Agustin Cornelio Alonso Mendoza

Expediente 267/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 22 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
267/2023
Año
2023
Actuaciones
22
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Agustin Cornelio Alonso Mendoza
  • Secretario de Seguridad Pública Y Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos
  • Abiram Campuzano González
  • Manuel Alejandro Carachure Reyes
  • Regidor de Servicios Publicos Municipales, Derechos Humanos Y Turismo
  • Representante del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por el que en atención al requerimiento de treinta y uno de octubre de la presente anualidad, informa haber devuelto el despacho debidamente diligenciado el despacho 73/2023 de nuestro índice; sin mayor pronunciamiento alguno, toda vez que por acuerdo de seis de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo a dicho Juzgado devolviendo el citado despacho. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, este órgano jurisdiccional estima que, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ********************, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, relativa al recurso de reconsideración interpuesto en contra del proveído veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, por el que se les impone a la parte quejosa una multa equivalente a cuarenta Unidades de Medida y Actualización, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: Como se advierte de la transcripción de mérito, la improcedencia del juicio de amparo se actualiza cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia se debe tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas; así, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, que condicionan ésta a la circunstancia que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es ilegal, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, Novena Época, Registro 173858, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En efecto, en el presente juicio de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ********************, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, relativa al recurso de reconsideración interpuesto en contra del proveído veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, por el que se les impone a la parte quejosa una multa equivalente a cuarenta Unidades de Medida y Actualización; resolución que a la presente data subsiste. Sin embargo, de las copias certificadas que fueron anexadas al diverso juicio de amparo 1274/2023, del índice de éste propio órgano Jurisdiccional, lo cual, constituye un hecho notorio para este Juzgado en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al consultarse las actuaciones de dicho juicio de amparo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; se advierte que mediante oficio ********************, de dos de junio de dos mil veintitrés, dirigido al Director General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos; el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, determinó dejar sin efectos las multas, así como sus efectos y consecuencias, respecto de cada uno de los integrantes del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos y la Comisión Dictaminadora de Pensiones, en su calidad de autoridades demandadas, impuestas entre otros, en acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, con número de folio ********************. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, si bien existe, como lo es la resolución de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ********************, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, relativa al recurso de reconsideración interpuesto en contra del proveído veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, por el que se les impone a la parte quejosa una multa equivalente a cuarenta Unidades de Medida y Actualización; también lo es que no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del acto reclamado; toda vez que mediante oficio ********************, de dos de junio de dos mil veintitrés, dirigido al Director General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos; el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, determinó dejar sin efectos las multas, así como sus efectos y consecuencias, respecto de cada uno de los integrantes del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos y la Comisión Dictaminadora de Pensiones, en calidad de autoridades demandadas, impuestas entre otros, en acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, con número de folio ********************; por lo que, es indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Esto es así, ya que en caso de que se concediera la protección constitucional que se solicita, ésta carecería de efectos prácticos, en virtud de que no es jurídicamente posible sostener que pudiera otorgarse el amparo para el efecto de que se dejara insubsistente la resolución de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto en contra del acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, y que tenía por objeto impugnar las multas impuestas a los quejosos en dicho proveído; cuando en autos consta que en oficio ********************, de dos de junio de dos mil veintitrés, dirigido al Director General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos; el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, determinó dejar sin efectos las multas, así como sus efectos y consecuencias, respecto de cada uno de los integrantes del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos y la Comisión Dictaminadora de Pensiones, en calidad de autoridades demandadas, impuestas entre otros, en acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, con número de folio ********************. Es decir, con la emisión del oficio ********************, de dos de junio de dos mil veintitrés, en el que el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, determinó dejar sin efectos las multas, así como sus efectos y consecuencias, respecto de cada uno de los integrantes del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos y la Comisión Dictaminadora de Pensiones, en calidad de autoridades demandadas, impuestas entre otros, en acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, con número de folio ********************; los aquí quejosos, obtuvieron lo que pretendían con el recurso de reconsideración interpuesto y cuya resolución se reclama; esto es, que se dejaran insubsistentes las multas que les fueron impuestas en acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós; es por ello que si bien la resolución reclamada subsiste, existe imposibilidad de que sus efectos se realicen, al quedar sin materia el acto, que era la de analizar el diverso acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en el que se impuso una multa a los quejosos de ochenta unidades de medida y actualización, toda vez que el propio Magistrado de la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dejó insubsistentes las medidas de apremio decretadas en tal proveído. Apoya lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Junio de 2022, Tomo VI, página 5613, Undécima Época, Registro 2024754, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA UN DERECHO DE PREFERENCIA POR UBICARSE EN UNA LISTA DE RESERVA PARA OCUPAR UNA VACANTE DE JUEZ ESTATAL Y DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO RESULTA SER ADSCRITO Y DESIGNADO A UN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes decidieron de manera contradictoria en relación con la actualización o no de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo -relativa a la imposibilidad para que surta efectos el acto reclamado por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo-, cuando la parte quejosa aduce un derecho preferente por formar parte de una lista de reserva estratégica de Jueces estatales y durante la tramitación del juicio de amparo resulta ser designado y adscrito como Juez de primera instancia. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito determina que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, cuando el quejoso, siendo parte de las listas de reserva de ciudadanos aprobados para ocupar eventuales vacantes de Juez, reclama la designación de otra persona de la misma lista de reserva, alegando tener un derecho preferente, y durante el trámite del juicio de amparo resulta ser designado y adscrito como Juez de primera instancia. Justificación: Los artículos 6o., fracción II, inciso c) y 63 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como 181, 183, 184 y 190 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco establecen las reglas del procedimiento de elección de los juzgadores de primera instancia en el Estado de Jalisco, de donde se obtiene que el ingreso para ocupar ese cargo debe realizarse por concurso interno de oposición, el cual se abre previa convocatoria, que señala las bases y categorías de participación, conforme a las cuales, concluidos los exámenes, se emite la calificación y posterior declaratoria de quiénes son los concursantes que hubieren resultado aprobados, pudiendo realizarse concursos para formar listas de reserva de ciudadanos aprobados para ocupar eventuales vacantes de Juez. En relación con lo anterior, este Pleno de Circuito ha fijado el criterio de que cuando la parte quejosa en el juicio de amparo aduce un derecho preferencial que surge del resultado de su participación en diversos concursos de oposición libre, para integrar lista de reserva de Jueces estatales de primera instancia, con independencia del lugar de prelación que hayan ocupado, ya se encuentra incorporado en su esfera un derecho de preferencia; sin embargo, esa prerrogativa no se extiende respecto del lugar de adscripción en sí mismo considerado en favor de los juzgadores, pues corresponde al propio Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco adscribir a los Jueces que designe, la competencia territorial y el órgano en que deban ejercer sus funciones, así como posteriormente readscribirlos a una competencia territorial o a un órgano de materia distinta, cuando las necesidades del servicio así lo requieran, aun cuando no sea en la materia en que se desempeñaban; pero no existe disposición constitucional ni legal en el orden jurídico jalisciense que permita definir que el Consejo quedará obligado a adscribir a los Jueces al órgano de su preferencia. Bajo esa lógica, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, cuando el quejoso estima contar con un derecho de preferencia derivado de que forma parte de una lista de reserva estratégica de aspirantes vencedores a Jueces, y durante el trámite del juicio de amparo es adscrito a un órgano jurisdiccional, pues resulta evidente que con ello se satisfizo su derecho y, por ende, la situación jurídica que surgió con motivo de los actos reclamados, aun cuando éstos subsisten, se modificaron sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del promovente de garantías, de modo que la protección que en su caso se concediera carecería de efectos jurídicos al no poder concretarse, aun en el evento de declararse la inconstitucionalidad." Asimismo, es ilustrativa la tesis 2a. XLVIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, página 241, Novena Época, Registro 196442, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de sobreseimiento invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Por otra parte, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, a través del cual da cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de veintidós de agosto de la presente anualidad; en consecuencia, téngase por emplazado a Adriana Salgado Castañeda, parte tercero interesada. Asimismo, se acusa de recibo y se ordena hacer las anotaciones respectivas en el libro electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que se lleva en este Juzgado Federal. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, por el que en atención al requerimiento formulado por acuerdo de once de octubre de la presente anualidad, informa que de los libros de gobierno de dicho juzgado no se desprende que se le haya sido remitido el despacho 73/2023, orden 205/203, del índice de este órgano jurisdiccional. En mérito de lo anterior, requiérase al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que, en el término de tres días contados a partir de la notificación de este acuerdo, informe el estado procesal que guarda el despacho 73/2023, con número de orden 205/2023, que lleva inserto el auto de veintidós de agosto de dos mil veintitrés; y en su caso lo devuelva debidamente diligenciado, o manifieste la imposibilidad para hacerlo. Con el apercibimiento que, de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los numerales 237, fracción I y 259 ambos de la Ley de Amparo Notifíquese.

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