Agustín Avila Vásquez

Expediente 534/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
534/2015
Año
2015
Actuaciones
13
Última actuación
19/10/2015

Partes del expediente

  • Agustín Avila Vásquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    MESA VI A Visto el cómputo secretarial, como del mismo se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que la parte quejosa hubiera hecho valer recurso alguno en contra del auto que declaró que existe imposibilidad jurídica para la ejecución del fallo protector en este juicio de amparo; consecuentemente, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    MESA VI A Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo, transcurrió sin que hubiese hecho manifestación alguna; en consecuencia, se procede a pronunciar sobre dicho cumplimiento. Ahora bien, toda vez que mediante sentencia dictada el treinta y uno de julio del año en curso (fojas 97 a 102), se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a Agustín Ávila Vázquez, para el efecto de que la autoridad responsable Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, emitiera un auto en el que ordenara requerir al Presidente de la Junta Especial de Tuxtepec, Oaxaca, a fin de que en el plazo de diez días realizara todos los actos tendentes para recepcionar la testimonial a cargo de Abel Durán Ramos, Miguel Ángel Cruz Díaz y José Luis Rangel Salomón. En tales condiciones, toda vez que del oficio 2592 signado por la Secretaria de Acuerdos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, mediante el cual, remitió copia certificada del acuerdo de veinticinco de agosto del año en curso, en el que se advierte, fue devuelto sin diligenciar el exhorto 083 de veintisiete de mayo de dos mil trece, de su índice, en razón a que no fueron localizados los domicilios de los testigos Abel Durán Ramos, Miguel Ángel Cruz Díaz y José Luis Rangel Salomón, pues respecto de los dos primeros de los citados testigos, no se localizó el domicilio, y en cuanto al último, no fue posible buscarlo toda vez que el acceso al domicilio indicado para ese efecto, se encontró bloqueado; por ello, fueron señaladas las nueve horas del ocho de septiembre del año en curso, para el desahogo de la prueba testimonial por parte de los citados atestes; quedando a cargo del oferente la presentación de los mismos. Lo anterior determina, que el desahogó de la prueba testimonial quedará a cargo de la autoridad responsable Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, por lo que se advierte que la citación de los testigos ya no será por parte del Presidente de la Junta Especial de Tuxtepec, Oaxaca; por tanto, atento a tales circunstancias, se determina que ello impide que se analice el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por lo que, se declara que existe imposibilidad jurídica para la ejecución del fallo protector. Sirve de apoyo la tesis 1ª.III/2003, visible en la página 216, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Febrero de 2003, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración; máxime que conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera, y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA MESA VI A Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo, transcurrió sin que hubiese hecho manifestación alguna; en consecuencia, se procede a pronunciar sobre dicho cumplimiento. Ahora bien, toda vez que mediante sentencia dictada el treinta y uno de julio del año en curso (fojas 97 a 102), se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a Agustín Ávila Vázquez, para el efecto de que la autoridad responsable Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, emitiera un auto en el que ordenara requerir al Presidente de la Junta Especial de Tuxtepec, Oaxaca, a fin de que en el plazo de diez días realizara todos los actos tendentes para recepcionar la testimonial a cargo de Abel Durán Ramos, Miguel Ángel Cruz Díaz y José Luis Rangel Salomón. En tales condiciones, toda vez que del oficio 2592 signado por la Secretaria de Acuerdos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, mediante el cual, remitió copia certificada del acuerdo de veinticinco de agosto del año en curso, en el que se advierte, fue devuelto sin diligenciar el exhorto 083 de veintisiete de mayo de dos mil trece, de su índice, en razón a que no fueron localizados los domicilios de los testigos Abel Durán Ramos, Miguel Ángel Cruz Díaz y José Luis Rangel Salomón, pues respecto de los dos primeros de los citados testigos, no se localizó el domicilio, y en cuanto al último, no fue posible buscarlo toda vez que el acceso al domicilio indicado para ese efecto, se encontró bloqueado; por ello, fueron señaladas las nueve horas del ocho de septiembre del año en curso, para el desahogo de la prueba testimonial por parte de los citados atestes; quedando a cargo del oferente la presentación de los mismos. Lo anterior determina, que el desahogó de la prueba testimonial quedará a cargo de la autoridad responsable Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, por lo que se advierte que la citación de los testigos ya no será por parte del Presidente de la Junta Especial de Tuxtepec, Oaxaca; por tanto, atento a tales circunstancias, se determina que ello impide que se analice el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por lo que, se declara que existe imposibilidad jurídica para la ejecución del fallo protector. Sirve de apoyo la tesis 1ª.III/2003, visible en la página 216, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Febrero de 2003, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración; máxime que conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera, y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA VI A Vistos los autos y el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio constitucional; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo, para todos los efectos legales. Por otra parte, agréguese el oficio 2592 signado por la Secretaria de Acuerdos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, mediante el cual, remite copia certificada del acuerdo de veinticinco de agosto del año en curso, del que se advierte están señaladas las nueve horas del ocho de septiembre del presente año, para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de Abel Duran Ramos, José Luis Rangel Salomón y Miguel Ángel Cruz Díaz; téngase a la citada responsable informando lo anterior, en relación al fallo protector emitido en este juicio de amparo. De igual manera, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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