Agustín Juárez Hernández

Expediente 655/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
655/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • Agustín Juárez Hernández
  • Junta Especial Número 34, de la Federal de Conciliación y Arbitraje

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista certificación que antecede...causa ejecutoria sentencia...archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese...

  2. Principal

    Vista la Circular SECNO/8/2021 suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, cabe destacar que la fracción I, punto 2 de dicha Circular establece que una vez transcurrido el plazo del uno al nueve de febrero de dos mil veintiuno, se reanudarán los plazos y términos procesales conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, en posterior decisión la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó ampliar el plazo de que se trata, del diez al quince de febrero de dos mil veintiuno, según lo corrobora la Circular SECNO/9/2021, en lo que corresponde a la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato, Morelos, Guerrero, Querétaro, Nayarit, Hidalgo y Colima; y, finalmente, la circular SECNO/10/2021, estableció como fecha de inicio para reanudar los plazos, a partir del dieciocho de febrero del propio mes y año, para las entidades federativas enlistadas, exceptuando a los Estados de Guanajuato y Guerrero. En consecuencia, continúese con la tramitación del presente juicio de amparo en la etapa en que se encuentra, esto es, se levanta la suspensión de plazos y términos, la cual operará a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación por lista por lo que las partes estarán en aptitud de promover lo que en derecho corresponda, de preferencia y de estar a su alcance mediante el esquema de juicio en línea, en el entendido de que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Ahora bien, considerando que el artículo 2 del citado Acuerdo General levantó la suspensión con precisiones que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal, aunado a que se trata de una suspensión de términos y plazos subsecuente, esto es, que no es la primera suspensión durante la contingencia sanitaria y que constituye un hecho notorio que a la fecha las labores jurisdiccionales han dejado de encontrarse suspendidas, así como la obligación de las partes de revisar en forma periódica la lista a que hace referencia el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena hacer de su conocimiento la reanudación que fue decretada, en términos del numeral 21 del propio Acuerdo General. Consecuentemente, y con apoyo además en los artículos 2, fracción II, 5 fracciones I y II, y 6, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes la reanudación del presente expediente, mediante la publicación en lista a que hace referencia el numeral transcrito. Sin que escape a la vista la tesis aislada de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Sin embargo, tal criterio establece que debe notificarse personalmente la resolución que ordena reanudar un procedimiento que se encuentra suspendido y no cuando todos los procedimientos dentro del órgano jurisdiccional se encontraban suspendidos con motivo de una contingencia sanitaria y se levanta la suspensión de plazos y términos al mismo tiempo de manera notoria. Máxime que, como se explicó, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal levantó la suspensión con precisiones que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. Además, dada la amplia difusión en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal de las Circulares y Acuerdos relacionados con los esquemas de contingencia, constituye un hecho notorio para los justiciables la fecha a partir de la cual las labores jurisdiccionales en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en particular del Noveno Circuito, han dejado de encontrarse suspendidas, lo que impacta en la obligación de revisar en forma periódica la lista a que hace referencia el artículo 29 de la Ley de Amparo, que se publica físicamente y en internet. Notifíquese

  3. Principal

    Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Estado de autos Visto el estado de los autos, de los que se advierte que el veintisiete de octubre de dos mil veinte, se dictó sentencia dentro del presente procedimiento, sin que se advierta que se haya notificado a la parte tercero interesada. Notificación Por lo anterior, del presente proveído genérese oficio dirigido al tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social, y adjúntese copia autorizada dela sentencia emitida el veintisiete de octubre de dos mil veinte; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    veintisiete de octubre de dos mil veinte La suscrita Judith Enriqueta Carrillo Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifica y hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mi adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha.- Lo que se hace constar, en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, hoy veintisiete de octubre de dos mil veinte.- Doy Fe.- Judith Enriqueta Carrillo Valencia Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En San Luis Potosí, capital, a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de octubre de dos mil veinte, ante Fabiola Delgado Trejo, Juez Primero de Distrito en el Estado y Secretaria con quien actúa Judith Enriqueta Carrillo Valencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrarse la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia en el juicio de amparo 655/2020-9, promovido por Agustín Juárez Hernández, contra actos de la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. La Juez la declara abierta, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, la Secretaria da cuenta con las constancias que obran en autos consistentes en: escrito de demanda; auto admisorio; constancias de emplazamiento a las partes; e informe justificado rendido por la autoridad responsable. Finalmente, se da cuenta con la certificación de la Secretaria de esta fecha, en la que hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mi adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. A lo anterior la Juez acuerda, téngase hecha la relación de constancias, las que serán tomadas en consideración al momento de resolver. En cuanto a la certificación secretarial de cuenta, la Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para comparecer a la audiencia mediante el uso de videoconferencia, en consecuencia, la presente audiencia se desahoga sin su asistencia y, por ende, se celebra vía remota y por escrito. Abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta con la documental que el quejoso adjuntó a su demanda de amparo; y la probanza aportada por la autoridad responsable como apoyo a su informe justificado. Asimismo, hace constar que no obran diversas pruebas que relacionar, ni pendientes de desahogo. La Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas, mismas que serán tomadas en consideración al dictarse la sentencia respectiva. No habiendo pruebas pendientes por desahogar se cierra el periodo probatorio. En periodo de alegatos, la Secretaria da cuenta con el alegato ministerial de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; asimismo, hace constar que no obran diversas manifestaciones en vía de alegatos. Acto seguido, la Juez acuerda: Se tiene a la Representante Social de la Federación adscrita formulando los alegatos de su intención; y por perdido el derecho de formular alegatos a las restantes partes. Al no haber diversas manifestaciones qué relacionar se declara el cierre del presente periodo. Acto continuo, la Secretaria hace constar que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y que, por tanto, está debidamente integrado para emitir la resolución que en derecho corresponda. Ante ello, la Juez determina, al no haber diligencias pendientes por desahogar, y estando debidamente integrado el expediente, se levanta la presente acta y se procede a dictar sentencia. VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo 655/2020-9, promovido por Agustín Juárez Hernández, contra actos de la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, Agustín Juárez Hernández solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y la autoridad que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. a).- H. JUNTA ESPECIAL No. 34 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. b).- Domicilio: Benigno Arriaga no. 1805 Fraccionamiento del Real de esta Ciudad." "IV.- ACTO DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMA. a) La omisión por parte de la autoridad responsable de dictar acuerdo a mi petición formal, presentada el día 10 diez de marzo del 2020 dos mil veinte, en dicha promoción solicito a través de mi poderdante, a la autoridad señalada como responsable, se sirva girar oficio recordatorio a la H. UNIDAD DE PERITAJES MEDICOS DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, en atención al DR. AURELIO RAYAS ABAZ, a efecto de que emita a la brevedad posible al (sic) dictamen que le fue encomendado, en razón de que desde la fecha de valoración de la actora (04 cuatro de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve), HAN TRANSCURRIDO MÁS DE CUATRO MESES, sin que se de (sic) seguimiento legal el juicio que nos ocupa, y evitar que al (sic) promovente tenga que erogar gastos, por un trámite que se han paralizado por causas no imputables al suscrito." SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos violados los consagrados en los artículos 1, 5, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Agustín Juárez Hernández, por propio derecho; se pidió informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó el emplazamiento de la autoridad tercera interesada; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual inició en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Jueces de Distrito; toda vez que el acto reclamado no tiene ejecución material y la demanda de amparo se presentó en territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. En el caso, la omisión reclamada se encuentra relacionada con un acto negativo atribuido a la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por ende, es inconcuso que en atención a la naturaleza de la omisión reclamada, y al no existir oportunidad específica, la demanda de amparo fue presentada conforme el artículo 17 de la Ley de Amparo. Al efecto se invoca, por identidad de razones, la tesis publicada en la página 332, Tomo X, Julio de 1992, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: "ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TERMINO PREVISTO POR EL ARTICULO 21, DE LA LEY DE AMPARO. La negativa u omisión de la autoridad responsable de resolver el recurso de revocación, tiene el carácter de acto negativo y como tal es de tracto sucesivo, porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la negativa u omisión de que se trata, por ende no están sujetos al término de quince días a que alude el artículo 21, de la Ley de Amparo, sino que pueden reclamarse en cualquier momento." TERCERO. Precisión del acto reclamado. Acorde con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, en relación con la totalidad de constancias que lo integran, se precisa que el acto reclamado en el presente juicio de amparo es: La omisión de acordar el escrito de su apoderado jurídico, presentado el diez de marzo de dos mil veinte, ante la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual solicitó se girara oficio recordatorio a fin de lograr el dictamen médico encomendado dentro del juicio laboral 1057/2016. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado precisado con antelación que se atribuye a la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, pues con independencia de lo expresado por su Presidente al rendir su informe justificado, en el sentido de que dentro del juicio laboral 1057/2016, que ante su jurisdicción se tramita, el catorce de octubre de dos mil veinte, se acordó el escrito de su apoderado jurídico, presentado el diez de marzo de dos mil veinte; lo cual, así se evidencia del contenido de la constancia que en copia certificada que acompañó como apoyo a dicho informe, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por remisión expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, al tratarse de una copia certificada por funcionario público en ejercicio de sus funciones; lo cierto es, que al momento de la presentación de la demanda de amparo (veinticinco de septiembre de dos mil veinte), no se había acordado dicho ocurso, y por ello, la omisión que se reclama se encontraba vigente. QUINTO. Causas de improcedencia. Expuesto lo anterior, es menester proceder de conformidad al artículo 62 de la Ley de Amparo, dispositivo que establece que, el análisis de las causas de improcedencia debe ser de oficio por tratarse de una cuestión de orden público, lo que implica que su estudio debe efectuarse con independencia de que las partes la aleguen o no. En efecto, de las constancias remitidas por la Presidente de la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, como apoyo a su informe justificado, se advierte que dentro del expediente laboral 1057/2016, en fecha catorce de octubre de dos mil veinte, se emitió el acuerdo relativo. Cierto, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de acordar el escrito de su apoderado jurídico, presentado el diez de marzo de dos mil veinte, dentro del juicio laboral 1057/2016, al precisar en su demanda que desde la fecha en que presentó tal ocurso a la data de la presentación de su demanda de amparo no se haya pronunciado respecto a su petición. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón de que han cesado los efectos del acto combatido. El artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." [.] La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. En el caso, como se dijo, en los autos del expediente 1057/2016, con fecha catorce de octubre de dos mil veinte, la autoridad responsable acordó el escrito del apoderado jurídico del quejoso, presentado el diez de marzo de dos mil veinte, mediante el cual solicitó se girara oficio recordatorio a fin de lograr el dictamen médico encomendado en ese procedimiento; de lo cual se evidencia que la inactividad procesal reclamada, se superó con el dictado del auto pronunciado. Esto es, la inactividad procesal alegada por el quejoso, se diluye con la emisión del proveído mediante el cual se recibió el peritaje médico encomendado en ese asunto, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativa la respectiva audiencia pericial médica, se ordenó dar vista a las partes con tal dictamen, citándolas a la referida diligencia, por lo que respecto al ocurso formulado por el quejoso -cuya omisión de contestar se reclama en este asunto-, se dijo que debería estarse a lo acordado en ese proveído, ya que la petición ahí contenida era encaminada a lograr la rendición del dictamen pericial, lo que ocurrió, según se advierte de lo acordado en tal proveído; con lo cual se cumple con la pretensión del solicitante del amparo consistente en que se emitiera el dictamen pericial encomendado. Por tanto, se hace innegable que han cesado los efectos del acto reclamado, esto es, la inactividad procesal que refiere el quejoso en su demanda, pues como quedó de manifiesto, dentro del procedimiento de origen ya se dictó acuerdo respecto al ocurso en comento; en esa medida, se acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Atento a lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 63 fracción V, de ese mismo ordenamiento, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Sin que obste a lo anterior, el que la autoridad responsable no haya remitido a este juzgado la notificación personal al quejoso, del auto de catorce de octubre de dos mil veinte; toda vez que el acto aquí reclamado se rige por el numeral 17 de la Carta Magna, que consagra el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, no así por el artículo 8° constitucional; aunado que, el quejoso, al ser parte procesal en el juicio de origen, se encuentran en aptitud de promover lo que a sus intereses convenga en relación con la determinación de que se trata. Tampoco afecta el hecho de que se encuentre transcurriendo la vista otorgada a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable, toda vez que el sentido de la sentencia que se pronuncia no les causa perjuicio alguno, dado que tratándose de actos que paralizan el juicio laboral, se cristaliza una afectación tanto el actor como al demandado. En otro aspecto, como quedó precisado al inicio de la presente, la agente del Ministerio Público de la Federación formuló pedimento ministerial; sin embargo, no es el caso analizarlo, atento al criterio contenido en la jurisprudencia III.1o.A. J/1 (10a.) de rubro: "PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGATORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 73 y 74 de la Ley de Amparo; se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Agustín Juárez Hernández, contra actos de la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, precisado en el considerando tercero de este fallo, por las razones apuntadas en el último apartado de esta sentencia. Notifíquese.

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