Agustín Caballero Badillo y Otros.
Expediente 1141/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1141/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Agustín Caballero Badillo y Otros.
- Agustín Caballero Badillo
- Alberto Caballero Navarro y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que dentro del término legal no se interpuso el recurso de queja, en contra del auto que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo, 288 y 356, fracción ll, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en materia, se declara que dicho auto QUEDA FIRME. Archívese el presente expediente como concluido. Asimismo, por tratarse de un juicio de amparo que no tiene valor jurídico alguno ya que se desechó la demanda de amparo es susceptible de DESTRUCCIÓN.
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito aclaratorio exhibido por ***, a través del cual desahoga en tiempo y forma el requerimiento decretado en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, téngase a dicha compareciente desahogando la prevención formulada en autos. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe examinar la demanda de amparo sometida a su potestad, y en caso de que advierta alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al efecto, conviene citar la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, visible en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de Abril de 2000, Materia Común, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. En ese tenor, de la lectura íntegra de la demanda de amparo de que se trata, se advierte que la parte promovente, literalmente, señaló como acto reclamado la inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley de Amparo, así como la aplicación de esa norma por parte del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , en la emisión del auto de veinte de octubre de dos mil dieciséis, dentro del impedimento tramitado en el juicio de amparo directo número 504/2016 del índice de ese órgano jurisdiccional. En esa tesitura, la suscrita juzgadora advierte que se surte las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones VI y IX, de la Ley de Amparo, que estatuye:*** Dicha fracción regula la improcedencia del amparo respecto de los siguientes supuestos: a) Actos dictados por los tribunales colegiados de circuito; b) Resoluciones emitidas en los juicios de amparo; y, c) Aquellas que se realicen en ejecución de las mismas. En cuanto al primer supuesto, la improcedencia deviene del hecho de que los tribunales colegiados de circuito constituyen verdaderos tribunales terminales, sin que sus resoluciones sean sometidas a ningún estadío procesal ulterior, salvo los juicios de amparo directo, en donde diriman cuestiones de constitucionalidad de leyes o interpreten directamente algún precepto constitucional. Por su parte, el segundo supuesto de improcedencia tiene como finalidad evitar la promoción de juicios de amparo infinitos contra actos dictados en otro procedimiento de la misma naturaleza, partiendo principalmente de que el actuar de la autoridad de control constitucional se encuentra sujeto a la interposición de los medios de impugnación que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, prevé, y no mediante un nuevo y autónomo juicio de derechos. Respecto a la última hipótesis, el amparo es improcedente cuando se reclaman determinaciones dictadas en ejecución de las resoluciones emitidas en los juicios de amparo. Cabe puntualizar que la fracción IX que se invoca, no distingue, entre la decisión que respecto al fondo se pronuncie y que resuelve el planteamiento constitucional, y los diversos proveídos dictados durante la tramitación de la respectiva instancia constitucional; contra estas resoluciones como en las primeras, no es dable promover demanda de amparo, ya que no compete a un órgano de control de la constitucionalidad analizar los actos de otro órgano de la misma naturaleza, cuando se actúa en ejercicio de esa facultad. Ciertamente, la prohibición de ejercer la acción de amparo contra determinaciones dictadas en los procedimientos de esa naturaleza, no se limita a la sentencia culminatoria del juicio respectivo, sino también a cualquier decisión inmersa en él, pues las resoluciones principales, como las de trámite, no pueden ser reclamadas mediante otro amparo, ya que ello provocaría juicios interminables. En ese tenor, la causal de improcedencia en comento no se refiere únicamente a que el juicio de amparo resulta improcedente para combatir aquellas determinaciones que ponen fin a la controversia constitucional, o son dictadas en cumplimiento a las mismas, sino también a todas las actuaciones que se dicten durante su substanciación, como puede ser en el incidente de suspensión o en cualquier otra cuestión inherente al amparo, como puede ser el impedimiento, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación. A título ilustrativo, se invoca la tesis 1a. LXX/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe es: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Estimar lo contrario ocasionaría ejercer un control constitucional sobre otro de la misma naturaleza, lo que sería un contrasentido. En todo caso, la legalidad de esas resoluciones sólo debe ser revisada en los supuestos en que la ley lo permite y de acuerdo con los recursos en ella previstos, pero ni la decisión de fondo o cualquier otro tipo de proveído contenido en la sentencia de amparo, puede ser impugnado a través de un nuevo juicio constitucional. Por lo anterior, la causal de improcedencia que aquí ocupa se explica por la necesidad de respetar la supremacía constitucional de los tribunales colegiados de circuito y proteger la estabilidad y seguridad jurídicas, pues éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo, las resoluciones pronunciadas en ellos o en cumplimiento de éstas, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería inevitable. Por otra parte, cabe mencionar que al resolver el recurso de reclamación ***, el veintiséis de enero de dos mil doce, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo conducente, determinó: "SÉPTIMO. Procedencia de la impugnación de la Ley de Amparo. Conforme a las fracciones I y II del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, el juicio de amparo es improcedente contra actos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en general, contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, en los siguientes términos:*** Indicado lo anterior, como ya se puntualizó, en la especie se reclama la regularidad constitucional del artículo 59 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; así como su aplicación, que se hace consistir en el auto de veinte de octubre de dos mil dieciséis, emitido por el magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, dentro del impedimeinto propuesto en los autos del juicio de amparo directo número 504/2016 del índice de dicho órgano jurisdiccional. En las relatadas circunstancias, deviene improcedente el presente juicio de amparo, en principio, porque el acto de aplicación se le atribuye a un tribunal colegiado, pero además, porque la aplicación de la norma reclamada se hacen consistir en un auto emitido dentro de un juicio de derechos fundamentales, con motivo de la demanda de amparo promovida por los aquí también quejosos, y en el cual, con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Amparo, se les requirió la exhibición de una garantía a fin de dar trámite al impedimento planteado en autos. Así es, tratándose de un auto pronunciado en un juicio de amparo, sea directo o indirecto, la ley prohíbe que pueda ser combatido a través de otro juicio de derechos, lo que atiende a la inconveniencia de aceptar un medio de control constitucional sobre otro que está en trámite o ha sido concluido, en el entendido que no debe concretarse a la resolución definitiva, sino a cualquier tipo de determinación emitida dentro del juicio. Así, al resultar improcedente el juicio de amparo respecto del auto en comento, la improcedencia se hace extensiva respecto del proceso legislativo de las normas impugnadas en esta vía, en virtud de que cuando se reclama la inconstitucionalidad de algún ordenamiento no se puede desvincular su estudio del concerniente a su acto de aplicación, de tal manera que si en la especie, respecto de éste se actualizó la causal mencionada en párrafos anteriores, también deviene improcedente el presente controvertido en relación con las normas que se tildan de inconstitucionales. Con relación a este tópico se invoca el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plasmado en la tesis 1707, que puede ser consultada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo I, Materia Constitucional, página 1186, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.*** Cabe decir que cuando alguna determinación pronunciada en un juicio de amparo se considere contraria a la ley o que no se encuentra sustentada en ella, el afectado no queda en estado de indefensión, dado que cuenta con recursos para hacer valer los motivos de inconformidad que considere convenientes. De tal manera que, en todo caso, en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley de Amparo que aquí se reclaman, sólo es susceptible de plantearse dicha inconstitucionalidad, al formular los agravios en los recursos instituidos en la propia Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales. Esto es, cuando el órgano jurisdiccional competente para conocer de juicio de amparo (Juez de Distrito o Tribunal Colegiado de Circuito), aplica algún supuesto normativo de la Ley de Amparo, en todo caso, el quejoso está en posibilidad de impugnar la disposición legal en que el juzgador de amparo apoyó su resolución, a condición de que su aplicación: trascienda al sentido de la decisión, y se plantee en los agravios de alguno de los recursos instituidos dentro de la Ley de Amparo. Por tanto, no es jurídicamente válido que en el presente juicio de amparo se reclame de manera autónoma la inconstitucionalidad de los artículos que el quejoso tilda de inconstitucionales, pues ello debe ineludiblemente efectuarse dentro de los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio de amparo, a través de los recursos que la propia legislación impone, siempre y cuando esa aplicación de la norma trascienda al sentido de la decisión adoptada. Es aplicable al caso concreto la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, página 685, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. SI AL INTERPONERLO CONTRA UN ACUERDO DICTADO DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO NO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO DE LA LEY DE AMPARO APLICADO EN DICHO PROVEÍDO, PRECLUYE EL DERECHO DEL RECURRENTE PARA HACERLO.- En esas condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia invocadas; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Finalmente, se hace saber a las partes que intervienen en este juicio de amparo, que el artículo 261 de la Ley de la Materia, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientos días: "I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos."
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el JUEZ SEXAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, mediante el cual, acusa recibo del tomo de pruebas que le fue remitido.
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