AGUSTÍN GONZÁLEZ TORRE y Otros.

Expediente 555/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
555/2014
Año
2014
Actuaciones
3
Última actuación
20/05/2015

Partes del expediente

  • AGUSTÍN GONZÁLEZ TORRE y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Del estado procesal que guarda este asunto y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por la autoridad responsable, la sentencia de amparo está cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: El acto reclamado se hizo consistir, entre otros por los cuales se sobreseyó en este juicio de amparo, en la resolución de dieciséis de julio de dos mil trece, dictada en los autos del expediente jurídico 109/2000, del índice de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, en la que negó a la parte quejosa proporcionarle alguno de los beneficios previstos en la Ley de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, en relación con el Código Penal, ambos del Estado de Veracruz. En sentencia de veintisiete de octubre de dos mil catorce (confirmada en sesión de veintiséis de marzo del dos mil quince, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, -fojas 233 a 244-), se concedió el amparo para el efecto de que la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, dejara insubsistente el acto reclamado y, emitiera una nueva determinación en la que se declara incompetente para resolver respecto de los beneficios preliberacionales o de remisión parcial de la pena solicitados por el quejoso, para que pudiera disfrutar de la libertad, y resolviera lo que en derecho procediera para remitir las peticiones efectuadas a la autoridad jurisdiccional competente, encargada de conocer de dichas determinaciones. III) En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Director General de Prevención y Reinserción Social, con residencia en esta ciudad, mediante oficio número SSP/DGPRS/DJ/0523/2015, de treinta de abril del año en curso, remitió copia de la resolución de veintiocho de abril de dos mil quince (fojas 261 a 265), dictada en el expediente jurídico 109/2000 de su índice. IV) Con dichas constancias, remitidas en cumplimiento a la sentencia de amparo por la autoridad responsable, se dio vista a la parte quejosa (foja 266). V) Previo análisis de las constancias de autos, se concluye respetuosamente que la ejecutoria de amparo está cumplida, debido a que de la resolución remitida por el Director General de Prevención y Reinserción Social, con residencia en esta ciudad, se advierte lo siguiente: Bajo su más estricta responsabilidad y con plenitud de jurisdicción, dejó insubsistente la resolución de dieciséis de julio de dos mil trece, que constituyó el acto reclamado; y, por mayoría de votos del Consejo Técnico Interdisciplinario de dicha dependencia, se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver respecto de la procedencia o improcedencia de otorgarle a la parte quejosa alguno de los beneficios de libertad anticipada previstos en el Título Séptimo, Capítulos I y II, artículos del 63 al 69 de la Ley de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social o 94 del Código Penal, ambos del Estado de Veracruz; y como consecuencia de ello, giró el oficio número SSP/DGPRS/DJ/0522/2015, de treinta de abril del presente año, al Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, autoridad jurisdiccional que resultó competente por conocer de la causa penal 448/1997, en la que la parte quejosa fue sentenciado por los delitos de homicidio y lesiones, remitiéndole copia autorizada de las solicitudes respectivas, para que procediera a substanciar el procedimiento correspondiente (fojas 257,261 a 265). Bajo las circunstancias narradas, PROCEDE DECLARAR CUMPLIDA la sentencia dictada en este asunto y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como concluido. En ese contexto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, al resultar innecesario conservar la copia certificada de la causa penal 448/1997, que el Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en Poza Rica, Veracruz, allegó al rendir su informe justificado, la cual obra en un tomo por separado; devuélvase al Juez responsable, solicitándole atentamente que una vez que obre en su poder, acuse el recibo correspondiente. Finalmente, se advierte que no se ha girado oficio al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, a efecto de acusar el recibo del oficio 3255 de su índice; por tanto, gírese oficio a la autoridad mencionada, con copia simple del proveído de trece de abril del año en curso, para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Director General de Prevención y Reinserción Social, con sede en esta ciudad, a través del cual informa las medidas adoptadas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, a efecto de estar en aptitud de acordar lo conducente en este asunto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se ordena dar vista a la parte quejosa, por el plazo de TRES DÍAS legalmente computado, con las constancias que obran en autos, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo; en la inteligencia que transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin éste, se dictará la resolución que corresponda acerca del cumplimiento de la sentencia de amparo, de acuerdo con las constancias de autos, en tanto que el cumplimiento de la sentencia es de orden público.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual devuelve el juicio de amparo 555/2014 del índice de este órgano jurisdiccional, tomo de pruebas relativo a este juicio de amparo y, copia certificada de la ejecutoria dictada en el toca relativo al amparo en revisión 28/2015 de su estadística, de la que se advierte que los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado citado, al resolver determinaron confirmar la sentencia dictada en el presente asunto, en la que por una parte, se sobreseyó en dicho juicio, y por otra, se concedió el amparo a la parte quejosa. Acúsese recibo, hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno, agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la revisión. REQUERIMIENTO Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto en los artículos artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con su artículo 3° transitorio, requiérase a la autoridad responsable Director General de Prevención y Reinserción Social en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad; para que en el término de TRES DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, justifique haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo o, en su caso, comunique las medidas que adopte con tal finalidad o el impedimento legal que tenga para hacerlo; apercibido que de no cumplir se le impondrá una multa por el equivalente de CIEN A MIL días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, y se continuará con el procedimiento establecido en el artículo 192 de la citada Ley, que dispone lo siguiente: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico.

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