Agustin Jaime Gastelum Saenz

Expediente 387/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
387/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
14/08/2015

Partes del expediente

  • H. Camara de Diputados del Congreso de la Union
  • Agustin Jaime Gastelum Saenz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de agosto de dos mil quince. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 387/2015-II, promovido por ***************, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades. Resultando: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintiséis de mayo de dos mil quince, *************** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como Jefe del Servicio de Administración Tributaria, de quienes reclamó: 1. De la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, del H. Congreso de la Congreso de la Unión se reclama: La discusión y aprobación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, específicamente el artículo 151, último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 2. Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se reclama: La promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, específicamente el artículo 151, último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 3. Del C. Jefe del Servicio de Administración Tributaria se reclama la ejecución y aplicación de las obligaciones contenidas en el Código Fiscal de la Federación, específicamente en lo que respecta a las disposiciones tildadas de inconstitucionales, contenidas en el Decreto Legislativo a que hace referencia el apartado que antecede. SEGUNDO. Derechos humanos que se estimaron violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Mediante proveído de veintisiete de mayo de dos mil quince, se admitió la demanda, se registró como juicio de amparo 387/2015-II, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables y, finalmente, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y termina con el dictado de la presente resolución. Considerando: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez se trata de un asunto contra normas generales que, con motivo del primer acto de su aplicación, causen perjuicio al quejoso, cuya ejecución tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, es necesario precisar los actos reclamados que se desprendan del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio. En ese sentido, al realizar el análisis citado, se deduce que la parte quejosa reclama: a) La discusión, aprobación, expedición y orden de promulgación de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil trece, en específico su artículo 151, último párrafo. b) La aplicación del citado ordenamiento legal. En tales condiciones, los actos precisados serán los que constituyan la materia de análisis de este juicio. Sirve de sustento jurídico a lo antes señalado la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, de Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". De igual forma es aplicable el diverso criterio emitido por la instancia antes citada, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en el Distrito Federal, al rendir su informe justificado a través del Administrador de Amparo e Instancias Judiciales "2" de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, negó la existencia de los actos que se le reclaman, consistentes en la ejecución y aplicación de las obligaciones contenidas en el Código Fiscal de la Federación, contenidas en el Decreto Legislativo por el que se aprobó la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Por su parte, la impetrante del amparo no ofreció prueba para demostrar la participación de la referida autoridad responsable en la aplicación y ejecución de la norma reclamada y, por el contrario, el citado informe con justificación tiene la naturaleza de ser un documento público, por haberse emitido por autoridad en ejercicio de sus funciones, al cual se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, lo cual robustece la inexistencia de los actos de aplicación que se atribuyeron a tal autoridad. En estas condiciones, lo procedente es sobreseer en el presente juicio respecto de dicha autoridad ejecutora, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente. Tiene aplicación en lo que interesa, la Jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Primera parte, página 236, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Cámaras de Diputados y Senadores, ambas del Congreso de la Unión y al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de su respectiva competencia, en la discusión, aprobación, expedición y orden de promulgación de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil trece, específicamente el artículo 151, último párrafo, toda vez que así lo reconocieron al rendir su informe justificado. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Además, la certeza del citado acto, deriva no sólo del hecho de que así lo hayan reconocido las autoridades responsables al rendir su informe justificado, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los ordenamientos relativos, en razón de tratarse de normativas generales, abstractas e impersonales, que no están sujeta a prueba, sino que son presupuestos y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inscrita a folio 260, tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. QUINTO. Causales de Improcedencia invocadas por las autoridades responsables. De conformidad con la técnica que rige en la elaboración de sentencias de amparo, por ser una cuestión de orden público, es menester analizar, en primer orden, las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o bien las que éste órgano jurisdiccional advierta de oficio en términos de lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo, respecto a los actos de los que se ha evidenciado su certeza, en relación con la jurisprudencia 814, que se consulta en la página 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto señalan: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En ese sentido, las autoridades responsables Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, sostienen que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque el quejoso carece de interés jurídico para impugnar el artículo 151, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En efecto, la Cámara de Senadores precisa que se actualiza dicha causal, pues el quejoso no acreditó el acto de aplicación del artículo que combate; por su parte, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos sostiene que se actualiza dicha causal, ya que no se afecta el interés del quejoso pues el artículo 151, se refiere a deducciones no estructurales, aunado a que el quejoso considera que se afecta su esfera económica, no jurídica. Las causas de improcedencia invocadas son infundadas. Para evidenciar la anterior afirmación, conviene establecer que el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, dispone: 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] Del precepto constitucional transcrito, en la parte que aquí interesa, se deduce que el promovente del amparo deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo; además, deberá alegar que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Carta Magna, y que de ello deriva una afectación a su esfera jurídica, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otra parte, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] De esta transcripción se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la Ley de Amparo, y contra normas generales que por su sola entrada en vigor no afecten los intereses apuntados, sino que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: 1. Ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad -interés jurídico-; 2. En caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución establece la posibilidad de aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció cuáles son los elementos constitutivos del interés legítimo e interés jurídico, que deben probarse traduciéndose en requisitos para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. En lo que atañe al interés jurídico: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Asimismo, se destacó que los elementos constitutivos apuntados son concurrentes, por lo tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente; así, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no debe inferirse con base en presunciones. En el juicio de amparo contra leyes, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe acreditarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. Ahora, los artículos 17, 18 y 61, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer supuesto, es suficiente con que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, que desde su entrada en vigor obligan al particular, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto de que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, los supuestos de la norma no cobran eficacia con su sola entrada en vigor, sino que requiere de un acto posterior y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo a los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En este orden, se concluye que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario a la parte quejosa con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas, de manera enunciativa y de ejemplo se destaca cuando en el juicio de amparo contra leyes el quejoso demuestre a través del recibo de pago de salarios o de la constancia fiscal relativa que el empleador le retuvo el impuesto sobre la renta, quien actúa en cumplimiento a la norma tributaria reclamada, teniendo facultades para recaudar la contribución, lo que no significa que haya ejecutado la ley tributaria en forma coactiva como lo haría la autoridad fiscal, sino que funge como un tercero auxiliar de la autoridad hacendaria. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P. LI/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 123, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA". Precisado lo anterior, es necesario destacar que el quejoso reclama el artículo 151, último párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, como norma heteroaplicativa, con motivo de su primer acto de aplicación consistente en la declaración anual de sueldos, salarios y asimilados a salarios por el ejercicio fiscal de dos mil catorce. El precepto legal citado en el párrafo que antecede, que por esta vía se impugna, en la parte que interesa destacar, establece lo siguiente: 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales: [.] El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo y del artículo 185, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cuatro salarios mínimos generales elevados al año del área geográfica del contribuyente, o del 10% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto. Lo dispuesto en este párrafo, no será aplicable tratándose de los donativos a que se refiere la fracción III de este artículo. De la lectura del anterior precepto, se advierte que las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en el Título IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (es decir, que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, devengado cuando en los términos de este Título señale, en crédito, en servicios en los casos que señale esta Ley, o de cualquier otro tipo); además de las deducciones autorizadas en cada capítulo de la propia Ley del Impuesto sobre la Renta, que correspondan, también hacer las deducciones personales previstas en las ocho fracciones de ese precepto (honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios; gastos de funerales; donativos no onerosos ni remunerativos; intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios; aportaciones voluntarias a la subcuenta de retiro; primas por seguros de gastos médicos; gastos destinados a la transportación escolar obligatoria, y pagos al impuesto local sobre ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado). En el último párrafo de dicho numeral (que es el que reclama la parte quejosa), se prevé que el monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de ese precepto y del diverso 185, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cuatro salarios mínimos generales elevados al año del área geográfica del contribuyente, o del 10% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto, lo que no resulta aplicable tratándose de los donativos a que se refiere la fracción III, del propio artículo 151. Ahora, de las constancias que obran en el juicio en que se actúa, en particular del acuse de recibo de la declaración anual de sueldos, salarios y asimilados a salarios relativo al ejercicio fiscal de dos mil catorce, se advierte que el Servicio de Administración Tributaria, determinó como limite a las deducciones personales de la parte quejosa, un monto de $58,360.00 (cincuenta y ocho mil trescientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional); cantidad que corresponde al diez por ciento (10%) del total de ingresos que obtuvo durante el año, monto que corresponde a $583,598.00 (quinientos ochenta y tres mil quinientos noventa y ocho pesos 00/100 moneda nacional), lo que evidencia que efectivamente se le aplicó el límite que precisa el último párrafo del artículo 151, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, motivo por el cual resulta infundado el motivo en que se sustenta la improcedencia del juicio de amparo, que afirma actualizado la Cámara de Senadores del Congreso de la unión, prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de la materia. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis aislada P. XCVII/95, visible en la página 92, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Noviembre de 1995, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que establece: LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente. Por otra parte, es infundada la causal de improcedencia aducida por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que afirma se actualiza en términos de la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que hizo consistir en que el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, versa sobre deducciones no estructurales que no afectan al quejoso. Lo anterior porque de proceder a su análisis, implicaría el estudio de la naturaleza de las deducciones a que hace referencia, es decir, involucraría el estudio de cuestiones que atañen al fondo del asunto, lo que no es jurídicamente permisible. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia P./J. 135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del tomo XV, enero de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. Por otra parte, la Cámara de Senadores sostiene que en el juicio se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 77, éste interpretado en sentido contrario, al no poderse concretar los efectos del amparo que en su caso se otorgara. Lo alegado por la autoridad responsable deviene infundado. Los artículos en que se sustenta la causa de improcedencia invocada disponen lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y [.] Del análisis de ambos preceptos, es posible inferir que el juicio de amparo será improcedente cuando los efectos de la sentencia, que en su caso conceda la protección constitucional, no puedan restituir al peticionario de amparo en sus derechos transgredidos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, de la Ley de Amparo, cuando se controvierten actos de carácter positivo, el efecto de la sentencia será el de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de que se efectuara la violación cometida, esto es, se dejará insubsistente el acto reclamado, mientras que en los actos de carácter negativo, el efecto de la sentencia de amparo serán los de obligar a la autoridad a efectuar una conducta en estricto respeto a los derechos fundamentales de la parte quejosa, lo cual encuentra sustento en la tesis sin número, consultable en la página 119, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 151-156 Tercera Parte, cuyo rubro y texto son: EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: 'SENTENCIAS DE AMPARO. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven'; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Además, cuando el acto reclamado lo constituyen leyes o disposiciones de carácter general, los efectos de las sentencias que concedan el amparo, serán los de declarar la invalidez de la norma o disposición en relación con el quejoso, así como el impedir su aplicación presente y futura. Asimismo, tratándose de leyes de carácter fiscal, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado, que para precisar los efectos de las sentencias de amparo deberá atenderse, ante todo, al contenido normativo y a la clase de elemento que se encuentre previsto en la norma tributaria, ya que tratándose de elementos esenciales -los cuales se aplican a todos los contribuyentes- los efectos de la sentencia, serán los de desincorporar dicha norma de su esfera jurídica, lo que acarrearía la inaplicación de todo el mecanismo de tributación; mientras que tratándose de elementos variables, el efecto de la sentencia que conceda el amparo tendrá como objeto, eliminar el vicio de inconstitucionalidad sin afectar todo el tributo, permitiendo una aplicación congruente del sistema de determinación del impuesto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 62/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo VIII, noviembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA. Existen mecanismos de tributación que son simples, cuyos elementos esenciales, tales como sujeto, objeto, base y tasa, requieren cálculos básicos que no necesitan una mayor pormenorización en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, para adicionarse mayores elementos que pueden considerarse al realizar su cálculo, surgen previsiones legales que son variables, es decir, que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo a aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas. En efecto, hay normas tributarias que establecen los elementos esenciales de las contribuciones y otras que prevén variables que se aplican a dichos elementos esenciales. En el caso de las primeras, de concederse el amparo, su efecto producirá que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo al afectarse el mecanismo impositivo esencial cuya transgresión por el legislador no permite que sus elementos puedan subsistir, porque al estar viciado uno de ellos, todo el sistema se torna inconstitucional. Lo anterior no ocurre cuando la inconstitucionalidad se presenta en un elemento variable, puesto que el efecto del amparo no afectará el mecanismo esencial del tributo, dado que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trate para incluirla de una manera congruente con los elementos esenciales, sin que se afecte con ello a todo el sistema del impuesto. Expuesto lo anterior, la parte quejosa reclamó la inconstitucionalidad el artículo 151, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual establece que el monto total de las deducciones personales que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de ese precepto y del diverso 185, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cuatro salarios mínimos generales elevados al año del área geográfica del contribuyente, o del 10% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto, lo que no resulta aplicable tratándose de los donativos a que se refiere la fracción III, del propio artículo 151. De esta manera, de llegar a determinarse que la porción normativa resulta inconstitucional, los efectos de la sentencia de amparo serían los de desincorporar de la esfera jurídica del quejoso la limitante de deducción, que establece la última parte del citado artículo y pueda serle devuelta la cantidad que haya erogado en exceso, sin que ello constituya un derecho a su favor y oponible a la autoridad, ni se invada la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, pues no se generaría un régimen de excepción, de modo tal que en sentido contrario a lo que precisa la responsable, sí pueden concretarse los efectos del fallo protector y, por ende, que la causa de improcedencia resulta infundada. Al no existir diversas causas de improcedencia propuestas por las partes o que el suscrito advierta de oficio, se procede al estudio de la constitucionalidad de la disposición legal que en esta vía se controvierte. SEXTO. Conceptos de violación. A continuación se procede al examen de los argumentos vertidos en el escrito de demanda de amparo, siendo innecesaria su transcripción en esta sentencia, lo cual encuentra sustento en la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SÉPTIMO. Examen constitucional del acto reclamado. Son infundados los argumentos contenidos en el único concepto de violación esgrimido por el quejoso, en los que el quejoso aduce: El artículo 151, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vulnera los artículos 1° y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, lo que genera que el impuesto sea regresivo en perjuicio del contribuyente, al disponer que sólo podrán hacerse deducciones personales por la cantidad que resulte menor entre el diez por ciento 10% de los ingresos del contribuyente o cuatro salarios mínimos elevados al año dependiendo de la zona geográfica. El legislador provocó una distorsión en la base del Impuesto Sobre la Renta, ya que la "supuesta" manifestación económica, al momento de efectuar la deducción "limitada", no corresponde a auténticos signos de capacidad contributiva, sino a una capacidad irreal, pues erogó gastos superiores a los permitidos por la norma, lo que repercutió en la base del impuesto que finalmente cubrió, al limitar las deducciones personales a la cantidad que resulte menor entre el diez por ciento 10% de los ingresos del contribuyente o cuatro salarios mínimos elevados al año dependiendo de la zona geográfica. La limitante en las deducciones genera una distinción en la capacidad contributiva de cada sujeto, ya que mientras que una persona que tiene ingresos menores a los $982,243.00 (novecientos ochenta y dos mil doscientos cuarenta y tres pesos 00/100 moneda nacional) o el monto que corresponda a los cuatro salarios mínimos elevados al año, no tiene el mismo beneficio fiscal, ya que la misma deducción genera un mayor beneficio al que obtiene mayores ingresos y la que tiene menores ingresos, le genera un menor beneficio, de modo que no se respeta la verdadera capacidad contributiva. Dicha limitante genera un perjuicio a los que perciben menores ingresos, ya que no podrán efectuar deducciones personales hasta por el importe de cuatro salarios mínimos elevados al año, debido a que su nivel de ingresos no fue suficiente para ello y, por ende, ante la disminución de sus deducciones, la base del gravamen será mayor. Como se precisó, los argumentos que se sintetizaron en los párrafos que anteceden son infundados. Para evidenciar el anterior aserto, es necesario destacar que el derecho humano que la parte quejosa estima vulnerado, se encuentra contemplado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, cuyo contenido es el siguiente: 31. Son obligaciones de los mexicanos: [...] IV. Contribuir para los gastos públicos, así como de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado o Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Conforme a dicho precepto, todo gobernado debe cubrir aquellas contribuciones al gasto público impuestas por el Estado, siempre y cuando ellas se establezcan, sobre la base de los siguientes principios constitucionales: Principio de legalidad. Principio de proporcionalidad. Principio de equidad, y Destino al gasto público. Sobre el tema que se analiza, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria consiste en que los sujetos obligados deben contribuir a los gastos públicos en función de su capacidad contributiva, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, de manera que exista congruencia entre el gravamen y la capacidad contributiva de los causantes, la cual consiste en la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos, de ahí, que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos, tal como se establece en la jurisprudencia P./J. 10/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, de mayo de 2003, página 144, del siguiente tenor: PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal establece el principio de proporcionalidad de los tributos. Éste radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el mismo y la capacidad contributiva de los causantes; entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración que todos los supuestos de las contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en función de esa riqueza. La capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, según las diversas características de cada contribución, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes, sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ahí que, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción. De igual manera se invoca, por resultar ilustrativa, la jurisprudencia P./J. 109/99, aprobada por el Pleno del Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, noviembre de 1999, página 22, cuyo rubro y texto son: CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto. De los criterios transcritos podemos deducir que para que los gravámenes impuestos por el legislador respeten el principio de proporcionalidad tributaria, debe existir congruencia entre el gravamen y la capacidad contributiva del causante; además, el hecho imponible y la base gravable requieren tener correspondencia, de tal suerte que el legislador, al establecer la base, debe atender a la medida de esa capacidad contributiva para que se contribuya al gasto público en atención a la potencialidad real del sujeto; por tanto, en la creación de las normas tributarias, el legislador no puede únicamente vigilar la captación de recursos públicos, sino también la condición del sujeto frente al tributo, ya que es la persona que tiene que soportar la carga de éste. Por tanto, la capacidad contributiva debe entenderse como la potencialidad real de contribuir al gasto público, atribuible al sujeto pasivo del tributo, quien debe aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. En efecto, los supuestos de las contribuciones tienen naturaleza económica en la forma de una situación o de movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en función de la riqueza; es decir, la capacidad contributiva constituye un criterio de medición que facilita que el reparto de las cargas públicas se haga en forma equitativa. En ese tenor -como estableció el Alto Tribunal-, la capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, esto es, aquella que, según las características del tributo de que se trate, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes, por lo que el principio de proporcionalidad tributaria se respeta en la medida en que se atiende a la capacidad contributiva del sujeto pasivo, en el sentido de que debe pagar más quien tiene una mayor capacidad contributiva y menos el que la tiene en menor proporción. Es por ello, que la potestad normativa tributaria de la que goza el legislador encuentra un límite material en la capacidad contributiva de los sujetos pasivos o destinatarios del tributo y para que dicha capacidad contributiva se exteriorice debe haber un índice de riqueza manifestada por medio de ingresos, patrimonio o gasto, que debe ser efectiva, no irreal. Sin embargo, debe diferenciarse la capacidad contributiva de la económica, esta última entendida como la exteriorización de la potencialidad económica de los gobernados, lo que permite ubicar la riqueza susceptible de tributación; en consecuencia, las cargas impositivas requieren incidir sobre la riqueza neta y objetiva y, por tanto, ser real. Así, de conformidad con el principio de proporcionalidad tributaria, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad contributiva de cada sujeto pasivo, esto es, en función de su potencialidad real para contribuir al gasto público, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen de forma cualitativa y cuantitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Esto es, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien goce de mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción. Ello, implica que el estudio del principio de proporcionalidad de un sistema de tributación, conlleva el análisis de los elementos considerados por el legislador para apreciar la capacidad contributiva y el mecanismo que sirve de auxilio para las estimaciones correctas que deben hacerse en la determinación del tributo de que se trata, para que de esta forma se establezca si los sujetos con mayor capacidad económica tributan cualitativa y cuantitativamente superior a los de menor capacidad económica. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 10/2003, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, de mayo de 2003, página 144, del tenor siguiente: PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal establece el principio de proporcionalidad de los tributos. Éste radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el mismo y la capacidad contributiva de los causantes; entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración que todos los supuestos de las contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en función de esa riqueza. La capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, según las diversas características de cada contribución, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes, sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ahí que, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción. Ahora, tratándose del impuesto sobre la renta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la determinación del gravamen se justifica si la imposición se efectúa sobre el impacto patrimonial positivo apreciable en el gobernado, mismo que sólo puede evidenciarse en términos reales si se toma en consideración, no sólo el ingreso bruto generado aisladamente, sino la utilidad real, obtenida mediante la consideración conjunta del ingreso y de las cantidades erogadas como costo de generación del ingreso. En esa medida, si bien el objeto del impuesto lo constituyen los ingresos percibidos, dicho gravamen se determina teniendo como base la utilidad fiscal, lo cual implica que el ingreso bruto debe ser atemperado con conceptos relacionados con el costo de la producción del ingreso, es decir, con las deducciones, de tal manera que la base del impuesto sea la ganancia que resulte de la obtención de ingresos en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito o de cualquier índole, que impacten positivamente el patrimonio del contribuyente. En la legislación aplicable se considera como deducciones vinculadas a la utilidad aquellas que se autorizan como costo de producir el ingreso, cuya aplicación es demandada por la lógica del impuesto. En relación con lo anterior, debe puntualizarse que, en términos del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la mecánica del impuesto reconoce la necesidad de que el gravamen atienda, no al ingreso bruto, sino al neto o utilidad, es decir, el que resulta de aplicar las deducciones autorizadas, como son las encaminadas a producir ingreso. En consecuencia, la disminución de ciertos conceptos deducibles aplicada a los ingresos percibidos, permite la determinación de una auténtica utilidad o ingreso neto, debiendo observar que la proporcionalidad de las contribuciones se satisface en la medida en la que los causantes se vean conminados a efectuar enteros que atiendan a su efectiva capacidad contributiva, es decir, para el caso de impuestos directos, que valoren al referido nivel de ingresos netos, pues sólo así se aprecia la capacidad que tiene el contribuyente para resentir las cargas tributarias, siendo claro que el gravamen correspondiente debe determinarse considerando una utilidad real. Sólo en las condiciones descritas se salvaguarda el derecho humanos de proporcionalidad tributaria, es decir, que mediante el establecimiento de gravámenes que consideren la auténtica capacidad contributiva del causante, como acontece con un impuesto directo que finalmente se determina tomando en cuenta las utilidades reales generadas para el causante. En efecto entre las principales figuras jurídicas a las que acude el legislador tributario, como ya se señaló, se encuentran, precisamente, las denominadas deducciones, a través de las cuales se identifican a los conceptos que disminuyen los ingresos brutos, a fin de determinar una utilidad (cuando los ingresos excedan a las deducciones), o de una pérdida (en el caso contrario). Ahora, cuando se analiza la base imponible de un gravamen, en el caso del impuesto sobre la renta, generalmente se le reconocen dos funciones: medir algún elemento del hecho imponible, o permitir la concreción de la cantidad líquida a cargo con la aplicación de la tasa del gravamen que de acuerdo a la estructura tarifaria resulte aplicable. En el contexto descrito, es a través de las deducciones que se permite que el impuesto sobre la renta refleje los aspectos relevantes del hecho imponible y, de igual forma, es por conducto de tal concepto que se permite concretar la cantidad a la que se aplicará la tasa para arribar a la contribución causada. Por otra parte, aun cuando se reconoce ampliamente que las deducciones en el impuesto sobre la renta deben interpretarse de manera restrictiva (en tanto sólo pueden realizarse las autorizadas por el legislador, y de conformidad con los requisitos o modalidades que éste determine), ello de ninguna manera implica que no pueda emitirse un juicio sobre tal decisión, pues existen ciertas erogaciones cuya deducción debe reconocerse, ya no por un principio de política fiscal, sino en atención al principio de proporcionalidad, mientras que puede haber otras que no son demandadas por el cumplimiento del principio de proporcionalidad tributaria, sino que pueden obedecer a la intención de conseguir algunas finalidades de naturaleza diversa a la tributaria. Por lo que hace a las razones que pueden dar lugar al establecimiento (reconocimiento, por una parte, o bien, otorgamiento, por otra) de deducciones en materia de impuesto sobre la renta, debe señalarse que las mismas son de la más diversa índole, pero es posible identificarlas, en términos más sencillos, en las siguientes: Razones estructurales, internas, propias de la mecánica del tributo o de las exigencias constitucionales; o bien, Razones no estructurales, de política pública, no necesariamente de política fiscal, que obedecen a la intención del legislador de promover o disuadir ciertas conductas, y que aprecian en el sistema tributario un mecanismo idóneo para tal efecto. Lo anterior ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar que debe distinguirse entre las deducciones que se autorizan como costo de producir el ingreso, es decir, aquéllas demandadas por la lógica del impuesto, y las que no se originan en la causa apuntada y, en ese contexto ha sostenido que en materia de impuesto sobre la renta, por regla general, un desembolso será deducible si está íntima o causalmente relacionado con la intención de producir ingreso, si es común en la industria, o si parece lógicamente diseñado para aumentar o preservar un flujo en la generación de ingresos. Asimismo, ha establecido que existen conceptos acerca de los cuales el legislador usualmente no debería permitir la deducción; si bien ello puede ser autorizado por alguna circunstancia particular. Entre dichos conceptos que no deberían contemplarse como deducibles se identifican las erogaciones no vinculadas a los costos de producción del ingreso, como de ordinario acontece, con los desembolsos efectuados con motivo de consumos personales. Para la obtención del ingreso objeto del impuesto sobre la renta, el contribuyente requiere de la realización de determinados gastos que le son absolutamente necesarios para la consecución de su objeto social y del ingreso, como son: adquisición de materia prima, pago de salarios a sus trabajadores, gastos de administración del negocio, etcétera; este tipo de erogaciones son los que se consideran necesarios. Respecto de tales desembolsos, el legislador debe valorar su erogación y, en principio, reconocer su deducibilidad como concepto en el impuesto sobre la renta, ya que son gastos inevitables e indispensables para la obtención de ingresos, las que de no aplicarse pondrían en riesgo tal ingreso, sin que lo anterior implique que no puedan establecerse modalidades, requisitos e, inclusive, restricciones, lo que puede obedecer a finalidades sociales, económicas, de política fiscal o extrafiscales. Por otra parte, existen diversos gastos que el contribuyente puede dejar de hacer, es decir, son contingentes, por no ser necesarios para la obtención de ingresos sino que su realización es alternativa y no está estrechamente vinculada a la obtención de recursos económicos. Este tipo de gastos, al no ser indispensables, el legislador puede o no considerar factible su deducción, o de una parte de ellos, ya que su erogación no condiciona la obtención del ingreso en forma alguna. No obstante, el legislador puede implementar mecanismos que permitan deducir algunos gastos que no sean estrictamente necesarios, ya sea en forma total o en parte, pero sin tener obligación de reconocer la deducción de dichas erogaciones, pues no debe perderse de vista que se trata del reconocimiento de efectos fiscales a una erogación no necesariamente vinculada con la generación de ingresos. Lo anterior se encuentra plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 103/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, diciembre de 2009, página 108, que establece: DEDUCCIONES. CRITERIOS PARA DISTINGUIR LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS CONTEMPLADAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De la interpretación sistemática de la Ley del Impuesto sobre la Renta pueden observarse dos tipos de erogaciones: a) las necesarias para generar el ingreso del contribuyente, las cuales deben ser reconocidas por el legislador, sin que su autorización en la normatividad pueda equipararse con concesiones graciosas, pues se trata de una exigencia del principio de proporcionalidad en materia tributaria, en su implicación de salvaguardar que la capacidad contributiva idónea para concurrir al sostenimiento de los gastos públicos, se identifique con la renta neta de los causantes. Ello no implica que no se puedan establecer requisitos o modalidades para su deducción, sino que válidamente pueden sujetarse a las condiciones establecidas por el legislador, debiendo precisarse que dicha decisión del creador de la norma se encuentra sujeta al juicio de razonabilidad, a fin de que la misma no se implemente de tal manera que se afecten los derechos de los gobernados; b) por otra parte, se aprecia que aquellas erogaciones en las que no se observe la característica de ser necesarias e indispensables, no tienen que ser reconocidas como deducciones autorizadas pues su realización no es determinante para la obtención del ingreso; no obstante ello, el legislador puede implementar mecanismos que permitan deducir cierto tipo de gastos que no sean estrictamente necesarios, ya sea en forma total o en parte -lo cual también suele obedecer a su aspiración de conseguir ciertas finalidades que pueden ser de naturaleza fiscal o extrafiscal-, pero sin tener obligación alguna de reconocer la deducción de dichas erogaciones, pues no debe perderse de vista que se trata del reconocimiento de efectos fiscales a una erogación no necesariamente vinculada con la generación de ingresos. Un ejemplo de este tipo de desembolsos son los donativos deducibles, las deducciones personales de las personas físicas, o bien, ciertos gastos de consumo, como acontece con los efectuados en restaurantes. La deducibilidad de dichas erogaciones es otorgada -no reconocida- por el legislador y obedece a razones sociales, económicas o extrafiscales. En suma, acorde con dicho criterio, las deducciones en materia del impuesto sobre la renta pueden ser: a) las necesarias para generar el ingreso y b) las que no son necesarias e indispensables. En cuanto a esta última, el criterio reproducido precisó que son aquellas que: no tienen que ser reconocidas como deducciones autorizadas, ya que su realización no es determinante para la obtención del ingreso; el legislador puede disponer su deducción atendiendo a finalidades de naturaleza extrafiscal, pero sin tener obligación de reconocer su deducibilidad, pues no debe perderse de vista que se trata del reconocimiento de efectos fiscales a una erogación no necesariamente vinculada con la generación de ingresos; un ejemplo de este tipo de desembolsos son las deducciones personales de las personas físicas; y la deducibilidad de dichas erogaciones es otorgada -no reconocida- por el legislador y obedece a razones sociales, económicas o extrafiscales. Lo anterior resulta plenamente aplicable a lo regulado por el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que expresamente hace referencia a "deducciones personales", luego, a la luz de la jurisprudencia reproducida, es claro que no son determinantes para la obtención del ingreso de los contribuyentes personas físicas, de aquí que si bien pueden otorgarse por el legislador, lo cierto es que no está obligado a reconocer su deducibilidad. Ahora, si en ejercicio de su potestad tributaria, el legislador, en el diseño del sistema tributario autoriza deducciones personales sujetas al cumplimiento de determinados requisitos, es claro que tal proceder se encuentra dentro de su ámbito competencial, lo que, por tanto, no podría implicar una transgresión al principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, constitucional. En efecto, a partir de las anteriores premisas, se puede apreciar una clara diferencia entre las razones que pueden justificar el reconocimiento u otorgamiento de una deducción, y que permite distinguir especies de deducción, en los términos que se expresan a continuación. Deducción "estructural": se trata de figuras sustractivas o minorativas que tienen como función, entre otras, las siguientes: subjetivar el gravamen, adecuándolo a las circunstancias personales del contribuyente; frenar o corregir los excesos de progresividad; coadyuvar a la discriminación cualitativa de rentas; o bien, rectificar situaciones peculiares derivadas de transferencias de recursos que son un signo de capacidad contributiva. Por regla general, son reconocidas por el legislador en acatamiento al principio de proporcionalidad tributaria, a fin de que el tributo resultante se ajuste a la capacidad contributiva, reconociéndose los costos inherentes a la producción del ingreso y permitiendo que el gravamen pese únicamente sobre el impacto positivo en el haber patrimonial del causante y, de no reconocerse la repercusión de tales deducciones en el impuesto sobre la renta, se entraría en contradicción con los criterios de justicia que deben regir en materia tributaria. A manera de conclusión, debe señalarse que las deducciones que se han identificado como "estructurales" son figuras sustractivas que, operando desde el interior del tributo, contribuyen a la exacta definición y cuantificación del presupuesto de hecho, de la base imponible, del tipo de gravamen o de la cuota tributaria. Pueden afectar a la riqueza o al sujeto gravado, con base en consideraciones que obedecen fundamentalmente a la aptitud de contribuir para sufragar los gastos públicos, o a la propia condición del sujeto y, por otro lado, no excluyen la posibilidad de asumir finalidades extrafiscales con carácter secundario. Deducciones no estructurales ("beneficios"): Se trata de figuras sustractivas que también auxilian en la configuración de las modalidades de la base imponible del impuesto sobre la renta, pero que, a diferencia de las estructurales, tienen como objetivo el conferir o generar posiciones preferenciales, o bien, pretenden obtener alguna finalidad específica, propia de la política fiscal del Estado, o bien, de carácter extrafiscal. Este tipo de deducciones son producto de una sanción positiva prevista por una norma típicamente promocional, y puede suscribirse entre los que se ha dado en denominar "gastos fiscales", es decir, los que se originan por la disminución o reducción de tributos, traduciéndose en la no obtención de un ingreso público, como consecuencia de la concesión de beneficios fiscales orientados al logro de la política económica o social. Efectivamente, como se indicó, el legislador no se encontraría obligado -según la mecánica del impuesto- a contemplar como figuras sustractivas a los gastos que corresponden a las deducciones no estructurales, ya que se identifican con erogaciones no vinculadas a los costos de producción del ingreso, lo cual encuentra sustento en la tesis 1a. LXIX/2009, emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional del País, consultable en la página 84, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, mayo de 2009, página 84, que estatuye: DEDUCCIONES ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES. RAZONES QUE PUEDEN JUSTIFICAR SU INCORPORACIÓN EN EL DISEÑO NORMATIVO DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Conforme a la tesis 1a. XXIX/2007, de rubro: "DEDUCCIONES. CRITERIOS PARA DISTINGUIR LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS CONTEMPLADAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido entre dos tipos de deducciones en materia de impuesto sobre la renta. Ahora bien, en un avance progresivo sobre lo sostenido en dicho criterio, puede abonarse, diferenciando dos tipos de deducciones: 1. Estructurales, identificadas como figuras sustractivas o minorativas que tienen como funciones, entre otras, subjetivizar el gravamen, adecuándolo a las circunstancias personales del contribuyente; frenar o corregir los excesos de progresividad; coadyuvar a la discriminación cualitativa de rentas; o bien, rectificar situaciones peculiares derivadas de transferencias de recursos que son un signo de capacidad contributiva. En este rubro se ubican las deducciones que, por regla general, el legislador debe reconocer en acatamiento al principio de proporcionalidad tributaria para que el impuesto resultante se ajuste a la capacidad contributiva de los causantes. Ahora bien, los preceptos que reconocen este tipo de deducciones son normas jurídicas no autónomas -dada su vinculación con las que definen el presupuesto de hecho o los elementos de gravamen-, que perfilan los límites específicos del tributo, su estructura y función, se dirigen a coadyuvar al funcionamiento de éste y, en estricto sentido, no suponen una disminución en los recursos del erario, pues el Estado únicamente dejaría de percibir ingresos a los que formalmente parece tener acceso, pero que materialmente no le corresponden; de ahí que estas deducciones no pueden equipararse o sustituirse con subvenciones públicas o asignaciones directas de recursos, ya que no tienen como finalidad prioritaria la promoción de conductas, aunque debe reconocerse que no excluyen la posibilidad de asumir finalidades extrafiscales. 2. No estructurales o "beneficios", las cuales son figuras sustractivas que también auxilian en la configuración de las modalidades de la base imponible del impuesto sobre la renta pero que, a diferencia de las estructurales, tienen como objetivo conferir o generar posiciones preferenciales, o bien, pretender obtener alguna finalidad específica, ya sea propia de la política fiscal del Estado o de carácter extrafiscal. Estas deducciones son producto de una sanción positiva prevista por una norma típicamente promocional y pueden suscribirse entre los denominados "gastos fiscales", es decir, los originados por la disminución o reducción de tributos, traduciéndose en la no obtención de un ingreso público como consecuencia de la concesión de beneficios fiscales orientados al logro de la política económica o social; de manera que tales deducciones sí pueden equipararse o sustituirse por subvenciones públicas, pues en estos beneficios se tiene como objetivo prioritario plasmar criterios de extrafiscalidad justificados en razones de interés público. En otras palabras, la decisión del Congreso Federal de otorgar carácter deducible a determinados gastos personales y de condicionar su deducción al cumplimiento de requisitos que considere razonables y objetivos, no le será reprochable en sede constitucional, atenta la máxima de que "quien puede lo más, puede lo menos", además de que se está ante deducciones otorgadas -no reconocidas- esto es, deducciones no estructurales, por lo que la limitante y características de tal deducción, dado que no son arbitrarias o discriminatorias, encuadran en el marco dentro del cual puede libremente accionar el legislador en el diseño del sistema tributario. Apoya lo anterior la tesis P. XXXIX/2011 (9a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, tomo I, octubre de 2011, página 595, que a la letra dispone: POLÍTICA TRIBUTARIA. LAS RAZONES Y CONSIDERACIONES EXPRESADAS EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE UN TRIBUTO, SE ENCUENTRAN INMERSAS EN EL CAMPO DE AQUÉLLA, POR LO QUE NO ESTÁN SUJETAS AL ESCRUTINIO CONSTITUCIONAL EN SEDE JURISDICCIONAL. El diseño del sistema tributario a nivel de leyes pertenece al ámbito competencial del Poder Legislativo y, para configurar los tributos desde el punto de vista normativo, debe definir la política tributaria, entendida como todos aquellos postulados, directrices, criterios o lineamientos fijados por el Estado para distribuir la carga impositiva que recaerá en el sistema económico con el objetivo de financiar los gastos públicos a través de la percepción de ingresos tributarios. En ese ámbito de facultades constitucionales, el legislador considerará aspectos tales como: a) La estructura formal y funcional del sistema impositivo; b) La distribución social, sectorial y espacial de la carga impositiva; c) Los efectos paramétricos de los tributos sobre el comportamiento de los agentes económicos; y, d) La utilización de dichos efectos como herramientas dinámicas de acción del Estado sobre el sistema económico, con miras a influir en el ritmo y dirección del proceso de desarrollo. En ese tenor, si la configuración del sistema impositivo atiende a la política tributaria que el legislador estima idónea en un momento determinado y el desarrollo de dicha actividad en un entorno democrático corresponde de manera exclusiva al Poder Legislativo, ello implica que las razones o consideraciones que hubiese tenido en cuenta para crear un tributo y, en particular, para determinar el correspondiente objeto gravado que en su concepto manifieste idoneidad para contribuir al gasto público, escapan al escrutinio constitucional que pudiera emprenderse en sede jurisdiccional, habida cuenta que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece parámetro alguno al que deba ceñirse la política tributaria que decida emplear el legislador con tal finalidad, lo que no implica la inobservancia de otros principios constitucionales, la vigencia del principio democrático y la reserva de ley en materia impositiva. Por otra parte, como se mencionó, el referido precepto constitucional también establece que es obligación de los mexicanos, contribuir al gasto público de manera equitativa. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de equidad tributaria radica en que la ley trate igual a los sujetos que se encuentran en la misma situación jurídica y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en situaciones diversas. Así, el principio de equidad obliga a que no exista distinción entre situaciones tributarias que puedan considerarse iguales, sin una justificación objetiva y razonable, por lo que su finalidad consiste en evitar que existan normas que destinadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan desigualdad como efecto de su aplicación, al generar un trato distinto en situaciones análogas o al propiciar efectos iguales sobre sujetos que se ubican en situaciones dispares. Además, para cumplir con el citado principio, el legislador no sólo está facultado, sino que tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, es decir, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, a razones de política fiscal o incluso extrafiscales. Dan sustento a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 41/97 y 197, sustentadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada la primera en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, junio de mil novecientos noventa y siete, página 43 y la segunda en el Apéndice 2000, Tomo I, Constitucional, Jurisprudencia SCJN, página 239, que respectivamente señalan: EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los Poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional. EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica. En ese orden de ideas, los criterios generales que deben sopesarse para determinar si una norma produce un trato inequitativo, acorde con el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son: I. Que exista una diferencia de trato entre individuos o grupos que se encuentren en una situación comparable (no necesariamente idéntica, sino solamente análoga); II. Que, de existir esa situación comparable, la distinción legislativa obedezca a una finalidad legítima (objetiva y constitucionalmente válida); III. Que, de reunirse ambos requisitos, la distinción constituya un medio apto y adecuado para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido; y, IV. Que, de cumplirse esas tres condiciones, la distinción sea necesaria para lograr el objetivo perseguido por el legislador, lo que se cumple ante la inexistencia de medidas alternativas menos gravosas a esos efectos, de tal forma que la configuración legal de la norma no debe dar lugar a una afectación desproporcionada o desmedida de los bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Conviene establecer que el incumplimiento de cualquiera de tales condiciones será suficiente para estimar que existe una violación al citado derecho humano, haciendo innecesario el estudio de las demás. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 31/2007, aprobada por la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 334 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXV, de Marzo de 2007, del tenor: EQUIDAD TRIBUTARIA. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA DICHO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. Los criterios generales para determinar si el legislador respeta el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consisten en que: 1) exista una diferencia de trato entre individuos o grupos que se encuentren en una situación comparable (no necesariamente idéntica, sino solamente análoga); 2) de existir esa situación comparable, la precisión legislativa obedezca a una finalidad legítima (objetiva y constitucionalmente válida); 3) de reunirse ambos requisitos, la distinción constituya un medio apto y adecuado para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido; y, 4) de actualizarse esas tres condiciones, se requiere, además, que la configuración legal de la norma no dé lugar a una afectación desproporcionada o desmedida de los bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Por ende, el examen de constitucionalidad de una ley bajo el principio de equidad tributaria precisa de la valoración de determinadas condiciones, de manera escalonada, generando que el incumplimiento de cualquiera de éstas sea suficiente para estimar que existe una violación al indicado principio constitucional, haciendo innecesario el estudio de las demás. Una vez asentadas las premisas normativas, es decir, en qué consisten los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, lo siguiente es analizar el contenido de la porción normativa tildada de inconstitucional, consistente en el artículo 151, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual estatuye lo siguiente: 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales: [.] El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo y del artículo 185, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cuatro salarios mínimos generales elevados al año del área geográfica del contribuyente, o del 10% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto. Lo dispuesto en este párrafo, no será aplicable tratándose de los donativos a que se refiere la fracción III de este artículo. A través del indicado numeral el legislador estableció diversos tipos de erogaciones de carácter personal, los cuales se encuentran desvinculados de los fines propios de la actividad que desarrolle el contribuyente, con relación a los cuales el legislador permite su deducción, disminuyendo los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio fiscal. Asimismo, en el último párrafo de ese precepto, el legislador estableció límites a esas deducciones personales en los términos siguientes: "El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo y del artículo 185, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cuatro salarios mínimos generales elevados al año del área geográfica del contribuyente, o del 10% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto. Lo dispuesto en este párrafo, no será aplicable tratándose de los donativos a que se refiere la fracción III de este artículo". Ahora, como se señaló, la parte quejosa, en esencia, cuestiona la limitación establecida por el legislador ordinario respecto de las deducciones personales autorizadas en el aludido numeral 151, último párrafo, de la ley de la materia, porque considera se vulnera los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, lo cual deviene infundado, porque las deducciones personales que regula dicho precepto legal, no constituyen erogaciones necesarias u ordinarias para producir el ingreso del contribuyente; que ameriten ser reconocidas como gastos deducibles en general, es decir, son un ejemplo de las llamadas deducciones no estructurales, que por su naturaleza, no son propias de la mecánica del tributo ni tampoco constituyen una exigencia constitucional que deba acatarse; sino que únicamente son deducciones que el legislador otorga para atender políticas públicas, con el propósito de promover o disuadir conductas del contribuyente; pero que no está obligado en cuanto a su previsión, en términos del principio constitucional de proporcionalidad. Así se sostiene, cuenta habida que las deducciones personales establecidas en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, son simplemente otorgadas o concedidas -discrecionalmente- por el legislador, por lo que su establecimiento, así como las modalidades, condiciones o límites de su prevención en la ley, de ser el caso, no deben someterse a parámetros de exigibilidad constitucional; sino que, al tener su origen en una cuestión de política fiscal o cualquier otra política de índole público que amerite ser considerada en la regulación del impuesto, su incorporación al sistema tributario está supeditada exclusivamente a la voluntad del creador de la norma, como aspecto propio del amplio margen de libertad con el que cuenta el legislador para la configuración de dicho sistema. En atención a esas consideraciones, no es técnicamente factible analizar tal precepto en términos del principio de proporcionalidad en materia tributaria, toda vez que las erogaciones que lleguen a efectuarse por concepto de deducciones personales no se encuentran vinculadas -indefectiblemente- como costo de generación del ingreso y, por ende, su incorporación a la mecánica del impuesto, no deriva del imperativo contenido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, por lo cual el legislador no está obligado a reconocerlos como concepto deducible, ni tampoco está obligado a que las limitaciones o modalidades previstas para tales deducciones personales, se regulen conforme al principio de proporcionalidad tributaria. Acorde con lo expuesto, se torna jurídicamente irrelevante la manera en que el legislador decida implementar una mecánica para el cálculo de las deducciones personales, partiendo de la premisa de que éstas son simplemente otorgadas por motivos de política pública y no, como elementos estructurales; motivo por el cual no deben ser reconocidas como indispensables; por lo que, en tales condiciones, es el propio legislador quien deberá determinar la forma en la que podría llegar a permitir el beneficio fiscal correspondiente, incluyendo los montos respecto de los cuales es posible deducir tales gastos, sin que ello genere un impuesto regresivo. No escapa a la vista de quien resuelve que, como deducciones no estructurales, su incorporación al sistema tributario obedece a distintas finalidades, por lo que toca al propio creador de la norma decidir si el incentivo que otorgue para tal propósito a través del sistema fiscal, debe ser total o estar limitado a un tope de salarios o alguna entidad o porcentaje, o bien, si puede quedar sujeto a ciertos requisitos o condiciones. De esta manera, si la disposición cumple o no sus propósitos será materia de un análisis de eficiencia o eficacia del precepto, mas no de justicia constitucional, porque aun cuando la Ley Suprema establece principios generales básicos y propone la consecución de ciertos objetivos primordiales, no exige que sea a través del sistema fiscal que se consigan éstos, al menos no a nivel de beneficios tributarios. Incluso, dichas erogaciones podrían no ser previstas por el legislador, situación que en nada afectaría a los principios que rigen la materia tributaria, en la medida en que, de conformidad con la mecánica inherente al impuesto sobre la renta, ese tipo de gastos ni siquiera tendrían que ser contemplados como figura indispensable para obtener el ingreso gravado por el impuesto de que se trata. Así también, no resulta reprochable que el límite que se establezca sobre una deducción no estructural (como son las deducciones personales) guarde, o no, una relación específica con algún aspecto determinado de la situación del causante, pues no debe olvidarse que se trata de deducciones otorgadas, no reconocidas, por lo que su límite y características, en tanto no sean arbitrarios o discriminatorios, encuadran perfectamente en el marco dentro del cual puede libremente accionar el legislador en el diseño del sistema tributario. De ahí que, si en el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se prevén deducciones no estructurales, cuyo establecimiento obedece a razones sociales, económicas o extrafiscales, al no resultar estrictamente necesarias para la generación del ingreso gravado, no pueden violar el principio de proporcionalidad tributaria, ni el diverso de equidad tributaria, ya que se trata de una disposición incluyente que favorece a todas las personas físicas con ingresos afectos al gravamen de que se trata. En relación con el tema que se analiza, al resolver la acción de inconstitucionalidad 40/2013 y su acumulada 5/2014, el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se pronunció respecto de la limitación que establece el artículo 151, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en los términos siguientes: [.] De conformidad con el último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las deducciones que en él se establecen no podrán exceder de la cantidad que resulte menor entre cuatro salarios mínimos generales elevados al año del área geográfica del contribuyente o del diez por ciento del total de los ingresos de éste, incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto. Las deducciones se rigen por el principio de indispensabilidad, conforme al cual se pueden distinguir las erogaciones que el legislador debe reconocer en la determinación de la capacidad contributiva, que justifica la concurrencia del causante para el sostenimiento de los gastos públicos, de las erogaciones que resultan necesarias para la consecución de los fines del contribuyente, las cuales derivan en la generación de ingresos que, a su vez, justifican la imposición de las cargas tributarias. La indispensabilidad se encuentra estrechamente relacionada con la consecución del ingreso gravado, es decir, debe tratarse de un gasto necesario para que el contribuyente pueda cumplir con sus actividades y le reporte un beneficio. El legislador debe reconocer esta circunstancia; sin embargo, la libre configuración de que goza le permite establecer la deducibilidad de ciertas erogaciones cuya realización no es determinante para la obtención del ingreso, sin estar obligado a hacerlo, en aras de lograr un fin extrafiscal o cumplir un principio de política fiscal. Las deducciones estrictamente necesarias para la generación de ingresos son las denominadas "estructurales", en contraposición con aquellas que no resultan indispensables para tal fin, conocidas como "no estructurales". En el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se prevén deducciones no estructurales, cuyo establecimiento obedece a razones sociales, económicas o extrafiscales, por lo que, al no resultar estrictamente necesarias para la generación del ingreso gravado, no pueden violar el principio de proporcionalidad tributaria. La limitante de las deducciones personales respeta el principio de equidad. El artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta otorga un beneficio tributario a las personas físicas que obtienen ingresos por cualquiera de los capítulos del Título IV, para que puedan hacer deducciones personales, sin hacer distinción entre las diferentes categorías de sujetos pasivos de cada capítulo, esto es, se trata de una disposición incluyente que favorece a todas las personas físicas con ingresos afectos al gravamen de que se trata, con lo cual no se vulnera el principio de equidad tributaria. [.] Razonamiento del cual se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación; concluyó que de conformidad con el último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las deducciones que en él se establecen no pueden exceder de la cantidad que resulte menor entre cuatro salarios mínimos generales elevados al año del área geográfica del contribuyente o del diez por ciento del total de los ingresos de éste, incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto. Además, precisó que tales deducciones se rigen conforme al principio de indispensabilidad, conforme al cual se pueden distinguir las erogaciones que el legislador debe reconocer en la determinación de la capacidad contributiva, que justifica la concurrencia del causante para el sostenimiento de los gastos públicos, de las erogaciones que resultan necesarias para la consecución de los fines del contribuyente, las cuales derivan en la generación de ingresos que, a su vez, justifican la imposición de las cargas tributarias y destacó que la indispensabilidad se encuentra estrechamente relacionada con la consecución del ingreso gravado, es decir, debe tratarse de un gasto necesario para que el contribuyente pueda cumplir con sus actividades y le reporte un beneficio. Asimismo, concluyó que en el artículo 151, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se prevén deducciones no estructurales, cuyo establecimiento obedece a razones sociales, económicas o extrafiscales, por lo que, al no resultar estrictamente necesarias para la generación del ingreso gravado, no pueden violar el principio de proporcionalidad tributaria y tampoco el principio de equidad tributaria, ya que se trata de una disposición incluyente que favorece a todas las personas físicas con ingresos afectos al gravamen de que se trata, como se dijo en párrafos precedentes. Ahora, aún en el extremo de que se insista en que sí son deducciones estructurales, que a juicio de este órgano jurisdiccional no lo son, como ya quedó precisado a lo largo de esta sentencia y en este sentido no se tendría porqué estudiar el principio de equidad tributaria, pero aún en ese extremo, tampoco transgrediría el citado principio de equidad tributaria por los motivos que se expondrán en los siguientes párrafos. La lectura superficial del numeral tildado de inconstitucional da la apariencia de transgredir el principio constitucional de equidad tributaria, pues aparentemente da un trato inequitativo entre contribuyentes que tienen ingresos anuales menores sobre los que tienen mayores ingresos al poder deducir los primeros menos que los segundos; sin embargo, ello no es así. En efecto, de una primera lectura del numeral reclamado, se podría llegar a pensar como lo señala en la demanda de amparo la parte quejosa, que un contribuyente que tiene un ingreso anual de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), puede deducir solamente el diez por ciento de dicha cantidad, es decir, $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), aun cuando su contingencia médica sea de $50,000.00. (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional); ello es así, porque la norma impugnada señala que se puede deducir la cantidad menor entre la que resulte del diez por ciento de los ingresos anuales o de cuatro veces el salario mínimo general anual vigente, por ello, señala que un contribuyente que tenga ingresos anuales de $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 moneda nacional), puede deducir hasta 4 salarios mínimos generales vigentes anuales que serían para la zona A $98,243.40 (noventa y ocho mil doscientos cuarenta y tres pesos 40/100 moneda nacional), que es la cantidad menor al 10% de su ingresos que sería $100,000, 00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), lo que a su parecer hace a la norma inconstitucional por inequitativa porque ya que el de menor ingreso solamente puede deducir $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) y el de mayor ingreso $98,243.40 (noventa y ocho mil doscientos cuarenta y tres pesos 40/100 moneda nacional), es decir toda su cuantificación médica y todavía podía deducir más. Sin embargo, en criterio de quien resuelve, lo alegado por la parte quejosa es infundado y, contra lo sostenido por ésta en lo que se refiere al principio de equidad tributaria, porque si bien quienes tienen justo el ingreso anual superior a $982,434.00 (novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), podrían deducir cuatro salarios mínimos anuales que sería menor al diez por ciento de $982,434.00 (novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que arroja la cantidad de $98,243.40 (noventa y ocho mil doscientos cuarenta y tres pesos 40/100 moneda nacional), lo cierto es que precisamente este tope, implica que quienes tengan ingresos anuales superiores como podría ser el caso de una persona física que reporte ingresos por $3,000.000.00 (tres millones de pesos 00/100 moneda nacional) no podría deducir $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional) que es el diez por ciento de sus ingresos, sino solamente $98,243.40 (noventa y ocho mil doscientos cuarenta y tres pesos 40/100 moneda nacional), que corresponde hasta 4 salarios mínimos generales anuales en la zona geográfica correspondiente, situación que permite a este órgano jurisdiccional concluir que la norma es equitativa al imponer la opción de elegir la cantidad que resulte menor al 10% o de cuatro salarios generales mínimos anuales, o de 4 salarios mininos elevados al año, tan es así, que para el ejemplo del contribuyente citado que tiene un ingreso de $3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 moneda nacional) anuales, la deducción permitida correspondería al 3.27% por ciento de sus ingresos porque $98,243.40 (noventa y ocho mil doscientos cuarenta y tres mil 40/100 moneda nacional), es el 3.27 por ciento de $3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 moneda nacional). Lo mismo sucede para un contribuyente que tiene ingresos anuales por $2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 moneda nacional), quien al deducir los $98,243.40 (noventa y ocho mil doscientos cuarenta y tres mil 40/100 moneda nacional), su deducción equivaldría al 4.91% por ciento de su ingreso; de ahí, que contrario a lo que manifiesta la parte quejosa, en su caso, el precepto impugnado el legislador sí atendió al principio de equidad tributaria con la limitante que impone. En las relacionadas condiciones, al resultar infundados los argumentos contenidos en el único concepto de violación hecho valer por el quejoso, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, contra los actos reclamados a las autoridades responsables Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en la discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, en específico el artículo 151, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo vigente, se Resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 387/2015-II promovido por ***************, en los términos indicados en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***************, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado EMILIANO LÓPEZ PEDRAZA, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Armando Guadarrama Bautista. Doy fe.

  2. Principal

    DESE VISTA A LAS PARTES CON EL CONTENIDO DEL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, PARA QUE MANIFIESTEN LO QUE A SU INTERÉS JURÍDICO CONVENGA. ASIMISMO, DESIGNA DELEGADOS Y SEÑALA DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.

  3. Principal

    DESE VISTA A LAS PARTES CON EL CONTENIDO DEL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, PARA QUE MANIFIESTEN LO QUE A SU INTERÉS JURÍDICO CONVENGA. ASIMISMO, DESIGNA DELEGADOS Y SEÑALA DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.

  4. Principal

    SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE.

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