Agustín Carlos Salgado Galarza
Expediente 982/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 982/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Agustín Carlos Salgado Galarza
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 20, fracción IV, el expediente principal transcurrido el plazo de tres años contado a partir de la presente determinación, será DESTRUIBLE en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. Aunado a que este juicio no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos por el Acuerdo de mérito y no contiene documentos que se hayan determinado como información reservada con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por **********************************, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad. Regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 982/2023-C, que le corresponde y fórmese expediente físico y electrónico. DESECHAMIENTO Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por no contraponerse al texto vigente de la ley de amparo, la jurisprudencia número I.6O.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese contexto, del análisis integro de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama de la autoridad responsable la resolución del recurso de reconsideración de dos de junio de dos mil veintitrés, dictada en el expediente *********************, interpuesto en contra de la continuación de la audiencia de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en la que se desahogarían las pruebas confesional y declaración de parte a cargo de la tercera interesada **********************************. Resolución que ratifica el acuerdo combatido. Atento a lo anterior, se pone de manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del artículo 107, interpretada a contrario sensu, ambos numerales de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." En efecto, es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que afecten materialmente los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no que solamente tenga una consecuencia de índole procesal. En esta tesitura, debe señalarse que el juicio constitucional indirecto resulta improcedente en la especie, toda vez que el acto reclamado constituye un aspecto única y exclusivamente procesal, ya que no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, al no afectar derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, en razón de que se trata de una resolución en la cual se ratificó la continuación de la audiencia de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, con motivo del desahogo de las pruebas confesional y declaración de parte a cargo de la tercera interesada Osbelia Alcaraz Morales; de manera que solo incide en afectar derechos adjetivos o procesales vinculados con el desarrollo del juicio natural y, la parte quejosa puede obtener al finalizar el juicio respectivo, una sentencia favorable a sus intereses, sin que dicha violación haya trascendido al sentido del fallo, o dejado huella en su esfera jurídica. Al no contraponerse al texto vigente de la Ley de Amparo, se cita en forma ilustrativa, así como por las razones que la integran, la tesis I.3o.C.82 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable con el registro 170463, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero de 2008, novena época, página 2812, cuyo rubro y texto son: "PRUEBAS. LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS NO SON MATERIA DE AMPARO INDIRECTO. Este Tribunal Colegiado abandona el criterio sustentado en la tesis aislada de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-2, enero a junio de 1988, página 557, de rubro "PRUEBAS, LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS SE RECLAMAN EN AMPARO.", porque de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, el amparo indi recto procede cuando el acto reclamado está dictado dentro de juicio y tiene una ejecución cuyos efectos sean de imposible reparación; por tanto si el acto reclamado consiste en la forma y medios para recibir y desahogar una prueba, salvo que afecte un derecho sustantivo, no puede desligarse de su admisión y desahogo, que en su caso afecta un derecho procesal que no surte la procedencia del amparo indirecto, porque para que éste proceda, respecto de un acto dentro de juicio es indispensable que la consecuencia directa e inmediata afecte un derecho sustantivo, o que afecte un derecho procesal de carácter predominante o superior." A mayor abundamiento, cabe señalar que en el caso, se trata de una cuestión que no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, habida cuenta que se trata de una violación intraprocesal, la que puede ser resarcida en la sentencia que se llegue a dictar en el procedimiento natural; o bien, de no ser así, éste es susceptible de ser reclamado mediante el juicio de amparo directo que en su momento se promueva, en términos de lo establecido por el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, a través del cual puede combatir como violación procesal cuando se consideren violadas las leyes del procedimiento. Lo anterior se pone de relieve porque en los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que, en su caso y oportunidad, se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, pues lo que da procedencia al juicio de amparo en la vía directa, es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado. Los razonamientos citados cobran fuerza, si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento (sentencia) cuando se conocerá si las infracciones trascendieron o no, afectando las defensas de la parte quejosa, pues hay casos en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia es favorable a aquél en contra de quien se cometieron aquéllas, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente violaciones procesales, como en la especie acontece, el juicio deviene improcedente. En ese orden de ideas, es evidente que la determinación reclamada no constituye de manera alguna, un acto que conculque derechos sustantivos de la parte quejosa, porque como ya se estableció, la violación que alega es susceptible de ser resarcidas al dictarse la sentencia en el juicio natural y, en caso de ser desfavorable a sus intereses, puede ser reclamado mediante el juicio de amparo directo, que en su caso promueva contra dicha resolución, lo que hace improcedente el juicio de amparo intentada. Por tanto, lo que procede es desechar de plano la presente demanda en estudio, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el que al efecto indica. AUTORIZADOS. Se tiene como sus autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a Domingo Abarca Villa, Iván Martínez Morán, Domingo Martínez Morán y Francisco Antonio Atrisco Tetlale, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de la certificación secretarial que antecede y únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las diversas personas que señala, por no contar con cédula registrada en el sistema antes aludido. Se autoriza el usuario para consulta electrónica del expediente. Como lo solicita el promovente, y toda vez que proporciona el usuario: "********************", se autoriza la consulta del expediente electrónico, en relación con el presente juicio constitucional (por ende, la presentación de ocursos por ese medio), mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de conformidad con el artículo 35, sección tercera, del acceso y consulta al expediente electrónico del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por tanto, dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo a este tribunal Federal, con el nombre de usuario que proporciona. Por otra parte, respecto a que las notificaciones que se ordenen en el asunto se realicen de manera electrónica, se advierte que el promovente también señala un domicilio ubicado en esta ciudad. Por tanto, debido a que no pueden coexistir las notificaciones electrónicas y las que se realizan de manera personal en el domicilio señalado, se previene a la parte quejosa para que en el término de tres días posteriores a la notificación del presente auto, señale expresamente si opta porque se le realicen las notificaciones personales de manera electrónica y aceptar la totalidad de las consecuencias, o renunciar a tener el acceso electrónico y que las notificaciones personales se realicen de manera ordinaria en el domicilio señalado para ese efecto. Con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término señalado, sin ulterior acuerdo, las notificaciones personales se realizaran vía electrónica. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. Notifíquese personalmente a la quejosa.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por **********************************, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad. Regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 982/2023-C, que le corresponde y fórmese expediente físico y electrónico. DESECHAMIENTO Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por no contraponerse al texto vigente de la ley de amparo, la jurisprudencia número I.6O.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese contexto, del análisis integro de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama de la autoridad responsable la resolución del recurso de reconsideración de dos de junio de dos mil veintitrés, dictada en el expediente *********************, interpuesto en contra de la continuación de la audiencia de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en la que se desahogarían las pruebas confesional y declaración de parte a cargo de la tercera interesada **********************************. Resolución que ratifica el acuerdo combatido. Atento a lo anterior, se pone de manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del artículo 107, interpretada a contrario sensu, ambos numerales de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." En efecto, es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que afecten materialmente los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no que solamente tenga una consecuencia de índole procesal. En esta tesitura, debe señalarse que el juicio constitucional indirecto resulta improcedente en la especie, toda vez que el acto reclamado constituye un aspecto única y exclusivamente procesal, ya que no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, al no afectar derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, en razón de que se trata de una resolución en la cual se ratificó la continuación de la audiencia de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, con motivo del desahogo de las pruebas confesional y declaración de parte a cargo de la tercera interesada Osbelia Alcaraz Morales; de manera que solo incide en afectar derechos adjetivos o procesales vinculados con el desarrollo del juicio natural y, la parte quejosa puede obtener al finalizar el juicio respectivo, una sentencia favorable a sus intereses, sin que dicha violación haya trascendido al sentido del fallo, o dejado huella en su esfera jurídica. Al no contraponerse al texto vigente de la Ley de Amparo, se cita en forma ilustrativa, así como por las razones que la integran, la tesis I.3o.C.82 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable con el registro 170463, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero de 2008, novena época, página 2812, cuyo rubro y texto son: "PRUEBAS. LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS NO SON MATERIA DE AMPARO INDIRECTO. Este Tribunal Colegiado abandona el criterio sustentado en la tesis aislada de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-2, enero a junio de 1988, página 557, de rubro "PRUEBAS, LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS SE RECLAMAN EN AMPARO.", porque de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, el amparo indi recto procede cuando el acto reclamado está dictado dentro de juicio y tiene una ejecución cuyos efectos sean de imposible reparación; por tanto si el acto reclamado consiste en la forma y medios para recibir y desahogar una prueba, salvo que afecte un derecho sustantivo, no puede desligarse de su admisión y desahogo, que en su caso afecta un derecho procesal que no surte la procedencia del amparo indirecto, porque para que éste proceda, respecto de un acto dentro de juicio es indispensable que la consecuencia directa e inmediata afecte un derecho sustantivo, o que afecte un derecho procesal de carácter predominante o superior." A mayor abundamiento, cabe señalar que en el caso, se trata de una cuestión que no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, habida cuenta que se trata de una violación intraprocesal, la que puede ser resarcida en la sentencia que se llegue a dictar en el procedimiento natural; o bien, de no ser así, éste es susceptible de ser reclamado mediante el juicio de amparo directo que en su momento se promueva, en términos de lo establecido por el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, a través del cual puede combatir como violación procesal cuando se consideren violadas las leyes del procedimiento. Lo anterior se pone de relieve porque en los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que, en su caso y oportunidad, se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, pues lo que da procedencia al juicio de amparo en la vía directa, es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado. Los razonamientos citados cobran fuerza, si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento (sentencia) cuando se conocerá si las infracciones trascendieron o no, afectando las defensas de la parte quejosa, pues hay casos en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia es favorable a aquél en contra de quien se cometieron aquéllas, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente violaciones procesales, como en la especie acontece, el juicio deviene improcedente. En ese orden de ideas, es evidente que la determinación reclamada no constituye de manera alguna, un acto que conculque derechos sustantivos de la parte quejosa, porque como ya se estableció, la violación que alega es susceptible de ser resarcidas al dictarse la sentencia en el juicio natural y, en caso de ser desfavorable a sus intereses, puede ser reclamado mediante el juicio de amparo directo, que en su caso promueva contra dicha resolución, lo que hace improcedente el juicio de amparo intentada. Por tanto, lo que procede es desechar de plano la presente demanda en estudio, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el que al efecto indica. AUTORIZADOS. Se tiene como sus autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a Domingo Abarca Villa, Iván Martínez Morán, Domingo Martínez Morán y Francisco Antonio Atrisco Tetlale, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de la certificación secretarial que antecede y únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las diversas personas que señala, por no contar con cédula registrada en el sistema antes aludido. Se autoriza el usuario para consulta electrónica del expediente. Como lo solicita el promovente, y toda vez que proporciona el usuario: "********************", se autoriza la consulta del expediente electrónico, en relación con el presente juicio constitucional (por ende, la presentación de ocursos por ese medio), mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de conformidad con el artículo 35, sección tercera, del acceso y consulta al expediente electrónico del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por tanto, dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo a este tribunal Federal, con el nombre de usuario que proporciona. Por otra parte, respecto a que las notificaciones que se ordenen en el asunto se realicen de manera electrónica, se advierte que el promovente también señala un domicilio ubicado en esta ciudad. Por tanto, debido a que no pueden coexistir las notificaciones electrónicas y las que se realizan de manera personal en el domicilio señalado, se previene a la parte quejosa para que en el término de tres días posteriores a la notificación del presente auto, señale expresamente si opta porque se le realicen las notificaciones personales de manera electrónica y aceptar la totalidad de las consecuencias, o renunciar a tener el acceso electrónico y que las notificaciones personales se realicen de manera ordinaria en el domicilio señalado para ese efecto. Con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término señalado, sin ulterior acuerdo, las notificaciones personales se realizaran vía electrónica. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. Notifíquese personalmente a la quejosa.
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