Agustín Hernández Arias

Expediente 137/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
137/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
17/05/2021

Partes del expediente

  • Agustín Hernández Arias
  • Ayuntamiento del Municipio de Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada Incidente de Suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron, debiendo de agregar el cuadernillo original al presente juicio constitucional. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada Incidente de Suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron, debiendo de agregar el cuadernillo original al presente juicio constitucional. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. De conformidad a lo ordenado en auto de esta fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno original de suspensión, en atención a que se negó la suspensión provisional y definitiva es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. De conformidad a lo ordenado en auto de la propia fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno duplicado de suspensión, y acorde a lo dispuesto en la fracción II, inciso a) del "NUMERAL VIGÉSIMO", del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, se ordena su archivo por seis meses, transcurridos los cuales deberá destruirse. Así, conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del expediente, la anotación de la fecha de archivo y que este asunto carece de relevancia documental, como también que es destruible. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver el juicio de amparo 137/2020-I-A, promovido por Agustín Hernández Arias, en contra de las autoridades responsables, Ayuntamiento de Ciudad Juárez y Dirección General de Asentamientos Humanos del Municipio de Juárez, Chihuahua, residentes en la localidad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Por escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua con sede en ciudad Juárez, Agustín Hernández Arias, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos del Ayuntamiento de Ciudad Juárez y Dirección General de Asentamientos Humanos del Municipio de Juárez, Chihuahua, residentes en la localidad; demanda que por razón de distribución de correspondencia fue turnada a este Juzgado y se recibió en la oficialía de partes en la misma fecha, que hizo consistir en lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- A las dos primeras Autoridades las señalo como Ordenadoras: reclamándoles la inconstitucional Orden de desalojo." El anterior acto, el impetrante del amparo lo estimó vulnerador de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, como antecedentes del mismo relató bajo protesta de decir verdad, los que consideró pertinentes. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por proveído de dos de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se registró en el libro de gobierno bajo el expediente 137/2020-I-A, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención de su competencia al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; y se señaló día y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede, misma que concluye con el dictado de esta resolución; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, adicionado por el 3/2015 y 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que los actos reclamados podrán tener ejecución en el lugar donde este Órgano Jurisdiccional ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo con la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman la litis constitucional, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, es oportuno citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos rubros, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACION." Así, el detenido examen de todas las constancias del juicio que aquí nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte impetrante a las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas esferas de competencia, la constituye la orden de desalojo del predio que tiene en posesión, ubicado en la calle Balderas, lote 4, manzana 14, de la Colonia Ampliación Juanita Luna, de esta ciudad. Luego, al no advertirse algún otro acto impugnado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es oportuno citar la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, al rendir su respectivo informe previo negó la existencia del acto que se le reclama, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtuara esa negativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de los actos reclamados Por su parte, el Director General de Asentamientos Humanos del Municipio de Juárez, Chihuahua, residente en la localidad, al rendir su respectivo informe justificado, convino parcialmente en la existencia de los actos reclamados. De ahí que se tornen ciertos los actos reclamados a esta autoridad responsable. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del presente asunto, es necesario analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por tratarse de cuestiones de orden público, en términos de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, en la especie, de manera oficiosa, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A fin de demostrar lo anterior, resulta necesario traer a colación el contenido de la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que es del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Conforme a lo establecido en el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés jurídico o legítimo consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio. Es decir, se refiere a un derecho subjetivo o de un derecho legítimo, protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, mismo que ocasiona una afectación real y actual en su esfera jurídica. Simultáneamente, ha de tenerse en cuenta que el juicio constitucional se creó con la finalidad de cerciorar del goce de derechos humanos establecidos en la Carta Magna, cuando existe violación a aquellos por un acto de autoridad y éste tenga efectos materiales consistentes en un perjuicio o afectación real y actual en contra del solicitante del amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente señala lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" En el precepto constitucional transcrito se establece uno de los principios del juicio de amparo, consistente en que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y se entiende que tiene tal carácter aquél que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en nuestra Carta Magna y con ello afecte su esfera jurídica, sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, previo a las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, el principio de iniciativa de parte agraviada previsto en el artículo 107 Constitucional, implicaba la necesidad de que el gobernado probara que era titular de un derecho subjetivo que estimaba violado con los actos reclamados. Sin embargo, ahora, partiendo de la premisa de un marco protector más amplio de los derechos humanos, aquellas personas que aduzcan tener un interés legítimo pueden accionar una instancia, esgrimiendo un daño en su esfera jurídica tutelada por la ley y no así una afectación directa a un derecho subjetivo. Luego, el interés legítimo para efectos de la procedencia del juicio de amparo, consiste en el poder de exigencia con que cuenta un sujeto, que si bien no se traduce en un derecho subjetivo, permite reconocerle la facultad de impugnar la actuación o la omisión de una autoridad en orden a la afectación que ello le genera, al no acatar lo previsto por determinadas disposiciones jurídicas que le reportan una situación favorable o ventajosa. Dicho en otras palabras, es la pretensión o poder de exigencia que deriva de una lesión o principio de afectación a la esfera jurídica de un gobernado, generada por un acto de autoridad y sus consecuencias, cuya anulación o declaratoria de ilegalidad trae consigo una ventaja para éste, por hallarse en una situación especial o cualificada. No obstante lo anterior, ese interés legítimo para reclamar una norma o acto debe ser acreditado en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo. Es decir, debe acreditarse esa situación jurídica especial y vulnerada por un determinado acto de autoridad, que si bien no afectó sus derechos subjetivos, sí afectó ese derecho legítimo individual o colectivo que posee. De ahí, que no sea procedente la instancia constitucional, cuando el gobernado reclama un acto con el cual no sufre afectación alguna a su esfera jurídica. Sirve de apoyo, la tesis 1ª.XLIII/2013 (10ª.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Finalmente, debe precisarse que tal afectación (en sentido amplio), supone un beneficio jurídico a favor del accionante, el cual puede ser en el ámbito económico, profesional, cultural, etcétera. De no acreditarse tal afectación se tiene simplemente un interés simple o una acción popular que se dirige a la legalidad del acto. En otro contexto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 553/2012 y 663/2012, en sesiones de catorce y veintiuno de noviembre de dos mil doce, determinó lo siguiente: a) Las normas que tutelan al interés legítimo no tienen capacidad de generar derechos subjetivos, pues son las que establecen los llamados intereses difusos y que se encuentran encaminadas a producir ciertos resultados en la sociedad o en algunos núcleos o grupos que la integran y que, como ella, carecen de personalidad jurídica. b) El interés legítimo no supone una afectación directa al status jurídico, sino una indirecta, en la medida en que la persona sufre una afectación no en sí misma, sino por encontrarse en una especial situación frente al orden jurídico, que le permite accionar para obtener el respeto a su interés jurídicamente tutelado aunque no goce de un derecho subjetivo reflejo individual. c) La afectación al interés legítimo se da en la medida en que el sujeto forma parte de un ente colectivo, ya que de lo contrario se estaría en presencia de un interés jurídico o de un interés simple. En este orden de ideas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que por lo que respecta al interés legítimo, deben acreditarse los elementos que determinan su existencia, que son los siguientes: 1. Presencia de una norma que establece o tutela algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada. 2. Afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama, y; 3. Pertenencia del quejoso en esa colectividad. Por otra parte, en cuanto al interés jurídico, cabe destacar que se encuentra definido en la Jurisprudencia 1ª./J.168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Conforme a la jurisprudencia transcrita, es claro que para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; y c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por tanto, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que uno de los presupuestos que deben concurrir ineludiblemente para la procedencia del juicio constitucional, es precisamente la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa más, sino la ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. Apoya las consideraciones anteriores, la Jurisprudencia número 358, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona." Así, para la procedencia de la acción de amparo, es indispensable que quien la promueva acredite fehacientemente ante el juzgador federal que la actuación de la autoridad responsable le causa directamente perjuicios en su persona, derechos, bienes o posesiones, para que de inmediato se analice la posible violación de derechos humanos. Es decir, si bien la legitimación activa en la causa como condición necesaria para la procedencia del juicio, consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, y que como consecuencia está legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde, también es que el juicio de amparo sólo puede ser promovido por aquél que verdaderamente resienta un perjuicio con motivo del acto reclamado en el derecho que se busca ejercer. Dicho de otro modo, el juicio de amparo sólo podrá promoverse por aquél a quien le hayan sido violentados sus derechos fundamentales por omisión o insuficiencia de las prestaciones a las que tenga derecho o por actuaciones que impliquen una lesión a un bien jurídico tutelado, lo que de hecho debe estar plenamente probado para la procedencia del juicio de amparo. Asimismo, en cuanto al agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar perjuicio a la persona física o moral, lo que ocurre cuando ese acto lesiona su esfera jurídica, en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. No obstante, no puede hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes o derechos legalmente amparados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias." De ahí, que el agravio debe ser material y susceptible de apreciarse objetivamente, entendiéndose por dicha afectación, toda lesión que la persona física o moral recibe en sus intereses jurídicos en lo individual, como resultado de la emisión o ejecución del acto reclamado. Así, cuando el acto no genera una afectación por sí mismo, el juicio de amparo es improcedente para combatir sus efectos, dado que sería desacertado el pretender instaurarlo para nulificar un acto que no lesiona la esfera jurídica del particular, ante la ausencia de un agravio personal y directo, ocasionado por la emisión o ejecución del acto reclamado. Por tanto, este órgano jurisdiccional advierte que la exigibilidad del interés jurídico subsiste cuando se reclamen actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como acontece en el presente juicio. En este sentido, el interés jurídico consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma general, que se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad y le ocasiona un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. Así, el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente para demandar el cese de ésta; en otras palabras, el perjuicio se entiende como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, en la Jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), publicada en la página 1807, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." En ese sentido, como se expuso con antelación, el quejoso Agustín Hernández Arias, comparece al presente asunto, señalando como actos reclamados, en concreto, la orden de desalojo del predio que tiene en posesión, ubicado en la calle Balderas, lote 4, manzana 14, de la Colonia Ampliación Juanita Luna, de esta ciudad, del cual afirma tener derechos de posesión; pero se externa, no acreditó su interés jurídico. Se afirma lo anterior, en atención a que el peticionario de amparo no exhibió prueba alguna tendente a demostrar de manera fehaciente la titularidad de algún derecho sobre el bien inmueble que defiende; de ahí, que se estima que la parte quejosa no demostró su interés jurídico. Se afirma lo anterior, en razón de que solo exhibió dos copias simples de la identificación de su autorizado, el licenciado Héctor Armando González Mocken, medios de prueba de los que no se advierte que tenga la posesión legítima del inmueble en controversia constitucional, por lo que, se insiste, la parte quejosa no demostró su interés jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XX. J/14, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 148, del Tomo III, Enero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERES JURIDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ACREDITARSE EN FORMA FEHACIENTE EL. En el juicio de amparo, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no tratar de demostrarlo a base de presunciones." En la inteligencia de que, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como poseedor del inmueble en controversia, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tienen derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Al respecto, se cita la Jurisprudencia P./J.1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultable en la página 5, Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Por tal motivo, si conforme al artículo 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el interés jurídico, es elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde a la parte quejosa, ello por una parte, y por otra, si en el caso no se llegaron a demostrar ese extremo, es evidente que el presente juicio deviene improcedente. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1ª./J.1/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." En las relatadas circunstancias, lo que procede es considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ante la falta de acreditación del interés jurídico de la parte quejosa, y por ende, se sobresee en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción IV, de la mencionada ley. Dicha circunstancia, además, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó; acorde con tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335 del Tomo VI, relativo a la Materia Común, de la Compilación de Ejecutorias correspondiente a los años de 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y motivado, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Agustín Hernández Arias, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados en el resultando primero y por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia N O T I F Í Q U E S E. Así, lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Acuerdos, licenciado Hilario Quintero Torres, que autoriza y da fe. Doy fe.

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