Agustín Guzmán Duarte
Expediente 1838/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1838/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/12/2019
Partes del expediente
- Agustín Guzmán Duarte
- AGUSTÍN GUZMÁN DUARTE y Otros.
- Edith Bruno Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
DECLARACIÓN DE ESTADO. V i s t o s los presentes autos y advirtiéndose que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo, HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se desechó la demanda en el presente juicio de garantías y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción I, del Acuerdo General.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA AGUSTIN GUZMAN DUARTE (REPRESENTANTE COMUN), EL ACUERDO DE FECHA TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, tres de diciembre de dos mil diecinueve Vista la certificación Secretarial que antecede y el estado procesal de autos de los que advierte que mediante auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve, se previno al quejoso., a fin de que precisara el acto reclamado y el estado procesal que guarda el expediente 992/2017, del índice de la responsable, sin que lo haya hecho, a pesar de estar debidamente notificado tal y como obra en las constancias de notificación a fojas 10 y 11, en consecuencia, se provee: Se tiene por no presentada la demanda por lo que hace al quejoso.. QUEJOSOS DESAHOGAN PREVENCION Por otra parte, téngase a los quejosos., manifestando que no señala la falta de emplazamiento dentro del juicio de origen, asimismo, que se encuentran imposibilitados de precisar el estado procesal del expediente 992/2017, del índice de la responsable, toda vez que no les permiten imponerse de autos; en consecuencia, se provee: Vista la demanda de amparo promovida por. y otro, por propio derecho, contra actos de la Juez Primero de lo Civil de Tehuacán, Puebla, consistentes en la falta de notificación de la sentencia dictada en el juicio reivindicatorio 992/2017; así como la orden de entrega del inmueble identificado como terreno de labor denominado., emitida dentro del citado expediente; al respecto, se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA: El artículo 62 de la Ley de Amparo, impone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizaran de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En el caso, en relación al acto consistente en la falta de notificación de la sentencia dictada en el juicio reivindicatorio 992/2017, del índice de la responsable; opera la hipótesis de improcedencia prevista por la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". Ello es así, pues el acto reclamado no puede ser considerado como un acto contra el cual la ley no conceda medio de defensa legal por el cual se pueda restituir a los quejosos en el goce de sus derechos violados, toda vez que la ley adjetiva local establece en su arábigo 74 la posibilidad de atacar toda notificación que se encuentre de una forma distinta a la prevista por dicho Código de Procedimiento Civiles local; del citado arábigo se advierte lo siguiente: Artículo 74 Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este Capítulo, o se omitiere, se aplicarán las disposiciones siguientes: I. La parte agraviada podrá promover ante el Tribunal que conozca del juicio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación impugnada; II. El incidente de nulidad se tramitará conforme a las reglas generales que para los incidentes establece este Código; pero si antes de resolverse la cuestión principal, se cita para sentencia en el juicio principal, se suspenderá el procedimiento en éste, para que ambas cuestiones se resuelvan en una sola sentencia y, si se declara la nulidad, se declarará también no estar el principal en estado de fallarse; III. El ejecutor que hubiere omitido o realizado en forma ilegal la notificación, será responsable administrativa, civil y penalmente, y IV. No obstante lo prevenido en este artículo si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la resolución, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviere legalmente hecha.". En ese contexto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 320/2005, , que dio origen a la jurisprudencia VI.2o.C. J/309, publicada en Abril de 2009, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "INCIDENTE DE NULIDAD. PROCEDE CONTRA LA FALTA O LA INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, AUN CUANDO YA SE HUBIERA DECLARADO EJECUTORIADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si se omite o se estima indebida la notificación de la sentencia de primera instancia, debe impugnarse a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, aun cuando ya se hubiere emitido el auto que declara ejecutoriado dicho fallo; en principio, porque el auto que da firmeza a una sentencia no cierra fase procesal alguna, como sí lo hace la sentencia de primer grado, mediante la cual termina la primera instancia, o la de segundo grado, con la que concluye la segunda instancia, ni se trata de la resolución que pone fin a la etapa de ejecución de sentencia, con la que concluye ese periodo, sino que es una mera declaración, por virtud de la cual se hace del conocimiento de las partes que la sentencia respectiva ha quedado firme por no ser susceptible de impugnación o por no haber sido recurrida por alguna de ellas; pero además, porque la indicada incidencia no atenta contra la firmeza de la cosa juzgada, pues ésta no estriba en el auto que declara ejecutoriada una sentencia, sino está en la propia resolución, pues es ésta la que contiene la verdad legal establecida por el juzgador, irrebatible e inmodificable por virtud de un medio de defensa accesorio que no tenga la característica de ser un recurso que la ley expresamente establezca para obtener su revocación o modificación. Por tanto, si el señalado incidente de nulidad sólo tiene por finalidad dejar sin efectos todas las actuaciones a partir de la omitida o indebida notificación, es decir, las efectuadas después de emitida la sentencia de primera instancia y las practicadas con posterioridad, incluida en éstas el señalado auto de ejecutoriedad, para que se realice la notificación omitida o se practique nuevamente esa comunicación procesal, pero conforme a derecho, sin alterar el contenido de ese fallo, es evidente que con él puede impugnarse la omisión o indebida notificación de una sentencia de primer grado, aun cuando se hubiere declarado firme pues, de lo contrario, el afectado no tendría a su alcance algún medio ordinario ni extraordinario para emprender su defensa." En efecto, el acto reclamado consistente en la omisión de notificar la sentencia dictada en el juicio de origen, no puede considerarse como un acto por el cual la ley ordinaria no conceda medio de defensa legal con el cual se pueda restituir al quejoso en el goce de sus derechos, de ahí que se actualice la causal de improcedencia de referencia. Ahora bien, respecto del acto consistente en la orden de entrega del inmueble identificado como terreno de labor denominado., dictada dentro del juicio reivindicatorio 992/2017, del índice de la responsable; se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que respectivamente disponen: "Artículo 61. En el juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El juicio de amparo procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Conforme a los preceptos legales transcritos, se exige como presupuesto para la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos de ejecución de sentencia, que se reclame la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. En el caso concreto, el acto consistente en la orden de entrega del inmueble identificado como terreno de labor denominado., dictada dentro del juicio reivindicatorio 992/2017, del índice de la responsable, a la parte actora, con el apercibimiento que de no hacerlo, se decretaría en su contra el lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública, en el juicio reivindicatorio 992/2017, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla; sólo es una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia, empero, el acto que se reclama no constituye la última resolución dictada en él, porque no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por lo tanto, mientras no se emite la resolución definitiva correspondiente, el aludido proveído señalado como acto reclamado, no puede impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, que sería la que aprueba el cumplimiento total o declara la imposibilidad para ello. Tiene aplicación la jurisprudencia VI.2o.C. J/253, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1331, Tomo XXI, Mayo de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo". También es aplicable, la tesis P.LVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo V, abril de 1997, página 16, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Además, cabe citar la tesis jurisprudencial número J/21/9ª, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se comparte, del rubro y texto siguientes: "ORDEN DE LANZAMIENTO CONTRA DEMANDADO QUE FUE OIDO EN JUICIO. NO ES LA ULTIMA RESOLUCION DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION. La orden de lanzamiento constituye una consecuencia directa e inmediata de la sentencia que es cosa juzgada y que emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad. Conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, por última resolución se entiende en forma genérica la que declara cumplida la sentencia o convenio que tienen la calidad de cosa juzgada como culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa, con las formalidades esenciales del procedimiento; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla, y acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica, resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia que es cosa juzgada; resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones o que resuelven una cuestión que guarda autonomía de la ejecución, y otros actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto o una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia o convenio que es cosa juzgada. De ahí que por la naturaleza propia de cada una de esas resoluciones o autos que pueden dictarse en el período de ejecución, distintos al de remate, y también por la afectación a la libertad que pueda darse en el caso del resto o a un derecho sustantivo, porque la resolución o auto modifique, extinga un derecho o constituya una obligación sustantiva, que sea distinta a la que fue objeto de controversia y tenga la calidad de cosa juzgada, como son las medidas de apremio, entre otras, es posible diferenciar cuándo se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución o bien que por su naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, que crea, o modifica o extingue un derecho en ese procedimiento, deba ser analizada en el juicio de amparo". En ese contexto, el acto reclamado por la parte quejosa, sólo es una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia, el cual no es la última resolución dictada en el procedimiento, puesto que es un acto que requiere a la demandada para que haga entrega del inmueble materia del juicio de origen y la apercibe que de no dar cumplimiento se decretara en su contra el lanzamiento con auxilio de la fuerza pública. Luego, para que proceda el amparo, no es dable reclamar cualquier acto acaecido durante la mencionada etapa de ejecución, sino únicamente aquél que constituya la "última resolución" dictada en el procedimiento respectivo, sin perjuicio de que también puedan alegarse una vez enderezada la acción constitucional contra ese último acto, las demás violaciones que a juicio del quejoso se hubiesen suscitado en su perjuicio. Al respecto como se indicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la llamada "última resolución", dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, lo constituye aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total del fallo o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de manera que un acto previo a esa declaratoria del juez no es reclamable a través del juicio constitucional. Lo anterior es así, con el objeto de evitar el entorpecimiento de los juicios y el abuso del juicio de amparo, permitiendo de esta manera que los fallos dictados se cumplimenten debidamente, en acatamiento al artículo 17 de la Constitución Federal, y una vez materializada la ejecución contenida en la sentencia de que se trate, puede entonces ejercitarse la acción constitucional, en contra de esa última resolución. Por lo tanto, si en el caso, la quejosa señala como acto reclamado orden de entrega del inmueble identificado como terreno de labor denominado. dictada dentro del juicio reivindicatorio 992/2017, del índice de la responsable, a la parte actora, con el apercibimiento que de no hacerlo, se decretaría en su contra el lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública; sólo es una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia, es obvio que dicho acto constituye un acto dictado después de concluido el juicio en el período de ejecución de sentencia, sin embargo, no es el último acto dictado dentro del mencionado período de ejecución, esto es, aquél que en forma definitiva entrega el bien afecto al juicio, con el cual podrán reclamarse las violaciones producidas durante ese procedimiento. En consecuencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de amparo por su notable improcedencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado este proveído archívese este asunto como concluido. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de los quejosos a.. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Con fundamento en el artículo 27 fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado a fin de que practiquen las notificaciones que correspondan al presente juicio en la zona conurbada de la ciudad de Puebla, cuando así se requiera. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la licenciada Yolanda Velázquez Rebollo, Jueza Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante la licenciada Diocelina Padilla Téllez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa, visto su contenido, se provee: NUEVOS AUTORIZADOS DEL QUEJOSO Se le tiene autorizando únicamente para oír, recibir e imponerse de los autos a ........., sin revocar a cualquier otro autorizado nombrado con anterioridad. NUEVO DOMICILIO DEL QUEJOSO Se le tiene señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de mérito.
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