Agustín Jiménez Marín

Expediente 2081/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 31 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2081/2015
Año
2015
Actuaciones
31
Última actuación
08/06/2023

Partes del expediente

  • Agustín Jiménez Marín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Ciudad de México, a ocho de junio de dos mil veintitrés. Se agrega en autos el escrito signado por Marco Antonio Díaz Jiménez, por medio del cual, solicita se le expida a su consta copia certificada de la sentencia dictada el catorce de marzo de dos mil dieciséis, en el presente juicio de amparo; tomado conocimiento de su contenido, sin que haya lugar a dictar favorable la expedición de copias que solicita, toda vez que el promovente no figura como parte en el presente asunto. Notifíquese

  2. Principal

    Ciudad de México, a siete de febrero de dos mil veintitrés. Se agrega en autos el oficio con evidencia criptográfica de la firma electrónica de Ricardo Roa de la Torre, Secretario del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual, remite copia del proveído de uno de febrero del año en curso, dictado en el juicio de amparo 386/2022, de su índice, en el que proveyó que no comparte la determinación dictada por este Juzgado Federal el veintisiete de enero del año en curso, por el que no se aceptó la propuesta de competencia por previo conocimiento y ordenó remitir las constancias del juicio de amparo referido, a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de que determine a que órgano jurisdiccional corresponde conocer del asunto referido; se toma conocimiento de su contenido. Notifíquese

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Se agrega en autos el oficio signado por el Jefe B de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual, remite copia con evidencias criptográficas del oficio 2423/2023 de veintitrés de enero del año en curso, así como el expediente 386/2022, en un tomo, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y el diverso D8/R178/93 en dos tomos, de los que se advierte que éste último, determinó declararse legalmente incompetente para conocer de dicho asunto, en razón de que estima, por previo conocimiento, corresponde a este juzgado conocer del juicio de amparo indirecto 386/2022 de su índice. Ahora bien, del estudio integral del oficio de cuenta, se advierte que el juzgado oficiante estima que este juzgado debe conocer de la demandada de amparo promovida por Roque Díaz López, debido a que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) advirtió la existencia de un antecedente en este órgano jurisdiccional que se vincula con dicha demanda. Esto es, el juzgado declinante, precisa que el acto reclamado, señalado por el quejoso en el juicio de amparo 386/2022 de su índice, deriva del cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Unitario Agrario Distrito Ocho, en el juicio agrario 178/1993, del cual derivaron también los actos reclamados del juicio de amparo 2081/2015, del índice de este juzgado; por lo que corresponde a este órgano jurisdiccional conocer del juicio referido; lo anterior, con fundamento en los artículos 45, fracción II y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno, publicado el catorce de marzo del presente año. Sin embargo, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, NO ACEPTA LA PROPUESTA DE PREVIO CONOCIMIENTO, según se pondrá de relieve al tenor de las consideraciones siguientes: En primer lugar, es pertinente señalar, que la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. En este sentido, sólo las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Esta distribución de competencias está prevista en las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional, ya que implica que solo en la Ley de Amparo y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, se regula la fijación de la competencia, ya sea por cuantía, por grado y por territorio, sin que en esos ordenamientos se establezca la competencia en razón al turno, lo que es explicable, ya que el turno no es una razón para fijar la competencia de un órgano jurisdiccional, sino, más bien se trata de un procedimiento administrativo para distribuir las cargas de trabajo a dichos órganos jurisdiccionales. En ese sentido, conviene precisar que los actos reclamados en el juicio de amparo en que se actúa, fueron los siguientes: III. Autoridades responsables: A) Delegado del Registro Agrario Nacional, en la Ciudad de México. B) Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Octavo Distrito, con sede en la Ciudad de México. IV. Actos reclamados: a) Del C. Delegado del Registro Agrario Nacional, en la Ciudad de México, reclamamos la inconstitucionalidad, del traslado de dominio, tramitada e inscrita por dicha autoridad agraria, de los derechos agrarios amparados por el certificado de derechos agrarios número 2206039, del que es titular mi señor padre MARCELO JIMÉNEZ O MARCELO JIMÉNEZ ROMERO del Ejido de San Juan Ixtayópan, delegación Tláhuac, Distrito Federal, hecha a favor de GUADALUPE JIMÉNEZ MARÍN, así como todas sus consecuencias, en virtud de que considero inconstitucional por violar mis garantías constitucionales. b) Del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Octavo Distrito, con sede en la Ciudad de México, la tramitación y resolución del expediente número D8/R178/93 por el cual se reconoce como nuevo titular a GUADALUPE JIMÉNEZ MARÍN de los derechos agrarios amparados por el certificado de derechos agrarios número 2206039, del Ejido de San Juan Ixtayópan, delegación Tláhuac, Distrito Federal, que pertenecieron a MARCELO JIMÉNEZ O MARCELO JIMÉNEZ ROMERO, así como todas sus consecuencias, en virtud de que considero inconstitucional por violar mis garantías constitucionales. Seguida la secuela procesal, el seis de marzo de dos mil veinte, se dictó sentencia en el juicio de amparo en que se actúa, para los siguientes efectos: "En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Octavo Distrito en la Ciudad de México, deje insubsistente la sentencia reclamada, únicamente por lo que respecta a la orden de traslado de dominio del certificado de derechos agrarios número 2206039, a nombre de Guadalupe Jiménez Marín, otorgue garantía de audiencia a Agustín Jiménez Marín, aquí quejoso, y resuelva lo conducente; concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados, relativos a la inscripción en el Registro Agrario Nacional." (Lo resaltado es propio) Por tanto, si bien el acto reclamado en el juicio de amparo en que se actúa, consiste en el traslado de dominio, así como la tramitación y resolución del expediente número D8/R178/93, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Octavo Distrito, con sede en la Ciudad de México, el estudio del mismo, así como los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, se realizaron únicamente respecto el certificado de derechos agrarios número 2206039, y respecto de los involucrados Agustín, Lina, José Fernando, Soledad, Miguel, Ángela, Luis y Guadalupe, todos de apellidos Jiménez Marín. Ahora bien, las razones que expuso el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, para declararse legalmente incompetente, en razón de que aduce, los actos reclamados en el juicio de amparo 386/2022 de su índice, derivan del cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Unitario Agrario Distrito Ocho, en el juicio agrario 178/1993, lo que respaldó con lo previsto en el artículo 46 fracción II, párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno, que dispone: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir, en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) II. Los juicios de amparo directo o indirecto, promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos; (.) Quedan exentas de crear antecedente para la relación co n posteriores asuntos las medidas precautorias de arraigo; aseguramiento; embargo; órdenes de cateo; intervención de comunicaciones que resulten indispensables para las averiguaciones previas o integración de carpetas de investigación; los conflictos competenciales, los incidentes de inejecución de sentencia, las quejas urgentes, las demandas que deriven de una separación de juicios, los procesos civiles federales, mercantiles y administrativos así como los concursos mercantiles . No se relacionarán los asuntos que no se encuentren con templados en el presente artículo, con excepción de las hipótesis previstas en los criterios específicos de relación determinados por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos es elórga no facultado para regular los aspectos relativos al turno y distribución de los asuntos. Dicha Comisión, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva d e Creación de Nuevos Órganos, podrá determinar criterios específicos de relación, los cuales deberán comunicarse a las oficinas de correspondencia común por conducto de la Dirección General de Gestión Judicial y publicarse para su conocimiento general, en un listado que se difundirá en los portales de intranet e internet del Consejo. Este listado se elaborará y mantendrá actualizado por la citada Secretaría." Ahora bien, este juzgado considera que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es un instrumento normativo que tiene por objeto regular, entre otras cosas, el turno de los asuntos, lo cual constituye una actividad administrativa de distribución de los mismos, con el fin de equilibrar las cargas de trabajo, sin que ello implique fijar la competencia que los órganos jurisdiccionales han de tener para el desempeño de la función jurisdiccional, pues, se reitera, ésta se encuentra prevista expresamente en la Ley de Amparo y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Además, del estudio integral de la demanda de amparo radicada en el juzgado declinante, se advierte que los actos reclamados los siguientes: De las anteriores digitalizaciones, se advierte que son diversos los quejosos, actos reclamados y autoridades responsables relativos al juicio de amparo 386/2022 referido, para el caso, se inserta el siguiente cuadro comparativo: JUICIO DE AMPARO 2081/2015-VIII JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO JUICIO DE AMPARO 386/2022 JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Quejoso: Agustín Jiménez Marín, por propio derecho Quejoso: Roque Díaz López, por propio derecho Autoridades responsables: Delegado del Registro Agrario Nacional, en la Ciudad de México. Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Octavo Distrito, con sede en la Ciudad de México Autoridades responsables: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Tribunal Unitario Agrario Distrito Ocho, con sede en la Ciudad de México. Actuario del Tribunal Unitario Agrario Distrito Ocho, con sede en la Ciudad de México Registro Agrario Nacional Delegación Ciudad de México Actos reclamados: La tramitación y resolución del expediente número D8/R178/93 por el cual se reconoció como nuevo titular a Guadalupe Actos reclamados La sustanciación del expediente 7XI-P.D.A, relativo al procedimiento de privación de derechos agrarios y nuevas Jiménez Marín de los derechos agrarios del certificado de derechos agrarios número 2206039, del Ejido de San Juan Ixtayópan, delegación Tláhuac, Distrito Federal (hoy Ciudad de México), que pertenecieron a Marcelo Jiménez o Marcelo Jiménez Romero. El traslado de dominio, a favor de Guadalupe Jiménez Marín, de los derechos agrarios del certificado de derechos agrarios número 2206039, del titular Marcelo Jiménez o Marcelo Jiménez Romero del Ejido de San Juan Ixtayópan, delegación Tláhuac, Distrito Federal (hoy Ciudad de México). adjudicaciones de unidades de dotación de la Comisión Agraria Mixta del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. La sustanciación del juicio agrario número D8/R178/93, en la que se reconoció como único heredero a Zacarías Díaz López, de los derechos agrarios número 2205931, del Ejido de San Juan Ixtayópan, delegación Tláhuac, Ciudad de México. La falta de emplazamiento al juicio agrario número D8/R178/93. La inscripción de la sentencia emitida en el juicio agrario D8/R178/93. La baja de Cándido Díaz Valderrama como titular de los derechos agrarios número 2205931, y alta como nuevo titular a Zacarías Díaz López. La baja de Zacarías Díaz López como titular de los derechos agrarios número 2205931, y alta como nuevo titular a Marco Antonio Díaz Jiménez. Pues si bien, en el juicio de amparo en que se actúa se señaló como acto reclamado la resolución del expediente número D8/R178/93; este juzgado se avocó a su conocimiento, únicamente en relación al reconocimiento como nuevo titular a Guadalupe Jiménez Marín, de los derechos agrarios del certificado de derechos agrarios número 2206039, y se concedió el amparo solamente para el efecto de que se dejara insubsistente la sentencia reclamada, únicamente por lo que respecta a la orden de traslado de dominio del certificado de derechos agrarios número 2206039, a nombre de Guadalupe Jiménez Marín, y otorgue garantía de audiencia a Agustín Jiménez Marín, aquí quejoso, y resuelva lo conducente, tomando en consideración a los siete hermanos del quejoso de nombres Lina, José Fernando, Soledad, Miguel, Ángela, Luis y Guadalupe, todos de apellidos Jiménez Marín. Aunado a lo anterior, se precisa que la materia del presente asunto, fueron los derechos agrarios que ampara el certificado 2205847, y no de los derechos agrarios relativos al certificado 2205931, que se combate en el juicio de amparo 386/2022, del índice del juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por lo que las circunstancias del reconocimiento de los derechos agrarios referidos, no son las mismas, al tratarse de diversos titulares de dichos derechos y de diversos certificados agrarios. Considerar lo contrario, implicaría que este juzgado tendría que conocer y resolver las controversias que se susciten de los trecientos cincuenta y siete certificados de derechos agrarios que se expidieron respecto del Ejido de San Juan Ixtayópan, delegación Tláhuac, Distrito Federal (hoy Ciudad de México), lo que resulta totalmente ilógico, situación que no debió pasar desapercibida para el juzgado declinante, toda vez que del informe justificado rendido por el Tribunal Unitario Agrario Distrito Ocho, con sede en la Ciudad de México, que obra en fojas noventa y uno a noventa y tres (91 a 93) del juicio de amparo 386/2022, de su índice, se advierte también que previo al conocimiento de este juzgado, el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en materia y sede citadas, también tuvo conocimiento en el juicio de amparo 1147/20007, de un diverso quejoso afectado también por la sentencia dictada en el expediente agrario, pero por un diverso certificado de derechos agrarios. Máxime que del oficio SECNO/1912/2021, emitido por la Secretaría de Creación de Nuevos Órganos, se establece que en la demanda de amparo debe de haber la misma autoridad responsable y existir identidad en los actos reclamados, situación que no ocurre en caso concreto, toda vez que al tratarse de quejosos y certificados de derechos agrarios diferentes, es inconcuso que los actos reclamados en el juicio de amparo 386/2022 del Juzgado Decimocuarto citado, no pueden derivar del cumplimiento dado a la sentencia dictada den el juicio de amparo en que se actúa. Al respecto, el oficio SECNO/1912/2021, dispone: "Al respecto, se destaca que la intención de la citada norma consiste en relacional juicios nuevos cuando un órgano jurisdiccional ya haya recibido algún antecedente, pues ello fomenta que las decisiones de los órganos sean consistentes con lo resuelto en casos anteriores. En este sentido, el "acto de autoridad" previsto en la fracción IV del artículo 46, transcrita, incluye casos (como el presente) en que tuvo de los juzgados involucrados en la consulta tiene un antecedente donde participa la misma autoridad responsable y existe identidad en los actos reclamados. Entonces, el órgano jurisdiccional que conoció en primer lugar del acto reclamado debe pronunciarse sobre el nuevo juicio de amparo, pues de esta forma, se incentiva a que, respecto de una misma cuestión planteada, se emitan pronunciamientos congruentes entre sí. Por tanto, existe vinculación entre estos juicios, pues en términos de la norma referida, cuando se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo respecto de un mismo acto de autoridad, quien deberá conocer de ésta es el órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente del asunto." Precisado lo anterior, y en atención a que la litis del presente asunto versó únicamente respecto del certificado de derechos agrarios número 2206039, y diversos quejosos, no se desprende conocimiento previo alguno por parte de este juzgador pues lo reclamado en el juicio de amparo 386/2022 referido, no guarda relación con el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, este órgano judicial NO ACEPTA LA PROPUESTA DE PREVIO CONOCIMIENTO; en consecuencia, se ordena devolver el expediente 386/2022 en un tomo, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y el diverso D8/R178/93 en dos tomos, y con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se solicita atentamente se sirva acusar de recibo e informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Notifíquese

  4. Principal

    Ciudad de México, a nueve de agosto de dos mil veintidós. Se agrega a los autos el oficio con evidencia criptográfica de Leoncio Oliva Rivas, Secretario de Acuerdos del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual, remite el diverso auto de dos de los corrientes, en que solicita se informe el estado procesal que guardan los autos y se remita copia certificada de la demanda, sentencia, y auto en que se declaró cumplida la misma, o bien, se habilite la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que tenga acceso a dicho sumario; tomando conocimiento de su contenido, debiéndose estar a lo acordado el cinco de agosto del año en curso, en que se informó el estado procesal que guardan los presentes autos y se informó al juzgado oficiante, que ha quedado habilitado el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que se encuentre en aptitud de vincularlo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

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