Agustín de la Cruz Arévalo

Expediente 425/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
425/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
28/03/2022

Partes del expediente

  • Agustín de la Cruz Arévalo

Actuaciones

  1. Principal

    En UNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, notifico por medio de lista EL ACUERDO DE VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, a la PARTE QUEJOSA, dictado en los autos del JUICIO DE AMPARO 425/2022-VII, por el juzgado de mi adscripción. Lo anterior de conformidad con el Artículo 27 fracción I, inciso C) de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Juicio 425/2022 folio 4017. veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese la demanda de amparo promovida por Agustín de la Cruz Arévalo, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Comalcalco, Tabasco. Aspectos Generales Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 425/2022. Genérese el expediente electrónico e impreso. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; ello, pues en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Precisión del acto reclamado. Al analizar la demanda de amparo presentada por el quejoso Agustín de la Cruz Arévalo, en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se aprecia que destacan como actos reclamados La resolución interlocutoria de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, dictada en autos del incidente de reclamación de medida cautelar, derivado del juicio de divorcio incausado 273/2021. Sin que en el caso, se tengan como actos reclamados los precisados por el promovente como 2. La omisión y dilación al acceso a la justicia de la autoridad señalada como responsable de garantizar, proteger los derechos humanos y sustantivos del quejoso. 3.- La violación a los principios de imparcialidad y la justicia pronta en que ha incurrido la autoridad responsable"; ello es así, dado que los mismos constituyen manifestaciones en forma de conceptos de violación, que controvierten la interlocutoria de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, dictada en el incidente de reclamación de medida cautelar, derivado del expediente 273/2021, relativo al juicio de divorcio necesario sin expresión de causa, en donde le es confirmado el acuerdo de desistimiento de las pruebas que éste ofreció en esa incidencia; resolución que tilda de inconstitucional. Contexto legal de donde deriva el acto que se reclama en este juicio de amparo Para un mejor entendimiento del acto reclamado, cabe hacer mención que el acto reclamado deriva del expediente civil 273/2021 relativo al divorcio incausado promovido por la tercera interesada Leticia Arévalo Leyva en contra del aquí quejoso Agustín de la Cruz Arévalo. Que el quejoso fue emplazado al citado juicio de divorcio, refiere que reconvino la liquidación y rendición de cuentas de la sociedad conyugal. Expone que en veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, fue notificado por parte del actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil de Comalcalco, Tabasco, el dicado de medidas cautelares, y que respecto de lo anterior promovió incidente de reclamación de medidas cautelares. Refiere el quejoso, que dentro de ese incidente de reclamación de medidas cautelares, la autoridad responsable, al momento de resolver respecto de las pruebas ofrecidas por el impetrante, lo tuvo por desistido en término de lo dispuesto por los artículos 90 y 118 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco; que contra dicha acuerdo interpuso recurso de reconsideración, el cual se admitió y resolvió la responsable dejar firme el acuerdo de desistimiento de pruebas. [Acto reclamado] Desechamiento de demanda. En el caso, respecto de los actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que señala*** De la transcripción que antecede se advierte, en lo que interesa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece una definición de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos; en consecuencia, los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales, aun cuando sean de grado predominante o superior, no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta, sino que deberán ser impugnados como violaciones procesales en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, en caso de que le sea desfavorable a la quejosa. Sobre tales premisas, debe considerarse que el acto que por esta vía se reclama, consistente en la resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de reconsideración, dictado en el incidente de reclamación de medidas cautelare, derivados del expediente civil de divorcio incausado 273/2021, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Comalcalco, Tabasco; acto que no constituye para la parte aquí quejosa y demandada en el juicio civil de origen, un acto de imposible reparación, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior, debido a que con ese pronunciamiento no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable al momento de resolverse el incidente de origen; lo anterior, considerando que el proveído combatido, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en la parte quejosa en el expediente de origen, por sí mismo no justifica la procedencia del amparo indirecto contra la referida determinación, dado que sólo provoca la deserción de pruebas ofrecidas en el litigio de origen; sin embargo, en caso de obtener resolución favorable, se repararían las posibles violaciones que hubieran acontecido en la determinación que aquí reclama.*** De ahí que, la determinación tomada en la resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se colige que no es de aquellas que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que la afectación de derechos adjetivos que alega la parte quejosa únicamente tiene por objeto dirimir cuestiones relacionadas con el desahogo de pruebas ofrecidas en autos del incidente de reclamación de medidas cautelares, lo que produce solamente consecuencias intraprocesales que pueden ser reparadas si obtiene resolución favorable dentro del incidente subyacente, en razón de que no originan, desde luego, un ataque a los derechos humanos del promovente; pero de no ser así, estará en condiciones de recurrir las violaciones cometidas en dicho procedimiento al promover el juicio de amparo directo, en donde las podrá hacer valer como violaciones a las leyes del procedimiento que afectan sus defensas, en términos de lo dispuesto por el artículo 172, fracción III de la Ley de Amparo, y obtener por ese medio que se subsane la infracción procesal que se hubiere cometido. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado por el acto de autoridad y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Así, la resolución reclamada por su alcance y contenido natural, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación; ello en atención al concepto de irreparabilidad antes mencionado, sus efectos y consecuencias únicamente se reflejan en el juicio de origen.*** Por tanto, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en los artículos 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo. Domicilio del quejoso y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Por otro lado, en atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizado(s) en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Javier Barrera Hernández. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos2 a Llini Torres Castellano, en razón a que por el momento no hay constancia que la acredite tener registradas su cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, téngase como medio de notificación alterno la dirección de correo electrónico y número de teléfono que proporcionó en la demanda de amparo para tal efecto. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente*** Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

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