AGUSTIN HERNANDEZ MEJIA y Otros.
Expediente 102/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 102/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- AGUSTIN HERNANDEZ MEJIA y Otros.
- Agustin Hernandez Mejia
Actuaciones
- Principal
Firme desechamiento. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se obtiene que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo promovida por **** que dio origen a este expediente, sin que lo hubiese hecho; consecuentemente, se determina que dicha resolución causó estado. Recepción de oficio. Por otra parte, glósese al expediente el oficio signado por el actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento del acto reclamado por los quejosos ****, consistente en la sentencia condenatoria de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal ****, modificada por la determinación del toca ****. De lo que este órgano judicial toma conocimiento para los fines legales conducentes. Archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido de conformidad con lo que dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo. Valoración documental. En términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente no es de relevancia documental.*** Destino del expediente, es destruible en tres años.*** Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Téngase recibido el oficio remitido, mediante el cual la jueza Novena de Distrito en el Estado, con sede en Irapuato, Guanajuato, devuelve las constancias del exhorto **** diligenciado.Baja de comunicación oficial. Háganse las anotaciones correspondientes en ellibro de gobierno correspondiente y dese de baja lacomunicación oficial del Sistema Integral de Seguimientode Expedientes.****No emisión de acuse de recibo. ********************En virtud de que el exhorto se remitió en línea, se ordena no emitir acuse de recibo, toda vez que las comunicaciones oficiales electrónicas ofrecen prontitud y resulta contrario al objetivo de las mismas enviar oficios vía correo convencional. ******Constancia de ratificación de firma. Vistas la constancia de ratificación de firma de veintiocho de febrero del año en curso, **********, mediante la cual ratifican su acción de amparo y, por ende, cumplen con la prevención formulada en proveído de veintiuno de febrero del año en curso.****** En ese contexto, la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La orden de detención, auto de vinculación a proceso, auto de prisión preventiva, la sentencia dictada en su contra; así como su ejecución emitidas en la causa penal**********. *********Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. **************Cambio de situación jurídica. Respecto a los actos reclamados consistentes en la orden de detención, auto de vinculación a proceso y auto de prisión preventiva, así como su ejecución; esta juzgadora estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del ordinal 61 de la ley de la materia. La causa establece que el juicio es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. El cambio de situación jurídica acontece cuando con posterioridad a la emisión del acto de autoridad, en el propio procedimiento se dicta determinación diversa que incide en el reclamo e imposibilita el análisis de su constitucionalidad, pues estimar lo contrario implicaría afectar la nueva situación procesal. Así, se torna improcedente el amparo cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio y que, en virtud de un cambio de situación jurídica, haga inviable el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, dada la imposibilidad técnica existente debido a que podría modificarse esta nueva situación jurídica. En ese sentido, conlleva que las violaciones reclamadas sean irreparables, por no poder afectar el nuevo estatus jurídico. En esa línea de pensamiento, dicha causal de improcedencia no se actualiza en aquellos casos que no cumplan con las cualidades transcritas. Esto es razonable porque, precisamente, su existencia se basa en la creación de una etapa o estado procesal diferente; característica fundamental de un proceso que se desarrolla en diversas etapas sucesivas. Así, jurisprudencialmente se ha establecido que, para que se actualice dicha improcedencia, se requiere lo siguiente: previo a la petición de amparo, la existencia de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; la emisión del acto de autoridad dentro del procedimiento; Cambio de situación jurídica en el procedimiento que consume irreparablemente las violaciones reclamadas; y, exista autonomía entre el acto reclamado y la nueva resolución en el procedimiento; de tal suerte que subsista la nueva situación jurídica, con independencia de que sean fundadas o no las violaciones sustentadas por el quejoso. Debe aclararse que esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídico-procesal, y no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban antes de la consumación del acto reclamado. Es decir, a diferencia de la fracción XVI, en ésta no hay imposibilidad física o material para reparar las violaciones derivadas de dicho acto, sino un impedimento jurídico-procesal, pues permitir la destrucción de otros actos de autoridad que escapen a la litis planteada en el proceso constitucional (cuyos fundamentos no pueden valorarse por no integrar la esencia del juicio), constituiría una extralimitación de la sentencia, porque se invalidarían como consecuencia actos de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad aún no ha sido controvertida ni resuelta conforme a derecho. ******Análisis del caso concreto. De lo reseñado evidencia que si los quejosos reclaman la orden de detención, auto de vinculación a proceso y el auto de prisión preventiva, así como su ejecución emitidos en la causa penal **********; y, del hecho notorio se desprende que por ejecutoria de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de amparo directo ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, promovido por *************, contra la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, emitida en el toca de apelación ******* modificó la sentencia dictada en la causa penal ************ de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, donde se le impuso a los quejosos pena privativa de libertad y otras sanciones.***** Es incuestionable que cambió jurídicamente la situación de los actos reclamados, ya que con el dictado de la ejecutoria de amparo directo, quedaron sustituidos los actos por ésta, lo que imposibilita analizar la orden de detención, el auto de vinculación a proceso, así como el auto de prisión preventiva sin afectar la nueva situación procesal, pues no debe perderse de vista que los quejosos estuvieron en aptitud de hacer violaciones procesales en cada etapa del proceso penal y que redundaran con el dictado de la sentencia.************ Por tanto, se tiene actualizada la improcedencia invocada, ya que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, existía la sentencia y de modo alguno puede reclamar actos inherentes al proceso penal porque esas cuestiones quedaron jurídicamente sustituidas, donde se consumó irreparablemente las violaciones reclamadas; y, exista autonomía entre el acto reclamado.***** Sin que lo anterior contravenga el derecho a contar con un recurso eficaz a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues aquél pretende evitar que, precisamente, el juicio de amparo sea inútil por causa de una nueva situación jurídica y, por ende, la norma no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad, atento a razones de seguridad jurídica, cuando existen causas externas que hacen irreparable las violaciones alegadas por el quejoso, máxime que la causal de improcedencia de mérito no impide que esa nueva situación jurídica pueda ser impugnada mediante diverso juicio de amparo.***** Protesta de ley. ******De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional.******************Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio, en lo consistente a la orden de detención, auto de vinculación a proceso y el auto de prisión preventiva, así como su ejecución.******* No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable.***************Diverso acto reclamado.*****Visto lo de cuenta, la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La sentencia y su ejecución. Carencia de competencia por grado. Así, este juzgado Quinto de Distrito en el Estado, carece de competencia legal para resolver respecto de la acción de amparo atento a las consideraciones siguientes: Consideraciones previas. En primer lugar, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el juez de Distrito, antes a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, se procede a abordar dicha figura, pues, de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal, situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.****** Por lo tanto, con fundamento en los artículos 35 y 48 de la Ley de Amparo, se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto.****** Sobre esa base, al ser la competencia un presupuesto procesal de estudio preferente, este juzgado considera que, en el caso, se carece de competencia legal para conocer de la demanda que se recibe, por los motivos que a continuación se exponen.******** Al respecto, es oportuno señalar que en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se establecen los supuestos de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo, a saber: contra sentencias definitivas; laudos; y, resoluciones que pongan fin al juicio.****** Determinaciones que necesariamente deben ser dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. **** Asimismo, se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley********Caso concreto. Bajo ese contexto legal, los promoventes reclaman: La sentencia, así como su ejecución. Resolución que esta juzgadora considera corresponde de la competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, pues el acto reclamado encuadra en el tercer supuesto de la competencia de los tribunales colegiados, es decir, es una determinación dictada por un órgano judicial que sin decidirlo en lo principal puso fin a juicio.**** Se carece de competencia legal para conocer del presente asunto.********************De ahí que, con fundamento en lo previsto en los artículos 47 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal, declara carecer de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo que dio origen al presente sumario y en la que señaló el acto que por esta vía constitucional se reclama, pues resulta procedente el juicio de amparo directo, de acuerdo con el artículo 107 fracción I de la Ley de Amparo, al tratarse de sentencia definitiva.*********** Remisión de los autos. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme con la certificación correspondiente de la demanda y escrito aclartorio, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, procede declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************y******************** al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Decimosexto Circuito; por tanto, remítasele el original del juicio de amparo ********************de este índice, así como las copias de demanda, para los efectos legales correspondientes.*********Háganse las anotaciones en el libro de control, y solicítese el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese en autos el escrito signado al parecer por los quejosos ****. Ahora, previo a acordar lo que en derecho corresponda y, sin ser la suscrita una perita en la materia, se aprecia que la firma estampada sobre el nombre de los promoventes, difiere notoriamente con la que se encuentra estampada en el escrito inicial de demanda. Requerimiento por exhorto. Toda vez que la parte quejosa se encuentra recluida en Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato, con fundamento en los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 27 fracción II, y 116, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al juez de Distrito en el Estado, residente en Irapuato, Guanajuato, para que en auxilio de este juzgado, comisione personal a su cargo para que: Se constituya en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato; Notifique el presente acuerdo a la parte quejosa; y, Los requiera para que en el momento de la diligencia ratifiquen el escrito -que al efecto se anexa- por el cual pretendieron cumplir con la prevención realizada el nueve de febrero actual; de igual manera, en la misma diligencia deberán reconocer que el libelo constitucional fue rubricado por ellos. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III, y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apercibimiento.
- Principal
Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, ****, por su propio derecho, solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuyen a la siguiente autoridad: Agente del Ministerio Público 2, de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios, de Salvatierra, Guanajuato; Juzgado del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Sistema Oral Penal, del Juzgado de Oralidad de la Tercera Región del Estado, con sede en Salvatierra, Guanajuato; y Juzgado de Ejecución de Valle de Santiago, Guanajuato.Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 102/2023-III. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. La parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente:* La orden de detención, auto de vinculación a proceso, auto de prisión preventiva, la sentencia dictada en su contra; así como su ejecución. Consideraciones previas.*Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo, y en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta mandará prevenir al quejoso para que llene los requisitos omitidos o hagan las aclaraciones que correspondan, para así tener oportunidad de subsanarlas en tiempo. En ese sentido, en atención al ordinal 114 de la ley de la materia, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse.*******Antecedentes del acto reclamado. Sobre este requisito, se tiene que hacer una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio, inclusive los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En el caso concreto, si bien la parte quejosa a fin de cumplir con los extremos del ordinal 108 de la legislación de la materia narró algunos antecedentes en su escrito también lo es que omitió exponer si los actos reclamados los hace depender de la causa penal ****formada con motivo de la carpeta de investigación **** o de una diversa, ya que de los antecedentes se desprende que en dicha causa fueron sentenciados donde se les impuso inicialmente prisión preventiva oficiosa; además, se inadvierte el lugar donde se encuentran recluidos. Por tanto, al advertirse tal irregularidad, resulta procedente imponer la siguiente: Prevención. Con fundamento en lo establecido en la fracción II, del artículo 114, en relación con el diverso 108, fracción V, de la ley de la materia, requiérase a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad; y en atención a lo establecido en el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, realice lo siguiente: Único. Indiquen si los actos reclamados los hace depender de la causa penal *** formada con motivo de la carpeta de investigación ***** o de una diversa, ya que de los antecedentes se advierte que en dicha causa fueron sentenciados donde se les impuso inicialmente prisión preventiva oficiosa; además, señalen el lugar donde se encuentran recluidos. Apercibimientos. Se apercibe a las partes promoventes que, de no dar cumplimiento con el punto descrito de la prevención formulada, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el numeral 114 de la Ley de Amparo. De igual manera, se le indica que deberán exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que debe cumplirse en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, la parte solicitante deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal o por conducto de su poderdante y no por medio de su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral les confieren a éstos últimos se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional. Autorización de reproducción de actuaciones judiciales. ***********Ahora, ya que las gestionantes solicitan se les tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este Juzgado, así como en la página oficial del Poder Judicial de la Federación; y, autorizados de su parte, en términos restringidos del artículo 12 de la legislación en consulta a********************, por así haberlo solicitado.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,966 expedientes
- Agustin Castañeda Ramos1063/2017
- Agustin Catañeda Ramos1066/2019
- Agustin Cazares Barrera671/2022
- Agustin Garcia Cisneros67/2021
- Agustin González Breña410/2021
- AGUSTIN HERNANDEZ MEJIA y Otros.390/2021
- Agustin Jamaica Ochoa y Otros.200/2020
- Agustin Melecio Carreño519/2018
- Agustin Navarro Canchola1073/2014
- Agustin Paramo Paramo628/2011
- Agustin Rafael Zurita Gomez591/2023
- Agustin Ramirez Garcia69/2015