Agustin Darinel Aguilar Hernandez

Expediente 1513/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1513/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
27/12/2017

Partes del expediente

  • Agustin Darinel Aguilar Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de diciembre de dos mil diecisiete. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1513/2017-4-B. DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante.--- Una vez establecido lo anterior, se tiene que de la lectura integral de la demanda de amparo, los actos que por esta vía se impugnan, consiste en: a) La omisión de las autoridades responsables de emplazar a los demandados en el juicio laboral ***; y b) La diligencia de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, relativa a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la que la autoridad le reconoció el carácter de apoderado legal de los demandados al profesionista que ahí compareció, y tuvo por contestada la demanda laboral. En primer término, se estima pertinente, en aras de una mejor comprensión del presente asunto, destacar algunos de los aspectos que se desprenden de la lectura de la demanda de amparo. 1.- *** promovió juicio laboral por despido injustificado, el cual fue radicado bajo el número *** ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta Ciudad, demandando en contra de *** y otras personas el cumplimiento de diversas pretensiones. Dicha demanda fue admitida en sus términos ordenándose emplazar a los demandados. 2.- En el juicio laboral de origen, ante la imposibilidad de encontrar el domicilio de los demandados no fue posible emplazarlos a juicio, lo que motivó que la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo fuera diferida en múltiples ocasiones. Por las circunstancias antes señaladas, el actor promovió demanda de amparo indirecto en el que reclamó la omisión de emplazar a los demandados. 3.- Asimismo de la narrativa del quejoso se desprende que el actuario adscrito logró notificar al codemandado físico *** quien compareció a juicio por conducto de su apoderado legal. 4.- El veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, la junta del conocimiento celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la que tuvo a las partes por inconformes para llegar a un arreglo conciliatorio, reconoció al licenciado ***, el carácter de apoderado legal de los demandados *** y ***, en términos de la carta poder que fue exhibida en la diligencia de mérito. Asimismo en la diligencia que se hace referencia, la junta tuvo por contestada la demanda por cuanto hace a esos demandados, y con el escrito de contestación corrió traslado a la parte actora. En ese sentido, en relación al acto reclamado precisado en el inciso a) relativo a la omisión de emplazamiento de la parte demandada, este órgano de control constitucional advierte la actualización de la casual de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: --- El supuesto normativo, estatuye la causal de improcedencia de la acción constitucional, por cosa juzgada, cuando se enderece contra leyes o actos que hayan sido materia de un juicio de amparo anterior, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales planteadas sean diversas. En torno a la figura de cosa juzgada, cuyo sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha explicado, desde un panorama central, que ésta debe entenderse como la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias firmes, sin que pueda admitirse válidamente que éstas sean modificadas por circunstancias excepcionales, puesto que en esta figura descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica; asimismo, que es una expresión de la preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad de la resolución respectiva. --- Los requisitos antes expuestos se colman en el presente caso, toda vez que de conformidad con la tesis del rubro "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." esta autoridad tiene conocimiento pleno que el aquí quejoso previamente al presente juicio constitucional, promovió diverso amparo en el que reclamó la omisión de emplazar a la parte demandada, el cual fue radicado con el número *** y se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal por los actos que la motivaron. En efecto, de la consulta del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se observa que en el expediente electrónico constan los datos relativos a la promoción previa de un juicio de amparo, y al compararla con la presente demanda, es patente que existe identidad del quejoso, acto reclamado, y autoridad responsable. Lo anterior es así de ese modo, toda vez que del citado expediente se advierten los datos siguientes: I) Por escrito presentado el diecisiete de julio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, el diez de julio de dos mil quince, el aquí quejoso ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se especifican: "Autoridades responsables Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Tuxtla Gutiérrez. Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Tuxtla Gutiérrez. Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Tuxtla Gutiérrez, *** Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Tuxtla Gutiérrez, *** Acto reclamado La omisión de emplazar a la parte demandada dentro del juicio laboral ***" II) Asimismo, del aludido juicio de amparo *** se advierte que en acuerdo de dieciocho de julio de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda, se pidieron los informes justificados a las autoridades responsables. III) Con posterioridad, se celebró la audiencia constitucional en la se dictó resolución y se determinó conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "En consecuencia, al acreditarse la violación al derecho de impartición de justicia pronta, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso para que las autoridades responsables, una vez que esta sentencia cause ejecutoria, realicen todas las gestiones necesarias para emplazar a la parte demandada dentro del juicio laboral ***, conforme lo establece el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, salvo que exista impedimento no atribuido a las autoridades responsables." IV) En proveído de siete de septiembre del año en curso, se declaró que ninguna de las partes recurrió la sentencia antes señalada, y por consiguiente ésta causó ejecutoria. Asimismo en la misma fecha se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Lo antes expuesto revela que el acto reclamado en el presente juicio de amparo consistente en la omisión de la autoridad en emplazar a los demandados en el juicio laboral ***, ha sido materia de estudio en el diverso juicio de amparo 911/2017 promovido por el mismo quejoso y contra las propias autoridades responsables; y que además actualmente se encuentra en vías de cumplimiento la sentencia que concedió el amparo. En efecto en el citado juicio de amparo a la luz de los principios de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la constitución general de la república, se determinó que las autoridades responsables vulneraron los plazos consignados en la ley procedimental, de modo que lo cierto es que la omisión de emplazar a los demandados, fue analizada en la sentencia de amparo en comento, resultando evidente que ese pronunciamiento tutela precisamente el derecho fundamental que por segunda ocasión reclama el peticionario de amparo. En ese orden de ideas, no resulta procedente volver analizar el acto que ahora reclama, pues hacerlo contravendría la autoridad de cosa juzgada que reviste en el juicio señalado con anterioridad. --- Por otra parte, por cuanto hace al acto reclamado precisado en el inciso b), relativo al reconocimiento que hizo la autoridad respecto del carácter de apoderado legal de los demandados al profesionista que ahí compareció, y tuvo por contestada la demanda laboral; se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la vigente Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es de aquellos que produzcan al agraviado una ejecución de imposible reparación. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia vigente, establece que: --- Por su parte, el diverso precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, prevén que: ---- En el caso, el acto que aquí se analiza no puede ser considerado como de imposible reparación, pues por un lado, éste no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, cuya afectación o sus efectos no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación de la garantía individual; sino que únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, derivados de la eventual infracción a derechos adjetivos o procesales que no necesariamente va a ocasionar que la sentencia definitiva que deba dictar la responsable sea desfavorable a los intereses de la parte quejosa, sino que únicamente incide en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. En caso contrario si la violación que señala como acto reclamado en la demanda que se provee, trasciende al resultado del fallo, habiendo dejado sin defensa a la parte promovente, podrá hacer valer en el juicio de amparo directo que se promueva contra el respectivo laudo, atento a lo dispuesto por los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo vigente, en ese tenor, el aspecto que se relaciona con el reconocimiento de la personalidad y la contestación de la demanda laboral constituyen propiamente cuestiones intraprocesales.--- ---En consecuencia, es evidente que en la especie se actualiza las causales de improcedencia antes analizadas, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos amplios a los profesionistas que cita, sin que haya necesidad de corroborar si las personas que menciona tienen registradas sus respectivas cédulas profesionales, al ser la parte actora en el juicio laboral del que deriva el acto reclamado. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. --- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

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