Agustín Humberto Flores Hernández
Expediente 217/2023 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 217/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Juan Francisco Salas Terrones
- Avelardo Quezada González y Otros.
- Agustín Humberto Flores Hernández
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
- Congreso del Estado de Durango
- Secretario de Salud y los Servicios de Salud del Estado de Durango
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Amparo en revisión
AGRÉGUESE EL ESCRITO DE REFERENCIA AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO E IMPRESO RELATIVOS, PARA QUE OBRE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA; ASIMISMO, DÍGASE A SU OCURSANTE QUE LAS CONSIDERACIONES QUE LA CONTIENEN, SERÁN TOMADAS EN CUENTA EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO.
- Amparo en revisión
CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL PRECEPTO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CITADA LEGISLACIÓN DE AMPARO, DESE VISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PROYECTO DE SENTENCIA QUE REVELA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA OFICIOSAMENTE, PARA QUE EN EL PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y UNA VEZ TRANSCURRIDO ESE PLAZO, CON O SIN MANIFESTACIÓN ALGUNA, PROVÉASE LO QUE CONFORME A DERECHO CORRESPONDA. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA CON LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PROYECTO DE SENTENCIA QUE REVELA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA OFICIOSAMENTE, PARA QUE EN EL PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, QUE EN SÍNTESIS CONSISTE EN: ".QUINTO. Causal de improcedencia advertida de oficio. En el presente caso, este órgano colegiado estima que se actualiza una causal de improcedencia respecto de los actos reclamados consistentes en el refrendo y publicación de los artículos 60, apartado A, fracciones I y II, así como el último párrafo de la fracción primera de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, la cual es de estudio oficioso para este órgano colegiado en términos del numeral 62 en relación con el diverso 93, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Cabe señalar que el numeral 62 de la ley invocada establece que las causales de improcedencia son de estudio oficioso, lo que debe hacerse en cualquier estado del juicio; por ende, es patente que este tribunal revisor debe examinar la procedencia del juicio, con independencia de que el recurso lo hubiera interpuesto el quejoso, pese a que esto pudiera resultar adverso a sus intereses si se advierte la existencia de una causal de improcedencia. Esto es así pues la oficiosidad del estudio de las causales de improcedencia no contraviene el principio de non reformatio in peius, que implica la prohibición para dicho órgano de agravar la situación del quejoso cuando este recurre la sentencia que le niega el amparo o para obtener beneficios mayores. Se afirma lo anterior, toda vez que el citado principio cobra aplicación una vez superadas las cuestiones de procedencia del juicio constitucional, sin que obste la inexistencia de petición de la parte interesada en que se decrete su sobreseimiento. Orienta al respecto la jurisprudencia 2a./J. 76/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben ser estudiadas por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Ahora bien, como esta regla es aplicable en cualquier estado del juicio mientras no se dicte sentencia ejecutoria, es indudable que el tribunal revisor debe examinar la procedencia del juicio, con independencia de que el recurso lo hubiera interpuesto el quejoso que ya obtuvo parte de sus pretensiones, y pese a que pudiera resultar adverso a sus intereses si se advierte la existencia de una causal de improcedencia; sin que ello contravenga el principio de non reformatio in peius, que implica la prohibición para dicho órgano de agravar la situación del quejoso cuando éste recurre la sentencia para obtener mayores beneficios, toda vez que el citado principio cobra aplicación una vez superadas las cuestiones de procedencia del juicio constitucional, sin que obste la inexistencia de petición de la parte interesada en que se decrete su sobreseimiento". Así, en lo tocante a los actos reclamados consistentes en el refrendo y publicación de los artículos 60, apartado A, fracciones I y II, así como el último párrafo de la fracción primera de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, se concreta la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. El primero de los dispositivos estatuye la inviabilidad de la acción de amparo, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia ley de la materia. La porción del arábigo señalado en segundo orden prevé, en lo que interesa, que en caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, pero en lo que atañe a las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. En la especie, se designó como responsables al Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno, así como al Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Durango, atribuyéndoles, en específico, el refrendo y la publicación de los ordenamientos controvertidos, sin embargo, del examen de la demanda de amparo no se advierte que se imputen vicios propios a tales actos, de suerte que se concreta la apuntada causa de inviabilidad de la acción de amparo y, por ende, debe sobreseerse en lo que atañe a tales autoridades y actos, con apoyo en el arábigo 63, fracción V, de la ley de la materia. Al respecto se invoca la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.) 2010097, del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUELLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo".
- Queja
EL PRESENTE ASUNTO SE ENCUENTRA TOTALMENTE CONCLUIDO SE ORDENA REMITIR SU EXPEDIENTE FÍSICO AL ARCHIVO EN FORMA DEFINITIVA.
- Queja
POR LO EXPUESTO Y FUNDADO, ESTE TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, R E S U E L V E: ÚNICO. ES FUNDADO EL RECURSO DE QUEJA.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
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