Agustin Jarillo Garcia

Expediente 1011/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1011/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
19/09/2022

Partes del expediente

  • Agustin Jarillo Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada el cuatro de julio del año en curso, dentro del término de cinco días que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la resolución por la que se desechó de plano la demanda de amparo, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 25/03/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que es destruible. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la parte quejosa ***, por el cual en tiempo y forma da cumplimiento a lo solicitado en proveído de veintisiete de junio del año en curso; por lo que se provee lo siguiente: DETERMINACIÓN JUDICIAL Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare una causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el término "manifiesto" debe entenderse como lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. El criterio que informa, se contiene en la jurisprudencia P./J. 128/2001, con registro número 188643, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 803, que dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un acto intraprocesal dictado en la etapa de ejecución de sentencia penal que no constituye la última resolución. Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" De la trascripción del precepto 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados fuera de juicio o después de concluido, en los casos y forma siguiente: 1. En tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia en un juicio, sólo será procedente contra la última resolución dictada en dicho procedimiento. La última resolución es entendida como la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sustanciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo de expediente; y 2. En tratándose del procedimiento de remate, el amparo es procedente contra la última resolución, la cual es entendida por la ley como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Supuestos los anteriores, en los que una vez dictada la última resolución del procedimiento de ejecución, al promover el amparo se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. En ese sentido, de la lectura de la demanda de amparo, así como del desahogo de la prevención que ahora se analiza, se desprende que el quejoso reclama la resolución dictada el veintiuno de junio de dos mil veintidós, en la carpeta de ejecución penal 24/2020, mediante el cual la Jueza de Ejecución Penal del Cuarto Circuito Judicial con residencia en Ixmiquilpan, Hidalgo, declaró improcedente el recurso de revocación instado contra el proveído de tres de junio de la anualidad en curso, en el que se fijó fecha para la celebración de la audiencia de juicio oral para el requerimiento de la entrega voluntaria del inmueble ubicado en calle Francisco Sánchez, lotes 3 y 4, colonia El Cortijo, en el Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, derivado del delito de despojo al que fue condenado. De lo anterior, se obtiene que el acto reclamado si bien se emitió en el periodo de ejecución y en el trámite del recurso, este no tiene autonomía propia y destacada del procedimiento ejecutivo, sino por el contrario está vinculado al mismo, ya que a través del trámite del medio de impugnación promovido por el ahora quejoso, pretendía combatir la entrega material y voluntaria del bien inmueble, a la que fue condenado en el procedimiento de origen. Bajo este panorama, el acto reclamado se está emitiendo en el periodo de ejecución de sentencia, por lo que el recurso de revocación y la resolución que se impugna en amparo no corresponden a la última resolución entendida como la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sustanciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo de expediente. Actuaciones las anteriores que indica el numeral 107, fracción IV de la Ley de Amparo, y que se describieron en los puntos 1 y 2, de líneas anteriores, para que sea procedente el amparo, sin embargo, en el caso justiciable los actos reclamados no tienen esa característica. Asimismo, los actos reclamados tampoco corresponden a aquéllos que aprueben o reconozcan el cumplimiento total de lo sentenciado o que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni se trata del auto que archiva el expediente, sino sólo corresponden los reclamados a la resolución que declaró improcedente el recurso de revocación que promovió el ahora quejoso en el trámite del proveído que tiene por objeto el cumplimiento de la condena del juicio natural, que por esas razones no tiene autonomía propia y destacada del procedimiento ejecutivo, que de momento hace improcedente el juicio biinstancial, de lo que resulta claro que contra los actos emitidos en el periodo de ejecución de sentencia del juicio natural que se reclama, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, por identidad jurídica la jurisprudencia con registro 2008079, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Décima Época, Materia Común, página 194, que a la letra dice: "HOMOLOGACIÓN Y EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA. ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL INCIDENTE RESPECTIVO. De los artículos 569 a 577 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que el procedimiento de homologación y ejecución de una sentencia extranjera tiene la regulación de un incidente, en el que el tribunal nacional tiene que examinar que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 571 para reconocer obligatoriedad a la sentencia extranjera y ordenar su cumplimiento coactivo en territorio nacional; en el entendido de que dicha facultad no tiene el alcance de revisar el fondo de la resolución, sus consideraciones o sus fundamentos de derecho, sino que debe constreñirse a verificar su autenticidad y que estén presentes los requisitos citados debido a que una de las condiciones para que la sentencia extranjera sea homologada en México es que constituya cosa juzgada en el país en el que fue dictada. Conforme a lo anterior, la sentencia que resuelve el incidente de homologación y ejecución de sentencia extranjera es una sentencia interlocutoria y no tiene las características de una sentencia definitiva, puesto que tiene por objeto resolver una cuestión que es incidental al juicio; es una sentencia sobre el proceso y no sobre el derecho; dirime una controversia accesoria, que surge con ocasión de lo principal. A diferencia de las sentencias definitivas, que son las resoluciones judiciales que ponen fin a un proceso, solucionando el litigio planteado de fondo, deciden el negocio principal, analizan las acciones deducidas y las excepciones opuestas, estableciendo el derecho entre las partes, teniendo por vocación absolver o condenar. En consecuencia, la resolución que se dicte en el incidente de homologación y ejecución de sentencia es un acto dictado después de concluido el juicio y, por lo tanto, en su contra es procedente el amparo indirecto, en los términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, que establece que contra actos dictados en ejecución de sentencia, el amparo procede en contra de la última resolución dictada en el procedimiento, dado que el legislador pretendió que las sentencias firmes sean cumplidas sin que la promoción de múltiples amparos obstaculicen la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada." Asimismo, por analogía y en lo conducente la jurisprudencia 1.6o. T.J/89, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Marzo de 2008, Novena Época, Materia Laboral, página 1482, con registro 170134, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", determinó que por "última resolución" dictada en la fase ejecutiva debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto". Igualmente, por identidad jurídica y en lo conducente la jurisprudencia I.9o. T. J/34, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, Materia Laboral, página 668, con número de registro 194820, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN EN MATERIA LABORAL. De conformidad con el artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado el recurso de revisión contra actos de ejecución, previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no es la última dictada en ejecución del laudo ni está encaminada a cumplirlo, sino, por el contrario, remueve el eventual obstáculo que para dicho cumplimiento representa el citado medio de impugnación; por ende, el mencionado acto no podrá ser impugnado en amparo desde luego, sino sólo al mismo tiempo que lo sea la última resolución que se llegue a dictar en el procedimiento de ejecución correspondiente." En consecuencia, lo que procede es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales consiguientes el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, por el cual remite a su vez la diversa comunicación oficial suscrita por el Juez Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, por el que remite copia certificada de la resolución de treinta y uno de mayo del año en curso, en donde el Juez responsable se declaró incompetente para conocer del juicio natura, declinó la competencia la Juez Familiar en Turno de Querétaro, Querétaro parta que continué conociendo de dicho sumario; circunstancia de la cual queda enterado este órgano. En ese sentido, en obvió de mayores dilaciones procesales remítase copia de la resolución emitida por el Juez responsable al Primer Tribunal colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, residente en esta Ciudad para su conocimiento. Lo anterior, para los fines legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo signado por **********, por su propio derecho, en contra de actos de la Jueza de Ejecución Penal del Cuarto Circuito Judicial con residencia en Ixmiquilpan, Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1011/2022-III, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. PREVENCIÓN El artículo 114 de la Ley de Amparo establece que el juzgador federal deberá examinar la demanda de amparo y verificar que cumpla con los requisitos formales previstos en el artículo 108 de dicho ordenamiento legal, que se acompañen los documentos para acreditar la personalidad y las copias para correr traslado a las partes y formar por duplicado el incidente de suspensión y si derivado de ese análisis advirtiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión en la demanda y/o documentos mencionados, mandará requerir al promovente para que subsane tales circunstancias. De la lectura de la demanda de amparo, se observa que la parte quejosa reclama la resolución de veintiuno de junio del presente año, dictada en la carpeta de ejecución penal ****, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de tres de junio del mismo año, en el que se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia de juicio oral para la entrega voluntaria de un inmueble. Además, el promovente precisa que dicha audiencia se llevaría a cabo a las ocho horas del quince de junio de dos mil veintidós, sin especificar cuál fue el resultado de la misma, si compareció o no y si se emitió alguna determinación respecto del referido inmueble. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, lo que procede es requerir al promovente para que en el término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: I. Aclare si se llevó a cabo la audiencia fijada para las ocho horas del quince de junio de dos mil veintidós ante la autoridad señalada como responsable, el resultado de la misma, si compareció o no y si se emitió alguna determinación respecto del mencionado inmueble. II. Precise el estado procesal que guarda la carpeta de ejecución penal 24/2020. Lo anterior, con el apercibimiento de que de ser omiso en desahogar la prevención en el plazo legal, se tendrá por no interpuesta la demanda de amparo, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Víctor Manuel Flores González, toda vez que acreditó contar con el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a los demás citados en términos restringidos por así haberlo señalado. Asimismo, los promoventes solicitan el acceso para la consulta vía electrónica del presente juicio de derechos, asimismo, luego de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el nombre del usuario "VictorMan2020". Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 29 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, y los Capítulos Cuarto, Sección Tercera y Quinto, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo (que sustituyó al diverso AG 1/2015 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal), se autoriza la substanciación del asunto en que actúa mediante el modelo de juicio en línea, esto es, que su consulta, promoción y práctica de notificaciones deberán efectuarse de manera electrónica; en la inteligencia de que dicha autorización surtirá efectos solamente para este expediente. Haciendo de su conocimiento que la tramitación del juicio en línea se desarrollará con independencia de que las demás partes continúen actuando en el esquema tradicional, y a pesar de que la tramitación requiera de la práctica de notificaciones personales o del desahogo de actuaciones que exijan la presencia física de las partes, tal como lo establece el artículo 31 del referido Acuerdo General 21/2020. De tal manera, se comisiona al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que dé de alta al usuario "VictorMan2020", en el expediente electrónico en que se actúa, para los efectos precisados. Asimismo, proporciona como forma especial y expedita de contacto números telefónicos y correos electrónicos, a través de los cuales se podrá entablar comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus Covid-19. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudacio´n de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que, deberán solicitar a este Juzgado de Distrito, la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma, u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes.

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