Agustín Bolaños Herrera
Expediente 1763/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1763/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 04/03/2019
Partes del expediente
- Agustín Bolaños Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el Delegado Estatal de Puebla de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano realizara lo siguiente: (foja 85) ".dé contestación por escrito a las solicitudes presentadas el catorce de febrero y dieciocho de junio, ambas de dos mil dieciocho, y dichas respuestas las notifique en breve término al aquí quejoso; debiendo remitir a este juzgado federal las constancias que así lo justifiquen." Luego, mediante oficio recibido el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, la autoridad responsable adujo dar cumplimiento a la sentencia de amparo, ello en virtud de que refirió que mediante oficio II/SJ/141/0232/2019 de quince de febrero de dos mil diecinueve, mismo que notificó a la parte quejosa en dieciocho siguiente, dio contestación a la petición contenida en los escritos de catorce de febrero y dieciocho de junio, de dos mil dieciocho, cuya omisión en su respuesta reclamó en este juicio (fojas 144 a 149). Por auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa con tales documentos, mismo que se notificó el veinte de febrero del año en cita (foja 154). Por otra parte, mediante escrito recibido el veinticinco de febrero del año en curso, el quejoso Agustín Bolaños Herrera dio contestación a la vista que se hace referencia en el párrafo que precede, en el que argumentó que no debe declararse cumplida la sentencia porque la respuesta a los escritos cuya omisión fue materia de este juicio no fue emitida por la autoridad a la que señaló como responsable, esto es, el Delegado Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Puebla, sino por el Subdelegado Jurídico de dicha Secretaría. Además, refiere que en el oficio II/SJ/141/0232/2019 le hicieron saber que el trámite que intenta tendría que continuarlo ante la COSOMER y la COMAC y que dichos organismos no se encuentran previstos en el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Del examen de las documentales exhibidas por el Subdelegado Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Puebla -las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio-, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que tal como se requirió a la autoridad responsable dio contestación a la petición hecha por el quejoso Agustín Bolaños Herrera, respecto de los escritos presentados el catorce de febrero y dieciocho de junio de dos mil dieciocho y, el hoy quejoso fue notificado de ello a través del oficio II/SJ/141/0232/2019. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. No se soslayan las manifestaciones del quejoso, pues si bien, la respuesta a sus peticiones fue elaborada por el Subdelegado Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Puebla, ello obedece a las facultades que le confieren los artículos 2, fracción III, inciso a), 14, fracciones VI y VIII y 35, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es decir, actúa en representación del Titular de la citada Secretaría, por ende, ningún obstáculo genera para declarar cumplida la sentencia que la respuesta lo haya hecho el Subdelegado Jurídico. Respecto a las manifestaciones relativas a que dentro de la respuesta que recayó a sus peticiones, la autoridad responsable le hizo saber que el trámite que intenta tendría que continuarlo ante la COSOMER y la COMAC y que dichos organismos no se encuentran previstos en el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, este juzgado se encuentra imposibilitado para pronunciarse sobre la legalidad de dichas manifestaciones. Ello, dado que escapa de los efectos del amparo, esto es, los efectos de la concesión del amparo fueron para que la responsable diera contestación por escrito a las solicitudes presentadas el catorce de febrero y dieciocho de junio, de dos mil dieciocho y notificara al quejoso la respuesta, lo cual, como se vio, quedó cumplido. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de depuración en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por Juan José Gutiérrez Rosete, autorizado del quejoso Agustín Bolaños Herrera, por medio del cual da contestación a la vista que se le dio por auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, reservándose el acuerdo correspondiente en el momento en que se determine que la ejecutoria dictada en el presente juicio está o no cumplida. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda, así como encargado del despacho de la Oficina de Representación Estatal en Puebla de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que obre como corresponda, toda vez que por auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Subdelegado Jurídico de la Delegación Estatal en Puebla de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por medio del cual remite copia certificada del acta circunstanciada levantada con motivo de la no asistencia del quejoso Agustín Bolaños Herrera, de fecha veintidós de enero de dos mi diecinueve, en la que fue citado a fin de que se llevara a cabo una mesa de trabajo en la que se revisaría el expediente existente en esa dependencia y se tomarían los acuerdos necesarios para la debida integración del mismo a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo; asimismo, informa que señaló las doce horas del veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, a fin de que comparezca el quejoso a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y procedan a revisar la integración del expediente relacionado con el predio denominado "El Milagro" ubicado en el Municipio de Hueytemalco, Puebla. Sin embargo, dentro del presente juicio de amparo, la concesión del amparo es para el efecto siguiente: "dé contestación por escrito a las solicitudes presentadas el catorce de febrero y dieciocho de junio, ambas de dos mil dieciocho, y dichas respuestas las notifique en breve término al aquí quejoso, debiendo remitir a este juzgado federal las constancias que así lo justifiquen." En tales condiciones, requiérase de nueva cuenta a Jesús Segreste Díaz, en su carácter de Subdelegado Jurídico de la Delegación Estatal en Puebla de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que dentro del plazo de tres días siguientes a que surta efectos la notificación del presente proveído dé cabal cumplimiento al fallo protector, esto es, remita las constancias conducentes con las que acredite haber dado contestación a los escritos presentados por el quejoso el catorce de febrero y dieciocho de junio, ambas de dos mil dieciocho, y la notificación de dichas respuestas. Asimismo, en términos del tercer párrafo del citado 192 de la ley de la materia, se requiere al Delegado en Puebla de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como superior jerárquico, para que obligue a su subordinado a cumplir con la sentencia en los términos establecidos Se apercibe a las mencionadas autoridades responsables, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán acreedoras a una multa de cien a mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el propio diario el diez de enero de dos mil diecinueve; y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se les hace del conocimiento tanto a la responsable como al superior jerárquico que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no las exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se les informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se les comunica que en caso de que llegaran a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero, y 269 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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