Agustín Galindo Moran

Expediente 865/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
865/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
06/06/2018

Partes del expediente

  • Agustín Galindo Moran

Actuaciones

  1. Principal

    XI... C. A.... Ténganse por recibidos los oficios signados por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, por medio de los cuales, informa que se avocó al conocimiento del juicio enviado por este órgano jurisdiccional; asimismo, solicita se notifique a la quejosa los autos de uno de junio de este año, dictados en el juicio de amparo 872/2018-VI y sus acumulados 873/2018-VII y 876/2018-II y en el incidente de suspensión derivado de éste, respectivamente, del índice de la autoridad oficiante. Los cuales son del tenor siguiente: Principal: Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de junio de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ténganse por recibidos los oficios suscritos por el Secretario de este Juzgado de Distrito, al que se adjuntan los diversos firmados por el Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, por medio de los cuales remite los autos originales de los juicios de amparo 863/2018-IX, 864/2018-X y 865/2018-XI, de su índice, formados con motivo de las demandas promovidas por María de los Ángeles Fuentes Espinosa, Antonio Galindo Fuentes y Agustín Galindo Moran, todos por su propio derecho, y copias de traslado de las demandas de amparo; lo anterior, toda vez que por acuerdos de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, de conformidad con los artículos 45, fracción II, y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales reformado por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil dieciséis y vigente a partir de ese mismo día, ordenó la remisión de dichos asuntos a este Juzgado Federal por conocimiento previo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal se avoca al conocimiento de las demandas de mérito. Ahora bien, una vez analizadas en su integridad las demandas de amparo, se advierte que estas fueron promovidas contra las mismas autoridades responsables, en contra del mismo acto reclamado y derivado de la misma causa penal, lo que este juzgador toma en consideración como hecho notorio para los efectos de decretar la acumulación de plano de los juicios de amparo 873/2018-VII y 876/2018-II al diverso 872/2018-VI, y que por razón de control les correspondió de acuerdo al libro de gobierno de este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 24/2015 10a., sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I. Décima Época, página 19, que establece: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL..." En efecto, el objetivo primordial de la acumulación, es acatar el principio de economía procesal y la simplificación del procedimiento, traducidos en que en una sola audiencia se resuelvan dos o más juicios de garantías donde se haya señalado a las mismas autoridades responsables, se reclamen los mismos actos, que deriven del mismo procedimiento de origen y evitar que en dichos juicios se dicten sentencias contradictorias, ello con independencia de que la Ley de Amparo, no contemple expresamente la figura jurídica de la acumulación; sin embargo, se emite la presente determinación en base a la jurisprudencia que se cita y al artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, mismo que se lee: "Artículo 72.- Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero." Con base en lo anterior, se considera que en la especie es procedente decretar la acumulación de los juicios de amparo 873/2018-VII y 876/2018-II al diverso 872/2018-VI. Se dice lo anterior, porque en el caso que se analiza, las demandas fueron promovidas por María de los Ángeles Fuentes Espinosa, Antonio Galindo Fuentes y Agustín Galindo Moran, todos por su propio derecho, contra la orden de arresto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, emitida en su contra, dentro de la causa penal 120/2009, del índice del Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México y su cumplimiento, y en las cuales las autoridades responsables son las mismas, esto es, contra actos del referido Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México y otras responsables, situación que hace que se actualice el supuesto legal en comento. Por lo tanto, debe concluirse que para evitar que en los juicios de amparo que nos ocupan, se dicten fallos que resulten contradictorios, lo prudente es ordenar la acumulación de plano de esos sumarios constitucionales. Del análisis de los presente asuntos, se advierte que los expedientes 873/2018-VII y 876/2018-II, son más recientes que el diverso 872/2018-VI; por tal motivo, los primeros deberán acumularse al último de los mencionados, lo anterior por así advertirse de las papeletas de ingreso de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad. Cabe citar al respecto la tesis aislada, página ciento setenta y siete, Tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que literalmente establece: "ACUMULACIÓN. FACULTAD DISCRECIONAL DE LOS JUECES DE DISTRITO PARA TRAMITARLA..." Luego entonces, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 87, 88 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de las demandas de amparo indirecto que quedaron registradas con el número 872/2018-VI y sus acumulados 873/2018-VII y 876/2018-II. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. En ese orden de ideas, vistas nuevamente las demandas promovidas por María de los Ángeles Fuentes Espinosa, Antonio Galindo Fuentes y Agustín Galindo Moran, todos por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México y otras autoridades responsables, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 107, fracción VII, Constitucionales 1, fracción I, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE ADMITEN a trámite. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 a 117 de la Ley de Amparo, pídase su respectivo informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, el cual deberán rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en el que se solicita, en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remitan copia certificada, legible y completa, así como de las constancias que sirvieron de base, en su caso, para emitirlo, pues se estima serán necesarias para la resolución del asunto, con objeto de acatar el imperativo del artículo 17 de la Carta Magna, en el entendido que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos OCHO DÍAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, manifestando bajo protesta de decir verdad que constituyen su totalidad. Requiérase a las autoridades responsables para que en el momento de que cesen los efectos del acto reclamado, o bien ocurran otras causas notorias de sobreseimiento deberán manifestarlo a este Juzgado Federal. Hágase del conocimiento de las partes que se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, día y hora disponibles en la agenda que para tal efecto se lleva en este Órgano de Control Constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, la intervención que legalmente le corresponde. De igual forma, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la prueba documental que cada uno de los quejosos adjuntó a su demanda de amparo, mismas que se tomaran en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia de ley. Por otra parte, tomando en consideración que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, con el objeto de acatar el imperativo del artículo 17 Constitucional en el sentido de que la justicia debe ser pronta y expedita, se solicita respetuosamente a dicho juzgado para que, en caso de no tener inconveniente legal alguno, ordene al Actuario Judicial de su adscripción, notifique a la parte quejosa la presente determinación. Asimismo, le haga del conocimiento que en el término de tres días computados legalmente, deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, lugar de residencia de este juzgado, apercibiéndola que de no hacerlo en el plazo señalado, sin necesidad de posterior acuerdo, de conformidad con el artículo 26 fracción III, en relación con el 29, ambos de le Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal; y hecho que sea, remita la constancia de donde se advierta esa actuación. Así también, se tienen como autorizados de la parte quejosa, a las personas que menciona en su escrito de amparo, de las cuales únicamente los profesionistas David Martínez Rocha y Eliazar Desiderio López, podrán gozar de las amplias facultades que les confiere el ordinal 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tienen debidamente registrada su respectiva cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que el resto de las personas indicadas de momento solo podrán oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, y en su caso, gozarán de las amplias facultades que les confiere el numeral en comento, una vez que acrediten estar facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho y su patente profesional se encuentre registrada en el aludido sistema. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1, 3, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, y del Acuerdo General del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 11/2017, de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que dicha oposición no dará lugar a la supresión de su nombre en los instrumentos de carácter jurisdiccional, salvo que se refiera a los supuestos sensibles, a que se refiere el punto segundo del Acuerdo en mención, sin menoscabo de la supresión de otros datos personales diferentes al nombre, y una vez que se emita la sentencia o resolución que ponga fin a cualquier asunto jurisdiccional, los efectos de la oposición a la publicación de los datos personales realizada por las partes, estará sujeto al análisis del caso, atendiendo a lo previsto en el Acuerdo General ya citado. Asimismo, hágase del conocimiento a las partes que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Ahora bien, en razón de que por cuanto hace a la parte quejosa el presente asunto se encuentra en los casos de excepción que establece el punto segundo del Acuerdo General del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 11/2017, de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que regula los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales; por lo tanto, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente asunto, así como la información reservada, no obstante que la parte quejosa manifiesta su oposición para ello. En otro aspecto, se autoriza a los Secretarios y Actuarios Adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Finalmente, de conformidad con los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión correspondiente. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma, el licenciado René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, asistido del licenciado Joaquín Antonio Tovar Pedraza, Secretario que da fe.". Incidente de Suspensión: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de junio de dos mil dieciocho. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha, dictado en el expediente principal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125 y 128, de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y por separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 872/2018-VI y sus acumulados 873/2018-VII y 876/2018-II, formado con motivo de las demandas de amparo promovidas por María de los Ángeles Fuentes Espinosa, Antonio Galindo Fuentes y Agustín Galindo Moran, todos por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México y otras autoridades responsables. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 87, 88 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente incidente de suspensión, respecto de las demandas de amparo indirecto de las que derivó el presente cuaderno. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este cuaderno suspensional que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Consecuentemente, pídase a las autoridades señaladas como responsables su respectivo informe previo, mismo que deberán rendir por duplicado, dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la legal notificación del presente proveído, remitiéndoles para tal efecto copia simple de la demanda. Hágase del conocimiento de las partes que se han señalado las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para el desahogo de la audiencia incidental, día y hora disponibles en la agenda que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal. De conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la prueba documental que cada uno de los quejosos anexo a su demanda de amparo, mismas que se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia incidental. I. Procedencia de la suspensión provisional. Para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138, de la Ley de Amparo, los cuales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse, debiéndose realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. En principio debe decirse que para otorgar la medida cautelar solicitada, debe partirse de la premisa de que el acto reclamado sea susceptible de suspenderse, pues, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por los artículos 128 y 138, de la Ley de Amparo, no existiría materia que preservar. Es así, pues, por regla general, la naturaleza de dicha medida cautelar es conservativa, ya que su fin específico es mantener una situación de hecho existente, esto es, preservar la materia del amparo. En ese sentido, para establecer si el acto reclamado es o no suspendible, debe analizarse el caso concreto y la naturaleza del acto. Si éste tiene un principio de ejecución, será posible decretar su suspensión, siempre y cuando se cumplan los requisitos de procedencia y efectividad previstos por la ley de la materia. De igual forma, en el presente apartado, resulta necesario señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 15/96, estableció que la apariencia del buen derecho (también conocida como Ver similitud del Derecho Invocado o fumus boni iuris), es el consentimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. También el pleno estimó: 1. Que para la concesión de la medida se requiere la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de tal modo que según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en el amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y, 2. Que tal examen debe realizarse sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, que sólo puede determinarse en la sentencia de amparo, con base a un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia del derecho. b) Que exista la solicitud del quejoso; y, c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, el acto reclamado en el presente asunto se hace consistir en: La orden de arresto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, emitida en contra de los quejosos, dentro de la causa penal 120/2009, del índice del Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México y su cumplimiento. Fijado el acto reclamado, se procede al análisis de los requisitos precisados en líneas que anteceden, a efecto de determinar si se actualizan en el caso de que se trata, siendo por su orden: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse, debiéndose realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. La orden de arresto reclamada es de naturaleza positiva y de inminente ejecución, pues implica una conducta activa por parte de las autoridades responsables. Conducta que consiste tanto en la emisión de la orden como en la detención de los agraviados. Por lo tanto, de acuerdo a sus características es un acto susceptible de suspenderse, puesto que no agota todos sus efectos con su dictado. Bajo ese contexto, haciendo un análisis provisional de la constitucionalidad del acto reclamado, a partir de la ponderación que se hace conforme al principio de la apariencia del buen derecho a que se refiere el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal; y 138, de la Ley de Amparo; se estima que existen elementos suficientes que evidencian con cierto grado de certeza que los aquí quejosos pueden resentir una afectación en su derecho subjetivo público a la libertad personal, con motivo de la orden de arresto reclamada. b) Que exista solicitud del quejoso. Cumplido el requisito natural para la procedencia de la medida cautelar, se continúa con el estudio de los requisitos establecidos en el artículo 128, de la Ley de Amparo. Este precepto establece en su fracción I, que la suspensión se decretará "cuando la solicite el quejoso", lo que implica que exista solicitud, pero también que la petición la realice la persona que vea afectado su interés por el acto reclamado. En el caso, existe petición de suspensión, y además, la solicitan los agraviados, pues según lo expuesto en la demanda de garantías, una orden de arresto fue dictada en contra de los promoventes del amparo; por tanto, se trata de las personas que resentirán la afectación en su derecho subjetivo público a la libertad. c) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. La fracción II, del citado artículo 128, establece: "que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público". Sobre el particular se entiende que se sigue perjuicio al interés social y que se contravienen disposiciones de orden público cuando se perjudica a la colectividad en un grado mayor, ya sea privándola de un beneficio que le otorgan las leyes o causándole un daño. En la especie, este requisito se estima cumplido, dado que al tratarse de un asunto en el que se afecta la libertad de unas personas, con la suspensión de la ejecución no se lesiona el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues la sola concesión de la medida no genera impunidad ni evita que se lleve a cabo la labor investigadora. II. Efectos de la medida suspensional. Así las cosas, al encontrarse cumplidos los requisitos antes precisados, por cuanto hace las consecuencias jurídicas del acto reclamado, con fundamento en los artículos 128 y 139, ambos de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, para el efecto de que si aún no se ejecuta el arresto en contra de los quejosos María de los Ángeles Fuentes Espinosa, Antonio Galindo Fuentes y Agustín Galindo Moran, las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se ejecuten en contra del amparista, situación que deberá prevalecer hasta en tanto, las responsables sean notificadas de la suspensión definitiva que se dicte en el presente cuaderno suspensional. En el entendido que, si la orden reclamada se está ejecutando al momento en que las autoridades responsables reciban el oficio por el que se les notifica el presente proveído; deberán poner en inmediata libertad a los quejosos, a fin de evitar que se consume el acto reclamado de modo irreparable; pues el objeto de la suspensión es preservar la materia del juicio de garantías; lo anterior, siempre y cuando esa detención sea consecuencia de la orden de arresto aquí reclamada (de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, derivada de la causa penal 120/2009, del índice del Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México). Asimismo, en el caso de que se colme el último de los supuestos señalados, las autoridades deberán informar en el plazo de veinticuatro horas el cumplimiento que den a esta determinación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3.C.48 K, por analogía, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, patente a página mil ciento dos, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de dos mil tres, Novena Época, que a la letra advierte: "MEDIDAS DE APREMIO DICTADAS POR AUTORIDAD JUDICIAL. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN, SALVO QUE SE TRATE DEL ARRESTO." Cabe señalar que la presente suspensión no tiene aplicación para actos y autoridades diversas a las señaladas como responsables, de tal suerte que no paraliza la detención por flagrante delito, caso urgente dictado por el Ministerio Público, arraigos, arrestos administrativos o derivados de medidas de apremio. La suspensión provisional concedida surtirá efectos desde luego, pero dejará de producirlos si cada uno de los quejosos no otorga una garantía por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional), dentro del término de cinco días, en billete de depósito, expedido por Banco Nacional del Ahorro y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, o en cualquiera de las formas permitidas por la Ley. Es de aplicarse a lo anterior la tesis Jurisprudencial publicada a foja ochocientos doce, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, parte III, Segunda Parte-2, enero de 1989, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN, MONTO DE LA GARANTÍA PARA LA. PUEDE SER DISCRECIONALMENTE FIJADO...." Así como, la jurisprudencia 1 a./J. 28/2006 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SU CONCESIÓN DEBE CONDICIONARSE A LA EXHIBICIÓN DE GARANTÍA SUFICIENTE CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE ARRESTO DECRETADA EN UN JUICIO CIVIL O MERCANTIL Y LA MEDIDA CAUTELAR PUEDA OCASIONAR DAÑOS O PERJUICIOS AL PATRIMONIO DEL TERCERO PERJUDICADO.." Se hace saber a los solicitantes de amparo que la garantía fijada podrá ser presentada en cualquiera de las formas establecidas por la ley. En el supuesto de que la parte quejosa pretenda exhibir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores, de conformidad al artículo 26 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los mismos se recibirán en el órgano jurisdiccional únicamente mediante billete de depósito certificado u otro instrumento análogo. Cabe precisar que para el caso de presentar billete de depósito el mismo deberá ser expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, deberá ser a disposición de este juzgado y contener la leyenda siguiente: "otorgo autorización al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia para que solicite y reciba de la institución crediticia la información pertinente". Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 32, del referido Acuerdo General 17/2007, por el que se regula la organización del Fondo de Apoyo a la Administración de la Justicia. En caso de que se exhiba póliza de fianza, deberá ser a disposición de este Juzgado y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 48 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado, conforme al precepto 120, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y la compañía respectiva deberá comprometerse, en caso de que sea necesario hacerla efectiva, a sujetarse al trámite previsto en el numeral 95, del citado ordenamiento. Por otra parte, tomando en consideración que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, con el objeto de acatar el imperativo del artículo 17 Constitucional en el sentido de que la justicia debe ser pronta y expedita, se solicita respetuosamente a dicho juzgado para que, en caso de no tener inconveniente legal alguno, ordene al Actuario Judicial de su adscripción, notifique a la parte quejosa la presente determinación. Asimismo, le haga del conocimiento que en el término de tres días computados legalmente, deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, lugar de residencia de este juzgado, apercibiéndola que de no hacerlo en el plazo señalado, sin necesidad de posterior acuerdo, de conformidad con el artículo 26 fracción III, en relación con el 29, ambos de le Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal; y hecho que sea, remita la constancia de donde se advierta esa actuación. Así también, se tienen como autorizados de la parte quejosa, a las personas que menciona en su escrito de amparo, de las cuales únicamente los profesionistas David Martínez Rocha y Eliazar Desiderio López, podrán gozar de las amplias facultades que les confiere el ordinal 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tienen debidamente registrada su respectiva cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que el resto de las personas indicadas de momento solo podrán oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, y en su caso, gozarán de las amplias facultades que les confiere el numeral en comento, una vez que acrediten estar facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho y su patente profesional se encuentre registrada en el aludido sistema. Finalmente, de conformidad con los ordinales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a costa de los quejosos, copia certificada por duplicado de la presente determinación, previa toma de razón y copia de su identificación que se deje en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Rene Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, asistido del licenciado Joaquín Antonio Tovar Pedraza, Secretario que da fe." En ese sentido, como se solicita, notifíquese por medio de lista a dicha parte procesal; asimismo se le requiere para que en el término de tres días computados legalmente, deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, lugar de residencia de ese juzgado, apercibido que de no hacerlo en el plazo señalado, sin necesidad de posterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de ese Juzgado Federal. En ese sentido, como se solicita, notifíquese por medio de lista a dicha parte procesal, con los requerimientos y apercibimientos que ahí se precisan; hecho lo anterior, remítase la constancia respectiva sin necesidad de nuevo acuerdo. Por otra parte, dado que no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar en el presente cuaderno, se ordena su archivo definitivo; hágase la anotación respectiva en el Libro de Gobierno. ... dado que este expediente no es de relevancia documental, se considera susceptible de destrucción, una vez transcurridos más de seis meses a partir del día de la fecha, procederá este Juzgado Federal a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión.

  2. Principal

    XI... Vista la demanda de amparo ... regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 865/2018-XI. Ahora bien, de la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, se radicó el juicio de amparo 369/2016 y sus acumulados 370/2016 y 371/2016... En tales condiciones, este Órgano de Control Constitucional considera que en el caso se actualiza el supuesto a que aluden los artículos 45, fracción II, y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales... No se soslaya que si bien la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en su momento, no turnó el asunto al órgano con el que tenía relación, el artículo 46, del acuerdo citado establece el procedimiento a seguir por parte del órgano jurisdiccional que estime que es a otro al que corresponde conocer el asunto por razón de turno, a saber, se deberá remitir el juicio al juzgado o tribunal que se considere debe tramitarlo; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar la resolución al requerido. Si persiste en ello, únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano. Consecuentemente, con la finalidad de aprovechar el conocimiento previo, envíese atentamente este juicio de amparo al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para que tenga a bien informar si acepta o no el conocimiento del mismo y, en su caso, acuse recibo. En el entendido de que esta determinación no constituye una declaración de incompetencia legal para conocer del asunto, por razón de territorio, materia o grado, sino que únicamente se considera que el turno de la demanda debió verificarse al juzgado mencionado por conocimiento previo, pues el juicio de amparo en que se actúa tiene relación con el juicio 369/2016 y sus acumulados 370/2016 y 371/2016, de su estadística. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias que integran el presente sumario constitucional; háganse las anotaciones respectivas en el libro de registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ... se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, la lista que se fija en los estrados del juzgado, por así haberlo señalado.

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