Agustin Gonzalez Ramirez
Expediente 177/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 177/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Agustin Gonzalez Ramirez
Actuaciones
- Principal
...Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la legislación en comento, contra la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veinte, en la que se negó el amparo y protección de la justicia a la parte quejosa en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes, en virtud que la sentencia no les irroga perjuicio alguno. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2013630 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 6/2017 (10a.) Página: 556 "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: No se allegaron documentos al presente asunto. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido, y 18, fracción I, incisos b), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este juzgado les remita, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ***** LA SENTENCIA DICTADA EL VINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE DICE: ...TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 34 a 35 de autos). Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con la constancia que la responsable acompañó en apoyo a su informe justificado, la cual consiste en un disco en formato dvd que contiene la causa penal digital *** y audiencias relativas a ésta; a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Además, el referido expediente electrónico, al haber sido reproducido por la autoridad responsable tiene la naturaleza de prueba documental, cuyo contenido se apreció, pues fue necesaria la observación sensorial respecto de éste, con el objeto de constatar lo ahí realizado. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto no se hicieron valer causas de improcedencia y no se advierte de oficio la actualización de alguna, por ende, se procede a entrar al examen de los motivos de inconformidad planteados. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis de los motivos de disenso expuestos por la quejosa, procede relatar los antecedentes del acto reclamado, en los siguientes términos: ... SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime el promovente del amparo en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo. El quejoso refiere que se le detuvo por supuesta flagrancia, acorde a lo establecido en el artículo 16 Constitucional y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo, se le puso a disposición del Ministerio Público del Cetro de Justicia para las Mujeres de Irapuato, Guanajuato, cuatro horas con quince minutos después de haberse realizado su detención, por lo que considera que hubo una demora o dilación injustificada en contravención a los citados artículos. Ello es así, pues la puesta a disposición se efectuó con base al informe de los elementos captores donde dicen que lo detuvieron a las veintidós horas con treinta minutos del ocho de febrero de dos mil veinte y lo ponen a disposición del fiscal hasta las dos horas con cuarenta y cinco minutos del día siguiente, esto es, después de cuatro horas con quince minutos de tal detención; en consecuencia, lo dejan en barandilla hasta las cuatro horas de este último días, a las cuatro horas con cuarenta y cinco minutos le dan lectura a sus derechos y a las seis horas con cincuenta minutos el ministerio público calificó de legal la detención. Lo anterior, atenta en su contra el contenido de los citados preceptos legales, dado que al habérsele detenido en flagrancia no se le puso, sin demora, a disposición de la autoridad inmediata, pues lo debieron poner a disposición del ministerio público de Salamanca, Guanajuato, por ser la autoridad judicial más inmediata, dado que fue detenido en esa ciudad, lugar en el que, aunque no existe agencia especializada, sí existen varias agencias del ministerio público; motivo por el cual existe una violación en su detención, pues insiste, no se le puso a disposición del fiscal de Salamanca, que dice, es la más cercana del lugar donde acontecieron los hechos, quien en su caso, debido declarar legal su detención y retención y posteriormente declararse incompetente; por lo que, en atención a ello, el juez no debió calificar de legal su detención. Por ello, en la audiencia de control de detención, al haberse calificado de legal por el juez su detención y retención, se cometieron violaciones a los artículos 16 y 19 y al debido proceso contenido en los artículos 146 y 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el fiscal puso a conocimiento del juez el oficio de puesta a disposición donde los elementos aprehensores refieren la hora y lugar de la detención, así como la hora y agencia a la que se le puso a disposición, de la que se aprecia que no se le puso a disposición de la autoridad inmediata (fiscal de Salamanca), sino a disposición de la autoridad especializada, lo que no está contemplado en ninguna ley, por lo que tampoco se justifica la tardanza de su puesta a disposición y se advierte una demora injustificada en ello; por ende, la calificación de su detención carece de fundamentación y motivación. Argumentos que resultan infundados, sin que exista motivo alguno para suplir la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En principio, es menester acotar que una de las formas constitucionalmente válidas para la privación de la libertad personal es la detención en flagrancia; y su fundamento se encuentra plasmado en el ordinal 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 16. [.] Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. [.]" A su vez, dicha detención en flagrancia se contempla en la legislación secundaria, en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece lo siguiente: "Artículo 146. Supuestos de flagrancia Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización". Los preceptos transcritos reflejan la disposición constitucional y legal en la que se permite a cualquier persona detener al posible infractor en caso de sorprenderlo en flagrancia, para ponerlo inmediatamente a disposición de la autoridad más cercana, la que a su vez deberá poner al presunto infractor a disposición de la representación social. Así, una vez puesto a disposición del fiscal investigador, éste debe calificar tal detención y, de encontrarla justificada, es decir, de estimar que se observaron y cumplieron las exigencias constitucionales y legales de procedibilidad establecidas al respecto, deberá dictar la retención; en caso contrario, deberá ordenar la libertad del detenido4. Cabe señalar que si la persona o autoridad que haya detenido en flagrancia al probable responsable de un hecho punible, demora de manera injustificada en poner a éste a disposición de la representación social, ello no implica, per se, que la detención pueda estimarse ilegal por esa demora. Es así, porque la detención en flagrancia de una persona y la presentación de ésta ante la autoridad más cercana o ante la fiscalía investigadora, son actos distintos, con autonomía uno respecto del otro, en tanto que se trata de dos operaciones que, aun cuando estén relacionadas, son fáctica y sustancialmente independientes. Por tal motivo, el hecho de que quien haya detenido en flagrancia al presunto infractor demore en ponerlo a disposición del Ministerio Público, no puede dar lugar a considerar como ilegal la detención, si fue realizada en acato y observancia a los parámetros constitucionales y legales. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 8/20165, ha establecido que la violación al derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición del Ministerio Público sin demora, genera la anulación de la declaración del detenido, así como la invalidez de todos los elementos de prueba que tengan como fuente directa la demora injustificada y aquellas recabadas por iniciativa de la autoridad aprehensora, sin conducción y mando del Ministerio Público; no así las pruebas obtenidas estrictamente con motivo de la detención en flagrancia, a menos que se acredite la existencia de vicios propios de la misma detención. Ahora bien, el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone el procedimiento a seguir en relación con el control de la detención y que es el siguiente: "Artículo 308. Control de legalidad de la detención Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. El Juez le preguntará al detenido si cuenta con Defensor y en caso negativo, ordenará que se le nombre un Defensor público y le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros. El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el Juez de control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en este Código. Ratificada la detención en flagrancia, caso urgente, y cuando se hubiere ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial, hasta en tanto no se resuelva si será o no sometido a una medida cautelar. En caso de que al inicio de la audiencia el agente del Ministerio Público no esté presente, el Juez de control declarará en receso la audiencia hasta por una hora y ordenará a la administración del Poder Judicial para que se comunique con el superior jerárquico de aquél, con el propósito de que lo haga comparecer o lo sustituya. Concluido el receso sin obtener respuesta, se procederá a la inmediata liberación del detenido. La omisión del Ministerio Público o de su superior jerárquico, al párrafo precedente los hará incurrir en las responsabilidades de conformidad con las disposiciones aplicables". Como se observa, una vez reunidas las formalidades a que hace referencia el primer párrafo del artículo recién citado, el Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el Juez de control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en ese Código. En ese contexto, adverso a lo alegado por el quejoso, y como correctamente lo expuso la juez responsable en la audiencia de control de detención de once de febrero de dos mil veinte, la detención de que se trata es legal, ya que fue detenido inmediatamente después de haber cometido el hecho con apariencia de delito, pues fue señalado por *** testigo presencial de los hechos (artículo 146, fracción II, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales). En efecto, acorde a lo observado en la audiencia de control de detención, la juez de control calificó de legal la detención y consiguiente retención del quejoso al considerar que se actualizaba la hipótesis prevista en el quinto párrafo del artículo 16 constitucional, en relación con el diverso 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en concordancia con el diverso numeral 308 de este último cuerpo normativo. Ello, atendiendo primeramente a la exposición de la Agente del Ministerio Público en la que refirió que justificó la detención con base en que *** informó que el ocho de febrero de dos mil veinte, en el interior de su domicilio ubicado en *** su esposo (quejoso) y su dos hijos de iniciales *** y *** estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas; que antes de las nueve de la noche, al escuchar unos gemidos ingresó al cuarto donde se duermen sus hijos y encontró a su esposo cuando tenía cópula con su menor hija de iniciales *** esta última quien estaba inconsciente por la bebidas ingeridas, pues, al ingresar al cuarto y encender la luz el ahora imputado se levantó de la cama en la que se encontraba en una posición como cuando tiene relaciones sexuales con ella con el pantalón y calzones abajo y con el pene parado (palabras textuales de la denunciante); conducta que la declarante reprochó a su esposa y comenzó a gritar a sus familiares que viven al lado de su inmueble; motivo por el cual, aproximadamente a las nueve horas con quince minutos de la noche de ese día realizó una llamada telefónica pidiendo apoyo para que le enviaran una ambulancia, así como a seguridad pública de Salamanca, Guanajuato, por el hecho que había sucedido. Cuestión que, expone la responsable, se corroboró con la entrevista de los elementos captores *** y *** en el sentido de que en la indicada data, aproximadamente a las nueve horas con quince minutos de la noche recibieron una llamada telefónica para acudir a la comunidad de *** al domicilio previamente indicado, lugar al que tardaron en llegar aproximadamente cuarenta y cinco minutos, debido a que se encuentra en los límites de Salamanca e Irapuato; llegando al domicilio aproximadamente a las veintidós horas, donde unas personas los llevaron con Marisela y le entregaron a *** quien había tenido relaciones sexuales con su menor hija. Ante esas circunstancias, al presumirse la existencia del delito de violación en agravio de tal menor, es que los elementos policiacos, a las veintidós horas con treinta minutos de la misma fecha realizaron la detención de *** a las veintidós horas con treinta y cinco minutos efectuaron la lectura de derechos y a las veintidós horas con cuarenta y cinco minutos realizaron la descripción del lugar. En esas condiciones, refirió la juez de origen, es legal la detención, se actualizó la flagrancia en términos del artículo 16, párrafo quinto, Constitucional, dado que esa detención fue después del hecho delictivo que se reportó a la policía mediante llamada telefónica. Luego, la puesta a disposición se justificó debido a que los policías duraron aproximadamente cuarenta y cinco minutos en llegar y regresar a Salamanca, efectuaron el papeleo correspondiente en las oficinas de seguridad pública, después se trasladaron a la agencia del ministerio público de esa ciudad a poner a disposición al detenido, donde se les informó que tenían que ponerlo a disposición en Irapuato, debido a que la agencia competente era la adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres de aquella ciudad; por lo que, la puesta a disposición ante esa autoridad se efectuó a las dos horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de febrero del año en curso. Cuestión que, dice la juez de la causa, se encuentra justificada por las actividades de los elementos policiacos; ya que advirtieron la comisión de un hecho delictuoso; ello, pues *** señaló las razones porque su esposo la mandaba a dormir, pero ella siempre estuvo alerta, cuando entró al cuarto de sus hijos encontró a su esposo en la posición que utiliza cuando tiene relaciones sexuales con ella, observó que tenía los pantalones y calzones abajo y su pene parado, su hija tenía sus calzones y mallas abajo; ella se mostró agresiva con su esposo y comenzó a pedir ayuda; además, su menor hija de siete años de iniciales I.G.T. refirió que eso era verdad. Esos datos son razonables y suficientes para poner de manifiesto un hecho ilícito por el que se llevó la detención; se realizó por parte de los elementos a quienes se les informó del hecho inmediatamente después de su comisión; por lo que las entrevistas de ellos se ponderan de manera positiva, actualizándose lo previsto en el artículo 146, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues hay un señalamiento, ya que ***refirió que después de escuchar los gemidos se dirigió al cuarto donde duermen sus hijos, levantó la cortina, vio a su esposo con el calzón abajo y a la menor con sus mallas abajo. Por lo que, en atención a lo expuesto, si el ministerio público investigador tuvo a disposición al imputado (quejoso) a las dos horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de febrero de dos mil veinte y éste a su vez lo puso a disposición el juez a las veintidós horas con cuatro minutos del diez siguiente, no pasaron más de las cuarenta y ocho horas que tenía aquel para ponerlo a disposición de éste; por lo que se calificó de legal la detención y retención de *** (minuto 24:38 a 35:37 segunda parte de la audiencia). Ahora, con base en lo expuesto, la representación social consideró que se acreditaba la hipótesis de flagrancia prevista en el artículo 16, quintó párrafo, constitucional y 146, fracción II, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales por haberse detenido al imputado inmediatamente después de cometer el hecho considerado como delito y haber sido señalado por la testigo presencial de los hechos. Por su parte, la juez de la causa, calificó de legal la detención al considerar que se actualizaba la hipótesis prevista en el quinto párrafo del artículo 16 constitucional, ya que fue detenido inmediatamente después de haber cometido el hecho con apariencia de delito y los elementos aprehensores contaban con el señalamiento de la persona que presenció tales hechos, quien realizó la llamada telefónica y los condujo con el imputado después de haberlo encontrado teniendo relaciones sexuales con su menor hija, quien se encontraba inconsciente por haber ingerido bebidas alcohólicas con su agresor. Circunstancia que se considera correcta en virtud de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en tratándose de la detención en flagrancia en el supuesto de denuncia informal (aquella que no se rinde ante el Ministerio Público en las condiciones de regularidad formal que deben operar ordinariamente), como en el caso, al evaluar la validez constitucional, el juez debe ponderar si la autoridad aprehensora contaba con datos suficientes que le permitieran identificar con certeza a la persona acusada y evaluar el margen de error que pudo haberse producido tomando como base la exactitud y la precisión de los datos aportados en la denuncia Por ello, se comparte la determinación asumida por la juez responsable al considerar que la detención tuvo como origen la denuncia telefónica que realizó *** así como el señalamiento que efectuó en el sentido que después de que su esposo la mandó a dormir, estuvo alerta, y escuchó gemidos, por lo que se dirigió al cuarto donde duermen sus hijos, levantó la cortina, vio a su esposo acostado en la cama de su hija en la posición como cuando tiene relaciones con ella, quien se levantó con el calzón abajo y el pene erecto y a la menor con sus mallas abajo, inconsciente por las bebidas alcohólicas que había ingerido, siendo estos datos suficientes y razonables para identificar a la persona que a la postre fue detenido; lo que se corroboró con lo manifestado por los elementos aprehensores en el sentido de que aproximadamente a las nueve horas con quince minutos de la noche recibieron una llamada para acudir al domicilio previamente el cual se ubica en los límites de Salamanca e Irapuato, aproximadamente a cuarenta y cinco minutos de la cabecera municipal de Salamanca, por haberse cometido el citado hecho. Asimismo, la juez responsable encontró justificados los tiempos en que se llevaron a cabo los hechos, la detención por parte de los elementos policiacos a las veintidós horas con treinta minutos del ocho de febrero del año en curso, la lectura de derechos a las veintidós horas con treinta y cinco minutos, la descripción del lugar a las veintidós horas con cuarenta y cinco minutos, las distancias y los trámites administrativos (papeleo) realizado por éstos en cuanto a la puesta disposición del ministerio público a las dos horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de febrero de dos mil veinte, y a su disposición a las veintidós horas con cuatro minutos del diez de febrero de dos mil veinte, esto último antes de las cuarenta y ocho con que se cuenta para ello; por lo que la juez de la causa determinó que era legal la detención del aquí quejoso, lo que se estima jurídicamente correcto. Con base en lo expuesto, son infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso en el sentido de que hubo una demora o dilación injustificada en contravención a los artículos 16, párrafo quinto, Constitucional y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se le puso a disposición del Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres de Irapuato, Guanajuato, cuatro horas con quince minutos después de haberse realizado su detención, la cual ocurrió a las veintidós horas con treinta minutos del ocho de febrero de dos mil veinte y la puesta a disposición fue hasta las dos horas con cuarenta y cinco minutos del día siguiente. Lo anterior es de ese modo, en virtud que el artículo 308 de la legislación de la materia dispone que el ministerio público justificará las razones de la detención y el juez calificará la detención; cuestión que aconteció en el caso puesto a consideración de este Juzgado, como se advierte de lo antes plasmado; aunando a que, se comparte la determinación de la juez de origen, dado que se encuentra justificado el lapso transcurrido entre la detención del imputado y la puesta a disposición del ministerio público, y además, la puesta a disposición ante el juez de control antes del término de cuarenta y ocho horas con que cuenta el fiscal investigador. Se afirma lo anterior, pues al respecto, cabe hacer alusión al concepto de inmediatez en la puesta a disposición del detenido, en relación con lo cual conviene destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2470/2011, llevó a cabo una interpretación directa del artículo 16 de la Constitución Federal, en concordancia al artículo 7.57 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto a la asignación de contenido de las expresiones jurídicas "inmediatamente", "sin demora" o "sin dilación" que condicionan la puesta a disposición de una persona ante la autoridad que debe resolver su situación jurídica, por haber sido detenida ante el señalamiento de que es probable responsable de la comisión de un hecho considerado como delito por la norma jurídico-penal. Presentación del detenido que, en términos constitucionales, debe realizarse ante la autoridad judicial que lo requirió mediante el dictado de una orden de aprehensión o ante el Ministerio Público cuando se trata de detenciones practicadas bajo los supuestos de flagrancia o caso urgente. El análisis constitucional, realizado en la ejecutoria referida, implicó establecer el estándar aplicable para determinar cuando se actualiza la dilación o demora injustificada como violación al derecho humano de puesta a disposición inmediata del detenido ante la autoridad respectiva. La dilación carente de justificación se actualiza siempre que, no existiendo motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona detenida continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir su situación jurídica. Ahora bien, aun cuando no es posible establecer una regla fija, en tiempo, para determinar cuándo se está frente una dilación injustificada, el juez debe analizar cada caso concreto a partir de un estándar sensible que atienda a dos necesidades: que la afectación a la libertad personal del detenido no se mantenga sin control y vigilancia del Estado; y, la distancia existente entre el lugar de la detención y aquél en donde deba ser presentado el detenido. En tal sentido, solamente debe retenerse a una persona detenida por el tiempo estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público, a fin de ponerla a disposición, para que se desarrollen las diligencias de investigaciones pertinentes e inmediatas que permitan definir su situación jurídica, de la cual depende su restricción temporal de libertad personal; lo cual obedece a que la detención de una persona no puede estar indefinida, pues en términos constitucionales se requiere que se conozca el estatus en el que se encuentra el detenido y la existencia de un registro de detenidos por el que se pueda conocer que se encuentra en esa condición, para estar en posibilidad de ejercer sus derechos. Es posible hacer esto a menos que exista un impedimento razonable que no resulte contrario al margen de facultades constitucionales y legales a cargo de la policía. En ese sentido, se considera acertado que se calificara de legal la detención del imputado, pues de lo antes señalado se aprecia que se encuentra justificado el tiempo en que, después de la detención del imputado, fue puesto a disposición del ministerio público y ésta a su vez del juez de control. Así es, pues como se dijo, el día de los hechos, aproximadamente a las nueve horas con quince minutos de la noche, los elementos captores recibieron una llamada telefónica para acudir a *** lugar al que tardaron en llegar aproximadamente cuarenta y cinco minutos, debido a que se encuentra en los límites de Salamanca e Irapuato; lugar en el que, al presumirse la existencia del delito de violación en agravio de la referida menor, a las veintidós horas con treinta minutos de la misma fecha realizaron la detención de *** a las veintidós horas con treinta y cinco minutos efectuaron la lectura de derechos y a las veintidós horas con cuarenta y cinco minutos realizaron la descripción del lugar. Luego, los policías duraron aproximadamente cuarenta y cinco minutos y regresar a Salamanca, efectuaron el trámite administrativo correspondiente en las oficinas de seguridad pública, después lo trasladaron a la agencia del ministerio público de esa ciudad a ponerlo a disposición, donde se les informó que tenían que ponerlo a disposición en Irapuato, debido a que la agencia competente era la adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres de aquella ciudad; por lo que, la puesta a disposición ante esa autoridad se efectuó a las dos horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de febrero del año en curso. En esos términos no asiste razón al quejoso al aducir que existió una demora o dilación injustificada en su puesta a disposición ante el fiscal investigador, pues, se insiste, en el caso debe atenderse a la distancia de lugar de los hechos respecto de las oficinas de seguridad pública, los trámites realizados con posterioridad y el acudir primero a una agencia del ministerio público en esa ciudad, donde se les informó la agencia competente para conocer de los ilícitos cuya existencia se presumía, así como al traslado a diversa ciudad para llevar a cabo tal puesta a disposición. En concordancia con lo anterior, tampoco asiste razón al peticionario del amparo al aducir que al habérsele detenido en flagrancia no se le puso, sin demora, a disposición de la autoridad inmediata, puesto que, al ser detenido en Salamanca, Guanajuato, lo tuvieron que haber puesto a disposición del ministerio público de esa ciudad, por ser la autoridad judicial más inmediata, lugar en el que existen varias agencias del ministerio público; por lo que existe una violación en su detención, y el juez no debió calificarla de legal al no estar contemplado en ninguna ley ponerlo a disposición de una agencia especializada y no de la autoridad más inmediata. Pues, contrario a lo expuesto por la parte quejosa, no se quebrantaron sus derechos fundamentales, debido a que atendiendo al texto constitucional previamente transcrito, ante un delito flagrante, cualquier persona puede detener al sujeto activo del delito, caso en el cual, ésta debe ponerlo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público; dado que tanto particulares como autoridades pueden apreciar la comisión del delito, sin que para ello tenga relevancia si alguno de ellos cuenta con una policías o no. Sin embargo, opuesto a lo argumentado por el quejoso, en el presente asunto él no fue detenido por un particular a fin que de debiera cumplir con lo que ordena ese magno precepto, esto es, ponerlo de manera inmediata ante la autoridad más cercana. Ya que, como se aprecia de lo antes narrado, el imputado fue detenido por una autoridad (elementos de seguridad pública), por lo que, su obligación constitucional era la de ponerlo a disposición del ministerio público, como en el caso aconteció, dado que, los elementos aprehensores, una vez que detuvieron al sujeto activo del hecho que la ley señala como delito, se trasladaron a sus oficinas a la ciudad de Salamanca, Guanajuato, realizaron sus trámites administrativos y lo pusieron a disposición del fiscal encargado de conocer la conducta ilícita en la que se presume participó el quejoso (violación espuria); cumpliendo también con el principio de inmediatez en la puesta a disposición del detenido y el fiscal a su vez a disposición el juez dentro del término legal, como quedó asentado en líneas anteriores. De lo que se sigue que, como lo refirió la juez de proceso, en la puesta a disposición del quejoso, se cumplió con el requisito previsto en el multicitado artículo constitucional. Por otra parte, inverso a lo narrado por el quejoso, la autoridad responsable también cumplió con lo que mandata el supremo artículo 16, en el sentido de que toda resolución debe encontrarse debidamente fundada y motivada; pues como quedó evidenciado, fundó su resolución en el párrafo quinto del numeral en cita y en los diversos numerales 146 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de que, expuso las razones acorde a las cuales fue procedente calificar de legal de detención y posterior retención del aquí quejoso, al haber sido detenido en flagrancia, inmediatamente después a la comisión de un hecho que la ley señala como delito, por el señalamiento de un testigo presencial y al habérsele puesto debidamente a disposición del fiscal y éste a su vez del juez de control. Por tanto, resultan infundados los conceptos de violación analizados. Por otro lado, respecto al auto de vinculación a proceso, es necesario señalar que de un examen que se realizó se desprende que se encuentra apegado a derecho. Ello es así, pues fue dictado con apego a lo que prevén los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues de lo narrado por la fiscalía, hasta el momento, existen datos de prueba que permiten establecer que se ha realizado un hecho que la ley señala como delito de violación espuria y corrupción de menores y, que el imputado hoy quejoso pudo haberlo cometido o participado en su ejecución. Sin que este órgano de control constitucional, advierta un motivo para suplir la defiencia de la queja, en favor del quejoso. Además, cabe señalar que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio oficioso sobre aspectos que no formaron parte de los conceptos de violación, como en el caso ocurrió, pues la parte quejosa no realizó planteamientos tendentes a impugnar las consideraciones que fueron emitidas por la juez al momento de dictar el auto de vinculación; no implica que no se haya hecho tal análisis, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician al quejoso, de manera que resultan innecesarias para motivar el fallo reclamado. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2014703 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 44, Julio de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 67/2017 (10a.) Página: 263 "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna". Solicitud de sustitución de jurisprudencia 14/2016. Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 17 de mayo de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Héctor Orduña Sosa. Tesis de jurisprudencia 67/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Nota: Esta tesis jurisprudencial se publicó en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de julio de 2017 a las 10:14 horas y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de julio de 2017 para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario Número 19/2013, por lo que a partir de esas mismas fecha y hora y con motivo de la resolución de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 14/2016, ya no se considera de aplicación obligatoria la diversa 2a./J. 26/2008, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de 2008, página 242. Esta tesis se publicó el viernes 07 de julio de 2017 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de julio de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Así las cosas, se considera que la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso, son apegados a derecho de conformidad con lo previsto en los artículos 16 y 19 constitucionales. En ese sentido, al resultar infundados los motivos de disenso hechos valer por el quejoso, procede negar la protección de la justicia federal solicitada. Por otro lado, no se desconoce que los terceros interesados menores de iniciales *** ambos representados por su madre *** hayan formulado alegatos (fojas 49 a 51 de autos); sin embargo, este órgano jurisdiccional se abstiene de analizar tales asertos, porque no está obligado a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de garantías, los informes justificados y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Ilustra lo expuesto, la jurisprudencia asequible en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página treinta y uno, titulada: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO" SÉPTIMO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *** contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por las razones expuestas en el considerando sexto de este fallo...
- Principal
...Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo 177/2020, a las quince horas del veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se celebró la audiencia constitucional y se encuentra pendiente de dictar la resolución correspondiente; por tanto, se ordena abrir un cuadernillo por separado, a fin de proveer con el escrito de cuenta, el cual se ordena glosar al juicio principal, una vez que se dicte la sentencia correspondiente, sin ulterior acuerdo. En ese entendido, téngase por recibido el oficio remitido vía correo electrónico, signado por la Encargada de Sala de la sede Salamanca del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, mediante el cual informa que la Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, sede Salamanca, decretó la suspensión del procedimiento concluida la etapa intermedia, con el dictado del auto de apertura a juicio oral, dentro de la causa penal 1P272040, de su índice. Circunstancia de la cual este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar...
- Principal
...TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 34 a 35 de autos). Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con la constancia que la responsable acompañó en apoyo a su informe justificado, la cual consiste en un disco en formato dvd que contiene la causa penal digital *** y audiencias relativas a ésta; a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones2. Además, el referido expediente electrónico, al haber sido reproducido por la autoridad responsable tiene la naturaleza de prueba documental, cuyo contenido se apreció, pues fue necesaria la observación sensorial respecto de éste, con el objeto de constatar lo ahí realizado3. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto no se hicieron valer causas de improcedencia y no se advierte de oficio la actualización de alguna, por ende, se procede a entrar al examen de los motivos de inconformidad planteados. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis de los motivos de disenso expuestos por la quejosa, procede relatar los antecedentes del acto reclamado, en los siguientes términos: ... SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime el promovente del amparo en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo. El quejoso refiere que se le detuvo por supuesta flagrancia, acorde a lo establecido en el artículo 16 Constitucional y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo, se le puso a disposición del Ministerio Público del Cetro de Justicia para las Mujeres de Irapuato, Guanajuato, cuatro horas con quince minutos después de haberse realizado su detención, por lo que considera que hubo una demora o dilación injustificada en contravención a los citados artículos. Ello es así, pues la puesta a disposición se efectuó con base al informe de los elementos captores donde dicen que lo detuvieron a las veintidós horas con treinta minutos del ocho de febrero de dos mil veinte y lo ponen a disposición del fiscal hasta las dos horas con cuarenta y cinco minutos del día siguiente, esto es, después de cuatro horas con quince minutos de tal detención; en consecuencia, lo dejan en barandilla hasta las cuatro horas de este último días, a las cuatro horas con cuarenta y cinco minutos le dan lectura a sus derechos y a las seis horas con cincuenta minutos el ministerio público calificó de legal la detención. Lo anterior, atenta en su contra el contenido de los citados preceptos legales, dado que al habérsele detenido en flagrancia no se le puso, sin demora, a disposición de la autoridad inmediata, pues lo debieron poner a disposición del ministerio público de Salamanca, Guanajuato, por ser la autoridad judicial más inmediata, dado que fue detenido en esa ciudad, lugar en el que, aunque no existe agencia especializada, sí existen varias agencias del ministerio público; motivo por el cual existe una violación en su detención, pues insiste, no se le puso a disposición del fiscal de Salamanca, que dice, es la más cercana del lugar donde acontecieron los hechos, quien en su caso, debido declarar legal su detención y retención y posteriormente declararse incompetente; por lo que, en atención a ello, el juez no debió calificar de legal su detención. Por ello, en la audiencia de control de detención, al haberse calificado de legal por el juez su detención y retención, se cometieron violaciones a los artículos 16 y 19 y al debido proceso contenido en los artículos 146 y 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el fiscal puso a conocimiento del juez el oficio de puesta a disposición donde los elementos aprehensores refieren la hora y lugar de la detención, así como la hora y agencia a la que se le puso a disposición, de la que se aprecia que no se le puso a disposición de la autoridad inmediata (fiscal de Salamanca), sino a disposición de la autoridad especializada, lo que no está contemplado en ninguna ley, por lo que tampoco se justifica la tardanza de su puesta a disposición y se advierte una demora injustificada en ello; por ende, la calificación de su detención carece de fundamentación y motivación. Argumentos que resultan infundados, sin que exista motivo alguno para suplir la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En principio, es menester acotar que una de las formas constitucionalmente válidas para la privación de la libertad personal es la detención en flagrancia; y su fundamento se encuentra plasmado en el ordinal 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 16. [.] Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. [.]" A su vez, dicha detención en flagrancia se contempla en la legislación secundaria, en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece lo siguiente: "Artículo 146. Supuestos de flagrancia Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización". Los preceptos transcritos reflejan la disposición constitucional y legal en la que se permite a cualquier persona detener al posible infractor en caso de sorprenderlo en flagrancia, para ponerlo inmediatamente a disposición de la autoridad más cercana, la que a su vez deberá poner al presunto infractor a disposición de la representación social. Así, una vez puesto a disposición del fiscal investigador, éste debe calificar tal detención y, de encontrarla justificada, es decir, de estimar que se observaron y cumplieron las exigencias constitucionales y legales de procedibilidad establecidas al respecto, deberá dictar la retención; en caso contrario, deberá ordenar la libertad del detenido4. Cabe señalar que si la persona o autoridad que haya detenido en flagrancia al probable responsable de un hecho punible, demora de manera injustificada en poner a éste a disposición de la representación social, ello no implica, per se, que la detención pueda estimarse ilegal por esa demora. Es así, porque la detención en flagrancia de una persona y la presentación de ésta ante la autoridad más cercana o ante la fiscalía investigadora, son actos distintos, con autonomía uno respecto del otro, en tanto que se trata de dos operaciones que, aun cuando estén relacionadas, son fáctica y sustancialmente independientes. Por tal motivo, el hecho de que quien haya detenido en flagrancia al presunto infractor demore en ponerlo a disposición del Ministerio Público, no puede dar lugar a considerar como ilegal la detención, si fue realizada en acato y observancia a los parámetros constitucionales y legales. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 8/20165, ha establecido que la violación al derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición del Ministerio Público sin demora, genera la anulación de la declaración del detenido, así como la invalidez de todos los elementos de prueba que tengan como fuente directa la demora injustificada y aquellas recabadas por iniciativa de la autoridad aprehensora, sin conducción y mando del Ministerio Público; no así las pruebas obtenidas estrictamente con motivo de la detención en flagrancia, a menos que se acredite la existencia de vicios propios de la misma detención. Ahora bien, el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone el procedimiento a seguir en relación con el control de la detención y que es el siguiente: "Artículo 308. Control de legalidad de la detención Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. El Juez le preguntará al detenido si cuenta con Defensor y en caso negativo, ordenará que se le nombre un Defensor público y le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros. El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el Juez de control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en este Código. Ratificada la detención en flagrancia, caso urgente, y cuando se hubiere ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial, hasta en tanto no se resuelva si será o no sometido a una medida cautelar. En caso de que al inicio de la audiencia el agente del Ministerio Público no esté presente, el Juez de control declarará en receso la audiencia hasta por una hora y ordenará a la administración del Poder Judicial para que se comunique con el superior jerárquico de aquél, con el propósito de que lo haga comparecer o lo sustituya. Concluido el receso sin obtener respuesta, se procederá a la inmediata liberación del detenido. La omisión del Ministerio Público o de su superior jerárquico, al párrafo precedente los hará incurrir en las responsabilidades de conformidad con las disposiciones aplicables". Como se observa, una vez reunidas las formalidades a que hace referencia el primer párrafo del artículo recién citado, el Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el Juez de control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en ese Código. En ese contexto, adverso a lo alegado por el quejoso, y como correctamente lo expuso la juez responsable en la audiencia de control de detención de once de febrero de dos mil veinte, la detención de que se trata es legal, ya que fue detenido inmediatamente después de haber cometido el hecho con apariencia de delito, pues fue señalado por *** testigo presencial de los hechos (artículo 146, fracción II, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales). En efecto, acorde a lo observado en la audiencia de control de detención, la juez de control calificó de legal la detención y consiguiente retención del quejoso al considerar que se actualizaba la hipótesis prevista en el quinto párrafo del artículo 16 constitucional, en relación con el diverso 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en concordancia con el diverso numeral 308 de este último cuerpo normativo. Ello, atendiendo primeramente a la exposición de la Agente del Ministerio Público en la que refirió que justificó la detención con base en que *** informó que el ocho de febrero de dos mil veinte, en el interior de su domicilio ubicado en *** su esposo (quejoso) y su dos hijos de iniciales *** y *** estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas; que antes de las nueve de la noche, al escuchar unos gemidos ingresó al cuarto donde se duermen sus hijos y encontró a su esposo cuando tenía cópula con su menor hija de iniciales *** esta última quien estaba inconsciente por la bebidas ingeridas, pues, al ingresar al cuarto y encender la luz el ahora imputado se levantó de la cama en la que se encontraba en una posición como cuando tiene relaciones sexuales con ella con el pantalón y calzones abajo y con el pene parado (palabras textuales de la denunciante); conducta que la declarante reprochó a su esposa y comenzó a gritar a sus familiares que viven al lado de su inmueble; motivo por el cual, aproximadamente a las nueve horas con quince minutos de la noche de ese día realizó una llamada telefónica pidiendo apoyo para que le enviaran una ambulancia, así como a seguridad pública de Salamanca, Guanajuato, por el hecho que había sucedido. Cuestión que, expone la responsable, se corroboró con la entrevista de los elementos captores *** y *** en el sentido de que en la indicada data, aproximadamente a las nueve horas con quince minutos de la noche recibieron una llamada telefónica para acudir a la comunidad de *** al domicilio previamente indicado, lugar al que tardaron en llegar aproximadamente cuarenta y cinco minutos, debido a que se encuentra en los límites de Salamanca e Irapuato; llegando al domicilio aproximadamente a las veintidós horas, donde unas personas los llevaron con Marisela y le entregaron a *** quien había tenido relaciones sexuales con su menor hija. Ante esas circunstancias, al presumirse la existencia del delito de violación en agravio de tal menor, es que los elementos policiacos, a las veintidós horas con treinta minutos de la misma fecha realizaron la detención de *** a las veintidós horas con treinta y cinco minutos efectuaron la lectura de derechos y a las veintidós horas con cuarenta y cinco minutos realizaron la descripción del lugar. En esas condiciones, refirió la juez de origen, es legal la detención, se actualizó la flagrancia en términos del artículo 16, párrafo quinto, Constitucional, dado que esa detención fue después del hecho delictivo que se reportó a la policía mediante llamada telefónica. Luego, la puesta a disposición se justificó debido a que los policías duraron aproximadamente cuarenta y cinco minutos en llegar y regresar a Salamanca, efectuaron el papeleo correspondiente en las oficinas de seguridad pública, después se trasladaron a la agencia del ministerio público de esa ciudad a poner a disposición al detenido, donde se les informó que tenían que ponerlo a disposición en Irapuato, debido a que la agencia competente era la adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres de aquella ciudad; por lo que, la puesta a disposición ante esa autoridad se efectuó a las dos horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de febrero del año en curso. Cuestión que, dice la juez de la causa, se encuentra justificada por las actividades de los elementos policiacos; ya que advirtieron la comisión de un hecho delictuoso; ello, pues *** señaló las razones porque su esposo la mandaba a dormir, pero ella siempre estuvo alerta, cuando entró al cuarto de sus hijos encontró a su esposo en la posición que utiliza cuando tiene relaciones sexuales con ella, observó que tenía los pantalones y calzones abajo y su pene parado, su hija tenía sus calzones y mallas abajo; ella se mostró agresiva con su esposo y comenzó a pedir ayuda; además, su menor hija de siete años de iniciales I.G.T. refirió que eso era verdad. Esos datos son razonables y suficientes para poner de manifiesto un hecho ilícito por el que se llevó la detención; se realizó por parte de los elementos a quienes se les informó del hecho inmediatamente después de su comisión; por lo que las entrevistas de ellos se ponderan de manera positiva, actualizándose lo previsto en el artículo 146, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues hay un señalamiento, ya que ***refirió que después de escuchar los gemidos se dirigió al cuarto donde duermen sus hijos, levantó la cortina, vio a su esposo con el calzón abajo y a la menor con sus mallas abajo. Por lo que, en atención a lo expuesto, si el ministerio público investigador tuvo a disposición al imputado (quejoso) a las dos horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de febrero de dos mil veinte y éste a su vez lo puso a disposición el juez a las veintidós horas con cuatro minutos del diez siguiente, no pasaron más de las cuarenta y ocho horas que tenía aquel para ponerlo a disposición de éste; por lo que se calificó de legal la detención y retención de *** (minuto 24:38 a 35:37 segunda parte de la audiencia). Ahora, con base en lo expuesto, la representación social consideró que se acreditaba la hipótesis de flagrancia prevista en el artículo 16, quintó párrafo, constitucional y 146, fracción II, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales por haberse detenido al imputado inmediatamente después de cometer el hecho considerado como delito y haber sido señalado por la testigo presencial de los hechos. Por su parte, la juez de la causa, calificó de legal la detención al considerar que se actualizaba la hipótesis prevista en el quinto párrafo del artículo 16 constitucional, ya que fue detenido inmediatamente después de haber cometido el hecho con apariencia de delito y los elementos aprehensores contaban con el señalamiento de la persona que presenció tales hechos, quien realizó la llamada telefónica y los condujo con el imputado después de haberlo encontrado teniendo relaciones sexuales con su menor hija, quien se encontraba inconsciente por haber ingerido bebidas alcohólicas con su agresor. Circunstancia que se considera correcta en virtud de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en tratándose de la detención en flagrancia en el supuesto de denuncia informal (aquella que no se rinde ante el Ministerio Público en las condiciones de regularidad formal que deben operar ordinariamente), como en el caso, al evaluar la validez constitucional, el juez debe ponderar si la autoridad aprehensora contaba con datos suficientes que le permitieran identificar con certeza a la persona acusada y evaluar el margen de error que pudo haberse producido tomando como base la exactitud y la precisión de los datos aportados en la denuncia Por ello, se comparte la determinación asumida por la juez responsable al considerar que la detención tuvo como origen la denuncia telefónica que realizó *** así como el señalamiento que efectuó en el sentido que después de que su esposo la mandó a dormir, estuvo alerta, y escuchó gemidos, por lo que se dirigió al cuarto donde duermen sus hijos, levantó la cortina, vio a su esposo acostado en la cama de su hija en la posición como cuando tiene relaciones con ella, quien se levantó con el calzón abajo y el pene erecto y a la menor con sus mallas abajo, inconsciente por las bebidas alcohólicas que había ingerido, siendo estos datos suficientes y razonables para identificar a la persona que a la postre fue detenido; lo que se corroboró con lo manifestado por los elementos aprehensores en el sentido de que aproximadamente a las nueve horas con quince minutos de la noche recibieron una llamada para acudir al domicilio previamente el cual se ubica en los límites de Salamanca e Irapuato, aproximadamente a cuarenta y cinco minutos de la cabecera municipal de Salamanca, por haberse cometido el citado hecho. Asimismo, la juez responsable encontró justificados los tiempos en que se llevaron a cabo los hechos, la detención por parte de los elementos policiacos a las veintidós horas con treinta minutos del ocho de febrero del año en curso, la lectura de derechos a las veintidós horas con treinta y cinco minutos, la descripción del lugar a las veintidós horas con cuarenta y cinco minutos, las distancias y los trámites administrativos (papeleo) realizado por éstos en cuanto a la puesta disposición del ministerio público a las dos horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de febrero de dos mil veinte, y a su disposición a las veintidós horas con cuatro minutos del diez de febrero de dos mil veinte, esto último antes de las cuarenta y ocho con que se cuenta para ello; por lo que la juez de la causa determinó que era legal la detención del aquí quejoso, lo que se estima jurídicamente correcto. Con base en lo expuesto, son infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso en el sentido de que hubo una demora o dilación injustificada en contravención a los artículos 16, párrafo quinto, Constitucional y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se le puso a disposición del Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres de Irapuato, Guanajuato, cuatro horas con quince minutos después de haberse realizado su detención, la cual ocurrió a las veintidós horas con treinta minutos del ocho de febrero de dos mil veinte y la puesta a disposición fue hasta las dos horas con cuarenta y cinco minutos del día siguiente. Lo anterior es de ese modo, en virtud que el artículo 308 de la legislación de la materia dispone que el ministerio público justificará las razones de la detención y el juez calificará la detención; cuestión que aconteció en el caso puesto a consideración de este Juzgado, como se advierte de lo antes plasmado; aunando a que, se comparte la determinación de la juez de origen, dado que se encuentra justificado el lapso transcurrido entre la detención del imputado y la puesta a disposición del ministerio público, y además, la puesta a disposición ante el juez de control antes del término de cuarenta y ocho horas con que cuenta el fiscal investigador. Se afirma lo anterior, pues al respecto, cabe hacer alusión al concepto de inmediatez en la puesta a disposición del detenido, en relación con lo cual conviene destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2470/2011, llevó a cabo una interpretación directa del artículo 16 de la Constitución Federal, en concordancia al artículo 7.57 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto a la asignación de contenido de las expresiones jurídicas "inmediatamente", "sin demora" o "sin dilación" que condicionan la puesta a disposición de una persona ante la autoridad que debe resolver su situación jurídica, por haber sido detenida ante el señalamiento de que es probable responsable de la comisión de un hecho considerado como delito por la norma jurídico-penal. Presentación del detenido que, en términos constitucionales, debe realizarse ante la autoridad judicial que lo requirió mediante el dictado de una orden de aprehensión o ante el Ministerio Público cuando se trata de detenciones practicadas bajo los supuestos de flagrancia o caso urgente. El análisis constitucional, realizado en la ejecutoria referida, implicó establecer el estándar aplicable para determinar cuando se actualiza la dilación o demora injustificada como violación al derecho humano de puesta a disposición inmediata del detenido ante la autoridad respectiva. La dilación carente de justificación se actualiza siempre que, no existiendo motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona detenida continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir su situación jurídica. Ahora bien, aun cuando no es posible establecer una regla fija, en tiempo, para determinar cuándo se está frente una dilación injustificada, el juez debe analizar cada caso concreto a partir de un estándar sensible que atienda a dos necesidades: que la afectación a la libertad personal del detenido no se mantenga sin control y vigilancia del Estado; y, la distancia existente entre el lugar de la detención y aquél en donde deba ser presentado el detenido. En tal sentido, solamente debe retenerse a una persona detenida por el tiempo estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público, a fin de ponerla a disposición, para que se desarrollen las diligencias de investigaciones pertinentes e inmediatas que permitan definir su situación jurídica, de la cual depende su restricción temporal de libertad personal; lo cual obedece a que la detención de una persona no puede estar indefinida, pues en términos constitucionales se requiere que se conozca el estatus en el que se encuentra el detenido y la existencia de un registro de detenidos por el que se pueda conocer que se encuentra en esa condición, para estar en posibilidad de ejercer sus derechos. Es posible hacer esto a menos que exista un impedimento razonable que no resulte contrario al margen de facultades constitucionales y legales a cargo de la policía. En ese sentido, se considera acertado que se calificara de legal la detención del imputado, pues de lo antes señalado se aprecia que se encuentra justificado el tiempo en que, después de la detención del imputado, fue puesto a disposición del ministerio público y ésta a su vez del juez de control. Así es, pues como se dijo, el día de los hechos, aproximadamente a las nueve horas con quince minutos de la noche, los elementos captores recibieron una llamada telefónica para acudir a *** lugar al que tardaron en llegar aproximadamente cuarenta y cinco minutos, debido a que se encuentra en los límites de Salamanca e Irapuato; lugar en el que, al presumirse la existencia del delito de violación en agravio de la referida menor, a las veintidós horas con treinta minutos de la misma fecha realizaron la detención de *** a las veintidós horas con treinta y cinco minutos efectuaron la lectura de derechos y a las veintidós horas con cuarenta y cinco minutos realizaron la descripción del lugar. Luego, los policías duraron aproximadamente cuarenta y cinco minutos y regresar a Salamanca, efectuaron el trámite administrativo correspondiente en las oficinas de seguridad pública, después lo trasladaron a la agencia del ministerio público de esa ciudad a ponerlo a disposición, donde se les informó que tenían que ponerlo a disposición en Irapuato, debido a que la agencia competente era la adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres de aquella ciudad; por lo que, la puesta a disposición ante esa autoridad se efectuó a las dos horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de febrero del año en curso. En esos términos no asiste razón al quejoso al aducir que existió una demora o dilación injustificada en su puesta a disposición ante el fiscal investigador, pues, se insiste, en el caso debe atenderse a la distancia de lugar de los hechos respecto de las oficinas de seguridad pública, los trámites realizados con posterioridad y el acudir primero a una agencia del ministerio público en esa ciudad, donde se les informó la agencia competente para conocer de los ilícitos cuya existencia se presumía, así como al traslado a diversa ciudad para llevar a cabo tal puesta a disposición. En concordancia con lo anterior, tampoco asiste razón al peticionario del amparo al aducir que al habérsele detenido en flagrancia no se le puso, sin demora, a disposición de la autoridad inmediata, puesto que, al ser detenido en Salamanca, Guanajuato, lo tuvieron que haber puesto a disposición del ministerio público de esa ciudad, por ser la autoridad judicial más inmediata, lugar en el que existen varias agencias del ministerio público; por lo que existe una violación en su detención, y el juez no debió calificarla de legal al no estar contemplado en ninguna ley ponerlo a disposición de una agencia especializada y no de la autoridad más inmediata. Pues, contrario a lo expuesto por la parte quejosa, no se quebrantaron sus derechos fundamentales, debido a que atendiendo al texto constitucional previamente transcrito, ante un delito flagrante, cualquier persona puede detener al sujeto activo del delito, caso en el cual, ésta debe ponerlo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público; dado que tanto particulares como autoridades pueden apreciar la comisión del delito, sin que para ello tenga relevancia si alguno de ellos cuenta con una policías o no. Sin embargo, opuesto a lo argumentado por el quejoso, en el presente asunto él no fue detenido por un particular a fin que de debiera cumplir con lo que ordena ese magno precepto, esto es, ponerlo de manera inmediata ante la autoridad más cercana. Ya que, como se aprecia de lo antes narrado, el imputado fue detenido por una autoridad (elementos de seguridad pública), por lo que, su obligación constitucional era la de ponerlo a disposición del ministerio público, como en el caso aconteció, dado que, los elementos aprehensores, una vez que detuvieron al sujeto activo del hecho que la ley señala como delito, se trasladaron a sus oficinas a la ciudad de Salamanca, Guanajuato, realizaron sus trámites administrativos y lo pusieron a disposición del fiscal encargado de conocer la conducta ilícita en la que se presume participó el quejoso (violación espuria); cumpliendo también con el principio de inmediatez en la puesta a disposición del detenido y el fiscal a su vez a disposición el juez dentro del término legal, como quedó asentado en líneas anteriores. De lo que se sigue que, como lo refirió la juez de proceso, en la puesta a disposición del quejoso, se cumplió con el requisito previsto en el multicitado artículo constitucional. Por otra parte, inverso a lo narrado por el quejoso, la autoridad responsable también cumplió con lo que mandata el supremo artículo 16, en el sentido de que toda resolución debe encontrarse debidamente fundada y motivada; pues como quedó evidenciado, fundó su resolución en el párrafo quinto del numeral en cita y en los diversos numerales 146 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de que, expuso las razones acorde a las cuales fue procedente calificar de legal de detención y posterior retención del aquí quejoso, al haber sido detenido en flagrancia, inmediatamente después a la comisión de un hecho que la ley señala como delito, por el señalamiento de un testigo presencial y al habérsele puesto debidamente a disposición del fiscal y éste a su vez del juez de control. Por tanto, resultan infundados los conceptos de violación analizados. Por otro lado, respecto al auto de vinculación a proceso, es necesario señalar que de un examen que se realizó se desprende que se encuentra apegado a derecho. Ello es así, pues fue dictado con apego a lo que prevén los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues de lo narrado por la fiscalía, hasta el momento, existen datos de prueba que permiten establecer que se ha realizado un hecho que la ley señala como delito de violación espuria y corrupción de menores y, que el imputado hoy quejoso pudo haberlo cometido o participado en su ejecución. Sin que este órgano de control constitucional, advierta un motivo para suplir la defiencia de la queja, en favor del quejoso. Además, cabe señalar que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio oficioso sobre aspectos que no formaron parte de los conceptos de violación, como en el caso ocurrió, pues la parte quejosa no realizó planteamientos tendentes a impugnar las consideraciones que fueron emitidas por la juez al momento de dictar el auto de vinculación; no implica que no se haya hecho tal análisis, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician al quejoso, de manera que resultan innecesarias para motivar el fallo reclamado. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2014703 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 44, Julio de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 67/2017 (10a.) Página: 263 "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna". Solicitud de sustitución de jurisprudencia 14/2016. Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 17 de mayo de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Héctor Orduña Sosa. Tesis de jurisprudencia 67/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Nota: Esta tesis jurisprudencial se publicó en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de julio de 2017 a las 10:14 horas y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de julio de 2017 para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario Número 19/2013, por lo que a partir de esas mismas fecha y hora y con motivo de la resolución de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 14/2016, ya no se considera de aplicación obligatoria la diversa 2a./J. 26/2008, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de 2008, página 242. Esta tesis se publicó el viernes 07 de julio de 2017 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de julio de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Así las cosas, se considera que la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso, son apegados a derecho de conformidad con lo previsto en los artículos 16 y 19 constitucionales. En ese sentido, al resultar infundados los motivos de disenso hechos valer por el quejoso, procede negar la protección de la justicia federal solicitada. Por otro lado, no se desconoce que los terceros interesados menores de iniciales *** ambos representados por su madre *** hayan formulado alegatos (fojas 49 a 51 de autos); sin embargo, este órgano jurisdiccional se abstiene de analizar tales asertos, porque no está obligado a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de garantías, los informes justificados y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Ilustra lo expuesto, la jurisprudencia asequible en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página treinta y uno, titulada: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO" SÉPTIMO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *** contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por las razones expuestas en el considerando sexto de este fallo...
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,179 expedientes
- Agustín Aguirre Martínez589/2017
- Agustin Camacho Montoya878/2014
- Agustin Camacho Rico167/2015
- AGUSTIN CHAVEZ MORENO y Otros.827/2018
- Agustin de Jesus Torres Rodriguez410/2018
- Agustin Garcia Aguilera529/2016
- Agustin Güemes Meza337/2018
- Agustín Hernández Morales482/2015
- Agustin Hernandez Morales569/2020
- Agustín Jamaica Sandoval255/2017
- AGUSTIN LARA LOPEZ y Otros.972/2019
- Agustin Lopez Palomares631/2016