Agustin Gonzalez Hernandez

Expediente 251/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 16 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
251/2016
Año
2016
Actuaciones
16
Última actuación
28/11/2016

Partes del expediente

  • Agustin Gonzalez Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Se declara que ha quedado firme el auto en que se tuvo por cumplida la sentencia de amparo. Se ordena el archivo del presente asunto.

  2. Principal

    Visto el estado que guarda los presentes autos y la razón de cuenta del Secretario en el sentido de que transcurrió el plazo concedido en proveído de...a efecto de que la parte quejosa compareciera a recoger el título de crédito exhibido por la autoridad responsable, mismo que a la fecha no ha sido recogido por la quejosa o alguno de su autorizados; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y teniendo en cuenta su desinterés en recibir exclusivamente dicho pago...Por tanto, ha quedado demostrado el cumplimiento de los efectos del amparo, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 195 y 196 de la Ley de Amparo...Por lo que, al haber sido reparada la violación constitucional relativa, se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Finalmente, visto el oficio de cuenta, téngase a la autoridad responsable Delegada del Secretario de Finanzas Públicas Municipales de...dando cumplimiento al requerimiento formulado por auto de...

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos...resulta necesario requerir al Secretario de Finanzas Públicas de San Juan del Río, Querétaro, para que exhiba el cálculo desglosado que realizó a efecto de determinar la cantidad a devolver a la parte quejosa, motivo del presente amparo, toda vez que la autoridad aludida al exhibir mediante oficio de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, la cantidad a devolver a la parte quejosa, se advierte que no realizó dicho cálculo.... requiérase a la citada autoridad para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del oficio del que derive el presente auto, de cumplimiento a lo solicitado, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá multa...

  4. Principal

    Querétaro, Querétaro, a dieciocho de agosto de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta y la razón secretarial, ambos en el sentido de que transcurrió el plazo concedido en proveído de fecha doce de julio de dos mil dieciséis, a efecto de que la parte quejosa compareciera a recoger el título de crédito exhibido por la autoridad responsable, mismo que a la fecha no ha sido recogido por la quejosa o alguno de su autorizados; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y teniendo en cuenta su desinterés en recibir exclusivamente dicho pago. Cargas procesales en el cumplimiento de sentencia de amparo y desinterés de observarlas. En todo procedimiento judicial las partes pueden tener "cargas" y "obligaciones" procesales en relación a las distintas fases del mismo, sea previo al dictado de la sentencia, o bien, ulteriormente, sin que la ley determine siempre, explícitamente, las consecuencias jurídicas que pueden acarrear el incumplimiento de tales cargas, correspondiendo al intérprete delimitarlas. La obligación procesal existe cuando la ley ordena a alguien tener determinado comportamiento para satisfacer un "interés ajeno", sacrificando el propio; mientras que la carga procesal tiene lugar cuando la ley fija la conducta que debe asumir quien quiera conseguir un resultado favorable a "su propio interés". El incumplimiento de la primera da lugar a la imposición de sanciones, como son los medios de apremio, la condena en costas o el pago de daños y perjuicios; en cambio, la segunda (cargas) genera una consecuencia (sanción) diferente, como sería que el sujeto no alcance lo pretendido por su propio interés; es decir, si el cumplimiento de una carga procesal constituye una condición para que el litigante consiga los fines que satisfacen su propio interés, es evidente que la insatisfacción de esa condición tiene como consecuencia que el interesado no alcance simplemente dichos fines en su propio perjuicio. Lo anterior se comprende de mejor manera si se tiene presente que existen diferencias entre "cargas procesales" y "obligaciones procesales", respecto de lo cual orienta la tesis aislada 1a. CLVIII/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "OBLIGACIONES Y CARGAS PROCESALES. DISTINCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE UNAS Y OTRAS. La obligación procesal existe cuando la ley ordena a alguien tener determinado comportamiento para satisfacer un interés ajeno, sacrificando el propio; mientras que la carga procesal tiene lugar cuando la ley fija la conducta que debe asumir quien quiera conseguir un resultado favorable a su propio interés. Así, el incumplimiento de una obligación procesal puede dar lugar a la imposición de sanciones, como son los medios de apremio, la condena en costas o el pago de daños y perjuicios; en cambio, no es jurídicamente correcto sostener que el incumplimiento de una carga procesal produce como consecuencia propiamente una sanción, entendida como castigo o penalización por el incumplimiento de un deber, sino que en función de su naturaleza procesal, constituye una omisión en la de verificación de un requisito procesal; es decir, si el cumplimiento de una carga procesal constituye una condición para que el litigante consiga los fines que satisfacen su propio interés, es evidente que la insatisfacción de esa condición tiene como consecuencia que el interesado no alcance dichos fines." Así que mientras el cumplimiento de la sentencia de amparo a cargo de las autoridades responsables o vinculadas, sería una "obligación" porque sería observar determinada conducta de hacer, no hacer o dejar de hacer en pro de un interés ajeno (a favor de quien obtuvo sentencia de amparo); y, de incumplir con la obligación relativa, procede agotar sanciones y medios de apremio hasta lograr el cumplimiento relativo (actuar contra la autoridad contumaz); en cambio, respecto a la parte quejosa, el órgano de amparo no está en condiciones de obligarla (coercitivamente) a obtener lo sentenciado, es decir, a compelerle forzosamente a que reciba el beneficio incorporado en la sentencia constitucional, como tampoco obligarla a que obtenga la reparación que ordena la sentencia si durante en la etapa de ejecución de sentencia de amparo ya no muestra interés en obtener el cumplimiento de lo sentenciado, en lo que correspondería a las conductas propias a realizar por la parte quejosa, para concretar dicho beneficio o reparación, pretendidas inicialmente con la promoción del juicio de amparo. La imposición de las medidas de apremio, surge de la necesidad de contar con alguna especie de herramienta con la cual los órganos jurisdiccionales estén en aptitud de hacer que sus mandatos sean obedecidos, dado el carácter de autoridad con que aquéllos se encuentran investidos. No obstante, es prudente hacer notar que las medidas de apremio pueden ser aplicadas, tratándose del desacato a un mandato jurisdiccional que tenga que ver directamente con la tramitación del proceso y tales obligaciones procesales (deberes públicos para con el proceso o las otras partes), como puede ser la citación de una persona para una audiencia, la orden girada hacia una de las partes para que presente testigos, la comparecencia de un perito o el requerimiento para que se aporte algún dato, entre otros casos. En cambio, si durante la tramitación de un proceso, el órgano juzgador y una de las partes se encuentran frente a frente, aquél dirigiendo la actividad jurisdiccional, y ésta, renuente a cumplir los mandatos emitidos a fin de agotar las etapas procedimentales que redunden en el propio interés de la parte quejosa, como sería permitir el desahogo de una conducta que sería necesaria para el propio beneficio de la parte quejosa, lo conducente es aplicar a la persona contumaz la consecuencia acorde a no haber actuado en pro de su propio interés, pero no con la aplicación de uno de los medios de apremio autorizados, pues sería forzarlo a recibir lo que no ha mostrado querer a su favor, sino a tenerle por desinteresado de tal beneficio, generalmente. Cierto, la sentencia de amparo no puede quedar indefinidamente cumplida al arbitrio de una sola de las partes, pues si fuere así, entonces, el cumplimiento de las obligaciones que derivan al respecto y consecuencias del vínculo jurídico entre gobernado y autoridades responsables, quedaría a la voluntad de uno sola de las partes, lo que sería contrario a los principios de seguridad y certeza jurídica, así como buena fe, pues sería dejar en la indefinición permanente o eterna, el cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que también es contrario a las disposiciones vigentes de la ley de la materia (artículos 196 a 198, así como 211 a 214 de la Ley de Amparo, que regula lo inherente al cumplimiento y reglas generales complementarias), incluso, el disponer plazos breves para obtener el acatamiento del fallo, o bien, para inconformarse con el mismo (quince días), por lo que sería un contrasentido que dicha ejecución se postergara indefinidamente a la voluntad la parte agraviada que no acudiera recibir el pago enterado en cumplimiento al fallo protector. De ahí que entre las cargas procesales de las partes, en materia de cumplimiento de sentencia de amparo, por lo que refiere a la parte quejosa estaría realizar las conductas inherentes a velar por su interés propio, a conseguir el fin pretendido con el amparo, que tratándose de asuntos como el presente, estaría precisamente en efectuar la conducta de recibir el pago exhibido por la autoridad responsable conducente, en observancia a alguna de las obligaciones de dar que le hubiere impuesta la ejecutoria constitucional, sin perjuicio de las facultades del juzgador de verificar si dicho pago cumple los extremos de lo ordenado en la ejecutoria o sus alcances correctos. De resultar omiso el quejoso en acudir a recibir la forma de pago exhibida, esto implicaría que no estaría efectuando las conductas idóneas para obtener el beneficio o reparación constitucional estipulado en la sentencia de amparo, luego, incumpliría con una carga procesal del procedimiento de ejecución de sentencia que constituye una condición para que consiga los fines que satisfacen su propio interés (culminar la recepción del pago a su favor), pues es evidente que la insatisfacción de esa condición tiene como consecuencia que el interesado no alcance dichos fines (obtener el beneficio patrimonial que declaró a su favor la sentencia constitucional, como forma de reparación de la violación de derechos fundamentales objeto de estudio). Ello, pese a que también la parte agraviada tiene la carga de permitir las conductas que sean necesarias, proporcionales, idóneas y razonables para concretar tal reparación constitucional a su favor: denotar interés en recibir el pago que pretendió con la insubsistencia del acto de aplicación de norma(s) inconstitucional(es). Es decir, todos los elementos necesarios para culminar el proceso de entrega-recepción de pago entre las partes del presente asunto, máxime que siendo ello en beneficio de su pretensión, su ausencia revela desinterés, sin que sea obstáculo para esta conclusión la facultad que tiene el juzgado de Distrito para emplear medios de apremio, porque ninguno de ellos sería apto en contra de la parte quejosa, si no es su voluntad recibir el beneficio o protección constitucional ya declarada a su favor, en la etapa de ejecución, ante conductas de omisión como no acudir ante la autoridad responsable a recoger el pago exhibido por la contraparte. Entonces, esto constituye un indicativo de desinterés en una de las conductas materia del cumplimiento del fallo protector, sin que sea dable al órgano de amparo, obligar a la parte quejosa a recibir un pago que no desea, ni forzarles, mediante medios de apremio a que ocurra tal situación, empero, si éste niega a obtener tal reparación constitucional entonces el desinterés mostrado irá en su propio perjuicio, pues no se pueden confundir los términos "carga" y "obligación" procesal, por ende, cuál debería ser la consecuencia jurídica aplicable al caso, pues la parte quejosa por virtud del principio de instancia de parte agraviada, no está obligada a recibir coactivamente la reparación del perjuicio que le motivó inicialmente acudir al amparo, es decir, ser forzada a recibir un pago que no desea, empero, como el procedimiento de ejecución de sentencia no puede quedar en la incertidumbre jurídica ni en la indefinición, entonces, el citado desinterés en observar la carga procesal de acudir ante la autoridad responsable a recibir el pago enterado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, merece la consecuencia que sería propia de quien se mantiene inerte en concretar el beneficio declarado a su favor, como sería tenerle por conforme con no recibirlo; y, por ende, en tener por satisfecha la obligación de dar respectiva del fallo protector al no ser factible postergarla indefinidamente al solo arbitrio de la parte quejosa. Ello, derivado de que, como se ha precisado, el Alto Tribunal ha señalado la carga procesal tiene lugar cuando se trate de la conducta que debe asumir quien quiera conseguir un resultado favorable a su propio interés. Hipótesis que se actualiza en el caso de la parte quejosa en torno a recibir el beneficio o reparación constitucional, materia de la concesión del amparo a su favor, dado que es en este caso donde tiene la carga en el procedimiento de ejecución de sentencia de al menos acudir a recibir el pago exhibido, con la finalidad de ver reparado el perjuicio materia de la protección federal. De modo que de no cumplir con lo anterior, podría declararse el respectivo desinterés en el pago y por cumplida esa cuestión de la reparación constitucional, porque quien ha resultado contumaz ha sido la propia parte agraviada, no así la autoridad responsable. Así que de acuerdo con la interpretación armónica de los artículos 17, 103 y 107 constitucionales, así como 196 a 199 y 214 de la Ley de Amparo, el desinterés de la parte quejosa en recibir el citado pago implica una conducta procesal contraria a la carga mínima que tendría en torno a obtener el beneficio citado, por ello, la consecuencia del incumplimiento de recibir tal pago sería para la propia parte quejosa, es decir, en no ver reparado el perjuicio relativo, al no actuar en pro de su propio interés. Además, sería incorrecto que la parte quejosa actuara contra el principio de buena fe procesal, que tiene su origen en el derecho de tutela judicial efectiva y está relacionada con los derechos de defensa, igualdad y expeditez en la administración de justicia, porque la posibilidad de acudir a un órgano jurisdiccional para que declare el derecho que le asista a la parte que lo solicite es el medio por el cual el Estado dirime las controversias y, con ello, hacer efectivo el mandato de que ninguna persona pueda hacerse justicia por sí misma, por lo que siendo la buena fe inspiradora de nuestro derecho, debe serlo, por tanto, del comportamiento de las partes en todas sus relaciones jurídicas por lo cual debe ser tomada en cuenta para derivar de ella, en la averiguación de la verdad, las presunciones que lógica y legalmente, se deduzcan de la conducta de las partes, incluyendo también a la etapa de ejecución de una sentencia, como sería de la emitida en un juicio de amparo. Al respecto, cabe citar la tesis aislada sin número de la otrora Cuarta Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen XI, Quinta Parte, página 25, que refiere: "BUENA FE EN EL COMPORTAMIENTO DE LAS PARTES. La circunstancia de que una empresa demanda no haya respetado las prohibiciones que contiene la ley que la rige, no debe valerle para beneficiarse con esas prohibiciones eludiendo las obligaciones contraídas con sus asalariados, puesto que, siendo la buena fe inspiradora de nuestro derecho, debe serlo, por tanto, del comportamiento de las partes en todas sus relaciones jurídicas por lo cual debe ser tomada en cuenta para derivar de ella, en la averiguación de la verdad, las presunciones que lógica y legalmente, se deduzcan de la conducta de las partes." En este sentido, también es ilustrativa la tesis aislada I.7o.C.49 K, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 1390, que refiere: "PRINCIPIO DE BUENA FE PROCESAL. EMANA DE LA GARANTÍA DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El principio de buena fe procesal puede definirse, de manera general, como la conducta exigible a toda persona en el marco de un proceso, por ser socialmente admitida como correcta. Generalmente dicho principio no se incluye expresamente en los ordenamientos procesales, sino que resulta por inferencia de las normas que sancionan actos concretos contrarios a la buena fe. No obstante ello, el principio en comento tiene su origen en el derecho de tutela judicial efectiva y está relacionada con los derechos de defensa, igualdad y expeditez en la administración de justicia, porque la posibilidad de acudir a un órgano jurisdiccional para que declare el derecho que le asista a la parte que lo solicite es el medio por el cual el Estado dirime las controversias y, con ello, hacer efectivo el mandato de que ninguna persona pueda hacerse justicia por sí misma." Ahora bien, como la buena fe y comportamiento de las partes (conducta procesal) puede ser atendida en la resolución de los negocios judiciales, los jueces están en condiciones de establecer cuál puede ser la presunción humana aplicable a quien no acude a recibir el pago exhibido por la parte contraria a su favor, es decir, en establecer cuál sería la consecuencia más idónea, proporcional, necesaria y razonable al desinterés mostrado, en recibir tal pago, que sería justamente en una conducta procesal de desinterés en obtener el beneficio o reparación constitucional que disponía la sentencia de amparo a su favor, pues ello sería una de las presunciones que lógica y legalmente se deduce del actuar precedente (omisión en acudir a recibir el pago referido). En torno a este tema cabe citar la tesis aislada sin número de la otrora Tercera Sala del Alto Tribunal visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXXI, página 179, que precisa: "CONDUCTA PROCESAL DE LAS PARTES, PRESUNCIONES DERIVADAS DE LA. Siendo la buena fe base inspiradora de nuestro derecho, debe serlo, por tanto, del comportamiento de las partes en todas sus relaciones jurídicas y en todos los actos del proceso en que intervengan, y siendo la conducta procesal de éstas elemento básico para la resolución de los negocios judiciales, los jueces deben tomarla en cuenta para derivar de ella, en la averiguación de la verdad, las presunciones que lógica y legalmente se deduzcan del mismo." En efecto, no es lícito a ir u obrar, a alguien contra sus propios actos, si al promover el amparo la parte quejosa denotó interés en obtener una protección constitucional contra determinados actos; y, por consecuencia, en mira de algún beneficio o reparación de derechos fundamentales, lo conducente sería que en la etapa de ejecución de sentencia dicha parte igualmente denote ese interés y culmine lo que inició, es decir, que cuando le corresponda aportar alguna conducta procesal en pro de su propio interés, la realice, precisamente para alcanzar el fin propuesto con la promoción del amparo, a saber, la reparación del perjuicio irrogado, sin que el momento de ello (término del cumplimiento) pueda quedar a su sola voluntad, pues de no mostrar interés en recibir tal beneficio o reparación constitucional, entonces, la presunción que nace de su conducta procesal es que no desea la reparación de que se trata; y, por ende, que está conforme con el cumplimiento, pues existe un límite del ejercicio de los derechos subjetivos o de las facultades jurídicas, impuesto por la buena fe, conforme al cual se decreta la inadmisibilidad de toda pretensión, contradictoria con el sentido objetivo de la conducta anterior del titular. Así que la coherencia en la etapa de ejecución de sentencia de amparo es que la parte quejosa acuda al menos a recibir el beneficio constitucional que pretendió con la promoción del amparo cuando el pago relativo ya se encuentre a su disposición; y, si tal conducta no la observa, entonces contraría su conducta precedente de haber promovido un amparo para finalmente no recibir el resultado declarado a su favor. Así está el aforismo principio venire contra factum proprium non valet (nadie puede volverse contra sus propios actos), consiste en que existe el deber jurídico, a cargo de las personas, de no contrariar una conducta pasada, pues se debe realizar una interpretación de la conducta conforme a estándares determinados, como las costumbres o la buena fe, con la finalidad de alcanzar y de exigir de las personas un mínimo de coherencia y de buena fe en sus relaciones con los demás. En este sentido, es aplicable la tesis sin número del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Agosto de 1991, página 165, que refiere: "CONDUCTA PROCESAL DE LAS PARTES. La jurisprudencia número 467, visible a páginas 812 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, con el rubro que se indica, sanciona como regla de derecho el aforismo jurídico "Venire contra actum propium", de no ser lícito a nadie ir, ni obrar, contra sus propios actos, en el caso actos de reconocimiento, que implican renuncia a la defensa o excepción hecha valer en la litis de la que emana el acto reclamado, por carecer el reo de aptitud legal para oponerla, dado el acto de reconocimiento; y al no estimarlo así el tribunal responsable infringe el expresado principio que veda esa inconsecuencia jurídica, pues dicha regla de derecho establece un límite del ejercicio de los derechos subjetivos o de las facultades jurídicas, impuesto por la buena fe, conforme al cual se decreta la inadmisibilidad de toda pretensión, contradictoria con el sentido objetivo de la conducta anterior del titular." En similar sentido está la tesis I.3o.C.16 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, página 2696, que refiere: "PRINCIPIO DE LOS ACTOS PROPIOS. ELEMENTOS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN. Una de las fuentes del derecho mexicano son los principios generales del derecho, los cuales deben encontrarse en todos los supuestos normativos escritos, por contener máximas del derecho que reflejan los valores supremos que se busca alcanzar con el derecho, tales como la justicia y la equidad social. El principio venire contra factum proprium non valet (nadie puede volverse contra sus propios actos), consiste en que existe el deber jurídico, a cargo de las personas, de no contrariar una conducta pasada, pues se debe realizar una interpretación de la conducta conforme a estándares determinados, como las costumbres o la buena fe, con la finalidad de alcanzar y de exigir de las personas un mínimo de coherencia y de buena fe en sus relaciones con los demás. Los elementos de este principio son: a) conducta vinculante: se refiere a la existencia de una conducta anterior del sujeto, que es válida, eficaz y relevante, en función de un hecho o acto jurídico que genere en las demás personas o la sociedad la confianza de que en el futuro dicho individuo procederá conforme a ella; b) pretensión contradictoria, que se traduce en que el sujeto que realizó la conducta debe formular una pretensión a través del ejercicio de un derecho subjetivo, que es contradictorio con el sentido objetivo que de la conducta previa o anterior se deriva; c) perjuicio de terceros, en tanto que confían en el sentido objetivo de la conducta vinculante de la persona, que han variado o alterado de alguna forma su posición jurídica; y, d) identidad de las partes, esto es, que la conducta anterior y la posterior deben ser atribuidas a una misma persona o a quien la sustituya en el cumplimiento de la obligación, que implica: fidelidad a lo pactado, la sujeción a la situación jurídica aprobada, la vinculatoriedad al contrato del que forma parte. Este principio debe observarse en todos los casos en que no exista un conjunto de normas que puedan resolver algún problema planteado, con el fin de que las partes en una controversia, que hayan celebrado con anterioridad a éste un acto jurídico, no contraríen su conducta y voluntad emitida al momento de la celebración del mismo." Ahora bien, ante dicha reticencia se tiene por conforme a la parte quejosa, en cuanto al pago que no ha deseado recoger, y en virtud de que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja administrativa 192/2014 y Recurso de Inconformidad 14/2014, en sesiones ordinarias de seis de noviembre de dos mil catorce y nueve de enero de dos mil quince, estableció que: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, la emisión de la resolución de cumplimiento en un juicio de amparo no depende del desahogo de la vista otorgada a la parte quejosa, sino por el contrario, el juez de Distrito está obligado a pronunciarse de oficio sobre el cumplimiento de la ejecutoria; y, Si la parte quejosa no realiza manifestación alguna respecto la vista otorgada, ello se debe a que está conforme con el cumplimiento dado por la autoridad responsable. En ese tenor, vistos los presentes autos de los que resulta procedente que este Juzgador Federal se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Para lo cual conviene utilizar la siguiente tabla comparativa, en que se contrasta sustancialmente los efectos del amparo ante los actos desplegados por la autoridad responsable; sintetizando tales aspectos derivados de los comunicados y documentos remitidos, especialmente de los que resulta útil su análisis para tal efecto; para después asentar la conclusión respectiva: EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO SE CUMPLIÓ SI NO Desincorporar de la esfera jurídica a la parte quejosa los artículos 41, 90, 91, 92 y 93 dela Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro (foja 60 vuelta). Desincorporar de la esfera jurídica a la parte quejosa los artículos 13 y 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, (foja 60 vuelta). Desincorporo la obligación tributaria (foja 82) Desincorporo la obligación tributaria (foja 82) Aplicar la tasa para predios urbanos con edificaciones (1.6) sobre la base gravable y devolver el excedente. Devolver la cantidad enterada por concepto de pago del impuesto para educación y obras públicas municipales (reverso foja 60 y 61): Cantidad total a devolver F 060130 Por predial multiplicada la base $897,750.00 por la tasa .0016 es igual a $1,436.40 Por cuanto ve al impuesto para educación y obras públicas municipales son $310.46 A más de realizar el descuento hecho por la responsable equivalente -310.46 Tenemos que la parte quejosa debía pagar: $ 1,125.94 De tal manera que si pagó $1,552.50 le restamos $1,125.94 que debía pagar, como resultado nos queda la diferencia que la responsable debía devolver, esto es, $426.56 Mediante la expedición del cheque número 2690 ordenó devolver la cantidad de $403.20 (foja 88). Sin que pase desapercibido por este Juzgado lo siguiente: Cantidad a devolver es de: $ 426.56 menos Cantidad que ordenó devolver: $ 403.20 Es igual a: $ 23.36 Por lo que se advierte un defecto en la orden de devolución a la parte quejosa por conceptos de impuesto predial e impuesto para la educación y obras públicas municipales, por la cantidad de $23.36. CONCLUSIÓN: Por lo tanto, debe decirse que existe defecto en el cumplimiento del fallo protector, toda vez que la autoridad responsable ordenó devolver a la parte quejosa: Por cuanto ve al pago por conceptos de impuesto predial e impuesto para la educación y obras públicas municipales, un total de $ 403.20. Existiendo un defecto en el cumplimiento por la cantidad de $23.36. Sin embargo la parte quejosa no recogió el cheque exhibido; y por ende se le tuvo desinteresada en recoger el mismo, y por conforme en no recoger el pago, por lo que se tiene cumplido éste aspecto, pues no fue imputable a la autoridad que no se entregara sino obedeció a la conducta procesal y desinterés de la propia parte agraviada. En esas condiciones, no es viable requerir más a la autoridad responsable sobre la devolución dicho defecto toda vez que no cobró el referido cheque. De lo anterior, se colige que ha quedado demostrado el cumplimiento de los efectos del amparo, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 195 y 196 de la Ley de Amparo Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 188/2004, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 470, del Tomo XXI, correspondiente al mes de enero de 2005, Materia Administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido." Por lo que, al haber sido reparada la violación constitucional relativa, se tiene por cumplida la sentencia de amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Karlos Alberto Soto García, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ante el licenciado Raúl Gamboa Barradas, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.

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