Agustín Gómez Ruíz
Expediente 351/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 351/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/01/2021
Partes del expediente
- Agustín Gómez Ruíz
Actuaciones
- Principal
Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de dieciséis de junio de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo. Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en el precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Destrucción de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto que fue desechada la demanda de amparo. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir del presente auto; dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su destrucción.
- Principal
Razón actuarial. Por otra parte, vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente el auto de dieciséis de junio del año en curso, a la parte quejosa Agustín Gómez Ruiz, por los motivos ahí señalados. Notificación por lista. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista el auto de mérito y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de junio de dos mil veinte. Recepción. Téngase por recibido el escrito de demanda presentada vía electrónica aparentemente por ++++ contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas y otra autoridad, datos que fueron obtenidos de la papeleta de turno respectiva. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 351/2020, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890). Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En estas condiciones, de conformidad con los artículos 61, fracción XIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, la demanda de amparo que promueve el mencionado impetrante resulta improcedente. En efecto, la demanda que se trata, resulta improcedente debido a la falta de firma autógrafa, entendiéndose por ésta según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: Nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al calce de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él dice. El vocablo firma y éste del latín firmare, cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra firma, se define como Afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa (diccionario citado). En ese orden de ideas, trasladándonos a los medios electrónicos, la firma electrónica es el conjunto de datos y caracteres que permiten la identificación del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente a él y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En esa tesitura y de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, los escritos de demanda se presentaran en forma impresa o electrónicamente. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica conforme la regulación del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, la demanda de garantías recibida vía electrónica que no tenga carácter de urgente, es inconcuso que al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos que se establecen la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones, y al advertirse que el escrito de demanda carece de firma autógrafa se desechará de plano; toda vez que la falta de ésta manifiesta la voluntad de las partes de ejercer un derecho, en el cual no hay forma de saber si es voluntad del peticionario de garantías, promover el juicio constitucional, por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. (Décima Época, Registro 2019715 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I). Asimismo, sirve de apoyo el Acuerdo General 34/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) emitida por el propio Consejo, que establece que el documento deberá garantizar los requisitos para el acceso y privilegios en los sistemas electrónicos del Consejo que requieran del uso de la FIREL se establecerán en la normativa que los rija, y se difundirán y describirán en el correspondiente manual de usuario. En el entendido que, en la especie, no se está en presencia del supuesto excepcional a que se refiere el artículo 109 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 15 de la propia ley, en que resulta procedente la presentación de la demanda de amparo por medios electrónicos, sin que se requiera de firma electrónica, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, incomunicación, desaparición forzada, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, específicamente, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, pues, tal y como el propio quejoso lo afirma en su demanda, el despojo, lo atribuye al Agente del Ministerio Público adscrito a Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas; es decir, que el acto reclamado, no aparece dictado fuera de procedimiento, que es el caso de excepción que se contempla en el supuesto normativo a que viene haciéndose referencia. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por Agustín Gómez Ruiz, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se deja de proveer al respecto, tomando en consideración la certificación secretarial de cuenta. Habilitación actuarial. En términos del precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Reproducción electrónica y devolución de documentos. Se deja de acordar lo relativo, por los motivos señalados en la certificación secretarial de cuenta. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el expediente se tramitará con supresión de los datos personales que resulten sensibles para el sistema electrónico dispuesto al respecto, salvo oposición que se presente por escrito, en que se haga manifestación indubitable que es deseo de alguna de las partes la publicación de su datos personales.
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