Agustín Carballo Cepeda
Expediente 196/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 196/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Agustín Carballo Cepeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, tres de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con el oficio 949/5/2023, a través del cual la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, este Juzgado de Distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Previamente, conviene destacar que el imperativo constitucional previsto en el artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales; este precepto cobra mayor relevancia cuando lo que se pretende ejecutar es un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto precisamente tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infringieron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la especie aconteció. En congruencia con lo dispuesto en el texto constitucional en comento, en los artículos del 192 al 198 de la Ley de Amparo, se establecen diversos procedimientos tendentes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo, e inclusive se estableció en el citado artículo 214 de la ley invocada, que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. Conforme a lo anterior, el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." Ahora bien, la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, tiene como trascendencia jurídica que la autoridad responsable, realice lo siguiente: ". Emita el acuerdo correspondiente a la promoción del aquí quejoso presentada el veinte de octubre de dos mil veintidós, en el juicio laboral 415/5/2019. ." Bajo los lineamientos de la sentencia ejecutoriada de amparo, la Junta responsable informó a este órgano jurisdiccional el cumplimiento a la misma y, al efecto, remitió copia autógrafa del acuerdo emitido el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, en el cual proveyó respecto a la promoción presentada el veinte de octubre del año próximo pasado, por el apoderado legal del aquí quejoso Agustín Carballo Cepeda, dentro del expediente laboral de origen 415/5/2019, en el cual ordenó girar oficio al Servicio de Administración Tributaria (Recaudación) a fin de que se le haga efectiva la multa aplicada a la demandada Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas, por conducto de su Titular; documental a la que se le otorga pleno valor demostrativo en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con lo anterior, se dio vista a las partes a efecto de que manifestaran su conformidad, o no, con el cumplimiento respectivo, sin que a la fecha hayan desahogado la vista otorgada. Por lo antes expuesto, es claro que la responsable de mérito ha cumplido la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que se advierta que se incurrió en exceso o defecto; conclusión a la que se arriba al tomar en cuenta que cumplió a cabalidad con los términos de la ejecutoria de amparo, lo que conlleva a establecer que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado. Es aplicable al tema precedente, la jurisprudencia 2a./J.201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 301, del Tomo XXX, relativo a diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por tanto, con fundamento en los artículos 196, párrafo cuarto, y 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva son susceptibles de destrucción, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se concedió el amparo; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde el archivo y los documentos que resulten indispensables, en su caso. Terminado el proceso de depuración solicítese la transferencia correspondiente. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, en el sistema integral de seguimiento de expedientes, y notifíquese a las partes en el juicio. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido del Secretario de Juzgado Mario Alberto Lara Escalante, que autoriza y da fe.ADRO
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 949/5/2023, signado por la autoridad responsable, Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, por medio del cual informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo, remitiendo una constancia a fin de acreditar su dicho. Por tanto, tomando en consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes el oficio de mérito y anexo, por el plazo de tres días, computado a partir del siguiente al en que surta efectos legales la notificación del presente auto, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que de no desahogar la vista otorgada, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el particular. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido del Secretario de Juzgado Mario Alberto Lara Escalante, que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el plazo de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la sentencia dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, haya sido recurrida por las partes legitimadas para tal efecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que amparó, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, tomando en consideración que la sentencia dictada en el presente concedió el amparo y protección a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del que quede legalmente notificado del presente acuerdo, informe a este órgano de control constitucional la forma y términos en que haya dado cumplimiento a la sentencia de mérito, acompañando las constancias con las cuales lo acredite. [...] Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido del Secretario de Juzgado Mario Alberto Lara Escalante, que autoriza y da fe.
- Principal
En Reynosa, Tamaulipas, a las once horas con cincuenta minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe, sin la comparecencia de las partes no obstante su legal notificación, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha y hora en el juicio de amparo 196/2023-I. Enseguida, el Juez declara abierta la audiencia constitucional y la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las cuales se encuentra el escrito inicial de demanda, y anexo, promovido por Agustín Carballo Cepeda, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, así como la constancia que adjuntó como apoyo al mismo y al oficio 533/5/2023. A lo que el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación secretarial que antecede para los efectos legales procedentes, debiéndose tomar en consideración el informe justificado al resolver el presente juicio. Por lo que toca a las documentales relaciónense en el periodo correspondiente. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, dando cuenta al Juez con las documentales que adjuntó el quejoso a su demanda de amparo, y las diversas remitidas por la autoridad responsable como apoyo a su informe justificado y al oficio 533/5/2023. A lo que el Juez acuerda: Téngase por ofrecidas y admitidas las pruebas de referencia, mismas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, en términos del artículo 119 de la ley de la materia, las cuales serán tomadas en consideración al resolver el presente asunto; sin más pruebas que relacionar se cierra este periodo. Acto seguido, se abre el periodo de alegatos, en el cual la Secretaria hace constar que las partes no formularon alegatos. A lo que el Juez acuerda: Téngase por hecha la constancia secretarial que antecede para los efectos legales conducentes; por lo que se cierra el periodo de alegatos, y se da por concluida la presente audiencia, ordenando el suscrito Juez se dicte la siguiente sentencia: VISTO, para resolver el juicio de amparo 196/2023-I, promovido por Agustín Carballo Cepeda; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de quien reclamó el acto transcrito en la foja tres del presente sumario, respecto del cual sostiene se conculcan en su perjuicio la garantía contenida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión, a este Juzgado Séptimo de Distrito, se admitió a trámite mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés; se pidió su informe justificado a la autoridad responsable; dada la naturaleza del acto reclamado se tuvo al Organismo Público Descentralizado "Servicios de Salud de Tamaulipas", con el carácter de tercero interesado; se dio la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclama un acto que no requiere de ejecución material y la demanda se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. De acuerdo con lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación y precisión del acto reclamado, lo que se hace después de analizar en su integridad el escrito de demanda, para determinar la verdadera intención de la parte promovente, así como prescindiendo de calificativas sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Igualmente apoya lo expuesto, la tesis P. VI/2004 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 181810, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en dichas premisas, el acto reclamado consiste en: ( La omisión de acordar el escrito de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, presentado dentro del juicio laboral 415/5/2019 el veinte de ese mismo mes y año. TERCERO. La Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por conducto de su Presidente, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con la constancia que adjuntó a su informe, a la cual se otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedida por un funcionario público revestido de fe pública, en uso de las facultades que la ley le concede, dentro de los límites de su competencia. CUARTO. En la especie, quien esto resuelve no advierte que se actualice causa de improcedencia del juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como tampoco hicieron valer alguna las partes en el juicio; por tanto, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, a la luz de los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, los que no se transcriben porque no lo exigen los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, al momento de dictar la sentencia respectiva, ya que con ello, no se priva a dicha parte del derecho de recurrir la presente resolución y alegar lo que estime conducente, para en su caso, demostrar su ilegalidad. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010; visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que es del rubro siguiente; "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SUTRANSCRIPCIÓN.". La parte quejosa alega sustancialmente que la Junta responsable se ha abstenido de acordar lo conducente respecto del escrito presentado el veinte de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral de origen, por ende, que ha transcurrido en exceso el término para acordar lo conducente a la promoción a que se ha hecho mención, y que prevé la Ley Federal del Trabajo; lo que se estima fundado aunque tenga que suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, pues se considera que con dicho actuar la responsable viola en su perjuicio lo establecido por los artículos 685 y 838 de dicha ley obrera, y lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente en el artículo 17. En efecto, el artículo 17 constitucional, segundo párrafo, en lo conducente establece: ". Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ." Por su parte, los diversos numerales 685 y 838 de la Ley Federal del Trabajo, disponen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. ..." "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquéllas en las que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." En ese orden de ideas, es claro que la Junta responsable se encuentra obligada a acordar sobre la promoción de la parte aquí quejosa presentada dentro del expediente laboral de origen, pues como lo dispone el artículo 838 de la ley laboral, dicha contestación debe producirse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquella en la que se haya recibido la promoción respectiva, lo que en la especie no acontece, máxime que al rendir su informe justificado la responsable de mérito deja en evidencia la violación de que es objeto la parte quejosa, pues acepta la existencia del acto reclamado. Así es, la responsable debió emitir un acuerdo que recayera a dicho escrito, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción del mismo, que lo fue el veinte de octubre de dos mil veintidós; y al no haberlo hecho, la junta responsable incurre en exceso de demora en acordar lo conducente a la promoción de referencia, pues a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que lo fue el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, ha transcurrido un tiempo considerable sin que la promoción haya sido acordada, lo que conduce al conocimiento de que existe un notable retardo por parte de la junta responsable en proveer lo procedente en derecho respecto del ocurso presentado por la parte quejosa dentro del juicio natural. En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder a Agustín Carballo Cepeda, el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable, realice lo siguiente: Emita el acuerdo correspondiente a la promoción del aquí quejoso presentada el veinte de octubre de dos mil veintidós, en el juicio laboral 415/5/2019. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Agustín Carballo Cepeda, en el juicio de amparo 196/2023, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos legales y para los efectos jurídicos expuestos en esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante la Secretaria Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe.
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