Agustín Farías Tepecano
Expediente 738/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 738/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Agustín Farías Tepecano
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de febrero de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO AUTO Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de trece de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual SE DESECHA la demanda de garantías promovida por AGUSTÍN FARÍAS TEPECANO; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy Fe./*arga*/*
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veinte. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Esmeralda Concepción López Calderón, quien se ostenta apoderada de Agustín Farías Tepecano, contra actos del Juzgado Primero del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, carácter que se le reconoce en términos del poder notarial que al efecto exhibe. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO En esas condiciones provéase sobre la admisión o desechamiento de la misma. El artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Mientras que, el diverso artículo 61, fracción XVIII, de la ley en cita, dispone: "El juicio de amparo es improcedente:. "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Por su parte, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En el presente caso, de las manifestaciones vertidas en la demanda, se desprende que se pretende reclamar del Juzgado Primero del Tribunal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, el auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se determinó que no había lugar a admitir la demanda administrativa promovida a nombre de su representado, toda vez que de la certificación relativa se advertía que la misma fue presentada de manera extemporánea ante el sistema informático del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Ahora bien, el artículo 128, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, establece: "Artículo 128: El particular afectado por los actos y resoluciones de la autoridad que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán optar por interponer el recurso de revisión previsto en este Capítulo o el recurso administrativo previsto en la norma respectiva o el juicio ante el Tribunal a que se refiere el Libro Quinto de este Código. El silencio administrativo que verse sobre una pretensión con fin declarativo por la autoridad administrativa, sólo será impugnable ante el Tribunal. Ejercitada la acción ante este último, no se podrá ocurrir a otro medio ordinario de defensa. Por su parte, el numeral 129, fracción VII, del citado código, dispone cuando procede el recurso de revisión: "Artículo 129. Procede el recurso de revisión: I. Contra los actos de las autoridades que los particulares estimen violatorios de las normas aplicables a este Código, o bien, las que impongan sanciones y se estimen indebidamente fundadas y motivadas; II. Contra actos o resoluciones indebidamente fundadas o motivadas o carentes de éstas; III. Contra la negativa a dar trámite a las solicitudes o promociones o la resolución que las tenga por no interpuestas; IV. Contra actos o resoluciones emitidos por autoridad legalmente impedida, en los términos de este Código, para conocer, tramitar y, en su caso, resolver el asunto; V. Contra el auto de acumulación de pruebas o expedientes dentro del procedimiento administrativo; VI. Contra los actos o resoluciones de autoridades que impongan sanciones que el particular estime indebidamente fundadas y motivadas; VII. Contra las resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento; o, VIII. Contra la resolución que declare la caducidad del procedimiento administrativo. De lo hasta aquí expuesto, se colige, que en el caso particular y respecto del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por incumplimiento del principio de definitividad, al no haberse agotado previamente a la instancia constitucional el medio de defensa consistente en el recurso de revisión. En suma de lo anterior, es preciso establecer que la tramitación de ese recurso, debe ser agotado por la parte quejosa, pues la procedencia del mismo no se encuentra sujeta a una interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente para determinarlo, ya que en la ley que rige el procedimiento administrativo de origen, se establece claramente los supuestos en los cuales procede, el trámite del recurso y los efectos de la resolución relativa y con lo cual, se da oportunidad de que antes de acudir a esta instancia a reclamar los problemas de constitucionalidad (recurso extraordinario), se agoten los recursos ordinarios (merced a los cuales se estudian las cuestiones de legalidad). En consecuencia, la parte impetrante, previo a acudir a esta vía constitucional, debió hacer valer el recurso ordinario que la ley contempla, observando de esa forma el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías y como no lo hizo, es claro que su demanda deviene improcedente. Tiene aplicación el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada con el número I. 6o.C.J/37, consultable en la página 902, del Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que nos es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." No pasa inadvertido para el suscrito juzgador, el contenido de la jurisprudencia 603, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTÁCULO PARA ADMITIRLA."; sin embargo, no es el caso de proceder en los términos que plantea ese criterio, pues como ha quedado de manifiesto, de manera clara y contundente se aprecia que, existe un recurso ordinario procedente en contra del acto que se reclama, y de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si al substanciarse el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes, amén de que el criterio invocado con antelación es más reciente que éste, por ello, resulta conveniente desechar de plano la demanda de que se trata desde este momento, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado de la promoción de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Se invoca en apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, contenido en la tesis VI.3º.C.J/62, página 1665, XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Determinación que, además encuentra sustento en el hecho de que el recurso ordinario prevé la suspensión del acto reclamado y aun cuando no fuera así al tratarse de un acto de naturaleza negativa tanto en la instancia ordinaria como en el juicio de garantías la suspensión sería improcedente; aunado a lo anterior que al tratarse de una determinación que pone fin a la instancia, en su momento no procedería el juicio de amparo indirecto, sino la vía directa. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por Agustín Farías Tepecano contra actos del Juzgado Primero del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta . AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Dado lo asentado en la certificación secretarial que obra al rubro, se tienen como autorizados para oír y recibir notificaciones de la parte promovente a José Ivan Bazán Romero con la plenitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo y únicamente para oír y recibir todo tipo de notificaciones a los pasantes juristas Pablo Escobedo Dominguez y Laura Policarpo Pineda. CONSULTA ELECTRÓNICA. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza tanto a la parte quejosa, la consulta del expediente en que se actúa vía electrónica, bajo el usuario esmeraldacalderon; por tanto, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias. Asimismo, este órgano jurisdiccional toma nota del correo electrónico proporcionado en la papeleta del buzón judicial, a fin de que, en su caso, el actuario de la adscripción esté en posibilidad d realizar una cita previa con tal parte a fin de dar cumplimiento con la presente determinación. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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