Agustín Díaz Torrejón

Expediente 368/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
368/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
05/11/2020

Partes del expediente

  • Agustín Díaz Torrejón

Actuaciones

  1. Principal

    la sentencia causa ejecuitoria.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 368/2020, promovido por el quejoso * * * , por propio derecho contra el acto de las autoridades responsables denominadas Gobernador Constitucional del Estado de Colima y el Congreso del Estado de Colima, que estima violatorios del artículo 8º Constitucional; y, R E S U L T A N D O Q U E: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veinte de julio de dos mil veinte, ante el secretario de guardia de este Juzgado Segundo de Distrito, * * * por su propio derecho (en adelante, quejoso o agraviado o parte quejosa o parte agraviada) solicitó el amparo y la protección de la justicia de la Unión, contra la autoridad y acto siguiente: "2.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Gobernador del Estado de Colima, domicilio conocido por ser público en la Ciudad de Colima. 3.-AUTORIDAD(ES) RESPONSABLES.-señalo como autoridades responsables las siguientes: a). Al C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA, Le reclamo la falta de contestación a mi petición presentada el 8 de julio de 2020, violando así el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos. b). EL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. También lo señalo como responsable y le reclamo la falta de contestación a mi petición presentada el 8 de julio de 2020, violando así el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite la demanda. Por acuerdo de tres de agosto de dos mil veinte, una vez que se reanudaron las términos en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró como expediente 368/2020-VII; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal aquí adscrito [quien no formuló pedimento]; se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Una vez exhibido[s] en autos el [los] informe[s] justificado[s] y seguidos los trámites legales, el dieciséis de octubre de dos mil veinte, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Q U E: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 94, párrafo primero, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; PRIMERO, fracción XXXII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, TERCERO, fracción XXXII, CUARTO, fracción XXXII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por reclamarse un acto de autoridad, en cuya entidad este juzgado tiene jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y su interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, Novena Época, Tomo XIX, Abril 2004, visible a página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro IUS 181810, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como, del análisis integral del escrito de demanda y documento que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: La omisión de brindar respuesta a la solicitud contenida en los escritos presentados el ocho de julio de dos mil veinte. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible a página 32 del tomo XI, Abril 2000, registro IUS 192097, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Una vez precisados los actos reclamados, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige el juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. TERCERO. Análisis respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, por los motivos siguientes: Del contenido del informe justificado que presentaron las autoridades responsables en el juicio constitucional se desprende lo siguiente: Es cierto el acto reclamado a la Gobernador Constitucional y El Congreso del Estado de Colima, porque así lo manifestaron al rendir su informe justificado y acompañaron copia de los oficio SPYF/0GI-490/2020 y 2384, respectivamente con el que dieron contestación a la petición del quejoso; sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -veinte de julio de dos mil veinte- no había dado contestación a la solicitud realizada por el quejoso a través de los escritos presentados el ocho de julio de dos mil veinte. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, visible a página 10, del Tomo IV, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Octava época, página 10, registro IUS: 393968 siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe determinarse, en general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo respectiva pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse necesariamente de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Además, la existencia del acto reclamado, está corroborada con las constancias que las responsables anexaron a su informe con justificación, a las que este juzgador les reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; lo anterior, por ser documental pública. Es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, Materia: Común, Tesis: 226, página: 153, registro IUS: 394182, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. En vista de lo anterior, deben tenerse plenamente demostrado el acto reclamado consistente en la omisión de contestar a las solicitudes hecha por el quejoso el ocho de ocho de julio de dos mil veinte; en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65 de la Ley de Amparo ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, del Pleno de Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de 1985, Quinta Época, Parte VIII, Materia(s): Común, Tesis: 158, página: 262, registro IUS: 395571, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la tesis IV.3o.108 K, de Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, Febrero de 1995, página 353, registro IUS: 208448, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes. Este órgano de control constitucional advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por las razones siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, el artículo 77, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Al respecto, de la interpretación efectuada de los artículos antes transcritos, se advierte que para que se surta la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. De modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto reclamado no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Máxime en el supuesto jurídico de que se reclame la omisión de la autoridad responsable a dar contestación a un petición formulada dentro de un juicio, toda vez que para que se encuentre actualizada la causa de improcedencia en estudio, debe obrar constancia dentro del juicio de amparo de una respuesta congruente a la petición formulada y que la misma se hizo del conocimiento del promovente, con el objeto de que se desestime la violación al derecho humano reclamado en esta instancia constitucional. Tiene aplicación, en su parte conducente, la jurisprudencia 2ª./J.98/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 248, tomo XX, Julio de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 181149, la cual establece lo siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse. (Énfasis añadido) De esta manera, este órgano jurisdiccional considera que para poder determinar si en el caso se actualiza o no la causa de improcedencia en estudio, resulta necesario que en el caso se actualicen los supuestos siguientes: Existencia de una respuesta congruente a lo solicitado; y, Notificación de la respuesta emitida a la solicitud formulada. Expuesto lo anterior, a continuación se procederá a verificar la actualización de cada uno de los supuestos precisados a efecto de establecer si se actualiza la causa de improcedencia invocada. De esta manera, en lo que respecta al inciso 1), la parte quejosa reclama la omisión brindar respuesta a la solicitud de los escritos presentados por el quejoso el ocho de julio de dos mil veinte. En este sentido, se tiene que de las documentales anexadas a su informe justificado, obran diversas constancias de las que se desprende que, la solicitud presentada por el quejoso -el ocho de julio de dos mil veinte- fue contestada por el Gobernador del Estado, por conducto del Secretario de Finanzas y Planeación, mediante oficio SPYF/OGI-490/2020 de diecisiete de julio de ese año, en tanto que el Congreso del Estado, dio contestación mediante oficio 2384 de veintiocho de agosto de dos mil veinte, en los cuales le fundan y motivan la razón por la cual, no pueden entregarle las copias que solicita. En tales condiciones, al tomar en consideración la emisión la respuesta en cita, es por lo que en el caso se considera que se cumplió con el inciso 1). Por otra parte, en lo que respecta al inciso 2), relativo a la notificación de la respuesta emitida a la solicitud formulada por el quejoso, debe indicarse que en el caso concreto dicha circunstancia también se encuentra acreditada. Lo anterior es así, al tomar en consideración que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que por lo que ve al oficio señalado en primer término este fue notificado en el domicilio señalado para ello, conforme lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo el dieciocho de agosto del año en curso. En tanto, que el segundo oficio se dejó en poder de Gicela Ruiz Gómez el uno de septiembre de dos mil veinte, en el domicilio señalado para ello, con la cual se satisface el requisito antes aludido. En consecuencia, al haberse remitido por las autoridades responsables las constancias de notificación de la respuesta a la solicitud en cuestión, es por lo que se encuentra cumplido el requisito referido en el inciso 2). Por tanto, resulta claro que al haberse emitido la respuesta a la solicitud de ocho de julio de dos mil veinte y que la parte quejosa quedó debidamente notificada, la omisión que se reclama de las autoridades responsables dejó de existir; por lo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XXIX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 605, registro IUS: 168189 la cual establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro IUS: 193758, siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En conclusión, con motivo de los antes expuesto y al quedar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, con relación con el diverso numeral 77, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juico de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Lo anterior es así, toda vez que con la respuesta emitida por las autoridades responsables, se dio vista personalmente a la parte quejosa, para que manifestara su deseo de ampliar su demanda, sin que lo haya hecho dentro del término que se le concedió. QUINTO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa * * * , contra los actos reclamados a las autoridades responsables; en los términos precisados en el considerando tercero de la presente resolución.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, de los que se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo en razón de que el término de quince días concedido a la parte quejosa mediante proveído de diez de septiembre de dos mil veinte, a efecto de que manifieste si es su deseo ampliar su demanda con relación a las manifestaciones vertidas por las autoridades responsables en los informes justificados antes referidos, fenece el día de hoy; por ello y a efecto de que se encuentre debidamente integrado el expediente, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; y en su lugar se señalan las diez horas con diecisiete minutos del dieciséis de octubre de dos mil veinte.

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