Agustin Díaz López
Expediente 1136/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1136/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 05/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Agustin Díaz López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
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Cuernavaca, Morelos, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo e informa que admitió el recurso de revisión y quedó registrado con el número 534/2019; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos procedentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.CAG.
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Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito signado por Agustín Díaz López, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia engrosada el quince de noviembre de dos mil diecinueve; téngase a la parte quejosa haciendo valer el referido RECURSO DE REVISIÓN; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.116/2004, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página: 306, de rubro: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. Finalmente, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. Notifíquese, corriéndole traslado a las partes con copia simple del escrito de agravios, con excepción de la recurrente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
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Cuernavaca, Morelos, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial que antecede, suscrita por el Actuario adscrito a este Órgano Jurisdiccional, en la que manifiesta su imposibilidad de notificar al tercero interesado Mario César Aguirre García, la resolución de quince de noviembre de dos mil diecinueve, por las razones que en ella expone, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese a dicha parte la resolución de referencia, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado y los subsecuentes autos, aún los de carácter personal, para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe. RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ...Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a AGUSTÍN DÍAZ LÓPEZ, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones y para el efecto indicado en el considerando cuarto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hasta el día de hoy quince de noviembre de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
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JUICIO DE AMPARO 1136/2019-VI Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1136/2019-VIII, promovido por AGUSTÍN DÍAZ LÓPEZ. RESULTANDO PRIMERO. DEMANDA. El quejoso AGUSTÍN DÍAZ LÓPEZ, por demanda presentada el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada ese mismo día a este Juzgado, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. SEGUNDO. TRÁMITE. Por acuerdo de seis de septiembre de dos mil diecinueve, subsanada la prevención de veintisiete de agosto, se admitió a trámite la demanda de garantías, se solicitó el informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, se dio la intervención legal que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde residen las autoridades señaladas como responsables y se presentó la demanda. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en atención a la causa de pedir del quejoso, precisa que reclama: ? La resolución de seis de agosto de dos mil diecinueve, dictada por la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca penal 395/2019-2, en la que confirmó la diversa interlocutoria de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, emitida por la Juez Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, que declaró infundado el incidente de libertad por desacreditación de pruebas interpuesto en la causa penal 78/2016-2 antes 295/2010-2, instruida por delitos cometidos por abogados, defensores y litigantes. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO. Es cierto el acto reclamado a la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, pues así lo informó su Presidente al rendir su informe justificado (fojas 44 y 45). Lo que se corrobora con la documental que anexó, consistente en copia certificada del toca penal 395/2019-2, del expediente de la causa penal 78/2016-2 antes 295/2010-2 e incidentes entre éstos, el de libertad por desacreditación de pruebas que nos ocupa (anexos I al VI). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron expedidas por servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. CUARTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Al no existir causal de improcedencia hecha valer por alguna de las partes o que este Juzgado de Distrito advierta de oficio, como lo impone el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede a realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Aún suplidos en su deficiencia con fundamento en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, los conceptos de violación que la parte quejosa formuló, son infundados para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal. Lo anterior se corrobora con lo expuesto por la Sala responsable en la resolución reclamada de seis de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el toca penal 395/2019-2, en la que confirmó la resolución del incidente de libertad por desacreditación de pruebas de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, emitida por la Juez Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en la causa penal 78/2016-2 antes 295/2010-2, instruida contra el aquí quejoso AGUSTÍN DÍAZ LÓPEZ, por delitos cometidos por abogados, defensores y litigantes, pues abordó el estudio de los agravios en la forma en que fueron planteados; lo anterior, acorde al sistema de justicia penal mixto (tradicional), dado que se ejerció acción penal por los hechos imputados el dieciséis de abril de dos mil ocho, esto es, con anterioridad a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho. A efecto de dar sustento a lo infundado de los conceptos de violación, se estima oportuno señalar los antecedentes del acto reclamado. 1. A través del escrito presentado por el aquí quejoso el veinte de febrero de dos mil trece, ante el entonces Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, solicitó incidente de desvanecimiento de datos y/o desacreditación de pruebas. 2. El quejoso se encuentra procesado en la causa penal 78/2016-2 antes 295/2010-2 del índice del Juzgado Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, al habérsele dictado el once de septiembre de dos mil dieciocho, auto de formal prisión por delitos cometidos por abogados, defensores y litigantes, previsto y sancionado por el artículo 310, fracción I, del Código Penal para el Estado de Morelos. 3. Previa apertura y seguido el trámite en el incidente de libertad por desacreditación de pruebas, el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, la Juez Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, declaró infundado el incidente de libertad por desacreditación de pruebas promovido por AGUSTÍN DÍAZ LÓPEZ. 4. Inconforme con la citada resolución, el hoy quejoso interpuso recurso de apelación, el cual se admitió en los efectos ejecutivo y devolutivo, y ordenó remitir los autos originales a la superioridad, conociendo del referido recurso, la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 5. Medio de impugnación que la citada Sala tramitó y el seis de agosto de dos mil diecinueve, resolvió confirmada la resolución incidental controvertida. Sentencia de segunda instancia que constituye el acto reclamado. En los conceptos de violación esencialmente se aduce que la autoridad responsable al emitir la resolución combatida, vulnera derechos fundamentales haciendo referencia a los artículos 14, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las apreciaciones siguientes. 1. Refiere el quejoso que la Sala responsable reitera las irregularidades del natural, al ser omisa en analizar y valorar las cuestiones puestas a su consideración, al considerar que sus agravios son infundados por no existir medio de prueba que desacredite la responsabilidad en la comisión del ilícito que se le imputa; además de que tampoco analizó que con las probanzas aportadas se desacreditó el elemento de daño presuntamente causado al ofendido. 2. Aduce también, que la autoridad responsable reitera las violaciones de la juez que resolvió el incidente, al no considerar que como lo probó -refiere-, no se integra ni configura el primer elemento del delito (sic) imputado, consistente en el abandono del asunto laboral; al así desprenderse de la audiencia de diecinueve de mayo de dos mil catorce (sic), ante la entonces Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos en el expediente laboral 01/491/04-B, en la que dicha autoridad administrativa no reconoció personalidad a los procesados como apoderados legales del ofendido, por lo que -estima el quejoso- no puede tenerse un abandono cuando ni siquiera se tenía la calidad de abogado, defensor o litigante, requisito sine qua non atribuirle la omisión imputada, y como consecuencia tampoco existe responsabilidad; -doliéndose además- de que la responsable expuso que de dichos argumentos, se reservará su pronunciamiento, hasta la etapa subsecuente que resuelva en definitiva. 3. Por otro lado, igualmente aduce el quejoso que la responsable no toma en consideración que no existe daño patrimonial al ofendido, ya que para poder tipificar el cuerpo del delito debe reunir los elementos, y -refiere- el segundo consistente en el menoscabo patrimonial que se hubiere causado al pasivo, el cual dice no se acredita, pues de las constancias del expediente laboral 01/491/04-B se desprende que en comparecencia de quince de febrero de dos mil siete, el actor en el referido juicio laboral recibió un pago por las prestaciones laborales reclamadas, sin que se advierta que ese pago haya surgido del patrimonio del pasivo del delito, ya que si bien se entregó un vehículo propiedad de Mireya Acevedo Pineda como pago de dichas prestaciones, no obstante que es esposa del pasivo, no se acredita que el matrimonio se haya celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal, para considerarlo como patrimonio del pasivo, con lo que no se acredita un perjuicio en su agravio. Como tampoco se acredita menoscabo patrimonial de tres recibos de diez de febrero de dos mil siete, por concepto de un presunto pago de honorarios en los expedientes 01/489/04-B, 01/490/2019-A y 01/491/04-B, -refiere- al no haber sido debidamente ratificados ni ante el Agente del Ministerio Público ni ante la presencia Judicial, por lo que no son eficaces para la acreditación en perjuicio del pasivo. De la misma forma, -el aquí quejoso señala- que el dictamen en contabilidad de treinta y uno de marzo de dos mil ocho del que se desprende la cantidad a la que se condenó al pasivo en el procedimiento laboral, tampoco acredita un menoscabo económico a éste, máxime que dicho dictamen, fue emitido sobre un laudo declarado nulo, constancias que presuntamente se tomaron en consideración al momento de dictar el plazo constitucional. Asimismo, aduce el quejoso que en las pruebas desahogadas en la secuela procesal de la causa penal, existe la documental privada consistente en el informe de cinco de enero de dos mil nueve, del apoderado legal de Cuernavaca Motors, Sociedad Anónima de Capital Variable, del que se desprende que el vehículo con el que se cubrieron las prestaciones laborales al actor, fue adquirido por Mireya Acevedo Pineda, por lo que no sufrió perjuicio alguno el pasivo del delito. Asimismo, referente al dictamen de contabilidad de veintisiete de noviembre de dos mil trece, se concluyó que no existe elemento contable alguno para determinar un detrimento patrimonial que le haya ocasionado el procesado aquí quejoso al ofendido Mario César Aguirre García; por lo que -estima- no se acreditó debidamente el elemento del delito (sic) que se le imputa, sin el cual no se configura éste. Los anteriores argumentos -como se adelantó- resultan infundados; y dada su íntima relación, se analizarán de manera conjunta. Se estima necesario precisar el marco jurídico del incidente de libertad por desacreditación de pruebas, el cual se encuentra previsto en el Capítulo IV, regulado por los artículos 233, 234, 235 y 236 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, actualmente abrogado, pero vigente en la época de los hechos materia del proceso, los cuales establecen: "Artículo 233. Procederá la libertad del inculpado en cualquier estado de la instrucción, después del auto de procesamiento y hasta el cierre de aquélla, cuando queden plenamente desacreditadas las pruebas en las que se sustentó dicho auto, relativas al cuerpo del delito o a la probable responsabilidad del inculpado, sin que hayan aparecido otras que prueben dichos extremos. Artículo 234. Cualquiera de las partes puede solicitar la libertad. La petición se substanciará en una audiencia, en la que se recibirán las pruebas y se escucharán los alegatos de aquéllas. El juzgador resolverá dentro de los tres días siguientes a la conclusión de la audiencia. Artículo 235. Cuando se decrete la liberación del inculpado por haberse desacreditado las pruebas relativas a su probable responsabilidad en el delito imputado, el Ministerio Público podrá solicitar al juzgador la práctica de nuevas diligencias y requerir, con apoyo en éstas, el libramiento de orden de reaprehensión o presentación. Si transcurre el tiempo previsto en el artículo 174 sin que se solicite dicha orden, la libertad será definitiva. Artículo 236. La solicitud del Ministerio Público para que se conceda la libertad por desacreditación de pruebas implica petición de sobreseimiento cuando se pida en relación con las pruebas referentes a los elementos del tipo penal. En consecuencia, se procederá conforme a derecho." Los artículos transcritos ponen de manifiesto los requisitos que deben reunirse para conceder la libertad por desacreditación de pruebas, a saber: I. Procede después del auto de procesamiento y hasta antes del cierre de la instrucción (cabe precisar, que conforme al criterio sustentado por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito en la jurisprudencia J/26 P de Rubro: "LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. EL INCIDENTE RELATIVO PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO HASTA ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA EN QUE SE DECLAREN "VISTOS LOS AUTOS" PARA DICTAR SENTENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 546 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL ABROGADO)". Visible a página 1417, Libro 39, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2013638, el incidente relativo puede promoverse hasta antes de la celebración de la audiencia en la que se declaren vistos los autos para dictar sentencia, ello en aras de una justicia pronta); II. Todas las pruebas que sirvieron para sustentar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, deben quedar plenamente desacreditadas; y, III. No deben aparecer nuevas pruebas que acrediten dichos extremos. En efecto, el incidente de libertad por desacreditación de pruebas es un mecanismo de defensa que le permite al inculpado, durante cualquier etapa de la instrucción y después del dictado del auto de formal prisión, cuestionar la permanencia de este último cuando queden plenamente desacreditados los medios de prueba que en su momento sirvieron para tener por demostrado el cuerpo del delito o la probable responsabilidad. Respecto al tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la figura de libertad por desvanecimiento de datos está encaminada a permitir que antes del dictado de una sentencia, una persona sujeta a un procedimiento penal pueda recobrar su libertad, al desvanecerse los datos que sustentan su sujeción a la causa. Por tanto, dicha figura está pensada para eventualmente concluir un procedimiento incoado contra una persona cuando ya no tiene ningún sentido; con ello se impide que el inculpado tenga que pasar por todo un proceso penal y esperar al dictado de la sentencia, cuando han desaparecido los medios de prueba con los que se contaba para mantenerlo sujeto al procedimiento. Este criterio quedó plasmado en la ejecutoria que dio origen a la tesis XIII/2010, consultable a página 119, Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 165241, de rubro: "INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. EL ARTÍCULO 422, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA Y DEBIDO PROCESO". Asimismo, al interpretar la fracción I del artículo 422 del Código Federal de Procedimientos Penales -el cual es de similar contenido al artículo 233 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos-, dicha Sala del Máximo Tribunal del País sostuvo que no pueden confundirse los elementos del delito, con los datos o medios de prueba que los sustentaron, puesto que la norma no está dirigida a los "elementos normativos", sino a los medios de prueba mediante los cuales se consideró que el cuerpo del delito se había configurado. Ello, dijo el Alto Tribunal, porque de una interpretación literal del precepto referido, se podía concluir que las expresiones "los datos" y "que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito", dan lugar a concluir que se tienen que desvirtuar todos aquellos datos eficaces (vistos como condiciones necesarias y suficientes) que llevaron a la comprobación del cuerpo del delito, porque no es lógicamente posible entender que la norma deba interpretarse como si a un solo dato se refiriera, pues aun con la desaparición de uno de ellos sería posible acreditar el cuerpo del delito, si es que subsisten otros que apunten hacia tal fin, ya que la norma se refiere expresamente, en plural, a "los datos" (distinto al singular "el dato") que dieron lugar a tal situación; por ello, la pauta lingüística "los" que contiene la disposición normativa, lleva al operador a entender que se trata de "todos los datos" y no sólo a uno de ellos. Por último, la Corte sostuvo que la expresión "plenamente desvanecidos" referida a los elementos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito, no puede estar referida solamente para uno (o cualquiera) de los datos sino a todos y cada uno de ellos, porque el adverbio "plenamente" se compone de la forma adjetiva "pleno" cuyo significado es sinónimo de "absoluto" o "completo", y que permite suponer que el desvanecimiento de cada uno de los datos debe ser total, por lo que cada uno de ellos debe desvanecerse plenamente, lo que daría lugar a una eliminación prácticamente absoluta de todos los medios de prueba que sirvieron para acreditar, ahora sí, los elementos normativos del cuerpo del delito. Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la tesis XII/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. PARA QUE SEA PROCEDENTE DEBEN DESVANECERSE TODOS AQUELLOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SIRVIERON PARA COMPROBAR EL CUERPO DEL DELITO EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La fracción I del artículo 422 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que durante cualquier etapa de la instrucción y después del dictado del auto de formal prisión, procede el incidente de libertad por desvanecimiento de datos cuando aparezcan plenamente desvanecidos los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito. Lo primero que debe mencionarse es que no pueden confundirse los elementos del delito con los datos o medios de prueba que los sustentaron. La norma no está dirigida a los "elementos normativos", sino a los medios de prueba mediante los cuales se consideró que el cuerpo del delito se había configurado. Ahora bien, de una interpretación literal del precepto referido, se puede concluir que las expresiones "los datos" y "que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito", dan lugar a un significado unívoco: lo que se tiene que desvirtuar son todos aquellos datos eficaces (vistos como condiciones necesarias y suficientes) que llevaron a la comprobación del cuerpo del delito. Lo anterior, por varias razones: por un lado, no es lógicamente posible entender que la norma debe interpretarse como si a un solo dato se refiriera, pues aun con la desaparición de uno de los datos sería posible acreditar el cuerpo del delito, si es que subsisten otros datos que apunten hacia tal fin. Asimismo, la norma se refiere expresamente, en plural, a "los datos" (distinto al singular "el dato") que dieron lugar a tal situación; por ello, la pauta lingüística "los" que contiene la disposición normativa lleva al operador a entender que se trata de "todos los datos" y no sólo a uno de ellos. Por último, y en la misma lógica anterior, la expresión "plenamente desvanecidos" referida a los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito, no puede estar referida solamente para uno (o cualquiera) de los datos sino a todos y cada uno de ellos, porque el adverbio "plenamente" se compone de la forma adjetiva "pleno" cuyo significado es sinónimo de "absoluto" o "completo", y que permite suponer que el desvanecimiento de cada uno de los datos debe ser total. Así, es claro que cada uno de los datos debe desvanecerse plenamente, lo que daría lugar a una eliminación prácticamente absoluta de todos los medios de prueba que sirvieron para acreditar, ahora sí, los elementos normativos del cuerpo del delito" Ahora bien, del análisis de la resolución reclamada se advierte que la Sala responsable de manera adecuada desestimó los agravios formulados por el recurrente aquí quejoso, pues como acertadamente lo sostuvo, el material probatorio ofrecido por el inculpado dentro del incidente sobre desacreditación de pruebas, de ninguna manera desvanece en su totalidad aquellos elementos que sustentaron el auto de formal prisión dictado en su contra. En efecto, como se destacó, para que un incidente por desacreditación de pruebas proceda, es menester que los elementos que sirvieron de base para comprobar el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del procesado, se disuelvan o desaparezcan por completo, resultando insuficiente poner en tela de juicio los datos o circunstancias que motivaron el auto de formal prisión; es decir, si el procesado aporta al incidente diverso material probatorio con el cual pretende desvanecer las pruebas en que descansa la formal prisión, pero con las mismas no deshace en su totalidad aquellas en las que se fundamenta el mismo, es claro que éste es el que debe seguir prevaleciendo, pues aun cuando existan indicios que le favorezcan, cuando tal apoyo no sea de alcance radical como se menciona, es correcto establecer, como acertadamente lo determinó la autoridad responsable, que tal valoración probatoria será materia de la sentencia definitiva y no, como acontece, de una interlocutoria. Asimismo, el quejoso refiere que la autoridad de alzada vulneró en su perjuicio la garantía de debido proceso y derechos fundamentales contenidos en los artículo 14, 17 y 20 Constitucionales, ya que omitió realizar un estudio pormenorizado del material probatorio ofrecido durante la secuela procesal, incluso las controvertidas en el auto de formal prisión. Lo anterior es infundado. Es así, ya que contrario a lo que sostiene el quejoso, la autoridad responsable realizó un estudio de la pruebas desahogadas durante la secuela procesal y confrontó con la prueba ofrecida en el incidente, pues al efecto valoró la pericial en materia de grafoscopía y caligrafía en términos de los dispuesto en por los artículos 75, 85, 108 y 119 de la luye adjetiva penal para el Estado de Morelos; sin embargo, consideró que si bien dicho dictamen refiere que el procesado aquí quejoso no llevó a cabo las firmas de los documentos y audiencia de diecinueve de mayo de dos mil cuatro, ésta se contrapone con lo asentado por AGUSTÍN DÍAZ LÓPEZ en su escrito de declaración: "efectivamente, aceptamos el poder, pero en ningún momento dejamos abandonado el asunto", lo cual apreció la autoridad responsable no puede desvirtuar el carácter incriminatorio presuntivo del auto de formal prisión. Máxime que como valoró la responsable, el allá procesado refirió la existencia del escrito a través del cual renuncia a la defensa del sujeto pasivo, y que si bien la autoridad laboral no emitió acuerdo alguno, tal omisión estimó la responsable no es atribuible únicamente a la autoridad laboral, también del aquí quejoso que tenía la obligación de poner al servicio del pasivo los conocimientos técnico jurídicos hasta que la autoridad acordara y notificara la renuncia al cargo; precisando la Sala responsable que tal análisis será motivo de fondo en sentencia definitiva. Por lo que concluyó la Sala responsable que la prueba aportada por el quejoso en la incidencia resultó ineficaz para desvanecer el cúmulo probatorio con el que se le dictó auto de formal prisión a AGUSTÍN DÍAZ LÓPEZ; lo cual, para efectos del presente amparo, únicamente evidencia que la responsable sí justipreció los medios probatorios en el asunto que nos ocupa. Asimismo, la autoridad responsable dio respuesta a los planteamientos del quejoso respecto a que en diligencia de diecinueve de mayo de dos mil cuatro no se le reconoció personalidad al procesado como apoderado legal del ofendido, que en ningún momento firmó carta poder ni diligencia ante la Junta de Conciliación indicada, lo cual se acreditó con la referida prueba pericial en grafoscopía y caligrafía, y por tanto al no existir el cargo de apoderado del ofendido, se desacredita el cuerpo del delito. Pues adecuadamente respondió precisando por una parte que el expediente laboral 01/491/04-B que refiere, fue parte de la averiguación previa y no es motivo de nuevo análisis, y por otra, que lo argumentado por el quejoso, resulta incongruente con su declaración que fue analizada en la pre instrucción de la causa penal de origen, en la que reconoció haber aceptado el poder -en el asunto de origen- pero que en ningún momento dejó abandonado el asunto laboral; sin que de autos se advierta que el imputado, aquí quejoso, hubiese ofrecido diversos medios de convicción tendentes a desvanecer aquellas que sirvieron para sustentar el auto de formal prisión dictado en su contra, por tanto se itera lo infundado de sus conceptos de violación. Por otro lado, el quejoso sostiene que no se acredita daño patrimonial al ofendido, pero que de manera incorrecta la Sala responsable soslayó la violación de la Juez de origen al respecto, porque si bien existe un pago por prestaciones laborales en el juicio de laboral de origen, no se aprecia que haya surgido del patrimonio del pasivo del delito, dado que el vehículo entregado como pago era propiedad de la esposa del ofendido y no se acreditó el régimen de sociedad conyugal, además que existe la documental consistente en el informe del apoderado legal de la moral que vendió dicho vehículo a la referida persona; además de que del pago de honorarios que adujo, tampoco está comprobado lo haya sufrido en su perjuicio el pasivo del delito. Lo anterior es infundado. Es así, pues como ya ha quedado precisado, el contenido del artículo 233 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, se encuentra dirigido únicamente a los medios de prueba con los cuales se consideró que el cuerpo del delito se había configurado; de ahí que no deban confundirse los elementos del cuerpo del delito, con los medios de prueba que los sustentaron, tal como lo hace el inconforme, al estimar que la autoridad de alzada soslayó analizar el elemento material del tipo penal; no obstante ello, contrario a lo aducido por el quejoso, la responsable adecuadamente estimó dichos argumentos carentes de fundamento y más aún, precisó que en lo concerniente a la falta de valoración de la pericial en contabilidad de veintisiete de noviembre de dos mil trece, que refiere el quejoso especifica no existe daño patrimonial al ofendido; resulta insuficiente porque existe diverso dictamen de contabilidad en la averiguación previa que se contrapone a lo dictaminado, lo que en su caso, sería estudio de fondo, con el apoyo de un tercero en discordia a fin de desvirtuar alguno de ellos. A mayor abundamiento, acertadamente la Sala responsable concretó que no se está en la etapa de estudio de fondo, ni condenando a la reparación del daño, por lo que dicho detrimento patrimonial deberá ser motivo de análisis bajo constancias en diverso estadio procesal; circunstancia que, eventualmente, como bien lo adujo la Sala responsable, será motivo de análisis al momento de resolver en definitiva el asunto penal. En efecto, la materia del incidente de mérito no entraña un nuevo estudio para reconsiderar y revalorar las pruebas que, al parecer al acusado le favorecen, sino que se concreta a estudiar si los nuevos datos (aportados con posterioridad al dictado del término constitucional) constituyen prueba plena indubitable, capaz de desvanecer los que sirvieron como fundamentos del auto de formal prisión, lo que en la especie no aconteció. Además, como acertadamente lo adujo la autoridad responsable, la valoración de la prueba en materia de grafoscopía y caligrafía, no desvanece la totalidad de las pruebas que sustentan el auto de plazo constitucional, circunstancia que es determinante para que el incidente prospere; razones por las cuales son infundados los motivos de disenso del quejoso. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/30 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Consultable en la página 1381 del tomo XXX, agosto de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 166586, cuyo rubro dice: "PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONSTITUYE UNA FORMALIDAD QUE ATAÑE A LA DECISIÓN JUDICIAL Y NO DEL PROCEDIMIENTO." Asimismo, sirve de apoyo el criterio sostenido por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Consultable a página 111, Volumen 91-96, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con número de registro 253449, de rubro: "INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS, NO COMPRENDE EL EXAMEN SOBRE LA LEGALIDAD DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN EL." En esa tesitura, no es verdad que por los motivos que esgrime el peticionario de amparo en sus conceptos de violación, la sentencia combatida se encuentre indebidamente fundada y motivada; pues se coincide con la Sala responsable en el sentido de que en la resolución combatida, sí se pronunció al respecto al confirmar la valoración de la juez de origen, y tal aspecto se considera suficiente en el caso, para estimar improcedente su petición de amparo, contra la resolución confirmatoria de la Sala responsable. Además de que resulta evidente, que contrario a lo aducido por el quejoso, la autoridad responsable sí valoró íntegramente las constancias del expediente de origen y no solo se limitó, como desacertadamente lo sostiene el impetrante de garantías, en enunciar los medios probatorios con base en los que se dictó auto de formal prisión; máxime que de manera adecuada la Sala responsable en congruencia con lo previsto en los artículos 233 a 236 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos valoró la prueba ofrecida por el quejoso en la incidencia, y concluyó que ésta no resultó eficaz para desvanecer el cúmulo probatorio con base en el cual se dictó auto de formal prisión, sin que exista medio de prueba diverso que la defensa o el procesado ofertaran para acreditar su pretensión. Finalmente no pasa desapercibido para quien resuelve que la resolución combatida emitida por la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos el seis de agosto de dos mil diecinueve, se advierta que por unanimidad lo resolvieron y firman los Magistrados que integran la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado Libre y Soberano de Morelos, pues tal desacierto (Tercer Circuito) no deja a alguna de las partes en estado de indefensión, toda vez que es un error que no depara un perjuicio; máxime que de la página electrónica oficial del Poder Judicial del Estado de Morelos http://tsjmorelos2.gob.mx/2016/directorio-2/, se advierte que los Magistrados que resolvieron y signaron dicha resolución efectivamente corresponden a quienes integran la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en tanto que la diversidad de actuaciones de la alzada fueron realizadas por ésta. Encuentra sustento lo anterior, la tesis 1.6º.C.133 C, con registro 196122, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Junio de 1998, página 699, de rubro: "RECURSO DE APELACIÓN. NO EXISTE EN ÉSTE LA SUPLENCIA EN LA QUEJA DEFICIENTE, SI EL AD QUEM CONSIDERA COMO UN ERROR MECANOGRÁFICO EL YERRO EN LA CITA DE LA FECHA DE LA SENTENCIA RECURRIDA, CUANDO HAY ELEMENTOS QUE LA IDENTIFIQUEN Y ENTRA AL ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS." En mérito de lo reseñado, y al resultar infundados los conceptos de violación que hizo valer el impetrante de garantías, sin que este Juez de Distrito advierta queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia de la unión al impetrante AGUSTÍN DÍAZ LÓPEZ, contra la resolución dictada el seis de agosto de dos mil diecinueve, en el toca penal 395/2019-2, por la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que confirmó la resolución del incidente de libertad por desacreditación de pruebas de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, emitida por la Juez Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en la causa penal 78/2016-2 antes 295/2010-2. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a AGUSTÍN DÍAZ LÓPEZ, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones y para el efecto indicado en el considerando cuarto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hasta el día de hoy quince de noviembre de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
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