Agustín Guendulain Zárate

Expediente 111/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
111/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
18/05/2022

Partes del expediente

  • Agustín Guendulain Zárate y Otros.
  • Agustín Guendulain Zárate

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, por medio del cual remite el testimonio de la ejecutoria de veintinueve de abril de dos mil veintidós, dictada en el conflicto competencial 15/2022 de su índice, cuyos puntos resolutivos dicen: "RESUELVE: PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. Se declara que el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, es el legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos reclamados y autoridades responsables, precisados en el resultado primero de esta sentencia. TERCERO. Remítanse los autos del juicio de amparo indirecto 111/2022 al Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Mate a Penal en el Estado de Puebla, a cuyo favor se fincó la competencia, haciéndolo del conocimiento del Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para lo efectos a que haya lugar." Atento a lo resuelto por la Superioridad, en el sentido que dicho Tribunal Colegiado declaró que el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, es legalmente competente para conocer del juicio de amparo promovido por la parte quejosa ¨***. Con fundamento en el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que en auto de dos de febrero de dos mil veintidós, este juzgado se declaró incompetente para conocer de la demanda de ****; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 1341/2022, signado por la Actuaria Judicial Adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en esta Localidad, por medio del cual informa que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este Juzgado de Distrito y el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el cual se encuentra registrado con el número 15/2022, de su índice; lo anterior, se hace constar para los efectos legales conducentes. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación."

  3. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de febrero de dos mil veintidós Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos el oficio que remite vía electrónica el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y, anexos digitales; con el que hace del conocimiento que no acepta la competencia declinada por este Juzgado, para conocer de la citada demanda de amparo, contra actos del Juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, este Juzgado de Distrito, y otras autoridades. Las razones expuestas por la autoridad oficiante para rechazar la competencia declinada, esencialmente consistieron en que la causa por la cual este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca estimó carecer de competencia legal, no encuadraba en alguno de los criterios objetivos correspondientes a la materia, territorio y grado, sino en razón que se atribuía el carácter de autoridad responsable a este Juzgado Federal, circunstancia que no representaba un aspecto que determine la competencia legal de algún órgano jurisdiccional, ya que no se refería a un punto jurisdiccional concreto, sino que se trataba de un caso de excepción a las reglas de competencia, apoyándose en lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en la ejecutoria de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el conflicto competencial 82/2021. Ahora bien, este Juzgado Federal no comparte las razones expresadas por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; por tanto, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional insiste en declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo en mención. Esto es, pues del análisis de la demanda de amparo, como se estableció en auto de dos de febrero de dos mil veintidós, la parte quejosa señala como autoridades ordenadoras a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto Séptimo, Octavo, Noveno (este órgano jurisdiccional), Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, a quienes reclama la orden de aprehensión y/o reaprehensión. En ese contexto, en su parte relativa los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Al respecto, esta juzgadora no comparte lo sostenido por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, pues se considera que se está ante un aspecto relacionado con la competencia, en el caso, para conocer del juicio de amparo indirecto en el que este órgano jurisdiccional fue señalado como autoridad responsable. Para sustentar lo anterior, se estima oportuno traer a colación la contradicción de tesis 95/2019, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en lo conducente señala: "(.) La competencia por grado se relaciona a las funciones de los órganos y su jerarquía; ante ello, regularmente el grado se ha entendido en función del nivel o posición que guarda cada órgano jurisdiccional jerárquicamente, sin embargo, tal como quedó establecido, conlleva una vertiente propia de las funciones que desempeña cada uno de esos órganos o instancias, esto es, el contenido de las facultades con las que cuentan y las atribuciones que les otorgan las normas que los rigen. Atento a lo anterior, se tiene que el grado en un sentido amplio no se limita únicamente a la distribución de competencias por virtud de jerarquía de la instancia; sino también a la organización propia de cada órgano jurisdiccional que componen esas instancias y, es precisamente en la distribución donde se generan las facultades específicas y las funciones con las que cuenta cada uno de los órganos señalados. Así, desde una perspectiva horizontal, se contempla al grado como la composición de facultades que tiene cada órgano jurisdiccional en una determinada instancia; verticalmente, el grado se relaciona con la organización de esas instancias en niveles o jerarquías que en el Poder Judicial de la Federación se distribuye en los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y Tribunales Colegiados de Circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante ello, en relación al juicio de amparo indirecto, con la salvedad de la competencia auxiliar de la que se hablará más adelante, los Juzgados de Distrito y los Tribunales Unitarios de Circuitos, son los órganos competentes atendiendo a una cuestión de grado (jerarquía vertical), para conocer en primera instancia. Sin embargo, conforme a lo dicho, es necesario que dentro de esa instancia cada órgano cuente con facultades suficientes para desenvolverse en la actividad procesal sujeta a su jurisdicción. De ahí, que si horizontalmente el grado se analiza a partir de su aptitud para conocer de las controversias que le sean sometidas; desde esa perspectiva, es válido referirse como competencia funcional. En ese sentido, si por principio de cuentas el juicio de amparo tiene por objeto, conforme al artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, resolver toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de las autoridades que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por dicha Carta Magna, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte; no se justificaría que un órgano jurisdiccional tenga facultades para resolver un juicio de amparo indirecto cuando se reclamen actos emitidos por el mismo, con independencia de quien sea su titular. Sirve para fortalecer lo anterior, la siguiente tesis emitida por este Alto Tribunal de rubro y texto siguientes: "JUECES DE DISTRITO, INCOMPETENCIA DE LOS. Sería absurdo que el mismo Juez de Distrito tuviese al mismo tiempo el carácter de Juez sentenciador en el amparo, y de parte de esa controversia constitucional, aun cuando el fallo que dictase se limitara a decir, respecto a los actos que se le atribuyen, que procedía el sobreseimiento, por no existir esos actos.".1 Antes bien, cabe señalar que no es obstáculo a la afirmación anterior, que conforme a la integración de ciertas legislaciones, exista la posibilidad ante determinados supuestos que un órgano jurisdiccional pueda revisar sus propias determinaciones; sin embargo, a partir de las reglas de tramitación del juicio de amparo indirecto, esa posibilidad queda descartada, como se expondrá más adelante. Pues resulta contrario a su propio fin sostener que sea el mismo tribunal o juzgado, señalado como autoridad responsable, quien resuelva sobre la constitucionalidad de sus actos. Así pues, atendiendo específicamente a que en el juicio de amparo indirecto -para efectos de la contradicción- la competencia está acotada a las propias reglas procesales y funcionales establecidas en la ley de materia, no solo debe estar a los elementos de territorio, materia o grado en un sentido limitado a la jerarquía, sino al propio funcionamiento del órgano conforme a las facultades que la ley le confiere (funcional). Ante ello, las reglas para la substanciación del referido juicio de amparo indirecto, se encuentran contenidas en la Sección Segunda, "Substanciación" del Capítulo I "El Amparo Indirecto" del Título Segundo, "De Los Procedimientos de Amparo" de la Ley de Amparo; de las que se desprende que, una vez señalada en el escrito de demanda a la autoridad responsable, el acto que se le reclama y los conceptos de violación y, admitida por el órgano jurisdiccional, éste señalará día y hora para la audiencia constitucional y pedirá a las autoridades responsables que rindan un informe con justificación, en el que deberán exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando las constancias necesarias para apoyarlo. (.) De ahí, es claro que una de las bases para resolver sobre las cuestiones planteadas es precisamente el informe con justificación de la autoridad responsable; en ese sentido, de ser el mismo órgano quien deba rendirlo en su carácter de responsable y a su vez analizarlo para determinar si su actuación fue en apego a la ley o no, es incuestionable que hay una incompatibilidad con sus funciones como autoridad jurisdiccional encargada de la impartición de justicia, lo que revela una condición de incompetencia. Así, conforme con la finalidad del juicio, a partir de los artículos 36 y 38 de la Ley de Amparo, que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto -en primera instancia- por parte de los juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios, se tiene que será competente para conocer contra los actos de un juez de distrito o tribunal [TA] Quinta Época; Tercera Sala; Semanario Judicial de la Federación; Tomo XCIX; Página: 588. unitario, OTRO del mismo distrito y especialización y, si no lo hubiere el más próximo; haciendo especial énfasis que en debe ser un órgano ajeno al que se le atribuye el acto. A continuación, los artículos en comento. (.) Así pues, en aquellos casos, en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto, también tiene el carácter de autoridad responsable, no cuenta con facultades para resolver en la instancia, por lo que en principio, se debe declarar incompetente; ello pues se actualiza una causa de incompetencia funcional, (.)" Tomando en cuenta lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se insiste que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del juicio de amparo indirecto, en tanto que tiene el carácter de autoridad responsable. En consecuencia, se insiste, como los actos reclamados a las autoridades señaladas como ordenadoras se traducen en una orden privativa de la libertad emitida en contra de la parte quejosa; la cual atribuyó, entre otras autoridades, a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca; por ende, al tener este tribunal el carácter de autoridad responsable, no puede ser juez y parte en el mismo procedimiento constitucional; de ahí, que se estima, este Juzgado carece de competencia legal para tramitar el presente juicio de amparo; por tanto, resulta competente para conocer de este asunto, el juez más inmediato a la residencia de este órgano jurisdiccional. Orienta lo anterior, la jurisprudencia de contenido obligatorio para este órgano jurisdiccional 1ª /J 88/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, Tomo XXV, Febrero de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 173362, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato." En ese sentido, éste Juzgado de Distrito, insiste que resulta competente para conocer de este asunto, el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, toda vez que nos encontramos en la regla de excepción contenida en el artículo 38, parte final, de la Ley de Amparo, en el cual se establece que debe conocer del asunto, el Juez de Distrito más inmediato, toda vez que los demás Juzgados de Distrito residentes en esta jurisdicción, también fueron señalados como responsable en el asunto. Por tanto, no se comparte el criterio sostenido por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ni la aplicación específica al caso de la hipótesis que cita, pues como se vio, este Juzgado carece de competencia legal para tramitar el presente juicio de amparo, en atención a lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo. No se soslaya, que el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, destacó parte considerativa de la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en el conflicto competencial 82/2021; sin embargo, el supuesto analizado por el citado colegiado no es el mismo que dio origen al presente juicio, en el que se resulta dable advertir que lo reclamado por el peticionario del amparo en este juicio, es una orden de aprehensión o reaprehensión emitida por una autoridad judicial federal. En cambio, en aquel asunto, el citado órgano colegiado tomó en consideración la naturaleza de los actos reclamados en los que no se apreciaba que uno de los órganos jurisdiccionales en conflicto competencial, los hubiere emitido o participado en su emisión, ya que en aquél esencialmente se reclamaron "órdenes de incorporación forzada a las Fuerzas Armadas Marina, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y Ejercito Nacional; la orden de destierro, así como los acuerdos, pactos, convenios o contratos donde se haya pactado el menoscabo, perdida y sacrificio de la libertad, tortura, tormento de vida y muerte"; de manera que, el citado órgano colegiado, subrayó que para que se justificara la incompetencia de tal juzgador, resultaba necesario que el acto reclamado derivara de un procedimiento ordinario de orden federal, o por lo menos, de un procedimiento diverso al amparo tramitado ante el mismo órgano. Lo que en la especie ocurre, ya que en el presente se reclama de este juzgado, la emisión de una orden de aprehensión o reaprehensión. De manera que, este juzgado de Distrito sí cuenta con facultade constitucionales y legales para emitir una orden de aprehensión o reaprehensión, resultando inconcuso que se tendrá el carácter de parte durante todo el procedimiento del juicio de amparo, pues con independencia de que se haya emitido o no la orden de aprehensión y/o reaprehensión reclamadas, se tendrá durante todo el juicio la categoría procesal de contraparte del quejoso, con todas las cargas que ello implica, como lo es el rendir el informe justificado a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se estima que este Juzgado carece de competencia legal para tramitar el presente juicio de amparo, y es al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a quien le asiste competencia para el conocimiento del presente asunto, al ser el más inmediato a este órgano jurisidiccional dado que todos los órganos jurisdiccionales en el Estado de Oaxaca, incluido éste, fueron señalados como autoridades responsables. Por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional plantea el conflicto competencial suscitado entre ambos Juzgados Federales; por consiguiente, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase de inmediato los autos del presente expediente, y copias de la demanda de amparo, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, con sede en esta localidad, a fin de que resuelva a qué Juzgado de Distrito corresponde el conocimiento de la demanda de amparo promovida por ******,contra actos del Juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, este Juzgado de Distrito, y otras autoridades. En el caso, resta decir, acorde con la certificación, que de la calificación jurídica de la demanda de amparo, se estima, no se advierte que se reclame alguno de los actos contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no se está en el supuesto del numeral 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Al respecto, es dable precisar que los actos aquí reclamados consisten en la orden de aprehensión y/o reaprehensión, así como su ejecución; de ahí que, se considere no se está en el caso del reclamo de actos previstos en esos dispositivos legales antes citados. Similares consideraciones se han sostenido por mencionar algunos, en los conflictos competenciales 53/2021 y 55/2021, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, las cuales se traen a la vista como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Penales de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. Comuníquese lo anterior al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Notifíquese por estrados como está ordenado"

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de febrero de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Con la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta localidad, turnada a este órgano jurisdiccional, promovida por Agustín Guendulain Zárate, contra actos del Juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca y otras autoridades, entre ellas este órgano federal; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 111/2022. Incompetencia. Toda vez que la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, se debe considerar si en el caso, la demanda de amparo interpuesta por la parte agraviada, da motivo para que este órgano de control constitucional se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que de no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Así, del análisis de ésta se desprende que la parte quejosa señala como autoridades ordenadoras a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno (este órgano jurisdiccional), Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, a quienes reclama la orden de aprehensión y/o orden de reaprehensión, así como su ejecución. En ese contexto, en su parte relativa los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." De lo anterior, se observa que es competente para conocer del juicio de amparo indirecto, que se promueva contra los actos de un Juez de Distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. En consecuencia, conforme a lo establecido en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y con fundamento además en el artículo 48 de la Ley que reglamenta el juicio de amparo, toda vez que los actos reclamados a las autoridades señaladas como ordenadoras se traducen en una orden privativa de la libertad emitida en contra de la parte quejosa, la cual atribuyó, a todos los órganos jurisdiccionales del Decimotercer Circuito Judicial; entonces, al tener este tribunal el carácter de autoridad responsable, se estima carecer de competencia legal por impedimento, para conocer y resolver de la demanda que nos ocupa, y la declina a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, por ser lo más cercano a esta localidad. Así las cosas, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 38 de la ley en cita, para evitar dilaciones, sin proveer sobre su admisión, así como tampoco suspensión alguna (pues no se está en el supuesto de actos urgentes), remítase la demanda de que se trata con sus respectivas copias a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, a efecto que por su conducto sea remitido al Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla en turno. Lo anterior, para que determine si acepta o no la competencia legal que se plantea, y se le solicita haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional, la resolución que al respecto pronuncie, ello conforme a lo dispuesto por el precitado numeral 48 de la ley reglamentaria. Orienta lo anterior, la jurisprudencia 1ª /J 88/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, Tomo XXV, Febrero de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 173362, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato." Fórmese cuaderno de antecedentes para que obre en sustitución del original. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que la Actuaria Judicial de la adscripción, logre llevarlas a cabo. Orienta la anterior determinación, la tesis I.4o.C.208C, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2127, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE UNA DILIGENCIA JUDICIAL. NO ES NECESARIA LA PETICIÓN DE PARTE PARA PROVEERLA." DOMICILIO Y AUTORIZADOS DEL PROMOVENTE. Ahora, toda vez que la parte promovente señala los estrados de este Juzgado, para oír y recibir notificaciones, el cual no es propiamente un domicilio procesal, con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones personales se les practicarán por lista de acuerdos. Así también, téngase como autorizado de la parte promovente únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a la persona que menciona; ello, por no tener su cédula profesional registrada en la base de datos del Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF), para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Por otro lado, dígase al promovente que no ha lugar a proveer de conformidad su petición en el sentido de que se le hagan las notificaciones al correo electrónico y número telefónico que refiere, pues en la Ley de Amparo no prevé dispositivo legal alguno que autorice la notificación de los acuerdos mediante dichos medios de comunicación, pues únicamente autoriza realizar notificaciones electrónicas de conformidad con el artículo 30 de la ley de la materia. No obstante, en atención al artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se toma nota de éstos, para entablar, únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, y, de ser necesario, se incorporará. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". Medios electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Se autoriza al Actuario y/o Secretaria Judicial para que firme los oficios correspondientes. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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