Agustín Durán Becerra

Expediente 51/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 27 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
51/2020
Año
2020
Actuaciones
27
Última actuación
23/07/2021

Partes del expediente

  • Agustín Durán Becerra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Vistas las constancias que integran los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa y al efecto, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordenó su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido; asimismo, de la certificación de cuenta, se desprende que el primero, de la Ley de Amparo, para inconformarse contra término de quince días que establece el artículo 202, párrafo la citada determinación, ha fenecido; en consecuencia, queda firme. Por lo anteriormente expuesto, remítase los presentes autos al archivo.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha 23/junio/2021, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el citatorio que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: Ciudad de México, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa en auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias con las que la responsable adujo el acatamiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, marzo de 2000, de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Acorde con lo anterior, es necesario precisar que se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los siguientes términos: "[.] En las relacionadas consideraciones, al resultar esencialmente fundado el concepto de violación esgrimido contra el artículo 196, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en dos mil diecinueve, lo procedente es conceder el amparo y protección solicitado, para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica de ***, la hipótesis legal contenida en el artículo 196, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en dos mil diecinueve, de modo que no pueda aplicarse en el presente ni lo futuro hasta en tanto no se reforme la mecánica del tributo; asimismo, se devuelva la cantidad que pagó en exceso por dicho concepto, en la inteligencia que el quejoso se encuentra obligado, a contribuir conforme a la tarifa establecida en el primer párrafo del artículo 196 del Código Fiscal de la Ciudad de México a razón de $***, al constituir la cuota mínima general por ese servicio. Resulta aplicable a la anterior determinación la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: «DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS". Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA». Jurisprudencia de la Décima Época, registro 2000775, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, página 1244. [...]" De las anteriores trascripciones, se advierte que, a efecto de que se encuentre cumplida la sentencia de amparo y restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía violada, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL CONSISTEN EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES REALICEN LO SIGUIENTE: ? Emita un pronunciamiento expreso en que desincorpore de la esfera jurídica de ***, la hipótesis legal contenida en el artículo 196, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en dos mil diecinueve, de modo que no pueda aplicarse en el presente ni lo futuro hasta en tanto no se reforme la mecánica del tributo. ? Se devuelva la cantidad que pagó en exceso por dicho concepto, en la inteligencia que el quejoso se encuentra obligado, a contribuir conforme a la tarifa establecida en el primer párrafo del artículo 196 del Código Fiscal de la Ciudad de México a razón de $***, al constituir la cuota mínima general por ese servicio. ? Devolver a la parte quejosa la cantidad de $***. En cumplimiento a lo anterior, junto con el oficio registrado con el folio 8679, presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el ***, la Subdirectora Divisional de Administración Tributaria en San Antonio de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, remitió las siguientes documentales: ? Legajo certificado que contiene: o Acta de notificación y entrega de documentos al quejoso ***, celebrada el ***, de la que se advierte que le fueron entregados el oficio ***, de ***, por el que se le informa que el pago referenciado se encuentra a su disposición en la Administración Tributaria en San Antonio de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, y el original del aviso de pago disponible para su cobro con número de referencia ***, por la cantidad de $***. Constancias que por ser públicas, merecen eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, de un análisis comparativo entre los efectos para los cuales fue concedida la protección de la justicia federal y la constancia remitida en cumplimiento al mismo, se advierte lo siguiente: EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN FEDERAL CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO ? Emita un pronunciamiento expreso en que desincorpore de la esfera jurídica de ***, la hipótesis legal contenida en el artículo 196, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en dos mil diecinueve, de modo que no pueda aplicarse en el presente ni lo futuro hasta en tanto no se reforme la mecánica del tributo. ? Se devuelva la cantidad que pagó en exceso por dicho concepto, en la inteligencia que el quejoso se encuentra obligado, a contribuir conforme a la tarifa establecida en el primer párrafo del artículo 196 del Código Fiscal de la Ciudad de México a razón de $***, al constituir la cuota mínima general por ese servicio. ? Devolver a la parte quejosa la cantidad de $***. ? Legajo certificado que contiene: o Acta de notificación y entrega de documentos al quejoso ***, celebrada el uno de junio de dos mil veintiuno, de la que se advierte que le fueron entregados el oficio *** ***, de ***, por el que se le informa que el pago referenciado se encuentra a su disposición en la Administración Tributaria en San Antonio de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, y el original del aviso de pago disponible para su cobro con número de referencia ***, por la cantidad de $***. o Del cuadro comparativo que antecede, se advierte que la autoridad vinculada, acató los extremos de la concesión de la protección constitucional, ya que devolvió a la parte quejosa la cantidad de $***, por concepto de pago en exceso por concepto de la hipótesis legal contenida en el artículo 196, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en dos mil diecinueve. Con las constancias analizadas se dio vista a la parte quejosa en proveído de cuatro de junio de dos mil veintiuno, para que, en el término ahí precisado, manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que haya formulado manifestación alguna, a pesar de haber sido notificado de dicho auto el quince de junio de dos mil veintiuno. Atento a lo anterior y considerando el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo vigente, se declara CUMPLIDA la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, notifíquese personalmente a la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo vigente; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Para el caso de que las autoridades destinatarias de los oficios por los que se dé a conocer el presente proveído, no estén laborando con motivo de la contingencia decretada en nuestro país, comisiónese a un actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que al día en que reanude sus labores, entregue los oficios notificatorios del presente proveído, sin necesidad de ulterior acuerdo; los cuales deberán quedar resguardados bajo su estricta responsabilidad, hasta en tanto sea entregada a sus receptores. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo vigente, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en unión de Josué Yoao García García, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    PERSONAL. Se declara CUMPLIDA la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha 04/junio/2021, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el citatorio que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: "" Ciudad de México, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de acuerdo con su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio firmado por la Subdirectora Divisional de Administración Tributaria en San Antonio, por medio del cual remite diversas documentales con las que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia simple del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento que intentan dar las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo y en caso de así considerarlo, se pronuncie en relación con dicho cumplimiento, si existe exceso o defecto en la ejecución del fallo protector. Apercibida que en caso de no hacer manifestación alguna al respecto, se acordará lo que en derecho corresponda con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo vigente, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en unión de Josué Yoao García García, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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