Agustín Hernández Osorio

Expediente 1669/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1669/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
18/09/2018

Partes del expediente

  • Agustín Hernández Osorio

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de garantías, de los que se aprecia que mediante proveído de veintisiete de agosto del año en curso, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que ninguna de las partes haya desahogado dicho auto; por tanto, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado contra las partes, en el citado acuerdo de veintisiete de agosto de la presente anualidad; en consecuencia, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de ocho de junio de dos mil diecisiete, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional, para los siguientes efectos Por otro lado, en virtud de la inconstitucionalidad del artículo 18, inciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de San Martín Texmelucan, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para los efectos siguientes: Se desincorpore de la esfera jurídica de la sociedad quejosa mientras esté vigente, el artículo 18, inciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de San Martín Texmelucan, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. En el entendido que la concesión del amparo se hace extensiva a cualquier acto de aplicación subsecuente del mencionado precepto legal en relación con la parte quejosa AUNDE México, sociedad anónima de capital variable. Asimismo, se ordena al Tesorero Municipal de San Martín Texmelucan, Estado de Puebla, devolver a la sociedad quejosa la cantidad que enteró por concepto de derecho de alumbrado público consignada en el aviso recibo 247 000 205 121, con motivo de la aplicación del precepto legal declarado inconstitucional, para lo cual deberá tener presente que dicha norma entró en vigor a partir del uno de enero del dos mil diecisiete. Mediante proveído de cinco de julio de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió el cumplimiento a la autoridad señalada como responsable (fojas 317 a 319). Por auto de dos de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de San Martín Texmelcan, interponiendo recurso de revisión contra la sentencia emitida dentro del presente sumario (fojas 360 a 361), la cual correspondió resolver al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien mediante testimonio de trece de junio del año en curso, dentro del Amparo en Revisión 532/2017, determinó "ÚNICO. En la materia de competencia delegada, se desecha el recurso de revisión interpuesto por la Tesorera del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla." (fojas 548 a 579). En consecuencia de lo anterior, mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, este juzgado federal volvió a requerir el cumplimiento de amparo al Tesorero responsable (fojas 580 a 582). Al respecto, la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, informó que el trece de agosto del año en curso, fue entregado a la parte quejosa el cheque número 91741925, por la cantidad de $80,528.23 (ochenta mil quinientos veintiocho pesos, con veintitrés centavos moneda nacional), de la institución bancaria denominada BBVA Bancomer, por concepto de devolución de impuesto correspondiente al Derecho al Alumbrado Público (fojas 614 a 622). Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido que se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

  2. Principal

    1 CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que Agustín Hernández Osorio, desahoga el requerimiento que se formuló en proveído de dieciséis del mes y año en curso; en consecuencia, se acuerda el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos 2 DESECHAMIENTO En primer término, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda y del diverso aclaratorio, se advierte que Agustín Hernández Osorio señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional, el siguiente: La omisión por parte de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla de realizar la notificación correspondiente al acuerdo de cinco de enero de dos mil dieciocho, emitido en los autos del juicio laboral D-3/267/2012. Establecido lo anterior, se advierte que respecto al citado acto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, La fracción transcrita contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus acepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a dichos medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. Hecha la precedente anotación, debe indicarse que se considera que en el caso se actualiza la citada causa de improcedencia, en atención a que en contra de la omisión por parte de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla de realizar la notificación correspondiente al acuerdo de cinco de enero de dos mil dieciocho, emitido en los autos del juicio laboral D-3/267/2012, procede el incidente de nulidad de actuaciones, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 762, en relación con el 752 de la Ley Federal del Trabajo de la Ley Federal de Trabajo, De la interpretación literal de los mencionados dispositivos legales, se desprende que la nulidad de actuaciones es un medio de defensa que tiene como objeto que los actos judiciales sean revisados y en su caso ser modificados o revocados, por existir un vicio cuya corrección legal procede, incluso posterior al dictado del laudo. En las relatadas condiciones al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso 113 del mismo ordenamiento lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Agustín Hernández Osorio.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por auto de ocho de junio de dos mil dieciocho, se ordenó girar oficio al Secretario Técnico Normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral. Ahora bien, toda vez que no obra en autos el acuse de recibo del oficio 15638/2018 dirigido a la referida autoridad, en tal virtud, se ordena reenviar el oficio 15638/2018 al Secretario Técnico Normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, y cumpla con el requerimiento ordenado en proveído de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. En las anotadas circunstancias, y para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. NOTIFÍQUESE.

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