Agustín Jiménez Dimas
Expediente 1464/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1464/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Agustín Jiménez Dimas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Oficios. Visto lo de cuenta, se ordena agregar a los autos para que obren como legalmente corresponda, los oficios signados por el encargado de la Administración del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad. Acuerdo. Atento a las manifestaciones del ocursante, infórmesele que el oficio 52020/2022, ya obra agregado en el presente juicio. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos los apercibimientos decretados en proveídos dictados en el presente juicio de amparo. Oficio. Se recibe el oficio que remite el encargado de la Oficina del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita copia de la factura de depósito relativa a la pieza postal correspondiente el oficio 52023/2022; por tanto, remítase la constancia que solicita. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Se tiene por recibo el oficio de la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito de esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria dictada dentro del amparo en revisión administrativo ********************, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por las autoridades responsables Director General de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza y el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo; así como los autos originales del presente juicio; acúsese recibo; hágase del conocimiento de las partes que al substanciar dicho recurso, la superioridad resolvió: "PRIMERO. Se DESECHA el recurso interpuesto por el Director General de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, en términos del considerando TERCERO del presente fallo. SEGUNDO. Queda FIRME, por falta de impugnación, el SOBRESEIMIENTO destacado en el considerando QUINTO de esta ejecutoria. TERCERO. En la materia de la revisión, se MODIFICA la sentencia recurrida. CUARTO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a la parte quejosa para los efectos señalados en la presente ejecutoria.". Requerimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Director General de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento en que haya quedado legalmente notificada del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Sin perjuicio de lo anterior, en caso que no cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo concedido, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, pues la omisión en que se incurre se traduce en contumacia de dar cumplimiento a la sentencia; ello, porque las sentencias ejecutorias, son de orden público y los alcances de exigir el cumplimiento de la sentencia tiene por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, en términos del artículo 77 de la nueva Ley de Amparo; asimismo se continuará con el procedimiento que alude el dispositivo 193 de la Ley reglamentaria, esto es se abrirá el incidente de inejecución. Efectos de la concesión. En términos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que las obligaciones que le fueron impuestas en el fallo protector, son las siguientes: "1. Las autoridades desincorporen y no apliquen en lo presente ni en lo futuro a la parte quejosa, el artículo 70, fracción I, de la Ley del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal denominado Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, que se reclamó en el juicio de amparo. 2. Se deje sin efecto el acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional, contenido en la solicitud de devolución de fondo 22-0228, cuatro de marzo de dos mil veintidós, expedida por la Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza. 3. En su lugar, la responsable deberá autorizar la solicitud de devolución de las aportaciones que realizó el quejoso en su integridad, entregando el numerario correspondiente, es decir, en un cien por ciento y no sólo el cincuenta que autorizó en cantidad de ********************, es decir, que deberá cubrir otro monto igual al anterior.". Por otro lado, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, pues el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, atento a los efectos de la ejecutoria; por lo que no deberá requerirse para que informen sobre el cumplimiento de la misma a las autoridades que participaron en el proceso legislativo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, contenida en la página 414, tomo VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". Anotaciones. Finalmente, agréguense las constancias que en original constan en el cuaderno de antecedentes que derivó de este asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tales efectos se lleva en este juzgado de distrito. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; siete de noviembre de dos mil veintitrés. Escrito. Téngase por recibido el escrito de la parte quejosa, mediante el cual solicita se le expidan copias simples del informe justificado rendido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano) en funciones de Juez de Control. Acuerdo. Ahora bien, toda vez que de las constancias que integran el informe justificado cuya expedición solicita el quejoso, se advierte que contienen información reservada y/o confidencial, pues la solicitud de orden de aprehensión realizada por el ministerio público al juez, así como la orden de aprehensión emitida por el juez responsable, fue girada también en contra de personas diversas del quejoso, y no solamente en contra del quejoso, por lo que en este caso, opera la protección de datos prevista en los artículos 113 y 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. En ese sentido, no ha lugar a autorizar la expedición de las copias que solicita, en virtud de que se trata de constancias de sigilo. Tiene aplicación al caso la Tesis: 1a./J. 33/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, página 470, que a la letra dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL DEFENSOR Torreón, Coahuila de Zaragoza; seis de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encontraban señaladas las once horas con veinte minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto. Días Inhábiles. Sin embargo, no fue posible celebrar la misma, en atención al paro total de labores realizado por los trabajadores adscritos a los órganos jurisdiccionales a nivel nacional, y en especial en esta sede, del dieciocho al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, y que por ende, la Magistrada y los Magistrados de Circuito, las Juezas y los Jueces de Distrito, con residencia en esta ciudad, con fundamento en los artículos 9, fracción XIII y XIV, así como 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, determinaron que los mencionados días, fueron inhábiles y no transcurrieron plazos ni términos procesales, además de conformidad con la circular 28/2023 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que declaró días inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre, así como de manera retroactiva del dieciséis al dieciocho del mismo mes y año. Fecha de audiencia. Atento a lo anterior, se señalan las doce horas con treinta minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese y personalmente.
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