Agustín Gregorio Sánchez Rosales

Expediente 219/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
219/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/02/2023

Partes del expediente

  • Agustín Gregorio Sánchez Rosales

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado. La parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días, el proveído de quince de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Archívese como asunto concluido.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve xxxxxxxx, por propio derecho, contra actos del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios por Conducto de su Presidente. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 219/2023-II. Ahora bien, de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa se duele esencialmente del acto siguiente: La omisión de dar respuesta a la solicitud de pensión presentada el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, ante la autoridad responsable. Desechamiento. Precisado lo anterior, de la lectura integral que se hace de la demanda de amparo, la suscrita advierte que se actualiza la hipótesis normativa prevista por el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que en el caso existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma que da lugar a su desechamiento de plano, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 114 de la citada ley, por las razones que a continuación se indican: Sobre el particular, importa destacar que el denominado "derecho de petición", está consagrado en el artículo 8° Constitucional, en función de que cualquier gobernado que presente una petición de manera respetuosa y pacífica ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta congruente con su petición, que debe ser emitida en breve término por la autoridad. Ahora, en el caso, tenemos que, tanto de la demanda de amparo como del acuse de recibo de la solicitud que anexa la persona promovente, el derecho de petición consagrado por el precepto 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue ejercido por xxxxxxxx, aquí quejoso, el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, esto es, veintiocho días hábiles antes de la presentación de la demanda de amparo; es decir, a la data de presentación de la demanda de derechos humanos no ha transcurrido el termino de treinta días hábiles que establece el artículo 75 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para dar respuesta a la petición de la quejosa. Lo anterior es así, ya que el segundo periodo vacacional del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, comprendió del veintidós de diciembre de dos mil veintidós al cuatro de enero de la presente anualidad, como se puede observar del "Calendario oficial que regirá durante el año 2022" emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, a través del "Acuerdo del Secretario de Finanzas por el que se establece el calendario oficial que regirá durante el año 2022" publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. En este contexto, debe considerarse un término de contestación a las peticiones hechas ante su potestad; lo anterior, sin contar el plazo para que se hagan las notificaciones y éstas surtan efectos. En efecto, si bien la citada norma constitucional establece que el derecho de petición debe ser satisfecho con una contestación, la cual debe ser otorgada en breve término o bien el plazo previsto por la norma que rija el actuar de la responsable, ello de ningún modo implica que ésta deba ser proporcionada el mismo día en que se eleve su promoción; puesto que esto, en todo caso, implicaría desatender las labores previas con las que las autoridades cuenten, a efecto de satisfacer el "breve término" o en el plazo que la norma les señala, en el que se deba contestar dicha solicitud. En efecto, el artículo 75 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, menciona que las autoridades contaran con un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciban la solicitud, para emitir la respuesta correspondiente, al precisar: "Artículo 75. (.). El Instituto señalará al solicitante una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles. El escrito de respuesta estará a su disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite, a excepción de aquellas solicitudes que por su naturaleza requieran de mayor tiempo para su resolución. (.)" (Énfasis añadido) Es por ello, que resulta necesario que la autoridad a la que se elevó la petición combatida, disponga de un tiempo razonable para atender su solicitud, lo que en la especie no ha ocurrido, ya que del acuse de recibo que se anexó a la demanda, se advierte que la fecha de recepción es de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, y la demanda de amparo fue depositada el catorce de febrero del año en curso, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por ende, es inconcuso que no ha transcurrido el término que el Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, fija para que la autoridad responsable de contestación a la solicitud de pensión, tomando en consideración el segundo periodo vacacional de la autoridad responsable; de ahí que se considere que la omisión reclamada al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno al recurrente de amparo, pues no ha transcurrido el tiempo que le otorga la norma que rige el actuar de la responsable para que acuerde la solicitud que le fuera elevada. En este sentido, este órgano constitucional estima que existe una causa notoria de improcedencia, en virtud de que si bien el quejoso en la presente instancia reclama la violación al derecho de petición por la falta de contestación por parte de la autoridad responsable, también lo es, que el impetrante de amparo no ha dejado transcurrir el término que el Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, establece para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito respectivo y hacerle conocer el acuerdo recaído; en consecuencia, es indudable que en el presente caso no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto de estudio en el juicio de amparo en que se actúa, por lo que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla. Bajo esa tesitura, es inconcuso, para que este órgano jurisdiccional entre al estudio del acto que por esta vía se reclama, es necesario que la quejosa, deje pasar el término que la norma respectiva establece, sin que la autoridad dé contestación a su petición, para estar en aptitud de analizar la violación al derecho de petición en la presente instancia reclamada; en consecuencia, en el presente caso, el acto impugnado no le causa ningún perjuicio a los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que pase inadvertido para esta juzgadora el hecho de que la quejosa refiera que ha transcurrido el termino para que las autoridades responsables den respuesta a su solicitud de pensión de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, conforme a lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; sin embargo, contrario a lo que señala deberá estarse a lo ordenado en párrafos precedentes, toda vez que existe ordenamiento expreso que determina la temporalidad para dar contestación a su petición; es decir, el Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en el que se contemplan treinta días, los cuales deben ser hábiles y, en el caso, a la presentación de la demanda aún no transcurren. Por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 114 de la citada ley, se impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por xxxxxxxxx, por propio derecho, contra actos del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios por Conducto de su Presidente. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo.

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