Agustín Contreras Martínez
Expediente 466/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 466/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Agustín Contreras Martínez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo promovida Agustín Contreras Martínez; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este expediente relativo al juicio de amparo 466/2018-I, dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo, sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Sin que sea necesario requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos ni billetes de depósito al no obrar éstos en autos.
- Principal
Vista, la demanda de amparo que promueve Agustín Contreras Martínez, contra actos del Agente del Ministerio Público, Encargado de la Unidad Especializada para la Investigación, Aseguramiento, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados y Recuperados Región Norte de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 466/2018-I. Ahora bien, con apoyo en lo establecido por el artículo 112 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, en relación al acto consistente en la determinación de nueve de abril de dos mil dieciocho, adoptada por el Agente del Ministerio Público, Encargado de la Unidad Especializada para la Investigación, Aseguramiento, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados y Recuperados Región Norte de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala, a través de la cual ordena remitir la averiguación previa A.H. UIERVTC-N/144/2016 a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, poniendo a disposición de dicha autoridad un vehículo automotor que dice el quejoso es de su propiedad, mismo que le fue asegurado en este Estado y se encuentra afecto a la indagatoria supra citada, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Ahora, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo, deriva del hecho que el acto reclamado, no obstante que constituye una decisión a través de la cual la responsable se declara incompetente para seguir conociendo de una indagatoria, lo cierto es que, no se colma la hipótesis de procedencia del juicio de amparo biinstancial contenida en el artículo 107, fracción VIII de la Ley de Amparo. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, que establecen:... Hipótesis de procedencia que ha sido interpretada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 17/2015, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 21, agosto de 2015, tomo I, página 5, del texto y rubro siguientes: De la correcta interpretación del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo tenemos que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de incompetencia por inhibitoria) porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De ahí que, la decisión de un órgano de autoridad de declararse incompetente para continuar conociendo de un asunto sometido a su potestad no puede considerarse una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo, en términos de lo establecido en el artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia. Con base en tales premisas, de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad expuso el promovente, se colige que promueve el presente juicio de amparo indirecto con el fin de combatir el siguiente acto: La determinación de nueve de abril de dos mil dieciocho, adoptada por el Agente del Ministerio Público, Encargado de la Unidad Especializada para la Investigación, Aseguramiento, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados y Recuperados Región Norte de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala, a través de la cual ordena remitir la averiguación previa A.H. UIERVTC-N/144/2016 a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, poniendo a disposición de dicha autoridad un vehículo automotor que dice el quejoso es de su propiedad, mismo que le fue asegurado en este Estado y se encuentra afecto a la indagatoria supra citada. Ahora, para mejor comprensión en el sentido de la presente resolución, resulta necesario señalar los antecedentes del acto reclamado relatados por el propio quejoso en su escrito inicial de demanda: 1. El dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, elementos de la Policía Estatal detuvieron el vehículo de su propiedad marca Volkswagen, tipo Bora Sport, con placas de circulación XWE-24-53 particulares del Estado de Tlaxcala, el cual era conducido por Alfonso Asael Salazar Gaitán, cuando circulaba por la carretera Huamantla- Apizaco. Al revisar el citado auto motor, los elementos de la autoridad le informaron al conductor que el citado vehículo contaba con reporte de robo, razón por la cual lo trasladaron ante el Agente del Ministerio Público de Apizaco, Tlaxcala. 2. En esa misma fecha, el Agente del Ministerio Público, Encargado de la Unidad Especializada para la Investigación, Aseguramiento, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados y Recuperados Región Norte de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala, dio inicio a la averiguación previa A.H. UIERVTC-N/144/2016, por la probable comisión del delito de posesión de vehículo con reporte de robo. 3. El veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, el quejoso compareció ante el Fiscal Investigador a efecto de acreditar la propiedad del vehículo asegurado. 4. El nueve de abril de dos mil dieciocho, el citado Fiscal emitió una determinación, a través de la cual ordenó remitir la averiguación previa A.H. UIERVTC-N/144/2016 a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, poniendo a disposición de dicha autoridad el vehículo automotor que dice el quejoso es de su propiedad. Conforme a lo expuesto, es evidente que el acto reclamado consistente en la determinación de nueve de abril de dos mil dieciocho, adoptada por el Agente del Ministerio Público, Encargado de la Unidad Especializada para la Investigación, Aseguramiento, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados y Recuperados Región Norte de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala, a través de la cual ordena remitir la averiguación previa A.H. UIERVTC-N/144/2016 a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, poniendo a disposición de dicha autoridad, un vehículo automotor que dice el quejoso es de su propiedad, mismo que le fue asegurado en este Estado y se encuentra afecto a la indagatoria supra citada, no constituye una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto en términos de lo establecido en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, pues si bien a través de ella la autoridad responsable se declara incompetente para seguir conociendo de la averiguación previa que inicio por la probable comisión del delito de posesión de vehículo con reporte de robo, lo cierto es que dicha determinación no es definitiva, en virtud que el órgano a quien se le remite la citada indagatoria (Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León), no se ha pronunciado respecto a la remisión que el Fiscal responsable hace de la citada indagatoria. Por ende, debe concluirse que la determinación reclamada no es susceptible de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, al no colmar la hipótesis de procedencia que contempla el multireferido artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Por tanto, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario; en consecuencia, con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Agustín Contreras Martínez, en atención a las razones expuestas. Por otro lado, en términos del artículo 12 de la ley de la materia se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala para tales efectos; teniéndose como autorizada con todas las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Myriam Contreras Martínez, por contar con cedula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a Gabino Tamariz Flores, Mallely Y. Herrera Contreras, Iván Chacón Sánchez, por no contar con el registro en mención. Por otra parte indíquese al quejoso que no ha lugar acordar de conformidad su petición de ser notificado vía correo electrónico o telefónica; ello, pues las notificaciones por vía electrónica deben sujetarse a los lineamientos establecidos en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, sin que el promovente haya acreditado contar con firma electrónica, a fin de ser notificado por esta vía.
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