Agustin García Diaz

Expediente 1289/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1289/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • Agustin García Diaz
  • Juez Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Firme desechamiento. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el acuerdo dictado el quince de agosto del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado firme para todos los efectos legales. Documentos originales. No obran documentos originales. Constancias o actuaciones. No existen para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se desechó la demanda de amparo. Certificación de la carátula. Se ordena a la Secretaria certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así, lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", virtud que, el Juez Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, disfruta de su período vacacional, correspondiente al segundo semestre de dos mil veintidós, aprobado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informado mediante oficio CCJ/ST/5553/2022 de veintidós de noviembre del año en curso, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura de la Federación, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    TAL Y COMO LO SOLICITO LA PARTE QUEJOSA ******, EN SU ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a quince de agosto de dos mil veintidós. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por *******, contra actos del Juez Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali y otra autoridad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo; se registra su ingreso en el libro de gobierno con el número 1289/2022 y al efecto se provee: Improcedencia. Una vez analizada en forma íntegra el escrito de demanda, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, que obligan a desecharla de plano, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Para sustentar tal aserto, conviene citar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de advertir motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; lo "indudable" consiste en la certeza y plena convicción de algún hecho, lo que no puede dudarse por lo claro y evidente; de esta manera, motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio constitucional es el que está plenamente demostrado, advertida de manera patente y clara de la demanda de amparo, escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de tal suerte que no sería posible concluir en sentido contrario aun con los elementos que se pudieran obtener de tramitarse el juicio constitucional. *****Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto excepcionalmente procede contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación. Se afirma que tal procedencia es excepcional, en virtud de que está condicionada a que el acto tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Bajo esa óptica, conviene precisar que el acto reclamado del cual se duele la parte promovente, es el acuerdo de veintinueve de junio del año en curso, dictado en el juicio ordinario civil 892/2018, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil en Mexicali, Baja California, en el que se ordenó la continuación de la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, señalándose las doce horas del veintisiete de octubre de dos mil veintidós para tal efecto; auto que, aduce la parte promovente, fue dictado sin advertir que se encuentra pendiente de desahogo la prueba pericial en materia topográfica admitida en juicio, dado que a la fecha no ha sido notificado el cargo de perito en rebeldía de la parte demandada. En ese tenor, podemos concluir que el auto que ahora se reclama, indudablemente que por los efectos y consecuencias que genera, no puede ser considerado como de ejecución irreparable, ya que no afecta materialmente derecho sustantivo alguno consagrado a favor del promovente en nuestra carta magna o en alguo de los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues de ninguna forma el auto emitido por la autoridad responsable es constitutivo de derechos ni de condena; lo que, sin duda, en contraposición a lo propuesto por la impetrante, genera que sus efectos no se igualen con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia. Esto es así, a partir de la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo, dicho precepto y fracción establecen una precisión para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación", contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos, como el que nos ocupa en el caso concreto. En esa disposición, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de "imposible reparación", ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que, en los procedimientos judiciales propiamente dichos (artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo), se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Consecuentemente, si en el caso concreto el acto reclamado se hizo consistir en el acuerdo de veintinueve de junio del año en curso, dictado en el juicio ordinario civil 892/2018, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil en Mexicali, Baja California, en el que se ordenó la continuación de la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia señalando las doce horas del veintisiete de octubre de dos mil veintidós; sin advertir que se encuentra pendiente de desahogo la prueba pericial en materia topográfica admitida en juicio, dado que a la fecha no ha sido notificado el cargo de perito en rebeldía de la parte demandada, ello claramente denota que los efectos del acto que se reclama no son de imposible reparación -como lo pretende hacer valer la parte impetrante-, ya que en contraposición a ello, no afectan materialmente derecho sustantivo de la parte quejosa tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; ello al margen de su "trascendencia predominante o superior"; pues, como se anticipó, en la vigente Ley de Amparo se abandonó ese criterio, para dar lugar a la procedencia del juicio de amparo biinstancial, únicamente contra actos en juicio que tengan efectos de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos, lo que por sí, descarta cualquier posibilidad de procedencia del amparo indirecto contra actos de naturaleza procesal. En efecto, es incuestionable que las presuntas violaciones que reclama la parte quejosa no afectan materialmente sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, como podrían ser la vida, la libertad, la propiedad, la integridad personal, etcétera, y, por ende no resultan de imposible reparación; incluso, la afectación que ahora reclama podría quedar reparada posteriormente al dictarse la sentencia definitiva, en la que se resuelva en favor a sus intereses. ****Por lo anterior, válidamente puede decirse que el acto atacado en este juicio de amparo no constituye una actuación de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía, porque sus consecuencias no afectan de forma material, inmediata y cierta uno de los derechos fundamentales previstos en nuestra carta magna, ni ocasionan a la parte quejosa un perjuicio actual, real y presente, dado que el acto reclamado es un acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos, pues si la aquí quejosa obtiene sentencia definitiva favorable en el procedimiento de origen, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio y, si le fuera desfavorable, podría reclamarla vía apelación, o en su caso, vía amparo directo como violación procesal. Así, las razones anteriores conducen a estimar que, en el caso, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de ese ordenamiento legal, aplicado en sentido contrario, precisamente, porque el acto reclamado en este juicio de amparo, atento a su naturaleza jurídica, los efectos y las consecuencias que produce, carece de una ejecución de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía. Por otra parte, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, precepto legal que dispone: El artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo dispone: "61. El juicio de amparo es improcedente: [. . .] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. [.]" El referido artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional reclamando acto emanado de algún tribunal sin haber agotado previamente el recurso o medio de defensa ordinario que proceda, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. En efecto, la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto la contenga para que estén a disposición de la parte interesada y ésta pueda interponerlo; de tal manera, no es optativo para la parte afectada cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, sino obligatorio, en virtud que el ya citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo es terminante en cuanto a que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable para estar en posibilidad de acudir al juicio constitucional. Los artículos 670 y 671 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, disponen: "670. Los autos que no fueren apelables y los Decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles. 671. La revocación debe pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación, de la resolución que se impugne, mismos que serán improrrogables, dándose vista a las demás partes por un tiempo igual y transcurrido dicho término, el Juez deberá resolver pronunciándose dentro del tercer día. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad." De la interpretación de los dispositivos transcritos, se concluye que los autos y decretos que no fueran apelables pueden ser revocables por el Juez que los dictó, recurso que deberá interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación, dándose vista a la parte contraria por igual término, el cual una vez transcurrido, se resolverá de plano, y contra lo que resuelva no procede recurso alguno. El proveído impugnado materia de estudio, cumple con el requisito de procedencia del recurso de revocación; esto es, no es apelable, pues no se encuentra previsto en los supuestos del artículo 674 del citado Código Procesal Civil, que dice: "674. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. Las sentencias definitivas en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables; II. Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la Ley no se otorgue a las partes el recurso o la sentencia definitiva no fuere apelable; III. Los autos, cuando expresamente lo disponga este código y también lo fuera la sentencia definitiva, y IV. Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo Juez o se levante por éste." De acuerdo a la fracción III de este último numeral, los autos serán apelables cuando expresamente lo disponga el Código Procesal Civil y también será apelable la sentencia definitiva. De tal suerte que en la referida codificación no se establece en artículo alguno la procedencia del recurso de apelación contra proveídos como el que señala como acto reclamado la parte quejosa; por tanto, si los mencionados artículos 670 y 671, del Código de Procedimientos Civiles de Baja California establecen la procedencia del recurso de revocación tratándose de resoluciones inapelables, se concluye que el proveído que por esta vía se combate es recurrible a través del recurso de revocación. Es así, debido a que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa; por tanto, para acudir a él es necesario agotar, en la vía ordinaria, los recursos que procedan, a menos que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o se trate de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, caso en el que se actualiza una excepción al principio de definitividad, según el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; hipótesis que del análisis a las constancias que integran el presente contradictorio federal no se advierte se hubieren actualizado. Lo anterior encuentra justificación en la circunstancia de que los medios de defensa están instituidos para que los afectados los hagan valer antes de acudir al juicio constitucional, el cual es un medio extraordinario de defensa, de modo que si las partes no tuvieren la carga de agotar ante la autoridad responsable las defensas, excepciones o recursos que establece la ley respectiva, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez Constitucional suplantaría las facultades de las autoridades naturales. Luego, de conformidad con los numerales anteriormente citados del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, la parte quejosa previo a promover el juicio de amparo contra el acuerdo señalado como acto reclamado, debió interponer en contra de aquel, el recurso de revocación, para cumplir con el principio de definitividad que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. *****En mérito de lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia en estudio. En consecuencia, al actualizarse en forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia aludidas; por consiguiente, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de la materia. Precedente vertical. De la misma forma sirve de orientación a la presente determinación, el pronunciamiento del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el recurso de queja 25/2022, derivado del juicio de amparo indirecto 1465/2022 del índice de este Juzgado. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Autorizados. Se tiene como autorizados del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, toda vez que no se encontraron registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Correo electrónico. De igual forma, en términos del artículo 2, fracción XIX, del "Acuerdo General 13/2020, que regula las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19", téngase a la parte quejosa proporcionando una cuenta de correo electrónico personal inzunzalex@outlook.es Lo anterior, única y exclusivamente con el fin de establecer contacto con personal de este órgano jurisdiccional, no así para recibir notificaciones por dichos medios de comunicación privada. Consulta electrónica. No lo solicitó. Notificaciones por vía electrónica. No lo solicitó. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Exhortación a todas las partes a continuar juicio en línea. Con fundamento en el artículo 22 y 28, segundo párrafo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, dado que el presente juicio fue promovido inicialmente de manera física, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; ello, con la finalidad de mejorar la comunicación con las partes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3, 6, 8, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a seis de diciembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se desprende que no obra dentro del expediente electrónico la notificación personal a la parte quejosa del proveído de quince de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano el escrito de demanda el presente juicio de amparo. Se comisiona de nueva cuenta al actuario judicial que corresponda. Atento a lo anterior, se comisiona de nueva cuenta al actuario judicial adscrito a quien corresponda la integración del presente asunto, para que realice lo siguiente: 1) En caso de que dichas notificaciones ya se encuentren practicadas, deberá integrar debidamente el expediente electrónico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo; 2) En caso de que no se hubieren llevado a cabo las notificaciones ordenadas, dentro del término con que se contaba para tal efecto, deberán practicarse e integrarse debidamente al expediente electrónico. Notifíquese.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a nueve de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se desprende que no obra dentro del expediente electrónico la notificación personal a la parte quejosa del proveído de quince de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano el escrito de demanda el presente juicio de amparo. Se comisiona al actuario judicial que corresponda. Atento a lo anterior, se comisiona al actuario judicial adscrito a quien corresponda la integración del presente asunto, para que realice lo siguiente: 1) En caso de que dichas notificaciones ya se encuentren practicadas, deberá integrar debidamente el expediente electrónico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo; 2) En caso de que no se hubieren llevado a cabo las notificaciones ordenadas, dentro del término con que se contaba para tal efecto, deberán practicarse e integrarse debidamente al expediente electrónico. Notifíquese.

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