Agustín Guillen Pérez

Expediente 1669/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1669/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
19/12/2019

Partes del expediente

  • Agustín Guillen Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO DE CUENTA....DE LO CUAL ESTE JUZGADOR TOMA CONOCIMIENTO....TENGASE POR OFRECIDA, ADMITIDA Y DESAHOGADALA DOCUMENTAL....TENGASE INFORMANDO EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS PARTES....SIN NECESIDAD DE DICTAR MAYOR PROVEIDO...

  2. Principal

    SE ADMITE DEMANDA DE AMPARO... SIN FORMARSE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN... SE SOLICITAN INFORMES JUSTIFICADOS A LAS RESPONSABLES... SE FIJAN LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL... SE ORDENA EMPLAZAR AL TERCERO INTERESADO...

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LAS TERCERAS INTERESADAS NO ATENDIERON LOS CITATORIOS DE DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, SE LES NOTIFICA A TRAVÉS DE LISTA EL AUTO QUE DICE: Querétaro, Querétaro, a diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de garantías promovida por AGUSTÍN GUILLEN PÉREZ, por propio; contra actos de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1669/2019, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Sin formarse incidente de suspensión en virtud de no haberse solicitado expresamente. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde y, en atención al inciso k), del ordinal 26 de la ley de la materia, notifíquesele mediante oficio el presente acuerdo, corriéndole traslado con copia de la demanda, para los fines legales a que haya lugar. En atención a los dispositivos 117 y 75, de la ley de la materia, pídase a la responsable su informe justificado, que deberá de rendirlo dentro de quince días, en el que expresará con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además, deberá expresar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye haciendo la aclaración que dichas copias tienen que ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice de fondo la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se le impondrá multa de cien días de Unidad de Medida y Actualización de conformidad con los preceptos en cita, en relación con los diversos 238 y 260, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En la inteligencia, que los salarios mínimos a que se alude en este acuerdo y en el presente asunto, se entenderán referidos a los ahora denominados unidad de Medida y Actualización, en términos del transitorio tercero del "Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado el miércoles 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, página 351, que dice: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." Sin perjuicio de que la parte quejosa exhiba dichas constancias. Independientemente de lo asentado con antelación, se requiere a la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado Federal: ? El estado procesal que guarda el expediente laboral 1706/2018/2/1, de su índice. ? Si ya emitió el laudo correspondiente dentro del expediente laboral 1706/2018/2/1, de su índice. Debiendo remitir las constancias que acrediten su dicho, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización en términos de los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que se lleve a cabo la audiencia constitucional. Asimismo, requiérase a todas las partes en el juicio, para que, en su oportunidad, de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito, con apoyo en el numeral 64, de la normatividad aplicable al caso, haciendo de su conocimiento que si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de TREINTA DÍAS de salario mínimo general vigente acorde con lo establecido en el artículo 251 de la Ley de Amparo citada. Por otra parte, con fundamento en artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en atención al contenido del escrito inicial de demanda, se ordena llevar a cabo el emplazamiento al presente juicio de amparo de las partes terceras interesadas Carolina Pérez Gómez y/o "INC" (Instrumentación, Neumática y Control) y Dana de México Corporación, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y/o "Dana de México Cardanes", en los domicilios ubicados en Calle Vesubio, Número 504, Colonia Loma Bonita, Querétaro, Querétaro, y Calle Acceso III, Número 7-C y/o Número 7 puerta uno, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Querétaro; debiendo hacerles entrega de copia de la demanda y del presente auto. Asimismo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley Reglamentaria invocada, deberá enterarlas de la hora y día que se encuentran señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, y finalmente deberá requerirlas, en base a lo expuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo invocada, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación de este auto, señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, en la inteligencia que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, se les harán por lista, aun las de carácter personal, con apoyo en el precepto legal referido, sin ulterior acuerdo; sin perjuicio de que puedan hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la Ley Reglamentaria invocada. De igual forma, en caso de que no se encuentren a las partes terceras interesadas antes mencionadas, el actuario deberá cerciorarse de que en los domicilios en el que se constituya pueda ser localizadas las partes terceras interesadas referidas, y deberá proceder conforme a lo ordenado en el artículo 27, fracción I, incisos b y c de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece. Asimismo, se le hace del conocimiento que en caso de que los domicilios que se proporcionan no sean los correctos, pero si le fuese informado que son unos distintos, se faculta para que practique la diligencia encomendada en esos nuevos domicilios, en caso de que corresponda a esta jurisdicción. Se faculta a cualquiera de los actuarios adscritos, para que en caso de que el representante legal de las partes terceras interesadas se presente en el local de este Juzgado, realice el emplazamiento correspondiente. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles, a fin de llevar a cabo la diligencia encomendada. Independientemente de lo anterior, se requiere la autoridad responsable, para que en caso de ser cierto el acto reclamado con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo Vigente, en el término de tres días informe el último domicilio que hubieren señalado las partes en el juicio natural, apercibidas que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con el precepto 244 del citado ordenamiento. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, sin perjuicio de que sean relacionadas y tomadas en consideración al momento de la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Mientras que, por lo que respecta a la prueba documental que refiere consistente en el acuerdo de tres de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por la autoridad responsable, en los autos del expediente 1706/2018/2/1, no ha lugar a tenerla por ofrecida, en virtud de que es omiso en exhibir la misma, en la inteligencia de que una vez que se exhiba ésta se acordara lo conducente. Asimismo, se tiene como domicilio procesal del quejoso, el que indica en su demanda de amparo, y como autorizados de su parte a las personas que precisa en la misma, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Ahora bien, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Con sustento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para practicar cualquier notificación o emplazamiento que surjan en el presente asunto, con el fin de no entorpecer el trámite del presente juicio. En diverso aspecto, se da vista a la parte quejosa para que, en el caso de que las autoridades señaladas como responsables, con la denominación que indica en su demanda, no existan, con fundamento en la fracción III del artículo 108, de la Ley de Amparo vigente, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), sin diverso acuerdo, se les tendrá como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación, en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto. NOTIFÍQUESE; Y EMPLÁCESE A LAS PARTES TERCERAS INTERESADAS.

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