Agustín Cáñez Murillo
Expediente 974/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 974/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/11/2023
Partes del expediente
- Agustín Cáñez Murillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Juicio de Amparo Directo
Vista la cuenta que antecede y toda vez que en sesión ordinaria celebrada por el Pleno de este tribunal, de dieciséis de noviembre del año que transcurre, por unanimidad de los magistrados integrantes de este tribunal, se acordó retirar el proyecto de resolución relativo al presente amparo directo, en el que se determinó de forma preliminar la actualización de una causal de improcedencia; por tanto, se surte el supuesto establecido en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que establece: ".Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga." En ese tenor, la parte conducente del proyecto de sentencia, es la siguiente: ".Resulta innecesario efectuar el análisis de la sentencia reclamada, así como de los conceptos de violación que la parte quejosa formuló en su contra, toda vez que este tribunal colegiado advierte de oficio que en la especie se actualiza una causa de improcedencia del juicio constitucional, cuyo análisis es un aspecto de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo previsto por el precepto 62 de la Ley de Amparo. En efecto, este tribunal colegiado considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, misma se actualiza respecto del acto reclamado que consistió en la sentencia definitiva emitida el cinco de octubre de dos mil veintidós, ya que conforme a los argumentos que a continuación se desarrollan, aun cuando tal sentencia subsiste ya no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia de la misma, en virtud de lo aducido por la parte actora y lo acordado por el referido Juez con posterioridad a su emisión. Para sostener tal conclusión, por principio resulta necesario precisar los antecedentes principales que informan el presente asunto, a saber: El nueve de abril de dos mil veintiuno, ********, por conducto de su apoderado legal ********, demandó en la vía ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción de pago de pesos en contra de *********, el pago de la cantidad de ********* entre otras cantidades. El asunto se registró ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, con el número ********, y previos trámites legales, se dictó sentencia condenatoria el cinco de octubre de dos mil veintidós En contra de esta determinación el demandado, ********* (por su propio derecho), promovió demanda de amparo directo civil registrado con el número de expedientes 974/2022. Encontrándose pendiente de resolución el citado juicio de amparo, mediante oficio 5755/2023, recibido el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en este juicio de amparo, la autoridad responsable insertó en dicho oficio, el acuerdo dictado el trece del mes y año en cita, que acordó el escrito presentado por la parte actora el nueve previo. El escrito presentado y acuerdo emitido, son del tenor siguiente (fojas 164 a 165 del presente cuaderno de amparo): (SE TRANSCRIBE).- Ante tales circunstancias debe estimarse que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual es del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. "XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; [.]." Del texto legal antes transcrito, se advierte en lo que aquí interesa que el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En este supuesto, la improcedencia deviene de la presencia de un hecho extraordinario que proviene de una de las partes, que motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias jurídicas, ha desaparecido, por lo que ya no es dable que el acto lesione al quejoso. La causa de improcedencia tiene como base la imposibilidad de que se realicen o se continúe la ejecución o los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir el objeto del mismo; la no realización de los efectos del acto impugnado en el caso previsto en esta fracción está subordinado a que deje de existir el objeto o la materia del acto reclamado. En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance, destacan las que llevan por rubro, textos siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo." "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En ese contexto, de especial relevancia resulta el caso en que el acto reclamado tiene por objeto que un gobernado deba cumplir en favor de otro, con quien previamente había celebrado un determinado acto jurídico, determinadas prestaciones consecuencia de ese vínculo jurídico, lo que generalmente acontece en una sentencia judicial que dirime un conflicto entre particulares, condenando a uno de éstos o, en su caso, a ambos, al cumplimiento de ciertas obligaciones. En tal hipótesis, si encontrándose pendiente de resolver el juicio de amparo que se hubiere interpuesto en contra de la sentencia respectiva, las partes dentro del juicio natural llegan a un acuerdo [aunque no se lleve a exhibir o constatar ante la autoridad jurisdiccional] y en virtud de éste, la parte actora acude ante el Juez que conoció del litigio, declarando que el demandado, promovente del juicio de amparo, ha cumplido a su entera satisfacción con las prerrogativas cuya tutela judicial solicitó y le fueron reconocidas, se impone concluir que aun cuando la sentencia reclamada subsista, el objeto o materia de ésta habrán dejado de existir. Lo anterior, en virtud de que siendo el objeto o materia del acto reclamado la incorporación a la esfera jurídica del actor de las referidas prerrogativas, mediante el respectivo procedimiento de ejecución, al declarar éste ante la autoridad judicial competente que la los derechos que le asistían en razón del acto jurídico subyacente al fallo correspondiente le fueron restituidos por la parte demandada, al tenor de un convenio o acuerdo celebrado entre ellos, resulta inconcuso que tal objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsista la sentencia de mérito. En ese contexto, ante lo declarado por la parte actora ante el Juez natural y, lo acordado por éste, se impone concluir que la sentencia cuya constitucionalidad se reclama, la emitida el cinco de octubre de dos mil veintidós, por la Jueza Segundo de Primera Instancia de lo Mercantil, con sede en esta ciudad, al resolver el juicio ejecutivo mercantil ********no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia, por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse el presente juicio de amparo. Es así, porque la parte actora, aquí tercero interesado, manifestó que el demandado (aquí quejoso), le ha cubierto de manera negociada las prestaciones que se le reclamaron, por lo que solicitó que se tuviera el asunto como total y complemente concluido, lo cual fue manifestado bajo protesta de decir verdad ante la juez responsable; misma petición que fue acordada de conformidad de tener por concluido el juicio, ordenar los trámites relativos a la cancelación del embargo, devolución de documentos, pues incluso se ordenó el archivo como totalmente concluido. De ahí que resulta inconcuso que el objeto o materia de la sentencia reclamada ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsista la resolución de mérito y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional, prevista por el ordinal 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, con registro digital 173858, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En atención a lo expuesto, con fundamento en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso, por el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que exponga lo que a su interés convenga en relación con la causal de improcedencia que puede materializarse en el presente asunto; con el apercibimiento de que en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal resolverá lo que en derecho corresponda. En el caso, no ha lugar a efectuar la notificación personal del presente proveído al quejoso, en atención a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que derivó de la Contradicción de tesis 325/2014, en la que estableció que es suficiente con la notificación por lista de la determinación que adopte el tribunal colegiado de Circuito, en el sentido de dar vista al quejoso con la posible causa de improcedencia, atendiendo al principio de la justicia pronta establecido en el párrafo segundo del artículo 176 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a lo previsto en los artículos 26, fracción I y 184 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que en el referido artículo 26, fracción I, no se prevé como supuesto expreso de notificación personal, la determinación que adopta un tribunal colegiado de Circuito en cuanto a dar vista al quejoso con una causa de improcedencia que pudiera advertirse de oficio, por lo que, si el quejoso puede dar seguimiento pleno al trámite del asunto de su interés, resulta innecesario que le sea notificado personalmente lo determinado en la sesión en la que el tribunal colegiado, al discutir un asunto estime de oficio la posible actualización de alguna causa de improcedencia que no fue alegada por las partes, ni analizada por el órgano inferior, siendo suficiente, en el marco del sistema proteccionista ampliado a la luz del derecho de audiencia, llevar a cabo la referida notificación por lista en los estrados del órgano correspondiente, en cuya síntesis se precise la finalidad de dicha notificación. Por tanto, debe considerarse la importancia de que la vista a la que se refiere el artículo 64 de la Ley de Amparo no provoque una dilación injustificada en el dictado de la sentencia respectiva, lo que podría acontecer con la notificación personal de la determinación que se ordene. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 5/2015 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8 del tomo I, abril de 2015, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad". Además, para efectos estadísticos considérese el presente asunto como egreso de la ponencia "C" y como ingreso a la secretaría de acuerdos, hasta en tanto no se returne el expediente en cuestión.
- Juicio de Amparo Directo
Para los efectos legales correspondientes, agréguese el oficio 5755/2023 y anexo que remite la Jueza Segundo de Primera Instancia de lo Mercantil de esta ciudad, a través del cual informa que la parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil 568/2021, antecedente de este asunto, liquidó las prestaciones reclamadas; asimismo, que se tuvo dicho asunto, como total y completamente concluido, ordenando el archivo del mismo. Por último, vuelva el presente expediente a la ponencia "C", a cargo del magistrado Hugo Gómez Ávila, a fin de que formule el correspondiente proyecto de resolución.
- Juicio de Amparo Directo
Para los efectos legales correspondientes, agréguese el escrito recibido a través de la oficialía de partes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y signado electrónicamente con evidencia criptográfica por *********, en su carácter de autorizado legal del quejoso *********; además, con fundamento en lo dispuesto tanto en los artículos 3, 9, 12 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, como 3 y 6 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico; 3, fracciones I, III, V y VII, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 26 Ter, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 41 Bis, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se autoriza el acceso al expediente electrónico en este asunto, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con las cuentas de usuario y correo electrónico que indica en el escrito que se provee, mismas que se encuentran registradas en dicho sistema. Por último, vuelva el presente expediente a la ponencia "C" a cargo del magistrado Hugo Gómez Ávila, a fin de que formule el correspondiente proyecto de resolución.
- Juicio de Amparo Directo
Vista la cuenta que antecede, de la que se advierte que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veintinueve de marzo del año en curso, acordó la readscripción del magistrado Hugo Gómez Ávila, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, a éste órgano jurisdiccional, en lugar de la magistrada Ma. Elisa Tejada Hernández, quien ocupaba la ponencia "C", con efectos a partir del diez de abril de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los artículos 183 de la Ley de Amparo y 28, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, retúrnese el presente asunto, al referido magistrado de la ponencia "C", a fin de que formule el correspondiente proyecto de resolución.
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