Agustín César Martínez López y Otros.
Expediente 795/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 795/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/07/2023
Partes del expediente
- Agustín César Martínez López
- Agustín César Martínez López y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Vistos; el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de lo que se advierte que trascurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa se inconformara contra la sentencia dictada el trece de julio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales a que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, pues se ubica en la hipótesis establecida en su artículo 20, fracción I, por ser un asunto sobreseído; además, a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que no se formó el incidente de suspensión relativo, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 20 del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
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La Jueza de Distrito declara abierta la audiencia y la Secretaria da cuenta con las constancias que obran en autos, entre las que destacan: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 ESCRITO DE DEMANDA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO CONSTANCIA DE EMPLAZAMIENTO A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 2 EMPLAZAMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE 33 3 INFORME JUSTIFICADO 3 A LA 10 Por lo anterior, se hace constar y certifica que la siguiente relación coincide con el sentido del informe rendido por la autoridad responsable: NO. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO AUTO 1 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. NIEGA/CIERTO 23/JUNIO/2023 La Jueza de Distrito acuerda: De conformidad con lo establecido en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de amparo. La Jueza de Distrito abre el período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que una de las partes ofreció el siguiente medio de convicción: NO. PARTE PRUEBAS AUTO EN EL QUE RECIBIÓ LA CONSTANCIA. 1 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. COPIA CERTIFICADA DE ACTUACIONES RELATIVAS AL EXPEDIENTE ********************. 23/JUNIO/2023. La Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite la prueba de referencia, la cual se desahoga dada su propia y especial naturaleza jurídica. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. Abierto el período de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; en relatadas circunstancias se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Secretaria certifica que al no existir diligencia pendiente de desahogar, se procede a dictar la siguiente sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo 795/2023-IV, promovido por ********************a través de su apoderado general para pleitos y cobranzas Pedro Josué Calcáneo Argüelles; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. ********************a través de su apoderado general para pleitos y cobranzas ********************mediante escrito depositado el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la Oficina de Partes Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales, con residencia en esta ciudad y Juzgados de Procesos Penales Federales y Juicios de Amparo en Materia Penal, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas y turnado el mismo día, a este órgano jurisdiccional, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y acto que se precisarán en la parte considerativa de esta sentencia. Segundo. Admisión y trámite. En acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional tuvo por recibida la demanda y la registró bajo el número 795/2023-IV; asimismo, previno a la parte quejosa para a efecto que aclarara el escrito de demanda de amparo. Previo desahogo, en auto de veintinueve de mayo siguiente, se admitió a trámite, se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Audiencia. Previo diferimiento, la audiencia se verificó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es competente para conocer del presente juicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III y VII, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III de la Ley de Amparo; en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Acuerdos Generales 03/2013 y 16/2016; relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado y de la autoridad responsable. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, se acota tanto la autoridad señalada como responsable y el acto reclamado, advertido de la demanda de amparo. Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama del (1) Director de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, residente en aquella ciudad, lo siguiente: Oficios ********************y ********************de veinticinco de abril y quince de mayo, ambos de dos mil veintitrés, emitidos en el expediente administrativo ********************en los que se cita a los quejosos para comparecer ante la responsable para tratar asuntos relacionados con el expediente administrativo indicado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I y IV, del cuerpo de leyes en consulta, debe analizarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo. Apoya la anterior consideración la siguiente jurisprudencia: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. Es cierto el acto reclamado al Director de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, residente en aquella ciudad, no obstante que al rendir su informe justificado, lo hayan negado; ya que realizó manifestaciones que permiten evidenciar su certeza, aunado que es conforme a sus atribuciones. Circunstancia que permite establecer la certeza de los actos reclamados y tenerse así para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". Lo anterior, se corrobora con el contenido de las constancias relativas a la copia certificada del expediente ********************, que remitió la referida responsable en apoyo a su informe justificado, a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, al haber sido expedida por un servidor público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, es deber del Juzgador analizar las causas de improcedencia previo a la resolución de los asuntos sometidos a su conocimiento, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. CAUSA DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA POR ESTE JUZGADO Este órgano de control constitucional estima que es improcedente el juicio de amparo respecto el acto reclamado consistente en los oficios ********************y ********************de veinticinco de abril y quince de mayo, ambos de dos mil veintitrés, emitidos en el expediente administrativo ********************en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PREMISA NORMATIVA. Es importante destacar lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, de la Ley de Amparo. De los preceptos transcritos se aprecia que por regla general el juicio de amparo es improcedente contra los actos procesales que se emitan dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pues sólo procede contra la resolución definitiva que dirima la controversia planteada en ese tipo de procedimientos, caso en el cual la parte interesada tendrá´ oportunidad de proponer la impugnación tanto de las violaciones que se cometan en tal resolución como las que hubieran ocurrido en la etapa procesal. Esa prohibición legal encuentra sustento en la necesidad de limitar la procedencia del juicio de amparo, pues generalmente las violaciones que se cometen en el procedimiento pueden resarcirse cuando se emita la resolución definitiva y sólo, excepcionalmente, en los casos en que dichas violaciones sean de imposible reparación, esto es, cuando afecten derechos sustantivos, podrán impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto. El legislador estableció con toda claridad que la excepción que autoriza la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos intraprocesales, emitidos en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, únicamente opera en los casos en que sean actos de imposible reparación, es decir, los que afecten materialmente derechos sustantivos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014, consideró que el criterio que establecía que el juicio de amparo indirecto contra actos intraprocesales era procedente aunque no lesione derechos sustantivos, siempre que afectara a las partes en grado predominante o superior, dejó de ser aplicable, dado que en la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador estableció´ con toda claridad que el juicio será´ procedente contra ese tipo de actos únicamente cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además, de que deberían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya frente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. La jurisprudencia 37/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". De acuerdo con lo expuesto, la procedencia del juicio de amparo que establece el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, tiene como condición que concurran dos elementos: i. Que se trate de actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio (intraprocesal) y, ii. Que sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución General y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes. Así´, como que todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla. La Suprema Corte consideró que la regla general es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento; sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado. Como se puede advertir, la existencia de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio es el común denominador que actualiza cada una de estas hipótesis de procedencia. En ese sentido, conviene mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conceptualiza este tipo de procedimiento como aquél en que la autoridad dirime una controversia entre las partes, así como aquél en que la autoridad, en ejercicio de sus facultades discrecionales, prepara su resolución definitiva frente al particular y, para tal efecto, le otorga la garantía de audiencia, tal como se estableció en la jurisprudencia 2a/J 22/2003, cuyo contenido es el siguiente: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión 'procedimiento en forma de juicio', comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo". PREMISA FÁCTICA. En el caso concreto, de las constancias que obran en el expediente se advierte que ante la autoridad responsable Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se tramita el expediente administrativo ********************, instaurado con motivo de la construcción de una obra sin licencia correspondiente, en el que se giró a los quejosos, en primer término, el oficio ********************de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en el que se les citó a efecto de comparecer ante la oficina de la responsable con la finalidad de tratar asuntos relacionados con el expediente indicado, relativos a la construcción de un tanque elevado ubicado en ********************, en esa ciudad; en el que se les hizo saber además, que de no presentarse se tomarían como no presentados y se continuaría el procedimiento en el expediente referido. Al no comparecer la parte quejosa a la primera citación, la responsable giró el diverso oficio ********************de quince de mayo del año que transcurre, para los mismos efectos precisados en el párrafo que precede y bajo la misma sanción, para el caso de no presentarse a la indicada diligencia; esto es, se tendrán por no presentados y se continuará la secuela procesal en el mencionado expediente. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no acudió a la segunda cita, se giró el diverso oficio ********************, de dieciocho de mayo del año actual, que contenía el tercer citatorio, para los mismos efectos precisados en los oficios indicados con antelación. Ahora bien, la responsable, al rendir su informe justificado esencialmente manifestó que si bien en el expediente administrativo ********************, giró tres citatorios a la parte quejosa, éstos no surtieron sus efectos, en virtud de que no comparecieron a las referidas diligencias; además, que la finalidad de éstos era para hacer del conocimiento de la parte quejosa de la situación que prevalece en el procedimiento administrativo indicado, previo a emitir la determinación correspondiente en el mismo. CONCLUSIÓN ENTRE ANTECEDENTE Y CONSECUENTE. En ese contexto, el acto reclamado consistente en los oficios ********************y ********************de veinticinco de abril y quince de mayo, ambos de dos mil veintitrés, emitidos en el expediente administrativo ********************girados por la responsable a la parte quejosa con el objeto de de tratar asuntos relacionados con el expediente indicado, relativos a la construcción de un tanque elevado ubicado en ********************, en esa ciudad; no es un acto que pueda considerarse como de imposible reparación para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que no afecta de manera material, directa e inmediata derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de lo que México sea parte, pues sólo tiene el efecto de sujetar a los quejosos para que comparezcan en la fecha y horas señaladas en los mismos, para hacerle del conocimiento el estado procesal que guarda el expediente administrativo del que deriva el acto reclamado; y para el caso de que no comparecieran a las referidas diligencias, la sanción realizada por la responsable, es la relativa a que el procedimiento de origen continuaría en sus fases, previo a emitir la determinación correspondiente. Caso en el que, la parte quejosa podrá combatir en su oportunidad mediante los medios y recursos legales conducentes. En mérito a lo anterior, se estima que los oficios reclamados se tratan de actos intraprocesales que no generan a la parte peticionaria de amparo una afectación de imposible reparación, debido a que no la priva de manera irremediable de sus bienes, propiedades o derechos y, por ende, no trastoca ninguno de sus derechos sustantivos. En efecto, se insiste en que el acto reclamado no causa un agravio de imposible reparación a la quejosa, en tanto que no afecta alguno de los derechos sustantivos consagrados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; toda vez que por perjuicio irreparable únicamente debe entenderse aquél que produce efectos inmediatos sobre los derechos sustantivos del agraviado tutelados constitucional o convencionalmente, no subsanables, ni aun en el caso de obtener sentencia favorable; lo que en la especie, no acontece. Por tanto, los perjuicios que pudiera sufrir la quejosa con la emisión de los oficios reclamados, podrían subsanarse en caso de que obtenga resolución favorable en ese procedimiento. En ese tenor, será´ hasta que se dicte la resolución definitiva en ese procedimiento, cuando se esté en posibilidad de determinar si el vicio que estima se actualiza en el acto reclamado trascendió´ o no al sentido de esa resolución y, en el supuesto de que sea contraria a los intereses de la parte impetrante, entonces estará en aptitud de impugnarla través de los medios legales procedentes y, en su caso, mediante el juicio de amparo correspondiente. Por todo lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b) de la ley de la materia, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo promovido por ********************a través de su apoderado general para pleitos y cobranzas ******************** QUINTO. Transparencia y Acceso a la Información Pública. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, y 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************a través de su apoderado general para pleitos y cobranzas ********************en contra del acto y autoridad precisada en el considerando segundo, por las consideraciones precisadas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de este instrumento. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo resolvió y firma de forma electrónica Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte: a) Se encuentra transcurriendo el término de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, concedido a las partes en acuerdo de veintitrés de junio del año en curso, con el informe justificado rendido por el Director de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, toda vez que se notificó por lista el veintiséis del mes y año que transcurre. b) La audiencia constitucional está fijada para esta data a las nueve horas con treinta y cinco minutos. Al efecto, se acuerda: Con relación a los incisos a) y b), para dar margen a lo anterior y no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado este expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades responsables, toda vez que el diferimiento de la audiencia constitucional, constituye un acuerdo de trascendencia menor que, por exclusión, puede notificarse por lista a las partes, ya que ello no les impide conocer el desarrollo del procedimiento en que se actúa, ni se afecta la correcta integración de este expediente; por tanto, se ordena notificarlas por el medio antes indicado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE POR LISTA.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Visto; el oficio signado por el Director de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, por medio del cual rinde informe justificado, designa delegada, proporciona correo electrónico, así como número telefónico y exhibe constancias relativas al mismo. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el oficio y anexos de cuenta. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado. Dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Relaciónese en la audiencia constitucional. De igual forma, con apoyo en los preceptos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admiten las documentales que adjunta la autoridad responsable oficiante a su oficio de cuenta, las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, las que serán valoradas al resolver el presente juicio de amparo. En atención al correo electrónico y número telefónico que proporciona, este juzgado toma nota; pues no pueden considerarse como medios de comunicación oficiales; por tal motivo se toma conocimiento de dichos datos únicamente como un medio para entablar comunicaciones no procesales. En términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase como delegados de la autoridad mencionada a las personas que designa y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su comunicación. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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