Agustín Benítez Flores
Expediente 157/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 157/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Agustín Benítez Flores
Actuaciones
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, cinco de junio de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta y el estado de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el numeral 98 de la normativa de la materia, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído del dieciocho de mayo pasado, en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el arábigo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el mencionado acuerdo ha causado estado; por tanto, archívese como asunto concluido. En términos del precepto 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el ordinal 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes y colóquese en la carátula la tarjeta informativa respectiva. Sin que se estime necesario realizar mayor pronunciamiento sobre la devolución de constancias originales, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no las allegó. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Macario Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ******, por derecho propio, contra actos del Pleno del Tribunal Superior Agrario en la Ciudad de México y otras autoridades; regístrese bajo el número 157/2023-ll y realícense las anotaciones respectivas. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 5, fracción II, con relación en el diverso 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, ya que en el caso que nos ocupa, el Pleno del Tribunal Superior Agrario, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 51, con sede en esta ciudad, y el Magistrado del Tribunal Agrario del Distrito 07, con sede en Durango, no tienen el carácter de autoridades responsables. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Es ilustrativa a lo antes puntualizado, la tesis P.XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, página 118, materia común, Novena Época, con registro digital 199459, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Como es de verse, los elementos referidos en los anteriores incisos, no se satisfacen para tener como autoridades responsables a las indicadas en párrafos que preceden, para los efectos del juicio de amparo. Lo anterior, tomando en cuenta que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación laboral entre patrón-trabajador, y cualquier hecho suscitado no genera que se transforme en una de supra a subordinación. Se afirma lo anterior, pues las autoridades señaladas como responsables al emitir y ejecutar los actos reclamados, actuaron en el ámbito laboral que rige a la parte quejosa con sus superiores, por lo tanto, se sitúan en el mismo plano que los gobernados. En efecto, de lo expuesto por el quejoso en su demanda de amparo y de los anexos que adjuntó, se desprende que ostenta el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 51, con residencia en esta ciudad, y mediante oficio *****, del quince de mayo de dos mil veintitrés, se determinó su cambio de adscripción al diverso Tribunal Unitario Agrario del Distrito 07, con residencia en Durango, tomando en consideración que este último reportaba una carga de trabajo de 509 asuntos en trámite y 90 turnados para la emisión de sentencia; lo que conforme a su experiencia en el ejercicio de la función, contribuirá en abatir las cargas de trabajo en cumplimiento al mandato de impartir justicia agraria; lo que se traduce su cambio de adscripción por necesidades del servicio, no así con motivo de algún procedimiento o sanción administrativa. Así, en el caso que nos ocupa, es evidente que la actuación que se pretende impugnar no reviste el carácter de acto de autoridad, toda vez que las autoridades responsables al momento de emitir su determinación, no se ubicaron en una posición de supra a subordinación con el solicitante del amparo, pues el cambio de adscripción se determinó por necesidades del servicio atendiendo a la relación de trabajo que lo une con dicha dependencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, fracción VII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Lo anterior es así, en virtud de que el artículo y fracción indicada contemplan que el Tribunal Superior Agrario, está facultado para nombrar, entre otros, a los secretarios de los tribunales agrarios, cesarlos suspenderlos en sus funciones, aceptar sus renuncias, cambiarlos de adscripción y resolver todas las cuestiones que se relacionen con dichos nombramientos. Circunstancias que en la especie conllevan a considerar que el cambio de adscripción fue determinado por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, ejerciendo el carácter de patrón, en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal, esto es, sus actos se encaminan a afectar relaciones únicamente laborales, como es el cambio de adscripción o área de trabajo, situación que se encuentra regulada por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado "B", del artículo 123 constitucional y en su caso por la Ley Federal del Trabajo; de lo que se concluye que es al conocimiento de las autoridades laborales donde habrán de someterse tales cuestiones obrero-patronales y no ante esta instancia. Y, por ende, las decisiones que se adopten en las instituciones oficiales, que tengan vinculación con las labores de sus trabajadores, no pueden considerarse como actos de autoridad, sino como hechos o actos derivados de la relación laboral, en donde la respectiva institución actúa como patrón frente a sus empleados. En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la legislación aplicable se desecha la demanda de amparo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente por encontrarse dentro de la residencia de este órgano de control; asimismo, por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece, en el entendido que de facultarlas en amplios términos deberán contar con el correspondiente registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la legislación invocada, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/ Ayuda. Hágase del conocimiento que tiene expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Diana Marisol Reyes Gómez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Aviso. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista al quejoso el auto del dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: "Iguala de la Independencia, Guerrero, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ******, por derecho propio, contra actos del Pleno del Tribunal Superior Agrario en la Ciudad de México y otras autoridades; regístrese bajo el número 157/2023-ll y realícense las anotaciones respectivas. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 5, fracción II, con relación en el diverso 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, ya que en el caso que nos ocupa, el Pleno del Tribunal Superior Agrario, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 51, con sede en esta ciudad, y el Magistrado del Tribunal Agrario del Distrito 07, con sede en Durango, no tienen el carácter de autoridades responsables. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Es ilustrativa a lo antes puntualizado, la tesis P.XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, página 118, materia común, Novena Época, con registro digital 199459, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Como es de verse, los elementos referidos en los anteriores incisos, no se satisfacen para tener como autoridades responsables a las indicadas en párrafos que preceden, para los efectos del juicio de amparo. Lo anterior, tomando en cuenta que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación laboral entre patrón-trabajador, y cualquier hecho suscitado no genera que se transforme en una de supra a subordinación. Se afirma lo anterior, pues las autoridades señaladas como responsables al emitir y ejecutar los actos reclamados, actuaron en el ámbito laboral que rige a la parte quejosa con sus superiores, por lo tanto, se sitúan en el mismo plano que los gobernados. En efecto, de lo expuesto por el quejoso en su demanda de amparo y de los anexos que adjuntó, se desprende que ostenta el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 51, con residencia en esta ciudad, y mediante oficio *****, del quince de mayo de dos mil veintitrés, se determinó su cambio de adscripción al diverso Tribunal Unitario Agrario del Distrito 07, con residencia en Durango, tomando en consideración que este último reportaba una carga de trabajo de 509 asuntos en trámite y 90 turnados para la emisión de sentencia; lo que conforme a su experiencia en el ejercicio de la función, contribuirá en abatir las cargas de trabajo en cumplimiento al mandato de impartir justicia agraria; lo que se traduce su cambio de adscripción por necesidades del servicio, no así con motivo de algún procedimiento o sanción administrativa. Así, en el caso que nos ocupa, es evidente que la actuación que se pretende impugnar no reviste el carácter de acto de autoridad, toda vez que las autoridades responsables al momento de emitir su determinación, no se ubicaron en una posición de supra a subordinación con el solicitante del amparo, pues el cambio de adscripción se determinó por necesidades del servicio atendiendo a la relación de trabajo que lo une con dicha dependencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, fracción VII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Lo anterior es así, en virtud de que el artículo y fracción indicada contemplan que el Tribunal Superior Agrario, está facultado para nombrar, entre otros, a los secretarios de los tribunales agrarios, cesarlos suspenderlos en sus funciones, aceptar sus renuncias, cambiarlos de adscripción y resolver todas las cuestiones que se relacionen con dichos nombramientos. Circunstancias que en la especie conllevan a considerar que el cambio de adscripción fue determinado por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, ejerciendo el carácter de patrón, en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal, esto es, sus actos se encaminan a afectar relaciones únicamente laborales, como es el cambio de adscripción o área de trabajo, situación que se encuentra regulada por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado "B", del artículo 123 constitucional y en su caso por la Ley Federal del Trabajo; de lo que se concluye que es al conocimiento de las autoridades laborales donde habrán de someterse tales cuestiones obrero-patronales y no ante esta instancia. Y, por ende, las decisiones que se adopten en las instituciones oficiales, que tengan vinculación con las labores de sus trabajadores, no pueden considerarse como actos de autoridad, sino como hechos o actos derivados de la relación laboral, en donde la respectiva institución actúa como patrón frente a sus empleados. En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la legislación aplicable se desecha la demanda de amparo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente por encontrarse dentro de la residencia de este órgano de control; asimismo, por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece, en el entendido que de facultarlas en amplios términos deberán contar con el correspondiente registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la legislación invocada, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/ Ayuda. Hágase del conocimiento que tiene expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Diana Marisol Reyes Gómez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe".
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