa al estado civil de las personas, y por tanto los derechos del tercer perjudicado que pudieran afectarse con motivo de la suspensión no son de aquellos estimables en dinero. No obsta a lo anterior el hecho de que el artículo 125, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establezca que cuando con motivo de la suspensión pueda afectarse a derechos del tercero perjudicado, no estimables en dinero, se podrá fijar discrecionalmente el importe de la garantía, pues aun estimando que la Sala hubiera fijado el monto de la garantía que debe cubrir la parte quejosa para poder gozar de la suspensión con apoyo en el precepto citado, de cualquier manera su determinación en relación a ese particular es incorrecta si omite señalar en el auto recurrido las razones o motivos por los cuales a su juicio el monto de la garantía deba ascender a la suma que fijó." (Octava Época, Registro: 212014, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia(s): Común, Tesis: Página: 832) Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis que dice: "SUSPENSIÓN DE LA SENTENCIA QUE PRIVA DE LA PATRIA POTESTAD Y CUSTODIA DE LOS HIJOS MENORES DE EDAD. DEBE CONCEDERSE SIN FIANZA PORQUE SU EJECUCIÓN PUEDE OCASIONAR PERJUICIOS AL INTERÉS GENERAL, GRAVES E IRREPARABLES. (Publicación de la parte considerativa). La sentencia reclamada en el juicio de amparo condenó a la disolución del vínculo matrimonial, y a la pérdida de la patria potestad sobre cuatro menores hijos de la quejosa recurrente, su ejecución se traduciría en la entrega de los menores al cónyuge inocente o sea al tercero perjudicado, y en la anotación que debe hacerse en los libros del Registro Civil, de la disolución del matrimonio por divorcio, al margen del acta del matrimonio. La tesis jurisprudencial número 683 que aparece publicada en la página 1223 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación estatuye: "Contra la resolución que pretenda privar a quienes ejerzan la patria potestad, de la custodia del menor, procede conceder la suspensión sin fianza, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren, entre tanto se falla el fondo del amparo.". Por otra parte los actos relativos al estado y capacidad de las personas afectan al interés general; la anotación en el Registro Civil de la sentencia de divorcio al margen del acta de matrimonio y el levantamiento del acta de divorcio pueden ocasionar perjuicios graves e irreparables pues con esa anotación uno de los cónyuges, podría contraer nuevo matrimonio, que en caso de concederse el amparo contra la sentencia de divorcio, resultaría nulo. Todo lo anterior conduce a establecer, que la suspensión de la sentencia definitiva, dictada en el juicio civil de divorcio, debió decretarse, ante la instancia de la agraviada, pero sin necesidad de que otorgara fianza, para que surtiera sus efectos, en atención a que su ejecución podía ocasionar perjuicios al interés general, por referirse a actos que afectan al estado civil de las personas, haciéndose así una correcta aplicación de los que se previene en los artículos 175, 173 y sus concordantes, 125 a 128, de la Ley de Amparo.". (Sexta Época; Registro: 813996; Instancia: Tercera Sala; Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Informes; Informe 1961; Materia(s): Civil; Página: 134) Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 138, 140 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Por virtud de la concesión otorgada, con copia del acuerdo instrúyase al Actuario Judicial de la adscripción a efecto de que sea notificado personalmente al tercero interesado. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia por contradicción de tesis número P./J. 143/2000, publicada en la página 23, tomo XII, Diciembre de 2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro señala: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE.". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 138, 140 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve, se resuelve: ÚNICO. Se concede a ********************, y a sus menores hijos ********************. y ******************** la suspensión definitiva solicitada, contra los actos que reclama al Juez Segundo de lo Civil del Sexto Partido Judicial con sede en Ocotlán, Jalisco, que se precisaron en el resultando primero, por las razones indicadas en el considerando segundo de esta interlocutoria.

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