Agustín Lara Hopkins
Expediente 512/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 512/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Agustín Lara Hopkins
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días hábiles que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a) del ordenamiento en cita, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desecho de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un expediente que sin decidir el juicio en lo principal se dio por concluido en el que si existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a la parte quejosa, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma, Jesús Javier Segovia Sánchez, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por periodo vacacional del Titular de este órgano jurisdiccional, concedido por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/3633/2018, de diez de julio de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de la Secretaria Diana Reyes Amaya, quien autoriza y da fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días hábiles que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a) del ordenamiento en cita, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desecho de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un expediente que sin decidir el juicio en lo principal se dio por concluido en el que si existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a la parte quejosa, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO A LA QUEJOSA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, EL CUAL DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Agustín Lares Hopkins, contra los actos de omisión que atribuye al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de Mexicali Baja California. REGISTRO DE DEMANDA Fórmese expediente impreso y electrónico, para los efectos que prevé el numeral 3°, sexto párrafo, de la Ley de Amparo; y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 512/2018-2A, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. En términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido, acorde al contenido de la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." ACTOS RECLAMADOS. De la lectura del acto reclamado, antecedentes y conceptos de violación vertidos en la demanda, se advierte que la parte promovente del amparo reclama: Omisión de dar contestación a la petición elevada a la responsable Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de Mexicali Baja California, el veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Sobre el particular, resulta imperante destacar que el denominado "derecho de petición", es un derecho fundamental reconocido en el artículo 8° Constitucional, en función del cual cualquier gobernado que presente una petición de manera respetuosa y pacífica ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta congruente con su petición, que debe ser emitida en breve término por la autoridad. Ahora, en el caso sujeto a esta potestad, la demanda de amparo y el acuse de recibo de la petición combatida, el derecho de petición consagrado por el precepto 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue ejercido por el quejoso Agustín Lares Hopkins, el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, esto es, diecisiete días hábiles previos a la presentación de la demanda de amparo (descontándose días inhábiles -fines de semana). ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Entonces, se deben analizar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia. Bajo ese contexto, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5, fracción II, de la citada ley. Así, tenemos que el derecho de petición que se consigna en el precepto constitucional invocado, consiste en que a toda solicitud formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito, congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en "breve término", situación que supone, por sí, una relación entre gobernante y gobernado de donde surge el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito; sin embargo, tanto su ejercicio como la obligación de respuesta deben cumplir con los siguientes elementos: Por lo que hace a la petición: Formularse de manera pacífica y respetuosa; Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; y Proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. Por lo que hace a la respuesta: Estar contenida en un acuerdo dictado en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; Ser congruente con la petición; y, Notificar el acuerdo recaído en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tal efecto. Tales afirmaciones se constatan del contenido de la jurisprudencia VI.1o.A. J/49 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. MODALIDADES DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVE POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO. El derecho de petición previsto en el artículo 8º constitucional, como premisa normativa se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. De dicha premisa pueden advertirse distintos elementos o variables de los actos reclamados en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, dependiendo de la actuación omisiva o positiva que asuma la autoridad ante quien se presente una solicitud en los términos señalados en el precepto antes referido. Las variables fundamentales a que se alude son enunciativamente las siguientes: 1.- Si el quejoso reclama que la autoridad responsable no ha dado respuesta a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo tendrá inicialmente como finalidad obligar a la responsable para que en breve término emita una respuesta congruente a lo que le fue solicitado, y la notifique legalmente al quejoso. En este supuesto, en el juicio de amparo pueden derivar al menos otras dos situaciones complementarias: 1.1.- Que exista una solicitud presentada ante la responsable con la oportunidad debida y en la forma que prevé el artículo 8º constitucional, sin que ésta haya sido respondida por dicha autoridad, situación en que el acto reclamado es en sí mismo inconstitucional y amerita la concesión del amparo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. 1.2.- Que se demuestre la existencia de la mencionada solicitud, en los términos ya descritos, pero que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a dicha petición y su notificación, en cuyo caso, inclusive cuando la responsable aduzca que tales actuaciones son anteriores a la presentación de la demanda inicial, éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. 2.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida y notificada por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, es incongruente a lo realmente solicitado, el acto reclamado será de naturaleza positiva, siendo la materia de litis en el juicio de garantías el contenido propio del acto de autoridad, en cuyo caso el juzgador de amparo deberá analizar y calificar la congruencia de la respuesta frente a lo solicitado por el quejoso, y en el supuesto de concluir que no se respondió lo realmente pedido, el amparo deberá concederse para el fin de que se responda congruentemente y se notifique la nueva contestación. 3.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, no le ha sido notificada, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo buscará obligar a la responsable para que notifique al quejoso la respuesta emitida a su solicitud, y que éste desconoce. En este último caso, dada la naturaleza omisiva del acto reclamado, pueden presentarse también en el juicio de amparo dos diversas situaciones complementarias: 3.1.- Que aun cuando se demuestre la existencia de la respuesta, ésta no se haya notificado al quejoso, en cuyo caso la concesión del amparo tendrá como finalidad notificar tal contestación al impetrante. 3.2.- Que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a la solicitud y su notificación, supuesto en el que éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. En consecuencia, el derecho de petición reviste características diversas que por su naturaleza práctica y casuista deberán ponderarse por el juzgador de amparo en cada caso concreto en que se promueva un juicio de garantías por violación al artículo 8º constitucional, pues será atendiendo a ellas que surjan en aquél diversas cargas y oportunidades procesales para las partes, que influirán en el trámite y resolución del juicio, en congruencia con los principios contenidos en el artículo 17 constitucional y con la finalidad de garantizar una debida capacidad de defensa del quejoso." Así, debe destacarse que si bien el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no precisa el número de días en que deben contestarse las peticiones, respecto de la expresión usada por el constituyente "en breve término" a que se refiere el segundo párrafo del precepto citado, debe entenderse como el plazo que cuando menos se requiere para que racionalmente se estudie la petición que se acuerde y se notifique. Ese aserto se constata en la tesis de jurisprudencia 470, emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido que se inserta: "PETICIÓN, DERECHO DE. TERMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional." En la especie, el escrito cuya falta de atención o respuesta reclama la parte promovente fue presentado el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, en tanto que la demanda de amparo fue presentada el veinticinco de julio de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, en Mexicali; por tanto, es claro que entre la fecha en que se presentó el escrito de petición y la de recepción de la demanda de amparo transcurrieron únicamente diecisiete días hábiles previos a la presentación de la demanda de amparo (descontándose días inhábiles -fines de semana). Atendiendo a esta temporalidad, es menester mencionar que la parte quejosa pretende que la autoridad le informe en relación a lo siguiente: ".SOLICITO LÍNEA DE CAPTURA DE LAS RESOLUCIONES 8627 Y 4294 PARA PODER REALIZAR EL PAGO DE DICHAS RESOLUCIONES YA QUE SE ENCUENTRAN EN MI OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ASÍ MISMO LE SOLICITO ME INFORME EL NÚMERO DE CRÉDITO DE DICHAS RESOLUCIONES, SU PROCEDENCIA, FECHA DE EMISIÓN Y EXPEDIENTE." Lo que de suyo implica que la autoridad deba recabar datos e información que obren en sus archivos, se analicen los mismos, y se elabore el acuerdo correspondiente, haciéndolo de su conocimiento. Bajo estos hechos, este juzgador estima que el lapso transcurrido no es suficiente para que la autoridad esté en posibilidad de analizar y de emitir una respuesta congruente con lo solicitado y, además, que la notifique en el domicilio señalado para tal efecto, en virtud de que atendiendo a la fecha de presentación de la solicitud de información (veintinueve de junio de dos mil dieciocho) y de la recepción de la demanda de amparo (veinticinco de julio de dos mil dieciocho), no ha mediado un plazo considerable o razonable que permita a la autoridad estudiar, acordar y notificar la petición que la parte inconforme plantea, pues la demanda de amparo se presentó habiendo transcurrido apenas un plazo de diecisiete días hábiles, de ahí que la autoridad no cuenta con un plazo considerable para dar respuesta. La conclusión alcanzada es coincidente con el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en la tesis XIX.1o.5 k, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." DESECHA DEMANDA DE AMPARO Por consiguiente, se estima que este juicio es improcedente debido a que no ha transcurrido un plazo que se estime considerable para que la autoridad estudie la petición, le dé respuesta y la notifique en el domicilio señalado por la inconforme; en consecuencia, no existe acto de autoridad, por lo que debe desecharse la demanda de amparo, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, y 113, en relación con el numeral 5, fracción II, todos de la ley de la materia, y el precepto 8º constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo y se tiene por señalados como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que refiere en su escrito de demanda, y únicamente para oír y recibir notificaciones al pasante que indica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Finalmente, en estricto acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, se ordena formar el expediente impreso y el electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en el caso de exhiban de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo. ANOTACIONES EN LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Herzel Godínez Salas, quien autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · 9,683 expedientes
- Agripina Flores Moran841/2023
- Agroproductores Organizados, S.P.R. de R.I588/2015
- Agroproductores Organizados S.P.R. de R.I.344/2016
- Aguilas de Baja California723/2016
- Agustín Estrada Rebolledo566/2020
- Agustín Guillermo Vázquez Espinoza142/2022
- Agustín Lares Hopkins2019/2022
- Agustín Lares Hopkins2017/2022
- Agustin Magallanes Rodriguez1016/2023
- Agustín Rolón Arellan1657/2022
- Agustín Sánchez León778/2014
- Agustin Valle Lopez246/2017