Agustín de Jesús González Reyes

Expediente 234/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
234/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
25/03/2021

Partes del expediente

  • Agustín de Jesús González Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Aguascalientes, Aguascalientes, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. - Causa estado - Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de tres de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. - Archivo - Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. - Destino del expediente - Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: 1. El expediente principal es depurable de conformidad con lo dispuesto en el inciso a), fracción I, del artículo 18 de dicho acuerdo, en razón de que el veintisiete de febrero del año en curso se concedió la suspensión de plano, y con esta fecha se ha dado como concluido el presente asunto. Consérvese por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado el archivo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, la resolución que concedió la suspensión de plano; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de presente asunto a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. - Inexistencia de documentos originales - Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. - Inexistencia de documentos de información reservada - De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese por medio de lista a las partes, que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, reformado en cuanto a su vigencia por su similar 1/2021. 234/2021-II.

  2. Principal

    Aguascalientes, Aguascalientes, once de marzo de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria de la adscripción para notificar personalmente a la parte quejosa la determinación de tres de marzo del año en curso, por las razones expuestas en la misma; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese el auto de mérito por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, así como las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal. Notifíquese por lista a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, reformado en cuanto a su vigencia por su similar 1/2021. Así lo acordó y firma electrónicamente José Guadalupe Arias Ortega, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, asistido de la Secretaria Silvia Leticia Aréchiga Pérez, quien autoriza y da fe, dentro del juicio de amparo 234/2021-II.En cumplimiento a lo ordenado en el presente acuerdo se notifica por lista a la parte quejosa la determinación de tres de marzo dos mil veintiuno que textualmente dice: Vistos los autos del presente juicio de amparo se advierte que: 1. El veintisiete de febrero del año en curso, Julio Enrique Ibarra Mojarro, en favor de Agustín de Jesús González Reyes, presentó demanda de amparo por comparecencia contra actos del Juez Calificador en turno adscrito a la Dirección de Justicia Municipal del Complejo de Seguridad Pública Municipal (C4), en el que reclamó la detención e incomunicación del quejoso ...................... 2. En esa misma fecha se registró la demanda con el consecutivo 234/2021-II, se concedió la suspensión de plano respecto de los actos de incomunicación, tortura y cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como respecto de los ataques a la libertad fuera de procedimiento. 3. En razón actuarial de veintiocho de febrero del año en curso, el actuario adscrito se constituyó en las instalaciones del Complejo de Seguridad Pública Municipal (C-4), donde fue atendido por el Juez Municipal adscrito a la Dirección de Justicia Municipal, quien le informó que Agustín de Jesús González Reyes, estuvo detenido, sin embargo fue puesto en libertad, al haber pagado la multa impuesta. 4. En el oficio recibido en la Oficialía de Partes Común en Aguascalientes el uno de marzo del año en curso, el que se agrega para que obre como corresponda, la autoridad responsable Juez Municipal adscrito a la Dirección de Justicia Municipal, rindió informe con relación a la suspensión de plano y de las documentales que anexa se advierte que el directo quejoso Agustín de Jesús González Reyes, fue puesto en libertad el veintiocho de febrero del año en curso a las 02:46 horas, al haber pagado la multa que le fue impuesta, lo que se corrobora con la boleta de libertad y el recibo de pago. Narrados los antecedentes de mérito, conviene citar el artículo 15 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." Puntualizados los antecedentes, y con apoyo en el artículo transcrito, se concluye que ha lugar a tener por no presentada la demanda, precisamente por la falta de la voluntad del promovente, aunado a que existen datos objetivos que evidencian que el directo quejoso fue puesto en libertad. Esto es así, dado que no hay instancia de parte agraviada y menos la existencia de agravio personal y directo, ante la situación jurídica actual que impera en el aludido quejoso -está en libertad-. No está por demás señalar, que si bien el artículo 15 de la Ley de Amparo, establece que si a pesar de las medidas tomadas no se hubiere podido lograr la comparecencia del quejoso, después de que se haya resuelto sobre la suspensión definitiva, se mandará suspender el procedimiento en lo principal, comunicándose los hechos al Ministerio Público; sin embargo, en la situación particular, tal hipótesis no opera, pues de acuerdo a los antecedentes narrados, el directo quejoso está en libertad. Finalmente, respecto del oficio recibido en el correo electrónico de este juzgado, se agrega sin mayor proveído en atención a que su contenido es idéntico al que se presentó en la Oficialía de Partes Común en Aguascalientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y por oficio a la autoridad responsable.........234/2021-II.

  3. Principal

    Vistos los autos del presente juicio de amparo se advierte que: 1. El veintisiete de febrero del año en curso, Julio Enrique Ibarra Mojarro, en favor de Agustín de Jesús González Reyes, presentó demanda de amparo por comparecencia contra actos del Juez Calificador en turno adscrito a la Dirección de Justicia Municipal del Complejo de Seguridad Pública Municipal (C4), en el que reclamó la detención e incomunicación del quejoso ...................... 2. En esa misma fecha se registró la demanda con el consecutivo 234/2021-II, se concedió la suspensión de plano respecto de los actos de incomunicación, tortura y cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como respecto de los ataques a la libertad fuera de procedimiento. 3. En razón actuarial de veintiocho de febrero del año en curso, el actuario adscrito se constituyó en las instalaciones del Complejo de Seguridad Pública Municipal (C-4), donde fue atendido por el Juez Municipal adscrito a la Dirección de Justicia Municipal, quien le informó que Agustín de Jesús González Reyes, estuvo detenido, sin embargo fue puesto en libertad, al haber pagado la multa impuesta. 4. En el oficio recibido en la Oficialía de Partes Común en Aguascalientes el uno de marzo del año en curso, el que se agrega para que obre como corresponda, la autoridad responsable Juez Municipal adscrito a la Dirección de Justicia Municipal, rindió informe con relación a la suspensión de plano y de las documentales que anexa se advierte que el directo quejoso Agustín de Jesús González Reyes, fue puesto en libertad el veintiocho de febrero del año en curso a las 02:46 horas, al haber pagado la multa que le fue impuesta, lo que se corrobora con la boleta de libertad y el recibo de pago. Narrados los antecedentes de mérito, conviene citar el artículo 15 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." Puntualizados los antecedentes, y con apoyo en el artículo transcrito, se concluye que ha lugar a tener por no presentada la demanda, precisamente por la falta de la voluntad del promovente, aunado a que existen datos objetivos que evidencian que el directo quejoso fue puesto en libertad. Esto es así, dado que no hay instancia de parte agraviada y menos la existencia de agravio personal y directo, ante la situación jurídica actual que impera en el aludido quejoso -está en libertad-. No está por demás señalar, que si bien el artículo 15 de la Ley de Amparo, establece que si a pesar de las medidas tomadas no se hubiere podido lograr la comparecencia del quejoso, después de que se haya resuelto sobre la suspensión definitiva, se mandará suspender el procedimiento en lo principal, comunicándose los hechos al Ministerio Público; sin embargo, en la situación particular, tal hipótesis no opera, pues de acuerdo a los antecedentes narrados, el directo quejoso está en libertad. Finalmente, respecto del oficio recibido en el correo electrónico de este juzgado, se agrega sin mayor proveído en atención a que su contenido es idéntico al que se presentó en la Oficialía de Partes Común en Aguascalientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y por oficio a la autoridad responsable. 234/2021-II.

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